domingo, 1 de marzo de 2009

La problematica del medio ambiente

“La Problemática del Medio Ambiente”

Introducción

La revolución industrial fue unas de la responsables en iniciar una gran etapa por la cual ha se generado una mayor interacción con el Medio Ambiente. Recién a partir de los años ´60 y ´70 comienzan a verse con más intensidad la diversas problemáticas que influyen en cuestión.

Es de tener en cuenta en esta temática que el punto de medio de la balanza se encuentra representado en la teoría del desarrollo sostenible o sustentable. Ésta es aquella que visualiza el conflicto entre “productividad y medio ambiente”.

La idea de Desarrollo sostenible fue planteada en una primera instancia por la Unión Internacional sobre la Conservación de la Naturaleza (UICN), cuando se dio a conocer la Estrategia Mundial de Conservación considera y puntualiza la sustentabilidad en términos ecológicos, pero con muy poco énfasis en el desarrollo económico.

La Estrategia específicamente contemplaba tres prioridades: el mantenimiento de los procesos ecológicos, el uso sostenible de los recursos y el mantenimiento de la diversidad genética.

Desde hace tres décadas, en diversos contextos culturales se ha desarrollado una reflexión articulada acerca de la relación buena y justa que el hombre debe mantener con el ambiente natural que lo rodea. Esta reflexión se ha venido estructurando con modalidades diversas, que guardan relación con las diferentes opciones y escuelas que caracterizan la discusión ética y con las diversas tendencias propias de las discusiones relativas al ambiente.

Si nos referimos con una visión general al principio de precaución, ésta nos exige que en caso de amenaza para el medio ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño.

A lo largo de estos últimos años el principio ha ido afianzándose como un elemento dentro del ámbito político y jurídico de diversos estados y, sobre todo, a nivel europeo e internacional. A pesar de los problemas suscitados, el principio representa una herramienta valiosa en la configuración de un nuevo paradigma para las políticas públicas requeridas por los desafíos presentes y futuros.

Es importante para el desarrollo del trabajo tener en cuenta algunos conceptos en relación a la problemática del Medio Ambiente.

Medio Ambiente: Una explicación rápida y sencilla es la que afirma que es “todo lo que rodea al hombre o a las sociedades y a los organismos vivos, y le sirve a ambos de sustento”.

Derecho Ambiental: Debe ser visto como uno de los instrumentos de las políticas ambientales. Podemos definirlo como “aquel que incide sobre las conductas individuales y sociales para prevenir y remediar las perturbaciones que alteran el equilibrio ambiental

Daño Ambiental: En general se lo individualiza como toda perdida, disminución, degradación, deterioro, contaminación o perjuicio que se ocasione directa o indirectamente al ambiente humano o a uno de sus componentes.

Desarrollo sustentable: Modelo orientado a implementar sistemas económicos que permitan satisfacer las necesidades actuales de la población sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras y a su vez integrar sus propias necesidades.

Impacto Ambiental: El Articulo de la Ley 123 de la Ciudad de Buenos Aires identifica claramente l concepto - “habrá impacto ambiental cuando se producen cambios netos, positivos o negativos, que se provocan sobre el ambiente como consecuencia directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y el bienestar de las generaciones presentes o futuras, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos presenciales”.


Principios Legales

Tradicionalmente la problemática medioambiental ha quedado circunscrita a ser tratada por el Derecho Administrativo considerándose esencialmente como una rama de este derecho sobre todo por el alcance colectivo y de interés publico de su objeto "el Medio Ambiente", que determina el papel preponderante del Estado en la adopción de medidas preventivas y represivas para resolver los problemas ecológicos.

Sin embargo la valoración del medio ambiente, entendido como parte integrante de los bienes de la naturaleza, determina que sea un bien que puede ser gozado, utilizado y disfrutado por sujetos individuales. Asimismo puede ser entendido como objeto especifico de relaciones jurídicas patrimoniales, por cuanto se puede concretar al espacio físico de que hace uso cada persona y en relación con el medio ambiente que la rodea y en que se desarrolla la vida del hombre.

Además las agresiones del medio ambiente ocasionan perturbaciones y afectaciones a los sujetos que viven, trabajan y están en interrelación con el medio afectado, no como ente abstracto, sino como realidad especifica y concreta de cada individuo, en relación con las cosas.

A esta configuración derecho administrativo a veces se le suma el derecho penal. Éste ultimo genera conflictos ya que existe un principio lógico que expresa “el derecho administrativo no puede permitir algo que el derecho penal prohíbe”.

A nivel internacional se manifiestan tres criterios para que coexistan ambos derechos:
1) Hacer un Derecho Penal Autónomo: Ley 24.051. El legislador hizo un tipo penal que protege la Salud Pública. De acuerdo como se tipifique el delito ecológico habrá que probar distintas aspectos como por ejemplo, si hubo contaminación, peligro o afectación de la salud pública, en todo caso, no se tendrá que probar la existencia de violación a la norma administrativa.

Un ejemplo ilustrativo de lo enunciado anteriormente, es la contaminación del aire por parte de la refineria de YPF en Argentina. En este caso, a diferencia del caso español, que mencionaremos mas abajo, no murió nadie. La justicia Federal solo necesito determinar que hubo contaminación de aires y que la misma era dañina para la salud. El Juez no tuvo que ver cuales eran los niveles permitido ya qye es autónomo al derecho penal.

2) Un Derecho Penal Dependiente al Derecho Administrativo: es decir un derecho de desobediencia donde interesa la Salud Publica per se, sino la desobediencia a la normativa. Esto queda supeditado a lo que haga el derecho administrativo.

3) Un Derecho de Accesoria Limitada: va sujeta a las dos anteriores. Aquí se van a proteger ciertos elementos específicos siempre y cuando haya una violación a la norma administrativa y afectación de un elemento natural. Un de este criterio es: el vertido de orín de cerdo en un río por parte de criadores porcinos de España. En este caso habría que probar, 1º que hubo violación de la norma administrativa y 2º que esa contaminación perjudico el sistema ecológico y la salud.

Cuando el estado controla, piensa en macro, el derecho penal no puede hacerlo, debe penar a cada individuo que contamina.

La Ley 24.051 de Residuos Peligrosos estructura la normativa administrativa estableciendo además, la jurisdicción Federal para investigar este tipo de delitos. (Es anterior a la reforma de 1994)

La Ley 25.612 de Residuos Industriales - que enuncia los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio – reforma a la 24.051 exceptuando los anexos I y II que describe y establece cuales son los residuos considerados peligroso.


Marco Legal – Delito Ambiental
El Delito Ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la existencia social económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre - espacio.

Es necesario contar con un sistema instrumental inhibitorio idóneo que impida que el daño suceda, bloqueando la acción ilícita y su dinamismo destructivo. La protección ambiental implica una nueva visión donde el equilibrio ecológico y la calidad de vida son el sustrato jurídico protegido y en sí mismo valioso.

La regulación penal de las conductas de efectos negativos para el ambiente, obliga a tipificar estos delitos como de peligro, con el fin de adelantar la protección penal a supuestos en los cuales aún no haya acaecido un efectivo daño o lesión al ambiente.

Ahora bien, cabe señalar que en lo que respecta a los delitos ecológicos, el bien jurídico protegido principal es el medio ambiente y accesoriamente se desprende que al proteger el medio ambiente estamos protegiendo o tutelando la vida humana.

Con la reforma de la Constitución Nacional Argentina, durante el año 1994, en su articulo 41º y 124º se ha introducido el concepto de “ambiente sano” y se le dio una mayor amplitud en la tarea operativa al Gobierno.

Entorno Legislativo Nacional
La legislación en materia ambiental en nuestro país se encuentra dispersa a lo largo de distintas normas de origen local o nacional, como así también en otros cuerpos legales que se ocupan de materias distintas al medio ambiente, pero que contienen regulaciones de carácter ambiental. Esto produce no solo dificultades a la hora de enmarcar jurídicamente situaciones que se dan en la realidad, sino que también produce superposiciones de índole jurisdiccional, lo que dificulta y entorpece el accionar de la justicia en circunstancias que por su naturaleza deberían ser tratadas con la mayor celeridad posible.
La Constitución Nacional, antes de la reforma de 1994 solo hacia referencia a las cuestiones ambientales indirectamente en el artículo 14 bis, en el 33 y en el preámbulo. Tras la última reforma, incorpora el derecho al medio ambiente en su artículo 41. En el primer párrafo del mencionado artículo, el constituyente establece que éste debe ser “...sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano...”, haciendo hincapié en su extensión a las futuras generaciones, y como dice Sabsay “(poniendo) de manifiesto la incorporación de la noción de desarrollo sustentable que hoy en día ubica a la variable ambiental como necesaria en la toma de toda decisión que haga al desenvolvimiento de una comunidad organizada”.
A su vez, establece la obligación de recomposición como consecuencia del daño ambiental, terminología que genera mas de un problema de interpretación, ya que la doctrina no ha llegado a un acuerdo sobre los alcances de aquella, planteándose aun hoy los más diversos interrogantes. Para algunos, nuestra ley se estaría refiriendo a una reparación integral del daño causado, volviendo las cosas al estado en que se encontraban al momento inmediatamente anterior a la producción del daño, lo que en la realidad se tornaría casi imposible debido a la naturaleza del daño ambiental y de las características de los bienes afectados, muchos de los cuales tardaron cientos de años en llegar al estado en el que se encontraban al momento de la generación del daño, tiempo que excede de sobremanera el marco de una sentencia judicial y también las posibilidades del agente dañador.
En el párrafo segundo, la Constitución Nacional establece obligaciones legislativas y administrativas al Estado, para seguidamente determinar la competencia del Estado Nacional para dictar presupuestos mínimos de protección del medio ambiente, y la de las provincias para complementarlos. De esto se infiere que es al Congreso Nacional a quien corresponde fijar un piso de protección, pudiendo las provincias mejorarlo y establecer uno mayor de acuerdo a su criterio, su legislación local y sus necesidades económicas, geográficas y sociales.
Finalmente, se prohíbe el ingreso al país de residuos peligrosos y radioactivos.
Por otra parte, tanto a nivel local como nacional, se observan una amplia gama de leyes que regulan aspectos ambientales, estableciendo las mismas sanciones de carácter administrativo. A modo de ejemplo, podemos citar la ley 13.660 de seguridad y salubridad de instalaciones, la ley 20.284 de preservación de los recursos del aire, la ley 22.190 “Régimen de prevención y vigilancia de la contaminación de las aguas u otros elementos del medio ambiente por agentes contaminantes provenientes de buques y artefactos navales”, la ley 20.841 “Régimen para evitar la contaminación de aguas en ríos”, la ley 13.908 de caza y protección de la fauna silvestre, la ley 20.531 sobre defensa, regeneración, mejoramiento y ampliación de los bosques y promoción de la industria forestal, la ley 20.466 de fiscalización de fertilizantes, la ley 21.418 sobre plaguicidas; en la Provincia de Buenos Aires ley 5965 de protección de a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de aguas y a al atmósfera, la ley 7616 sobre conservación del suelo, flora y fauna, sanidad animal, bosques y reservas forestales y los recursos hidrológicos, la ley 8772 de “Régimen de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de agua y atmósfera”; en la Provincia de Corrientes el Código de Aguas y la ley 3574 sobre “Ecología, protección del suelo, aguas y atmósfera”; la ley 3499 de la Provincia de San Luis sobre bosques y forestación; ley 1503 de la Provincia de Chubut sobre protección de las aguas y la atmósfera. En la ciudad de Buenos Aires podemos encontrar las ordenanzas 43.022 sobre control de contaminación provocada por los vehículos y las 39.025 y 41.111 denominadas “Códigos de prevención de la contaminación ambiental”, sin embargo, ellas no prevén sanciones administrativas a diferencia de la legislación arriba mencionada. El régimen sancionatorio se encuentra en la ordenanza 34.546.
Todas estas leyes establecen sanciones administrativas, pero ninguna establece penas del derecho penal. Solo se han encontrado dos normativas, que anteriormente mencionamos, que crean tipos penales de carácter ambiental: la ley 22.421 “Ley de Fauna” y la ley 25.051 de “Residuos peligrosos”.
 La Ley de Fauna tutela propiamente la fauna, sus ecosistemas y los ambientes en lo que habitan. En su capítulo VIII podemos encontrar el artículo 24 que prevé penas de prisión de hasta un año e inhabilitación especial de hasta tres para quien cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin autorización. Por su parte, el artículo 25 establece penas de prisión de hasta dos años e inhabilitación especial de hasta cinco para el que cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación, y en su segundo párrafo prevé los agravantes a dicha pena, que se configuran en razón de las personas involucradas en la actividad delictiva (tres o mas) y en razón de los medios utilizados en la misma (armas, artes o medios prohibidos). El artículo 26 prevé las mismas penas que el anterior para el que cazare animales de la fauna silvestre utilizando armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación y el 27 las extiende a quienes a sabiendas transporten, almacenes, compren, vendan, industrialicen o pongan de cualquier modo en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación.
Todas estas normas tipifican delitos dolosos contra la fauna silvestre, y así también contra el medio ambiente.
Los artículos 25 y 26 constituyen normas penales en blanco, ya que remiten a normativa de la autoridad jurisdiccional de aplicación, actualmente la Secretaría de Medio Ambiente.
 La Ley de Residuos Peligrosos establece en su capítulo IX el régimen de su normativa penal. El artículo 25 establece las mismas penas que las del artículo 200 del Código Penal para quien envenenare, adulterare o contaminare con residuos de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. El articulo 56 establece la figura culposa y prevé prisión de hasta dos años para el que obrare con negligencia, imprudencia o impericia. Ambos artículos prevén agravantes en el caso de la muerte de una persona como consecuencia, y el artículo 56 también lo prevé para el caso de enfermedad de una persona. El artículo 57 se refiere a la responsabilidad penal de los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios y representantes de una persona jurídica, cuando los hechos reprimidos se hubieran realizado por decisión de la misma, y prevé la aplicación de la pena correspondiente para aquellos cuando hubiesen intervenido en el hecho punible. Por último, establece la competencia de la justicia federal.
Esta normativa tiene la estructura de delito de peligro y prevé delitos tanto culposos como dolosos, tutelando así el medio ambiente y la salud publica.

Consideraciones sobre el Derecho Penal
Continuando dentro del ámbito del derecho penal, corresponde señalar la normativa que contiene el Código Penal sobre el tema de debate en el presente.
El artículo 184 se ocupa del delito de daño y prever formas agravadas cuando este produzca la infección o contagio en aves u otros animales domésticos y cuando se empleen sustancias venenosas o corrosivas.
El artículo 186 tipifica el delito de incendio, y en su inciso dos establece penas de reclusión o prisión de hasta diez años al que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio en distintos supuestos como ser cultivos, bosques o ganado, estableciendo así un correlato marcado ambiental. .

Si bien estos artículos no tienen un carácter ambiental en los términos que modernamente se conciben, creemos importante destacarlos debido a su implicancia para el medio ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que los mismos datan del año 1921.
El mismo código, en su título VII, capítulo IV, se encuentran los “Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas”.
El artículo 200 establece la figura de envenenamiento o adulteración de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales. Al ser este artículo el tema principal del presente trabajo, se llevará a cabo una análisis mucho mas detenido de esta figura en el punto siguiente, al cual en razones de brevedad me remito.
El artículo 201 prevé la pena del artículo 200 (reclusión o prisión de tres a diez años) para quien vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.
El artículo 202 reprime con reclusión o prisión de tres a quince años al que propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas.
El artículo 203 establece la figura culposa por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos u ordenanzas. En este punto se plantea una cuestión que para algunos[2] se limita a un defecto de técnica legislativa : el citado artículo 201 incluye el verbo disimular, el cual remarca claramente el dolo, no cabiendo en principio la figura culposa por imprudencia, negligencia o impericia que establece el 203. Esto puede entenderse, como se dijo, a un error de técnica legislativa, o bien concluir que el artículo 203 modifica al 201, extrayendo de su texto la referencia al verbo disimular, pero no puede aceptarse el articulado así como se presenta por incongruente.
Los articulo 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater establecen el delito de suministro infiel de medicamentos; el artículo 205 prevé penas de hasta dos años de prisión para el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemias y el 206 las prevé de hasta 6 meses al que violare las reglas establecidas por la policía sanitaria animal. Finalmente, el artículo 207 prevé inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para el funcionario público o quien ejerza una profesión o arte que sea condenado por los delitos que se vienen reseñando.
Así, estos delitos constituyen, en su mayoría, leyes penales en blanco, y se refieren a la idea de peligro común para las personas.

Modificaciones en nuestro País
La Policía Federal Argentina creó la división 'Prevención del delito ecológico "en febrero de 1996, y el motivo de la creación fue la modificación de la Constitución Nacional en el artículo 41 y 43, donde se incorpora el delito ambiental y el delito ecológico.
Esta actividad tomó dos caminos: por un lado la parte operativa, es decir, el cumplimiento de la función policial como auxiliares de la justicia en cuanto a lo que es el delito ecológico. Y por otro lado la fase de prevención en la división educativa. En este último punto abordan todos los temas relacionados con los derechos ambientales.

En referencia al control y la parte operativa, ante denuncias o trabajos de inteligencia realizados previamente, se hacen las consultas al magistrado que interviene en la causa, se hacen los allanamientos, y se obtienen las pruebas: se filma, se fotografía, y, se manda a analizar. Luego se eleva el sumario al juez y él es quien sanciona, suspende o clausura, el local o establecimiento. Es decir que es un trabajo en conjunto con la justicia.

En relación a la temática, además en nuestro país, se ha incorporado en el año 2000 el Departamento de Investigación de Delitos Ambientales para la lucha contra este flagelo. El mismo es el encargado de:

1) Controlar el estricto cumplimiento de las investigaciones e instrucciones que se realicen con la intervención del Ministerio Público Fiscal, en el ámbito de la jurisdicción competente.

2) Controlar el estricto cumplimiento de las instrucciones que deriven de Faltas y o contravenciones en el marco de violaciones a normas o Disposiciones vigentes.

3) Organizar, dirigir y fiscalizar el desenvolvimiento de las Delegaciones Zonales que le dependen.

4) Mantendrá estrecha comunicación y coordinación con los Departamentos Judiciales (Ministerio Publico Fiscal)- a fin de optimizar las investigaciones que deriven de la comisión de Delitos contra el Medio Ambiente.

5) Realizar mapeo de las actividades ilícitas en materia de Delito ambiental.

6) Realizar en forma inmediata comunicación preventiva al Departamento Investigación Delitos Ambientales, sobre todo hecho que intervenga.

7) Coordinar las relaciones y distintos requerimientos, entre las distintas Zonas de Investigación Judiciales.

8) Organizar, distribuir y fiscalizar los distintos ensayos requeridos, como actualizar o agilizar las relaciones con otras entidades a fin de objetivizar las pruebas recogidas a fin de preservarlas e individualizarlas a la mayor brevedad posible.

9) Coordinar con los laboratorios propios de esta Policía y/o otros autorizados para realizar los análisis pertinentes, los protocolos de muestreo que se deben cumplir, como así también realizar la cadena de custodio pertinente de las muestras obtenidas que surjan de la investigación.

10) Toda otra función no especificada en la presente Reglamentación Interna que resulte inherente a su cometido u ordene la superioridad.







SINTESIS DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Sin perjuicio de los pasajes de la Constitución que aluden a la problemática ambiental, y a las disposiciones del Código penal, la Argentina posee una gran cantidad de normas. En ese sentido, pueden mencionarse las siguientes normas:

Ley 25612/02. Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio.

Ley 25.670/02. Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCBs. Prohibe la instalación de equipos que contengan PCBs y la importación y el ingreso al territorio nacional de PCB o equipos que contengan PCBs.

Ley 25675/02. Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. La política ambiental argentina estará sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: de congruencia, de prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación.

Decreto 2413/02. Reglamenta ley 25675/02.

Ley 25688/02. Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean los comités de cuencas hídricas.

Ley 25916/04. Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de residuos domiciliarios.

Decreto 1158/04. Reglamenta la ley 25916/04.

Ley 24216/93. Aprueba el protocolo al tratado antártico sobre protección del ambiente, adoptado en Madrid.

Disposición de la DIRECCION NACIONAL DEL ANTARTICO 87/2000. Esta disposición de la DIRECCION NACIONAL DEL ANTARTICO aprueba medidas para el cumplimiento del protocolo al tratado antártico sobre protección del ambiente.

Ley 15564. Crea el Parque Nacional Tierra del Fuego.

Ley 16802/66. Crea el Parque Nacional El Palmar.

Decreto 1797/78. Crea el comité nacional para el programa “El hombre y la biosfera (MAB)” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Ley 22351/80. Crea la Administración Nacional de Parques Nacionales. Como autoridad de aplicación federal, posee poder jurisdiccional en aquellas zonas declaradas Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas nacionales. Crea también el Cuerpo de Guarda parques. Deroga las Leyes 12103/34, 18594/70 y

20161/73 y el Decreto 2811/72. Modifica al Decreto 637/70.

Decreto 83/83. Reglamentario de la Ley 22351/80. Régimen legal de los Parques, Monumentos y Reservas Naturales.

Ley 25366/00. Aprueba el Convenio celebrado con la provincia de Santiago del Estero para la Creación del Parque Nacional Copo.

Ley 23614. Ley de Promoción Industrial, deroga al Decreto Ley 19904/72 y a las
Leyes 20560/73 y 21608/77 y a sus respectivos Decretos Reglamentarios.

Decreto 674/89
Reemplaza al Decreto 2125/78. Principio Contaminador-Pagador (pago de cuota de resarcimiento por parte de aquellos que vuelcan efluentes industriales a las aguas lindantes).

Disposición 79179/90. Disposiciones instrumentales para la aplicación del Decreto Nº 674/89 reglamentario de los artículos 31º, 32º y 34º de la Ley Nº13.577, modificada por la Ley Nº 20.324.

Decreto 999/92. Aprueba el reglamento administrativo regulatorio de los distintos aspectos de los servicios públicos de provisión de agua potable, y desagües cloacales de competencia de Obras Sanitarias de la Nación, que se otorgarán en concesión de acuerdo a la Ley 23686. Ratifica el convenio de 10-2-92 entre Nación (OSN y Sec. de Obras Públicas), Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires referente al marco regulatorio para la concesión.
Convenios aprobados por Ley.
* Convenio sobre Contaminación por Hidrocarburos firmado en Londres el 12-5-54.
* Convenio sobre Contaminación por vertimiento de desechos abierto a la firma el 29-12-72 en México.

Resolución S.R.N. y A.H. 242/93. Norma para los vertidos de establecimientos industriales o especiales alcanzados por el Decreto 674/89, que contengan sustancias peligrosas de naturaleza ecotóxica.

Ley 25612/02. Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio.

Ley 2387/90. Impone la evaluación de consecuencias ambientales que producen o podrían producir en territorio argentino las represas construidas, en construcción o planificadas, nacionales y/o extranjeras.

Ley 24105/91.
Decreto 1317. Aprueba el tratado sobre protección, preservación, conservación y saneamiento del medio ambiente y de utilización racional y equilibrada de los recursos naturales entre Argentina y Chile.

Decreto 2419/91. Crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.

Decreto 177/92. Crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.
Establece los objetivos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación y de la Subsecretarías de Recursos Naturales; de Ambiente Humano y de Relaciones Institucionales. Autoridad de aplicación de las Leyes 22421/81 (Fauna), 224828/81 (suelos), 23922/89 (Convenio Basilea), 24040 (Capa de Ozono), 24051/91 (Residuos peligrosos), Leyes Nacionales o normas relacionadas con la protección, mejoramiento y defensa de los recursos forestales.

Ley 25675/02. Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. La política ambiental argentina estará sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: de congruencia, de prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación.

Decreto 2413/02. Reglamenta ley 25675/02.
Ley 11709/33. Establece la obligación de la instalación de escalas para peces en la construcción de diques.

Ley 14346/54. Fija las normas de represión a los que infligieren malos tratos a los animales. Decreto Promulgatorio 18332.

Ley 19282/72. Aprueba el Convenio para la conservación de la vicuña (Vicugna vicugna) de La Paz de 1969.

Ley 20136/73. Reivindica la propiedad sobre los recursos vivos existentes en zonas del mar bajo soberanía argentina. Limita los alcances de la Ley 18502/79 sobre el ejercicio de la jurisdicción provincial sobre el mar territorial adyacente.

Decreto 1216/74. Prohíbe la caza de lobos, elefantes marinos, focas, pingüinos y especies similares de la fauna marina.

Ley 20961/75. Establece el régimen para la caza del ñandú (Rhea americana) y del guanaco (Lama guanicoe).

Ley 21673. Crea el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) encargado de formular y ejecutar programas de investigación pura y aplicada en vinculación al tema.

Ley 21676/76. Aprueba la Convención para la conservación de las focas antárticas y especies afines, suscripta en Londres entre el 3 y el 11-2-72. Suscripta por Argentina el 9-6-72.

Ley 22344/80. Aprueba la Convención sobre el Convenio Internacional de Comercio de Especies amenazadas de Fauna y Falora silvestre (CITES) (Washington 3-3-73). Apéndice I: especies en peligro de extinción.

Ley 23582/88. Aprueba el Convenio sobra la conservación y manejo de la vicuña (Vicugna vicugna) celebrado en Lima el 20-12-79.
Ley 23918/91. Aprueba la Convención sobre las especies migratorias de animales silvestres firmada en Bonn 23-6-79.

Ley 23919/91. Aprueba la Convención sobre conservación de los humedales de importancia internacionales como hábitat de aves acuática, firmado en Ramsar el 2-2-71, modificada luego por el Protocolo de Parás del 8-12-82.

Ley 25263/00. Promueve los objetivos de conservación de los recursos vivos marinos antárticos establecidos en la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

Ley 13273/48. Ley de defensa de la riqueza forestal. Declara de interés público la defensa, regeneración, mejoramiento y ampliación de bosques. Promoción de la industria forestal.

Ley 19995. Modificación de la Ley 13273/48.

Ley 20136/73. Reivindica la propiedad sobre los recursos vivos existentes en zonas del mar bajo soberanía argentina.

Ley 20531. Modificación parcial de la Ley 13273/48.

Ley 21111/75. Créditos para trabajos de forestación y reforestación. Modifica el artículo 59º de la Ley 13273/48.

Ley 21695/78. Establece un sistema de crédito fiscal para la forestación; promueve la instalación de bosques de rápido crecimiento (en su mayoría especies de orígen exótico) Deroga parcialmente el Decreto 465/74. Modifica la Ley 13273/48 y modificatorias.

Ley 21911. Modifica la Ley 21695/83.

Ley 21990/79. Sanciones por infracciones a la Ley 13273/48. Sustituye los artículos 65º y 70º y deroga el 73º de la Ley 13273/48.

Decreto 2284/91. Desregulación económica.
Artículo 66. Deroga los artículos 47º inc.b, 48º, 50º, 51º, y 52º de la Ley 13273/48 y el artículo 1º de la Ley 20531.

Ley 22344/80. Aprueba la Convención sobre Convenio Internacional de Comercio de Especies amenazadas en Fauna y Flora silvestre (CITES).

Decreto 2284/91. Desregulación económica.
Artículo 36. Disuelve el Instituto Forestal Nacional (IFONA) creado por Ley 20951.

Ley 20284/73. Establece las normas para la preservación de los recursos del aire: fija parámetros de calidad del aire, crea el registro catastral de fuentes contaminantes y establece sanciones. No está reglamentada.

Ley 23340. Aprueba el Convenio proscribiendo los ensayos de armas nucleares en la atmósfera y el espacio exterior.
Ley 23724/89. Ratifica el Convenio Viena del 22-3-85 para la protección de la capa de ozono.
Ley 23778/90. Ratifica el Protocolo de Montreal del 16-9-87. Enumera las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Ley 24040/92. Establece restricciones a la producción, utilización, comercialización, importación y exportación de sustancias agotadoras de la capa de ozono definidas en el Protocolo de Montreal, ratificado por Ley 23778/90.

Ley 24167/92. Aprueba la enmienda al Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

Ley 24295/93. Aprueba la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Código Civil: Artículo 2618. Modificado por la Ley 17711, dispone que las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruido, vibraciones y daños similares por ejercicio de actividades en einmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medien autorizaciones para aquéllas.

Ley 13660/49. Decreto Reglamentario 108/77. Dicta normas a las que deben ajustarse las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles.

Decreto Ley 22498/56. Organización de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), la autoridad de aplicación.
Ley 15636/60. Ley federal de energía eléctrica. Régimen de energía eléctrica. Modificada por la Ley 24065/91.

Ley 20652/74. Establece el régimen de explotación y comercialización del carbón por Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Incluye el resguardo de las condiciones ambientales.

Decreto 302/79. Aprueba la realización de estudios para la instalación de un basurero nuclear en Gastre, provincia de Chubut.

Ley 22259/80. Reforma al Código de Minería. Modificado por decretos y Leyes posteriores.

Ley 22428/81. Decreto Reglamentario 681/81. Ley de fomento y conservación de los suelos; promueve la recuperación de la capacidad productiva de los suelos.

Ley 22246/90. Minerales y materiales nucleares. Zonas de prospección nuclear obligatorias. Modifica al Decreto Ley 22477/56.

Ley 23419. Establece que las empresas del Estado, entidades autárquicas de jurisdicción nacional, sociedades del estado y sociedades con participación mayoritaria estatal realicen labores exploratorias del subsuelo deberán suministrar la información obtenida al Poder Ejecutivo.

Ley 24076/91. Regula el transporte y distribución del gas natural. Crea el ente nacional regulador del gas.

Ley 24145/91. Ley de federalización de hidrocarburos y transformación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Sociedad Anónima (Y.P.F. S.A.).
Convenios aprobados por ley:
* Convención de Viena sobre responsabilidad civil.
* Convención de Bruselas sobre responsabilidad civil en materia de transporte marítimo del material nuclear.
Resolución SE 105/92. Normas y procedimientos que regulan la protección del ambiente durante la exploración y explotación petrolera.
Resolución SE 252/93. Guía y recomendaciones para la ejecución de estudios ambientales
Resolucion SE 241/93. Cronograma y normas para el reacondicionamiento de piletas y restauración de suelos.

Decreto 2000/93. Pagos de servidumbres y daños a superficiarios.

Ley 24498/95. Modifica el Código de Minería. Obliga a quienes exploten minas que contengan minerales nucleares a presentar un plan de restauración del espacio natural afectado. Da lugar a sanciones que pudieran establecer las normas de protección del medio ambiente.

Decreto 89/95. Reglamenta ley 24498/95.

Ley 24585/95. Modifica el Código de Minería. Establece la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la actividad minera.
Decreto 456/97. Modifica el Código de Minería. Implementa los instrumentos de gestión ambiental (Informe de Impacto Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental, etc) Crea un Registro de Infractores.

Ley 25019/98. Declárase de interés nacional la generación de energía eléctrica de origen eólico y solar en todo el territorio nacional.
En el tema específico de los Recursos Hídricos (aguas continentales y marinas; agua potable), existe también una profusa (aunque al parecer incompleta) legislación:

Ley 2797/1891. Prohíbe el volcado de aguas cloacales y residuos industriales sin tratamiento a los ríos.

Ley 4198/03. Faculta al P.F. a adoptar en la Capital Federal todas las medidas conducentes a impedir la contaminación del agua de Río de la Plata. Establece multas y penalidades.

Ley 6546/09. Aprovechamiento de las aguas de los ríos Negro, Lima y, Neuquén, Segundo, Tercero, Quinto, Seco, De los Sauces, Mendoza, Atuel y otros.

Ley 6816/09. Confección del mapa hidrológico de la Argentina.

Ley 11179. Código Penal. Artículo 200º Tipifica la figura de contaminación del agua, preceptuando que será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas, agravándose el hecho fuera seguido de la muerte de alguna persona.

Ley 13273/48. Ley de defensa de la riqueza forestal. Contiene normas referidas a la protección de las fuentes de agua en relación al recurso bosque.

Ley 13577/49. Ley Orgánica de Obras Sanitarias de la Nación.

Ley 18593/70. Ley para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Ley 20324/73. Ley Orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Modificatoria y complementaria de las Leyes 13577/47 y 14160/52.

Ley 17405. Crea la Comisión Nacional de la Cuenca del Plata. Integrada por todos los países con jurisdicción en el área, tiende a establecer una política integral de manejo regional de sus recursos naturales.

Ley 18590/70. Aprueba el tratado de la Cuenca del Plata (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Ley 23027/83. Crea el Comité Hídrico de la Cuenca del Plata.

Ley 17094/68. Aprueba la extensión a 200 millas marinas la zona de soberanía argentina.

Ley 18602/79. Otorga jurisdicción a las provincias en el ámbito de las 3 millas marinas adyacentes a sus costas.

Ley 20094/73. Establece la prohibición de contaminar las aguas navegables.

Ley 20126/73. Crea el Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas (INCYTH) que tiene por objeto centralizar el estudio e investigación de los recursos hídricos. Deroga las Leyes 18629/70 y 17543.

Ley 20645/74. Aprueba el Tratado del Río de La Plata y su frente marítimo suscripto en el año 1973 con la República Oriental del Uruguay.

Ley 21172/75. Establece el régimen de fluoración para las aguas para consumo en todo el territorio nacional.

Ley 21353/76. Aprueba el Convenio Internacional relacionado con la prevención de la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos; abierto a la firma en Londres el 12-5-54 con las enmiendas adoptadas por la Conferencia Internacional de Londres entre el 26-3 y el 15-4-62 y las adoptadas el 21-10-69 por Resolución A/175 (VI) de la Asamblea de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.

Ley 21514/77. Autoriza a empresas extranjeras privadas a explotar los recursos vivos del mar al sur del paralelo 40º.

Ley 21673. Crea el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que será el encargado de ejecutar programas de investigación pura y aplicada en vinculación al tema.

Ley 21947/79. Aprueba el convenio sobre la prevención de la contaminación de mar por vertimiento de desechos y otros materiales.

Ley 22190/80. Establecer pautas de prevención, reparación y sanción vinculadas a la contaminación de las aguas u otros elementos del medio originadas por agentes contaminantes provenientes de buques u otros artefactos navales; la autoridad de aplicación es la Prefectura Naval Argentina. Deroga la Ley 20481/73.
Decreto Reglamentario 1886/83. Deroga al Decreto 4516/73 el Título IV- Capítulo 11: De la contaminación de las aguas del Régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre que deroga el Digesto Marítimo y Fluvial (decreto 125571/38).

Ley 22470/81. Régimen de aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos de los tramos limítrofes del Río Uruguay y sus afluentes.

Ley 22507/81. Aprueba el Tratado sobre la prohibición del emplazamiento de armas nucleares y otros artefactos de destrucción masiva en los fondos marinos, océanos y sus subsuelos.
Obras Sanitarias de la Nación. Resolución 75185/186. Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones de Obras Sanitarias de la Nación.

Ley 23456/87. Aprueba el convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en caso de catástrofe por contaminación con hidrocarburos y su anexo suscripto en Bruselas el 29-11-69.

Ley 23615/88. Decreto Reglamentario 685/89. Crea el Consejo federal de Agua Potable y Saneamiento (COFAPYS) con la función principal de promover, supervisar y financiar programas con recursos de origen nacional o extranjero.
Decreto 674/89. Reemplaza al Decreto 2125/78. Principio Contaminador-Pagador (pago de cuota de resarcimiento por parte de aquellos que vuelcan efluentes industriales a las aguas lindantes).

Ley 23829/90. Aprueba el Convenio de cooperación con Uruguay para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producido por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales; firmado en Bs. As. el 16-9-87.

Ley 23879/90. Impone la evaluación de consecuencias ambientales que producen o podrían producir en territorio argentino las represas construidas, en construcción o planificadas, nacionales y/o extranjeras.

Ley 24089/92. Aprueba el convenio internacional para prevenir la contaminación de buques (MARPOL 1973 - Marine Pollution) y el Protocolo de 1978.
Disposición 79179/90. Disposiciones instrumentales para la aplicación del Decreto Nº 674/89 reglamentario de los artículos 31º, 32º y 34º de la Ley Nº13.577, modificada por la Ley Nº 20.324.

Decreto 776/92. Creación de la Dirección de Contaminación Hidríca.
Decreto 1455/92.
Decreto 999/92. Aprueba el reglamento administrativo regulatorio de los distintos aspectos de los servicios públicos de provisión de agua potable, y desagües cloacales de competencia de Obras Sanitarias de la Nación, que se otorgarán en concesión de acuerdo a la Ley 23686. Ratifica el convenio de 10-2-92 entre Nación (OSN y Sec. de Obras Públicas), Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires referente al marco regulatorio para la concesión.
Convenios aprobados por Ley.
* Convenio sobre Contaminación por Hidrocarburos firmado en Londres el 12-5-54.
* Convenio sobre Contaminación por vertimiento de desechos abierto a la firma el 29-12-72 en México.
* Enmienda de la Convención Relativa a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Establece las normas que regirán el funcionamiento del Comité de Protección del Frente Marítimo.
Resolución S.R.N. y A.H. 242/93. Norma para los vertidos de establecimientos industriales o especiales alcanzados por el Decreto 674/89, que contengan sustancias peligrosas de naturaleza ecotóxica.

Ley 24543/95. Adhiere a la Convención de la ONU sobre el derecho del mar donde se reconoce que los Estados mantendrán bajo vigilancia los efectos de cualesquier actividad que se realice, a fin de determinar si pueden contaminar el medio marino y se comprometen a proteger y preservar el mar.

Ley 25688/02. Establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean los comités de cuencas hídricas.
Residuos

Ley 22415. Código Aduanero. Control de residuos peligrosos que entran y salen del país. Prohibiciones.

Resolución 233/86. Aprueba reglamento general para el transporte de materiales peligrosos por carretera. Secretaría de transporte de la Nación.

Resolución 720/87. Listado de materiales peligrosos. Tabla de incompatibilidades de materiales peligrosos. Guías de emergencia. Elementos identificatorios, vehículos y embalajes. Subsecretaria de transporte de la Nación.

Ley 23922/91. Aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos firmado el 23-3-89.

Ley 24051/91. Decreto Reglamentario 831/93. Anexo I A. Anexo II Tabla 1. Ley de residuos peligrosos. Excluye a residuos domésticos y radioactivos. Crea un registro nacional de generadores y operadores de residuos peligrosos. Requisitos para generadores, transportistas, plantas de tratamiento y disposición final. Sanciones.

Decreto 181/92. Residuos, desechos o desperdicios procedentes de otros países. Prohíbe el transporte, introducción o importación definitiva o temporal de éstos al territorio nacional, al área aduanera especial y zonas francas creadas o por crearse. Anexo I: nómina de residuos, desechos, lodos o desperdicios. De acuerdo a las Leyes 23922 y 22415.

Resolución 184/95. Operador exportador de residuos peligrosos.

Resolución SRNyAH 189/96. Fíjase la tasa de evaluación y fiscalización a abonar por los generadores y operadores de residuos peligrosos.

Resolución SRNyAH 206/96. Declara la inscripción de oficio de todas las empresas que no se hayan debidamente inscriptas en el registro nacional de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos.

Resolución SRNyAH 224/94. Establécense los parámetros y normas técnicas tendientes a definir los residuos peligrosos de alta y baja peligrosidad.

Resolución SRNyAH 242/93. Normas para vertidos de establecimientos industriales o especiales alcanzados por el Decreto Nº 674/89, que contengan sustancias peligrosas de naturaleza ecotóxicas.

Resolución SRNyAH 250/94. Clasifica las distintas categorías de generadores y de residuos peligroso líquidos, gaseosos y mixtos.

Resolución 253/94. Generadores y Operadores de residuos peligrosos. Período de facturación y tasa.
Resolución Secretaría de Salud 349/94. Aprueba las normas técnicas nacionales sobre el manejo de residuos biopatológicos de unidades de atención de la salud.

Ley 24776/97. Aprueba la CONVENCION SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR adoptada en Viena.

Ley 25018/98. Establece los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos radiactivos, que garanticen en este aspecto la protección del ambiente, la salud publica y los derechos de la prosperidad. En el Programa Nacional de Gestión se incluyen estudios sobre seguridad y preservación del ambiente.

Decreto 1222/98. Reglamenta ley 25018/98.
Resolución 97/01. Apruébase el reglamento para el manejo sustentable de barros generados en plantas de tratamiento de efluentes liquídos.
Saneamiento Ambiental (humano, animal, vegetal y químicos)

Ley 26011/04. Apruébase el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Decreto Ley 3489/58. Establece la obligatoriedad del control estatal previo sobre la venta de productos químicos o biológicos, destinados al tratamiento de plantas cultivadas o útiles.

Decreto Reglamentario 5769. Ley 17934. Modificación parcial de la Ley 3489/58.

Ley 17751. Expropiación de partidas, intervenidas y franquicias a la importación de elementos y equipos destinados a la determinación de residuos de plaguicidas.

Ley 18073. Prohíbe el uso de ciertos productos químicos en el tratamiento de praderas donde se alimentan especies bovinas, equinas, caprinas y/o porcinas en razón de su grado de toxicidad residual.

Decretos Reglamentarios 2678 y 1417. Ley 18796. Modificación parcial de la Ley 18073.

Ley 18323. Determinación de residuos en plaguicidas.

Ley 19587/72. Decreto Reglamentario 351/79. Ley de higiene y seguridad en el Trabajo.
Ley 20026. Establece los parámetros en la determinación de residuos en productos de origen animal, en elementos a usarse en fábricas, etc.

Ley 20316. Establece el régimen de expropiación de la existencia de funguicidas “curasemillas”, formulados con algunos productos y subproductos agrícolas y ganaderos.

Ley 20466. Ley de fiscalización de fertilizantes y enmiendas.
Decreto Reglamentario 4830/73. Reglamenta Ley 20466.
Decreto 1624/80. Modifica al Decreto Reglamentario 4830/73 de la Ley 20466.

Ley 21481. Establece la concentración máxima de residuos en plaguicidas.

Ley 21862. Prohíbe la fabricación, importación y comercialización de determinados productos químicos por ser nocivos a la salud humana.

Ley 24292/93. Apruébase el convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos.

Ley 25.670/02. Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCBs. Prohíbe la instalación de equipos que contengan PCBs y la importación y el ingreso al territorio nacional de PCB o equipos que contengan PCBs.
Varios

Ley de Educación Superior Nro. 24.521. La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar la formación de personas capaces de consolidar el respeto al ambiente.

Ley Nro. 24.195. Propicia la conservación del medio ambiente y la generación de ciudadanos defensores del medio ambiente.

Ley 24605/95. Declara Al 27 de septiembre de cada año "Día Nacional de la Conciencia Ambiental".

En cuanto a las leyes especiales, cabe destacar, entre otras:

 Nro. 24.051 de Residuos Peligrosos

 Nro. 22.421 de Fauna Silvestre

 Nro. 20.481 de Régimen para evitar la contaminación de aguas en ríos y puertos por hidrocarburos.

 Nro. 20.284 de Preservación de los recursos del aire

 Nro. 20.466 de Fiscalización de fertilizantes

 Nro. 20.560 de Promoción industrial

 Nro 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de actividades de servicios

 Nro. 25.675 de Política Ambiental Nacional

 Nro. 21.418 de Residuos plaguicidas

 Nro. 14.346 de Protección de animales


La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable pone a disposición un conjunto de Normas, relacionadas a la temática ambiental, que son de consulta frecuente de parte de los usuarios.
Las mismas contribuyen a una formación y difusión de la gestión legal de diversos organismos gubernamentales

Nación
3 Artículos
69 Leyes
67 Decretos
1 Resolución General
358 Resoluciones
1 Resolución Conjunta
26 Ordenanzas
18 Disposiciones
1 Acta
1 Pacto
30 Declaraciones
7 Recomendaciones
1 Manifiesta

Buenos Aires
1 Decreto

Chubut
27 Leyes
7 Decretos
2 Resoluciones

Córdoba
15 Leyes
1 Decreto Ley
1 Decreto

Jujuy
1 Declaración

La Rioja
9 Leyes

Mendoza
1 Ley
1 Decreto

Río Negro
16 Leyes
5 Decretos
6 Resoluciones

Santa Cruz
12 Leyes
1 Decreto
1 Disposición

Tierra del Fuego
14 Leyes
1 Decreto
1 Disposición

Bloque Mercosur
7 Resoluciones
6 Decisiones




Políticas Ambientales

Para comprender la adopción del orden ambiental en el diseño de las políticas y el derecho positivo que les sirve de instrumento debe recordarse que el tema se encuentra íntimamente ligado con las cuestiones empresariales; la utilización de los recursos naturales a largo plazo; la promoción de productos verdes o ecológicos; los mecanismos que propician actividades con calidad ambiental certificada, y el control de la puesta en marcha de proyectos que puedan producir fuertes impactos en el ambiente.

Las políticas medioambientales siempre han existido, a pesar de que a través de los siglos como política se hayan adoptado modelos que propician el agotamiento de los recursos naturales del planeta.

En los tiempos contemporáneos al tomar conciencia del problema ecológico los Estados mas desarrollados se impulsaron la formulación de un nuevo tipo de política destinada a alcanzar objetivos vinculados con la preservación futura de los ecosistemas.

Según diversos autores dedicados al estudio de la problemática ambiental, orientan a la protección, el cuidado y el desarrollo del ambiente humano desde una concepción global, sistémica y a largo plazo, de manera que involucre a las generaciones futuras y sus posibilidades de subsistencia: el desarrollo sostenible o sustentable.

Cuando se analizan las políticas ambientales de los últimos tiempos se observa que en general ellas se apoyan en tres pilares básicos:

1. La reparación
2. La prevención
3. La cautela

A partir de ellos las soluciones para permitir una mejor gestión del ambiente humano están reguladas por varios principios rectores. Entre ellos se destacan:

» El principio de precaución: Según el cual la ausencia de certeza científica absoluta sobre ciertos fenómenos no es excusa para demorar medidas que se consideran buenas en si mismas.

» El principio de la prevención: Según el cual hay que tratar de prevenir los riesgos antes de que se produzcan daños a las sociedades humanas o al medio ambiente.

» El principio del acusante o del contaminador pagador: según el cual el causante de las alteraciones ambientales o de los daños producidos por inadvertencias vinculadas con los principios anteriormente enunciados debe pagar por dichas omisiones. Este principio esta íntimamente vinculado a la idea de responsabilidad.

» El principio de la Equidad intergeneracional: El cual supone que debemos entregar a las generaciones venideras un mundo que desde la estabilidad ambiental les brinde las mismas posibilidades de desarrollo que tuvimos nosotros. Este principio tiene relación directa con la base ética del orden ambiental (la solidaridad) y su paradigma.

» Principio de la Internalización el costo ambiental: Este principio debe verse como una respuesta a la teoría económica de las externalidades, positivas y negativas, y apunta a que se incluya la utilización de la naturaleza como factor de gasto y a que se calculen precios ecológicamente sinceros durante el desarrollo de los productos o la puesta en marcha de proyectos

Para llevar a cabo los objetivos de las políticas ambientales, los Estados se valen de instrumentos muy precisos. Se destacan por su importancia:

♠ El planeamiento y ordenamiento ambiental,
♠ La sanción de una estructura normativa específica,
♠ La educación ambiental,
♠ Las ecoauditorias,
♠ El accionar de los medios de comunicación,
♠ La creación de sistemas de información ambiental y
♠ Los estudios de impacto ambiental




Políticas Ambientales de carácter empresarial



En los últimos años se detecta la puesta en marcha dentro del mundo empresarial de sistemas voluntarios de gestión ambiental.

En este contexto las normas ISO 14.000 proporcionan a las organizaciones un marco para alcanzar una administración ambiental más consistente y confiable.
En vísperas de la asamblea de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (Rió de Janeiro, junio de 1992)se gestaron organizaciones empresariales que apuntaban al compromiso voluntario de sus miembros con los modelos productivos basados en tecnologías limpias y las producciones orgánicas del productos del agro. Entre ellas se destaca el consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible.

En esa misma época otras organizaciones firmaron acuerdos voluntarios y códigos de conductas ambiental a acatar entre empresas de determinados sectores. Así las que integran la Asociación de Asistencia Reciproca Petrolera Estatal Latinoamericana (ARPEL) aprobaron, en San José de Costa Rica, un código de conducta Ambienta a aplicar entre las principales empresas Estatales de América Latina. Dicho código refleja la conciencia por un desarrollo autosostenido de las empresas petroleras acompañado con acciones dirigidas a la protección ambiental dentro de los límites económicos razonables. A su vez la Cámara de Comercio Internacional (ICC, Internacional Chamber of Comerse) en esa misma época – 3 de diciembre de 1991 -, adopto un código internacional sobre publicidad ambiental destinado a promover altos criterios éticos en publicidad por medio de la autorregulación. Al año siguiente esa mima organización presento en la conferencia de Rio de Janeiro, antes mencionada, una carta empresarial para el desarrollo Sustentable en la que se formulaban principios de gestión ambiental.

Los procesos de Certificación de Calidad se han creado para demostrar que un producto, un proceso productivo, una actividad agrícola o un servicio cumplen con los requisitos de calidad técnica, productiva o ambiental.

Existen en la actualidad organismos internacionales encargados de emitir normas de calidad de cumplimiento voluntario. Se destacan por su importancia las normas IRAM-ISO de la serie 14.000.

Estas normas permiten que una organización “establezca procedimiento para fijar una política y objetivos ambientales, lograr su conformidad a y evaluar su eficacia”. El propósito de estas normas pasa por la necesidad de mantener la protección ambiental y la preservación de la contaminación en equilibrio con las necesidades económicas. La serie esta integrada por las siguientes disposiciones:
 Norma IRAM-14.001 que establece el sistema de gestión ambiental

 Norma IRAM-ISO14.004 que fija las directivas generales sobre sus principios
 Norma IRAM-ISO 14.010 referidas a las directivas para las auditorias ambientales.
 Norma IRAM-ISO 14.011 que crea el procedimiento a seguir para efectuar las auditorias ambientales.

No hay comentarios.: