jueves, 16 de julio de 2009

PROTECCIÓN BOSQUES Y TIERRAS INDIGENAS EN SALTA






Salta
Decreto 2789/2009
INDÍGENAS
BOSQUES
Tierras ocupadas por Comunidades Indígenas y sometidas a reclamo formal. Autorizaciones de desmonte pendientes de realización. Ejecución. Suspensión
del 03/07/2009; publ. 13/07/2009
Visto las leyes nacionales 25675 , 26160 y 26331 , así como la ley provincial 7543 y sus respectivos decretos reglamentarios; y
Considerando:
Que los Principios de Congruencia, Prevención y Precautorio, entre otros, han sido establecidos con carácter de Orden Público, por la Ley General del Ambiente 25675 , cuyas disposiciones resultan de condición preeminente y deben alumbrar la interpretación y aplicación de toda legislación específica sobre la materia.
Que la ley 26160 , promulgada el 23 de noviembre de 2006, declaró por un término de cuatro (4) años la Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupa toda comunidad indígena originaria del País, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes.
Que dicha ley suspendió, durante el plazo de la Emergencia cualquier desalojo de las citadas comunidades y dispuso la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
Que, por su parte, la ley 26331 , de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, manda a realizar los respectivos ordenamientos territoriales de bosques nativos en cada jurisdicción provincial y prohíbe la autorización de desmontes hasta la realización de tales ordenamientos.
Que en materia ambiental, corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, reflejados en las leyes nacionales antes citadas, aunque es preciso tener también en consideración que la norma constitucional que le asigna tales facultades al Congreso de la Nación, expresamente deja a salvo la potestad de las provincias de dictar las normas que regulan la materia en el ámbito local, pues aquellos, preceptos federales de contenidos mínimos, no alteran las jurisdicciones locales.
Que en tal sentido, la ley 7543 , de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Salta, estableció las diversas Categorías de Conservación, dividiendo los bosques nativos en: Categoría I (rojo) que son aquellos sectores de muy alto valor de conservación, que no deben transformarse; Categoría II (amarillo): que corresponde a los sectores de mediano valor de conservación, que sólo podrán ser destinadas a los usos de aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica y estarán orientadas a la promoción y al uso sostenible de los bosques nativos, pudiendo incluir el aprovechamiento de sus recursos maderables y no bajo maderables, Categoría III (verde): en la que están identificados los sectores de bajo valor de conservación, que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios fijados en la referida ley, sus normas complementarias y reglamentarias.
Que los bosques nativos, por ser parte de los recursos naturales de la Provincia, corresponden a su dominio originario, tal como lo establecen el art. 124 de la Constitución Nacional y el art. 85 de la Constitución Provincial, Carta Magna local que, en su art. 84 , prevé el ejercicio por parte de los poderes públicos, de las facultades inherentes al poder de policía protectorio de los bosques.
Que las leyes citadas más arriba, encuentran sustento en expresos mandatos constitucionales que surgen, por una parte, del art. 41 de la Constitución Nacional vinculados al derecho que tienen los habitantes de gozar de un ambiente sano y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras, estableciendo como contrapartida el deber general de preservarlo.
Que, por otra parte, también la Constitución Nacional, en su art. 75 , inc. 17, reconoce a las comunidades indígenas la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, asegurando la participación de tales comunidades en la gestión referida a los recursos naturales.
Que, de modo similar, el art. 15 de la Constitución Provincial también reconoce y garantiza tales derechos a las comunidades indígenas sobre las tierras que ocupan, declarando que las mismas no son enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes ni embargos.
Que, en virtud de las garantías constitucionales citadas, no pueden tenerse como intangibles las autorizaciones de desmontes que involucren total o parcialmente tierras que, por invocación de ocupación tradicional preexistente, se encuentren bajo reclamación formalizada por comunidades aborígenes con personería jurídica inscripta en los registros de ley, ante la autoridades públicas, hasta la fecha del presente decreto; con mayor razón aún, en los casos de aquellos desmontes autorizados con posterioridad al dictado de la Emergencia dispuesta por la ley 26160 .
Que, asimismo, en atención a los principios de Orden Público previstos en la ley 25675 , corresponde se considere, de modo precautorio, como de Categoría II (amarillo) - definida por la ley provincial 7543 -, a las áreas boscosas que las Comunidades Aborígenes tienen formalmente reclamadas como de ocupación y/o utilización tradicional, en las condiciones del segundo párrafo del art. 2 de la ley 26160.
Que, además, por efectos de la Emergencia dispuesta por la referida ley 26160 y, en función de los antes citados principios de Orden Público, procede suspender la ejecución de las autorizaciones de desmontes pendientes de realización, hasta tanto se efectúe el Relevamiento Técnico - Jurídico - Catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por Comunidades Aborígenes, conforme al art. 3 de la citada ley y, en consecuencia, la Autoridad Competente resuelva los reclamos que tengan formalizados tales Comunidades.
Que cabe tener en cuenta que el mandato de proteger el ambiente impuesto por el art. 41 de la Constitución Nacional y el art. 30 de la Constitución Provincial, comprende a todos los habitantes, pero, fundamentalmente, constituye un mandato específico para las autoridades públicas, que deben proveer a la protección de ese derecho, lo que implica disponer, promover e impulsar intervenciones directas o indirectas cuando las circunstancias lo demanden, en actuación específica del deber protectorio impuesto por la Constitución y también ejecutar oportuna y eficazmente la política de planificación protectoria del ambiente.
Que es decisión del Gobierno de la Provincia de Salta, dar adecuadas respuestas normativas y de gestión, para hacer efectivo el cumplimiento de los principios de Orden Público protectorios del ambiente, por ser éste un patrimonio común de los salteños, proveyendo lo necesario para asegurar el disfrute actual, así como de las generaciones por venir.
Que, teniendo en cuenta la normativa citada y ante la necesidad de avanzar en la tarea de ordenamiento territorial en materia de Bosques Nativos, para su cumplida preservación y utilización racional y sostenible, en instancias del dictado de la reglamentación de la ley 7543 , así como para asegurar las garantías constitucionales ya referidas, resulta urgente y necesario disponer temporalmente, de modo precautorio, el estatus quo que permita a la Autoridad Competente realizar, en el menor plazo razonable, el Relevamiento Técnico - Jurídico - Catastral ordenado por la ley 26160 y resolver definitivamente lo que legalmente corresponda respecto de los reclamos que las comunidades aborígenes tenga formalizados a la fecha del presente, posibilitándose una solución integral que de adecuada satisfacción al legítimo derecho de posesión y propiedad de las tierras de dichas comunidades, en armonía con las actividades de la producción sostenible.
Que, la decisión que se instrumenta por el presente resulta de impostergable adopción, a reisgo de que las transformaciones que se pudieran estar produciendo en el uso del suelo, frustraría el efecto protectorio de las leyes citadas.
Que, por lo expresado, corresponde aseverar que se encuentran presentes en el supuesto en tratamiento, las razones de necesidad y urgencia que prevé el art. 145 de la Constitución Provincial.
Que han sido consultados los señores presidentes de ambas Cámaras Legislativas, así como el señor Fiscal de Estado, en tanto que el pertinente mensaje público será emitido oportunamente.
Por ello,
El gobernador de la Provincia de Salta en Acuerdo General de Ministros y en Carácter de Necesidad y Urgencia decreta:
Art. 1. - Durante el plazo de vigencia de la ley 26160 , no podrán ejecutarse las autorizaciones de desmontes pendientes de realización, en aquellas propiedades incluidas en la Categoría II (amarillo) definida por la ley 7543 y su reglamentación, que, a la fecha del presente instrumento, se encuentren sometidas a un reclamo formal por parte de Comunidades Indígenas con personería inscripta en los registros de ley, prohibición que regirá hasta tanto se realice el Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por tales Comunidades, conforme a la ley 26160 y se resuelvan por la Autoridad Competente los reclamos incoados.
Art. 2. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente y, hasta tanto se realice el Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas, conforme a la ley 26160 , las áreas boscosas que ocupan y/o utilizan actualmente y respecto de las cuales tales Comunidades hayan realizado reclamo formal a la fecha del presente, serán consideradas de manera precautoria en la Categoría II (amarillo), conforme el art. 5 de la ley 7543.
Una vez realizado dicho relevamiento y con la participación de las comunidades afectadas, se decidirá la delimitación definitiva y la categorización final del área, según corresponda.
Art. 3. - Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación de la ley 7543 , adoptar las medidas necesarias y conducentes para asegurar el efectivo cumplimiento del presente.
Art. 4. - Comuníquese el presente decreto a las Cámaras Legislativas dentro del quinto día de su emisión, conforme a lo previsto en el art. 145 de la Constitución Provincial.
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Dra. María Alejandra Pasquet

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