domingo, 1 de marzo de 2009

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EVOLUCION HISTORICA EN LA REPUBLICA

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EVOLUCION HISTORICA EN LA REPUBLICA ARGENTINA

-LEGISLACION DEL PERIODO INDIANO-
Desde el momento de la introducción de la imprenta en España, en el año 1473, la autoridad real advirtió el poder y los peligros de este medio de difusión del pensamiento. Se comenzó así a dictar leyes tendientes a evitar que nada se imprimiese sin licencia real, lo que significaba la censura gubernativa previa.
El derecho de los autores de disponer y usufructuar sus obras intelectuales no era más que una concesión graciosa de la autoridad.
La primera restricción en esta materia se dictó en España en 1502, cuando los Reyes Católicos dieron una pragmática por la que se ordenaba no se imprimiese libro alguno sin licencia previa.
Así continuó hasta 1752, año en que Fernando VI decretó una importante resolución acerca de las reglas que debían observar los impresores y libreros, en todo lo referente a la impresión y venta de obras. Se establecía en ella que sin licencia del Consejo de Castilla no podía imprimirse, libro alguno, aunque fuera breve.
En 1763, Carlos III dictó una pragmática que significaba un gran paso en el reconocimiento del derecho de autor, decía que no se debía conceder privilegio alguno, sino al mismo autor, que lo haya compuesto.
Al año siguiente el mismo monarca dio una Real Orden, que representaba también una importante evolución legislativa de los derechos de autor. Por esta disposición se estableció que los privilegios concedidos a los autores de los libros no se extingan por su muerte sino que pasen a sus herederos.
La citada ley al establecer la transmisión patrimonial de los derechos de autor, reconocía implícitamente la existencia del derecho intelectual.
Otra disposición del mismo monarca, entrañaba un principio de reconocimiento de derecho moral del autor, al terminar con normas de orden corporativo y permitir que los mismos autores, de esculturas, pudieran pintar sus propias obras, sin que fueran molestaos por gremios de carpinteros y otros oficios.
Se dictaron también otras reales cédulas destinadas a vigilar la entrada y circulación de libros extranjeros en América, por el temor que inspiraban las publicaciones destinadas a difundir las nuevas ideas filosóficas y políticas que agitaban en Europa de fines del siglo XVIII.
Sin embargo a pesar de tales reglamentaciones, así como circularon en España toda clase de escritos prohibidos, lo mismo sucedió en Indias, por el contrabando, que no solo era un medio para introducir mercaderías sinó también para difundir ideas prohibidas, de tinte revolucionario, bajo la inspiración de ideales democráticos y liberales que acababan de triunfar en Europa.
-CONSTITUCIONAL NACIONAL-
La Constitución Nacional sancionada en 1853, consagró la protección de la creación intelectual, inspirándose en la idea de propiedad.
En el artículo 17, establece que “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”.
Al englobar en una misma disposición al autor de obras literarias, artísticas y al inventor, los convencionales de 1853, tuvieron el sentido exacto de la creación intelectual como fundamento común de esta protección jurídica.
Por otra parte la Constitución Nacional dio una doble garantía creador intelectual, ya que no solo le aseguró el disfrute económico de su labor (art. 17), sinó que le garantizó también su libertad intelectual, al suprimir las trabas de la expresión de pensamiento (art. 14 “publicar las ideas por la prensa sin censura previa”; art. 32: “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”).
-CODIFICACION CIVIL-
En el Código Civil sancionado en 1869, no se incluyó la materia. Como el Código Civil no estableció un régimen especial para los derechos del creador intelectual, esta clase de derechos, a los que eran aplicables los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Nacional, relativos a la protección de la propiedad, quedaban sometidos a la ley común y eran de aplicación los arts. 2513, 2515, entre otros del Código Civil, sobre ejercicio del derecho de propiedad. Así lo estableció en el año 1885 la Corte Suprema de la Nación en un juicio en que fue parte, como víctima de la piratería editorial don José Hernández, el ilustre autor de Martín Fierro.
En este régimen el autor de una obra intelectual tenía sobre la misma un derecho de propiedad absoluto y perpetuo, como si se tratara de una cosa, transmisible en igual forma a sus herederos y gozaba de las mismas acciones civiles que amparan a la propiedad.
El Dr. Juan Bibiloni consideró los derechos intelectuales, en su Anteproyecto de reformas del Código Civil pero no alcanzó a presentar un desarrollo orgánico de la materia. Solamente previo disposiciones sobre transmisión de los derechos intelectuales por causa de muerte. En cuanto a los problemas generales que plantea el derecho intelectual consideró que no debían ser tratados en aquel código.
En el proyecto del nuevo Código Civil de 1936, no se establecieron disposiciones sobre derechos intelectuales. A diferencia del Dr. Bibiloni, la comisión redactora del proyecto estimó conveniente excluir del Código Civil toda referencia a esta categoría de derechos.
-CODIFICACION PENAL-
El Dr. Carlos Tejedor, presentó su proyecto de Código Penal en 1867, no llegándose a una decisión legislativa. En materia de sanciones. Existía así un desamparo, ay que los inventores gozaban de tutela penal, desde 1864, en virtud de las disposiciones de la Ley 111.
Finalmente en 1933, con la insistencia de los gremios afectados se consiguió que en la nueva ley 11723 sobre propiedad intelectual, se incluyesen disposiciones de ese carácter, con el fin de lograr mejor resguardo de los derechos morales y materiales, que derivan de la creación intelectual.
A continuación se pondrá de resalto los códigos y proyectos en la materia:
Proyecto Tejedor (1867): En el artículo final del capitulo de las Estafas y otras Defraudaciones, reprimía con multa determinados ataques contra los derechos del autor o el inventor.
Proyecto Villegas, Ugarriza y García (1881) y Código Penal de 1886: No contenían disposiciones sobre la materia.
Proyecto Piñero, Rivarola y Matienzo (1891): Consideraba a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, dentro del título sobre delitos contra la propiedad.
Proyecto de 1906: Se contemplaba al que sin consentimiento del autor o de su sucesor, reprodujese una obra literaria, científica o artística o explotare un invento o descubrimiento ajeno, a menos que la propiedad exclusiva de la obra, invento o descubrimiento se encuentre extinguida. Esta disposición comprende la representación de obras teatrales.
Código Penal de 1922: Se consideró suprimir del Código Penal el capítulo sobre delitos contra la propiedad intelectual.
Proyecto Coll-Gómez (1937): El proyecto redactado por encargo del Poder Ejecutivo, dedica un capítulo especial a los delitos contra los derechos de propiedad intelectual, cuya aprobación hubiera resultado la reforma parcial de la Ley 11723, en lo que respecta a sanciones penales.
Proyecto Peco (1941): En este Proyecto presentado ante la Cámara de Diputados, contiene dos artículos vinculados, uno a la violación de derechos intelectuales y otro a la usurpación de nombre o seudónimo. Ambas disposiciones integran el capitulo sobre Delitos contra los bienes inmateriales, que a su vez forma parte del título Delito contra el Patrimonio.
La violación de los derechos intelectuales se produce cuando una persona ejerce sobre un derecho literario, artístico o científico un derecho que la ley confiere al titular.
Los derechos de autor, son formas especiales de propiedad inmaterial que otorgan a sus propietarios o beneficiarios el derecho exclusivo de vigilar y favorecerse mediante la producción y venta de un determinado producto; una obra literaria o artística, un invento o proceso productivo en el caso de las patentes.
En cuanto se refiere a los derechos de autor, cabe destacar que ellos en principio protegen toda clase de obras intelectuales. Históricamente se encuentran bajo su resguardo tanto las obras originarias como las derivadas. La determinación de las obras protegidas surge en principio de la propia enumeración legal. En nuestro país el artículo 1, de la Ley 11723, incluye una enumeración meramente enunciativa que incorpora como tales obras científicas, literarias o artísticas de escritos de toda naturaleza, entre ellos los programas de computación, las compilaciones de datos o de otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, las cinematográficas, coreográficas, obras de dibujo, es decir aquellas producciones científicas, literarias, artísticas o didácticas sea cual fuere el procedimiento de la reproducción.
DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
-DERECHO MORAL-
El Derecho Intelectual, está compuesto de un derecho moral, que consiste en esencia, en la facultad del autor de exigir el reconocimiento de su carácter creador y de un derecho pecuniario, relacionado con el disfrute económico de la producción intelectual.
Es dable señalarse que la distinción entre derecho moral y derecho pecuniario es principalmente de naturaleza científica ya que en realidad el derecho intelectual es indivisible.
Existe para cada autor un derecho primordial: el de pensar y un derecho derivado: el de expresar su pensamiento bajo una forma original que nadie, en principio, tiene derecho de apropiarse o modificar.
En la evolución legislativa de la protección de la obra literaria o artística se advierten dos etapas, en la primera el derecho intelectual, era contemplado casi completamente en su faz patrimonial o pecuniaria, en la segunda adquiere cada vez una importancia mayor el aspecto moral, hasta haberse invertido el planteo del problema, otorgándose preeminencia a este último aspecto.
Lo que sin duda define la naturaleza específica del derecho moral, es que constituyendo facultades eminentemente personales, su protección interesa no solo al mismo autor y a quienes lo sucedan o representen, sinó a la colectividad toda, para lo cual las obras de los artistas y escritores constituyen una buena parte de su patrimonio cultural.
Bibiloni distingue entre derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo en estos últimos los derechos morales.
De todas maneras se considera la expresión derecho moral, que es la más expresiva y la que permite destacar el aspecto que contrasta con el derecho pecuniario.
Al mismo tiempo se puede decir que el derecho moral es inalienable y perpetuo. Es inalienable porque en toda cesión de derechos intelectuales, solo se transfiere el derecho pecuniario, conservando siempre el autor el derecho moral. Desaparecido el autor, la sociedad asume la defensa del derecho moral.
La Ley 11723, consagra este principio aunque no en forma expresa. El artículo 51, dice: “..el autor o sus derecho habientes pueden enajenar o ceder total o parcialmente su obra. Esta enajenación es válida solo durante el término establecido por la ley y confiere a su adquirente el derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido”. El artículo 52 completa el concepto: “Aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho de exigir la fidelidad de su texto y título, en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor”.
El derecho moral es perpetuo porque no tiene límites de duración. El principio de la perpetuidad se desprende de dos hechos básicos: 1ª La obra queda siempre dentro de la esfera del autor. La vigencia sin término del derecho moral es un lógico complemento de la inalienabilidad del mismo. 2ª La obra constituye por sí misma algo autónomo, perfecto, cerrado, cuya pureza debe mantenerse por encima de los plazos que condicionan el derecho pecuniario.

FACULTADES COMPRENDIDAS EN EL DERECHO MORAL
El derecho moral comprende una serie de facultades, tratándose de facultades exclusivas o positivas y facultades concurrentes, negativas o defensivas.
Unas y otras comprenden al autor, las primeras de una manera exclusiva y las últimas en determinadas circunstancias, pueden ser ejercidas también por otras personas.
Facultades exclusivas:
Derecho de crear.
Derecho de continuar y terminar la obra.
Derecho de modificar y destruir la propia obra.
Derecho de inédito.
Derecho de publicar la obra bajo el propio nombre, bajo seudónimo o en forma anónima.

Facultades concurrentes:
Son aquellas que ejerce el autor y en defecto del mismo sus sucesores, derechohabientes o ejecutores testamentarios:
Derecho de exigir que se mantenga la integridad de la obra y su título.
Derecho de impedir que se omita el nombre o el seudónimo, se los utilice indebidamente o no se respete el anónimo.
Derecho de impedir la publicación o reproducción imperfecta de una obra (edición, representación, ejecución, etc.).

Así el principio fundamental que rige la materia del derecho moral del autor es el de la libertad de pensamiento como condición previa e indispensable para la existencia de la creación intelectual y de los derechos que derivan de la misma.
Los sistemas de licencia y de privilegio, que subsistieron hasta comienzos del siglo xix, aunque suponían por una parte, un reconocimiento de los derechos del autor, por otro lado significaban el control oficial previo sobre la presión externa del pensamiento, vale decir sobre el derecho primigenio del autor de dar a conocer la obra tal como su espíritu la ha concebido libremente.
Otra de las facultades de orden moral del autor es la de continuar y terminar su propia obra, es un derecho eminentemente personal, inherente a la calidad del autor, que se confunde con los derechos de creación y de publicación. Concierne a la intimidad del autor, a los aspectos de su personalidad que es siempre intransferible
El derecho de inédito consiste en el señorío absoluto que tiene el autor sobre su obra durante el periodo anterior a la publicación de la misma. Esta prerrogativa se funda en la libertad del pensamiento. Tal derecho es el que permite al autor resolver la oportunidad en que la obra debe publicarse, claro está que el derecho de inédito se agota en el mismo instante en que la obra se publica.
El derecho de inédito es inalienable, al ser una facultad eminentemente personal, no es susceptible de enajenación.
Además el derecho de inédito no está sujeto a ejecución forzada por parte de los acreedores, el autor no puede ser obligado a publicar su obra en beneficio de sus acreedores. Tampoco puede ser compelido a entregar su obra inédita al editor, empresario, etc.
Al mismo tiempo no está sujeto a expropiación por utilidad pública, excepto el caso de obra póstuma, doctrinariamente debe admitirse aunque la ley 11723 no lo establece de modo expreso, la existencia de facultades por parte del poder público para expropiar las obras públicas de autores fallecidos y también las que estos dejaren inéditas.
La ley 11723, contiene disposiciones sobre el nombre y el seudónimo del autor al referirse a la cesión de los derechos intelectuales y a las sanciones penales. Aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho de exigir la fidelidad de su texto y título, en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre y seudónimo como autor.
La protección del nombre del autor se funda en una doble circunstancia: en primer lugar, se trata de un aspecto del nombre civil y en segundo lugar, de un atributo de la personalidad vinculado a la existencia misma de la obra.
El seudónimo también tiene valor como reconocimiento de autor de la obra y los autores que emplean seudónimos podrán registrarlos, adquiriendo la propiedad de los mismos.
El derecho de la integridad de la obra se funda tanto en el respeto a la personalidad del autor, como en la consideración que debe merecer por sí misma la plenitud de la creación.
Los adquirentes o cesionarios de una obra intelectual solo reciben la transferencia de los derechos pecuniarios sobre la misma y carecen por lo tanto de la facultad de introducirle modificaciones.
La tendencia de la doctrina y de la legislación moderna sobre la materia es la de considerar irrenunciable el derecho de impedir que la obra sea publicada o reproducida en uniforma diferente de la concebida por el autor.
El principio de intangibilidad de la obra puede sufrir algunas atenuaciones, en circunstancias especiales, como por ejemplo:
-Trabajos redactados para integrar una compilación, enciclopedia, bajo una dirección general, si los trabajos no están firmados pueden ser objeto de agregados o alteraciones, a fin de armonizarlos dentro de la obra colectiva y siempre que estas modificaciones respondan a exigencias técnicas.
-Material periodístico no firmado: Las notas de redacción de un diario y las colaboraciones sin forma ni seudónimo pueden ser modificadas por la dirección del diario.
Otra de las facultades concurrentes comprendidas en el derecho moral se relaciona con el respeto a la paternidad de la obra y con el respeto al nombre del autor o seudónimo que el ha prestigiado.
Puede suceder que un editor o empresario, a fin de aprovechar la fama obtenida por el nombre o el seudónimo de un autor, realice publicaciones de un tercero bajo un nombre o seudónimo. Son frecuentes también las maniobras de traficantes en obras de artes apócrifas, atribuidas falsamente a autores famosos.
También puede ocurrir que se usurpe el nombre o seudónimo de un autor con el propósito de perjudicarlo, atribuyéndole una obra que el no ha realizado.
Si el autor ha dado a conocer una obra en forma anónima, es indudable que tendrá motivos especiales para hacerlo y que la razón de ellos solo concierne al mismo.
En cuanto a la reproducción o publicación imperfecta de una obra, se protege el derecho de los artistas ejecutantes y protege ciertas obras en dominio público. Así el intérprete de una obra literaria o musical está facultado para oponerse a la divulgación de su interpretación, cuando la reproducción de la misma sea hecha en forma tal que pueda producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos. Si la ejecución ha sido hecha por un coro o una orquesta, este derecho corresponde al director del coro de la orquesta.
Una vez denunciado al Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, la mutilación de una obra literaria, científica o artística, los agregados, la infidelidad de una traducción, los errores de concepto y las deficiencias del conocimiento del idioma original. La protección de la ley se limita a un solo caso de reproducción imperfecta, el de la traducción de la obra en dominio público que sin dejar de ser completa, presente fallas derivadas del deficiente conocimiento del idioma original, perjudicando así su belleza o desnaturalizando su sentido.
-DERECHO PECUNIARIO-
El derecho pecuniario es la faz del derecho intelectual que se refiere a la explotación económica de la obra, de la cual se benefician no solo el autor sino también sus herederos y derecho habientes.
El derecho se funda en la justicia de asegurar para el autor y sus sucesores los beneficios producidos por el trabajo intelectual. Pero no es un derecho ilimitado en el tiempo, ya que casi todas las legislaciones le han fijado términos de duración (la vida del escritor o artista y cierto número de años después de su muerte), respondiendo a justas razones de interés publico.
El ámbito del derecho pecuniario se ha acrecentado con la invención de nuevas formas de reproducción y de difusión de la obra intelectual. Tales facultades se relacionan con el aprovechamiento económico de la obra por parte del autor.
El derecho pecuniario es cesible y limitado en el tiempo. Puede transmitirse como cualquier otro derecho patrimonial y tiene en su ejercicio la limitación que señala la ley.
Los derechos de autor, son formas especiales de propiedad inmaterial que otorgan a sus propietarios o beneficiarios el derecho exclusivo de vigilar y favorecerse mediante la producción y venta de un determinado producto; una obra literaria o artística, un invento o proceso productivo en el caso de las patentes.
En cuanto se refiere a los derechos de autor, cabe destacar que ellos en principio protegen toda clase de obras intelectuales. Históricamente se encuentran bajo su resguardo tanto las obras originarias como las derivadas. La determinación de las obras protegidas surge en principio de la propia enumeración legal. En nuestro país el artículo 1, de la Ley 11723, incluye una enumeración meramente enunciativa que incorpora como tales obras científicas, literarias o artísticas de escritos de toda naturaleza, entre ellos los programas de computación, las compilaciones de datos o de otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, las cinematográficas, coreográficas, obras de dibujo, es decir aquellas producciones científicas, literarias, artísticas o didácticas sea cual fuere el procedimiento de la reproducción
Las facultades patrimoniales del autor están enumeradas en la Ley 11723, donde se pone de manifiesto que el derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.
El autor dispone para sí de estas facultades y puede cederlas a terceros por actos entre vivos, total o parcialmente, así como disponer de ella después de su muerte.
El derecho pecuniario se ejerce por la publicación y la reproducción de la obra, la elaboración o transformación de la misma, su colocación en el comercio y el beneficio de la plus valía.
Derecho de Publicación: La publicación coloca la obra en el comercio, hasta entonces el autor había mantenido su producción inédita. Una vez que ella se publica tiene un valor pecuniario, que se cotiza entre los bienes materiales. La publicación entraña para el autor la primera forma de explotación económica de su obra.
Derecho de Reproducción: Nuestra ley incluye entre las facultades comprendidas en el derecho de propiedad del autor, la de reproducir la obra en cualquier forma. También se reserva el autor, salvo pacto en contrario, el derecho de reproducción de las obras que el ha cedido, cuando tales obras están corporizadas en un solo ejemplar (pintura, escultura, fotografía u obras de artes análogas).
La extensión y los alcances de la facultad exclusiva de reproducción pueden expresarse en las siguientes reglas:
-El derecho recae, sobre toda la obra y por lo tanto no solo sobre la obra en su conjunto, sino sobre cualquiera de las partes, facciones o fragmentos de la misma y sobre las reediciones y copias, que presente en sus apariciones sucesivas.
-La exclusividad en beneficio del autor lo faculta para oponerse a cualquier forma de reproducción y aunque haya ausencia de lucro.
Derecho de Transformación o elaboración de la obra: Para que exista transformación o elaboración de una obra, esta debe ser modificada en su forma externa, conservándose la sustancia. Más que una obra, el resultado obtenido constituye una re-creación de la obra original, que se realiza sin anular esta última. La Ley 11.723 considera que de todas las especies de elaboración o transformación, resultan obras nuevas (distintas de la obra originaria), la protección de estas al igual que las de aquella, requiere la inscripción previa en el Registro de la Propiedad Intelectual
Se pueden reconocer, entre otras, la traducción, la adaptación, que el cambio de género de obra. Se adapta una novela al cine, al teatro o viceversa. Asimismo los arreglos y transportes, que implican la introducción de variantes en la obra intelectual. El arreglo consiste en cambiar la forma externa de una obra teatral, musical o literaria, para que responda a un fin distinto del que tenía la obra original.
El transporte es el cambio introducido en una obra musical para facilitar el canto a diversas voces. La ley prevee para el que transporte una obra con autorización del autor tiene sobre su transporte el derecho de coautor, salvo convenio en contrario.
Derecho de Colocación de la Obra en el Comercio:
A medida que aumenta la multiplicación y la divulgación de la obra intelectual, el valor económico de la misma se acrecienta por la repetición de actos idénticos a aquellos cumplidos por la publicación, como en el caso de reediciones de libros, ventas de cuadro, repetición del espectáculo o de la ejecución musical, etc.
Plusvalía: El derecho de los autores a participar en la plus valía o valorización ulterior de la obra, reconocido por la doctrina, consiste en la participación que los mismos obtienen sobre el aumento de valor que aquellas pueden adquirir en posteriores y sucesivas transferencias.
El derecho de plus valía, que contempla además el acrecentamiento de la fama del creador, obtenida casi siempre mediante un prolongado esfuerzo intelectual, permite que los autores puedan participar en el mayor valor que adquieren sus obras después de haber salido de sus manos.
Son beneficiarios del derecho de plus valía en primer término, los propios autores y en segundo lugar los herederos o legatarios del mismo.

El Procedimiento civil en el Sistema Nacional y Modificación de La ley 11723

LA REPRODUCION ILICITA

El fotocopiado de libros, particularmente de los textos, de todos los niveles de enseñanza, es un fenómeno mundial, que tiene distintas causas. Se produce en los países más desarrollados del mundo y en aquellos en los que el poder adquisitivo de los estudiantes y los docentes es ínfimo.
Es un problema cultural que ha sido tratado por los editores y autores de distintas latitudes.
En España se ha tratado de controlarlo a través del centro el “CEDRO”, cobran una tasa a las fotocopias de libros, con cuya recaudación se crea un fondo para la distribución y compensación de pérdidas a editores y autores.
Son paliativos a pautas culturales diseminadas en el mundo a partir del uso cotidiano de las fotocopiadoras y de su inserción por parte de las empresas fabricantes.
Según los cálculos de la UNESCO, anualmente se fotocopian unos 250.000 millones de páginas, que equivalen a 1000 millones de libros de 250 páginas promedio cada uno.
Es probable que casi todas las personas del mundo puedan ser sancionadas penal y o civilmente por el fotocopiados de libros. Sin embargo cuando una conducta ilícita es realizada por tal magnitud de personas y de distintas sociedades, el sentido punitivo de la norma pierde validez, y el problema debe ser atacado desde un óptica socioeconómica que permita un nuevo equilibrio e interés de los grupos sociales, ya que solos se benefician los fabricantes y comerciantes de fotocopiadoras.
El cobro de un canon o de una tasa por cada fotocopia o por cada fotocopiadora que salen de fábrica puede ser un paliativo, ya que resulta complicado establecer porcentajes de distribución de los fondos recaudados entre los distintos editores y los diferentes autores de uno o varios países.
También la piratería intelectual tiene relación con la ubicación de cada país en el mercado económico mundial, ya que la reproducción de libros sin la debida autorización del titular de los derechos del autor se produce, en los países de menor desarrollo respecto de los autores de las naciones más desarrolladas.
Deben existir programas de ediciones a bajo costo para uso educativo a fin de desalentar la cultura del fotocopiado.
La reprografita o reproducción de productos gráficos no es la única de reproducción ilícita, ya que en la actualidad se copian y se reproducen videos, películas cinematográficas, fonogramas, software y bases de datos y en cualquiera de estos objetos como en el caso de los libros, la problemática es similar y las soluciones dificultosas y la sociedad sigue cometiendo ilícitos sin que los reocupe la sanción límite a su accionar.
Las empresas reproductoras de bienes culturales no crean espacios para modificar conductas sociales y en su lugar, incluyen en los precios de venta las perdidas producidas.
De esta manera al creador aislado, no se le respeta su creación, y las entidades intermedias que los agrupan, tampoco intervienen, al igual que ls empresarios que solo se quejan públicamente, apelando al inconsciente colectivo, olvidándose de las acciones concretas.-

PROCEDIMIENTO CIVIL

Se refiere a la protección del derecho autoral y de los derechos conexos; produciendo la derogación de los respetivos códigos procedimentales de las distintas jurisdicciones que se contrapongan al derecho fijado en la Ley de Procedimiento Intelectual.
El art. 79 de la Ley 11.723 regula las medidas preventivas, con especial referencia imponiendo que : “Los jueces podrán previa fianza de los interesados, decretar:
-La suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico u otro análogo; --El embargo de las obras denunciadas, de los productos que se hallan percibido por todo lo anteriormente indicado.
-Y toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos que ampara la ley.
-No hay formalidad ordenada para aclarar los derechos del autor o de sus causahabientes.
-Los derechos van a estar sujetos a los medios de prueba que establecen las leyes vigentes.
-El juez para decretar embargos debe exigir que este justificado a prima facie la existencia o verosimilitud del derecho que se invoca.
-Corresponde que se admita fianza personal.
-Procede al embargo o secuestro del material cuando se emplea un dibujo registrado.
-Los acreedores del autor de la obra no pueden embargar los manuscritos de la obra inédita aunque se hubiera dado lectura privada de las mismas
-No habiendo optado el querellado por suspender la fabricación de los elementos protegidos por la patente del querellante resulta razonable la caución personal de este.
-Se debe acredita el derecho para asegurar un presupuesto especifico que hace a la procedencia de las medidas cautelares, que fija la presente Ley.
-Cuando la violación al derecho de autor en una obra musical que continué con la proyección, y no se actué con inmediatez, trae aparejado que se siga violando el derecho que se pretende proteger.
- Para que la Ley proteja el derecho, la obra debe estar registrada.
* En los juicios derivados de esta Ley, como consecuencia de los contratos y actos jurídicos que tenga relación con la propiedad intelectual, regirá el procedimiento que se determina en los Art. 81/82.-
Art.81: El procedimiento y términos serán, fuera de las medidas preventivas, el que se establece las excepciones dilatorias en los respectivos Códigos de Procedimientos, en lo Civil, y Comercial, con las siguientes modificaciones:
a) Siempre se va a dar lugar a la prueba, ya sea a pedido de parte o e oficio, se puede ampliar su término hasta 30 días si se creyera conveniente, quedando firme esta resolución.
b) Durante la prueba y a pedido de los interesados se podrá decretar una audiencia pública, en la sala del Tribunal donde las partes, sus letrados y peritos expondrán sus alegatos y opiniones; esta audiencia podrá continuar otros días si uno solo no fuera suficiente.
c) Se podrá designar un jurado de idóneos en la especialidad que se tratare y presidido para cuestiones científicas por el Decano de la Facultad de Ciencias exactas, o la persona que este designare, bajo su responsabilidad. Para cuestiones literarias el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, para artísticas el Director de Museos Nacional de Bellas Artes; para musicales el Directos de conservatorio Nacional de música. Complementaran el jurados dos personas designadas de oficio. El jurado de reunirá y deliberará en último término en la audiencia del inciso anterior. Si no se hubiera designado, la resolución se limitará a declarar si existe o no la lesión a la propiedad intelectual, ya sea legal o convencional. Esta resolución saldrá como los informes de los peritos nombrados por partes contrarias, cuando se expiden común acuerdo.
Art. 82: El cargo de jurado será gratuito y se le aplicará las disposiciones procesales referentes a los testigos. No es un juicio por jurados establecidos por la C.N ., sino es un conjunto de expertos que asesoran a magistrado. Al igual que una prueba pericial, no obliga a la decisión del Juez.
Para constituir el jurado el magistrado podrá convocar a profesores de renombre del lugar de instituciones públicas o privadas, reconocidas oficialmente por el Estado.
Se pueden aplicar a cuestiones reguladas por esta Ley, o por las normas del sistema jurídico general, que son aplicables en virtud de lo dispuesto por el art. 12 de la Ley 11.723.
-La publicación de un retrato con fines de propaganda favorece
-El plagio consiste, en esencia, en dar por propio el trabajo ajeno desfigurado.

El Juez pede obligar a los miembros del jurado a desempañar el cargo y, en su defecto, tomar en contra de ellos las medidas que legisla el art. 182 del C.Procesal; están los mismos sujetos a las causales de recusación que prevee el art. 167 del mismo cuerpo legal.

SISTEMA NACIONAL

LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 11723

El decreto 800/71 sustituyó la denominación del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual por el de Dirección Nacional de Derecho de Autor, y que es sucesora de la Oficina del Deposito Legal, existente antes de la sanción de la Ley 11.723.
Esta dependencia es en virtud del Decreto 438/92, un Organismo del Ministerio de Justicia de la Nación, ante el cuál se puede reunir jerárquicamente en relación con las resoluciones que adopten.
El Decreto 12063/ 57 modificó el plazo y protección de la Ley ampliándolo de 3 a 5 años, lo que también produjo la Ley 24.249, respecto de las obras cinematográficas.
El art. 36 de l Ley de Propiedad Intelectual a sufrió modificaciones al conjuro de numerosos cambios políticos/sociales, por lo que su texto proviene del juego armónico de las leyes 17.753, 18.453 y 20.089.
El régimen del dominio público garante fue organizado por el decreto / Ley 1224/58, que derogó los art. 69 y 70 de la Ley 11.723, y de hecho ha quedado derogado el art. 78 porque desapareció del poder ejecutivo la Comisión Nacional de Cultura.
Finalmente como se ha dicho la Ley 23.741 modificó la terminología de discos fonográficos por la de fonogramas, para adecuar la denominación al convenio de la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, ratificadas por la Ley 19.963.

LA REGLAMENTACION DE LA LEY 11.723.

La reglamentación de la Ley de Propiedad Intelectual se dicta el 3 de Mayo de l934 para organizar su cumplimiento, que establece:
-Las características de los formularios y los libros foliados, rubricados y fechados que debe llevar El Registro de la Propiedad Intelectual, actualmente denominado Dirección Nacional del Derecho de Autor.
-Se fija contenido de la información que debe proveerse en los depósitos de las nuevas ediciones y en las reediciones de los libros, también organiza el depósito de las obras inéditas y obras cinematográficas, de esculturas, dibujos, pinturas, de las fotografías, mapas, discos fonográficos, modelos y obras de arte o ciencia, obras dramáticos y/o musicales de las traducciones.
-Se establecen las pautas para el procedimiento provisorio y definitivo de la registración y su publicación.
- La D. N. de D. Autor debe: promover el depósito de las obras que no hallan sido registradas.
-Organiza la forma de contralor de la reproducción pública de las obras musicales gramáticas y dramáticas musicales.
El decreto 3079/57 impuso dos normas nuevas:La primera se refiere a la necesidad de efectuar el depósito de cuatro ejemplares de la obra que ingresa por vía de importación y la segunda referida a la forma de presentación de las obras inéditas
El decreto 9273/45 modificó la dependencia burocrática de la D.N .D.A. , la que recibió esta designación del Decreto 800/71.
La reglamentación del art. 36 de la Ley 11723 que se instrumentó por el art. 33 de este decreto tiene su texto actual a partir del decreto 1351/63.
El decreto 1670/74 modificó los art. 35 y 40, respecto de la protección de las reproducciones fonográfica.

DEPOSITO EN CUSTODIA

El decreto 31.964/ 39 estableció la forma de realizar el depósito de las obras inéditas que se realiza por el término de 3 años, se complementa con el Decreto 7616/63 que ordena el destino de las obras cuyo depósito hubiere vencido sin habérselo retirado o renovado.

DECLARACION JURADA DE LAS OBRAS EDITADAS:

El decreto 16.697 / 59, promulgado con fecha 15 de Diciembre e 1959, tiene por objeto la protección de los derechos de autor, tanto como la reafirmación de obligatoriedad de la registración de las ediciones y el envío de ejemplares destinados a la Biblioteca Nacional y a la de congreso de la Nación, tal como lo establecen los art. 61 y 62 de Ley de Propiedad Intelectual, los cuales resultan reglamentados por este decreto.
Se obliga a los editores presentar mensualmente el contenido de la nómina de nuevas ediciones, las reimpresiones, e informar en caso de no haberse producido nada en el periodo mensual.


MICROFILMACION DE PUBLICACIONES PERIODICAS
En el Decreto 447/74 , establece la factibilidad de microfilmación de las publicaciones de carácter periódico, siempre que durante un año conserven los ejemplares publicados, al cabo del cuál los deben enviar a la Biblioteca Nacional.
ENTES COOPERADORES
La D ,NDA , celebró convenios con diferentes entidades intermedias para la gestión administrativa de la registración.
Dicha dirección dictó las resoluciones 2/87, 3/87 y 3 Bis/ 87, mediante las cuales la cámara argentina del libro, la SADAIC / sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música y la Cámara de empresas de Software realizarán las tareas de recepción de las obras literarias editadas, de la obra musical inédita y/o editadas y de las obras de los software, y los contratos de dichos objetos protegidos .

OTRAS NORMAS REGLAMENTARIAS y USO DE DENOMINACIONES OFICIALES
Existen ciertas palabras o expresiones que no pueden ser usadas libremente y que de utilizarlas no podrá alegarse que afecten al derecho moral, porque existe el interés superior del Estado. En general provienen de gobiernos autoritarios y como son derecho positivo deben ser cumplidas.
a) USO DE LA PALABRA NACIONAL
Se prohíbe a toda asociación o entidad particular el uso de la palabra nacional en su nombre o denominación, los documentos que expida por cualquier otro motivo. Es en razón de evitar la confusión de vocablos y de no permitir la renovación de marcas que produjeran el mismo efecto.
b) EXPRESIONES INEQUIVOCAS
El decreto 121.509/ 42 ratifico los anteriores y extendió la prohibición a las publicaciones periódicos para evitar la confusión respeto el auspicio oficial.

c) PUBLICACIONES NO OFICIALES
Toda publicación privada que por sus características pueda inducir a error acerca de su auspicio o procedencia respecto de organismos estatales, debe llevar la leyenda “Publicación no Oficial”, e acuerdo con el decreto 134.697/42.
d) PALABRAS VINCULADAS CON LAS FUERZAS ARMADAS
Igual reglamentación se impuso respecto de las palabras vinculada con las Fuerza Armadas, mediante el decreto 7926/44.
e) USO DE LA PALABRA OFICIAL
Mediante el decreto 23.813/44, se prohíbe a todas las asociaciones y demás entidades particulares el uso del vocablo Oficial en su versión castellana o traducida, a la designación del nombre, de la razón social, calificación del objeto o fines de las mismas.
El objetivo de este decreto es evitar el error a la introducción a la confusión en que pueden caer las personas respecto de las actividades privadas con entes y organismos del Gobierno Nacional.
f) USO DEL VOCABLO POLICIA O POLICIAL
En el mismo sentido y respecto de estas palabras se pronuncia el decreto24.813/44.
g) USO DE LA PALABRA INTERPOL
Mediante el decreto 7243/61 se prohíbe el uso de la palabra INTERPOL y del emblema de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) con fines comerciales, pero se exceptúa esta prohibición cuando el propósito del uso tenga fines educativos, históricos o similares que permitan la difusión y el conocimiento de las actividades de esta Institución Internacional, de la cuál la Policía Federal Argentina participa como miembro.
La filial de Buenos Aires de la INTERPOL autoriza las excepciones previstas.

h) DENOMINAIONES OFICIALES
La Ley 17.309 del 15 de Junio de1957 prohíbe a toda publicación de carácter no oficial el uso en su título, nombre o denominación y en los documentos que expida, de los nombres y denominaciones de ministerios, secretarias de Estado, reparticiones oficiales, empresas estatales y entes autárquicos o de cualquier otra expresión que pudiese inducir a error o confusión en cuanto a que se trata de una publicación oficial.
El incumplimiento a estas disposiciones producirá la cancelación de las preferencias en las tarifas postales, así como el pago de una multa destinada al Fondo Nacional de las Artes.

PUBLICACIONES DE MAPAS ARGENTINOS

El Decreto 5944/46, prohíbe la publicación de mapas argentinos que no representen en toda su extensión la parte continental o insular o que no incluyan el sector antártico.
El Instituto Geográfico militar debe visar toda publicación de mapas argentinos, con el objeto de proteger nuestros derechos de soberanía.
Cuando no se cumpla con las disposiciones de este Decreto podrá ser objeto del Decomiso.

EDITORES Y DIRECTORES RESPONSABLES DE PUBLICACIONES PERIODICAS

La Ley 6422 del 12 de Junio de l957 establece la obligatoriedad de consignar claramente, en lugar y con expresión legible, el nombre del editor o director responsable de los diarios, revistas y todas otras publicaciones periódicas, el número de su inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual y el domicilio legal.
El Registro se encuentra administrado por el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica ( CAICyT), entidad dependiente del consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET).
Ante el incumplimiento de esta Ley también pueden ser pasibles de decomiso.

LICENCIA PARA LA TRADUCCION DE LAS OBRAS EXTRANJERAS

El Decreto 1155/58, Reglamenta la traducción de las obras extranjeras. Cualquier habitante de la República sea nativo o extranjero puede tener la licencia de traducción y publicación. Deben ser las obras extranjeras protegidas por la Convención Universal de Ginebra de 1952, cuando habiendo transcurrido siete años desde su primera publicación, no hallan sido traducidas al castellano con autorización de su autor o derechohabientes.
También se solicita la autorización por intermedio de la Dirección Nacional del Derecho de autor, luego de un procedimiento done se demuestra la imposibilidad de su obtención.
Obtenido el permiso de la traducción el editor debe depositar un tercio del 10 % de los posibles derechos de autor y dar garantía del pago del saldo restante de las regalías. Debe tener los datos de l licencia, del nombre del autor, el del editor y el título de la obra.

LOS DERECHOS DEL AUTOR EN EL MERCOSUR

El MERCOSUR se visualiza como un medio para enfrenar el proceso de globalización del mundo económico en el cual ninguno de los cuatro países que lo integran tiene capacidad decisoria.
Luego de varias discusiones, se firmo el 26 de marzo e 1991 en Asunción del Paraguay, un Tratado para la Constitución del Mercado Común del sur, integrado por la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.
A solicitud de la Comisión de Propiedad Intelectual, obteniendo una propuesta referida a las disposiciones legales destinadas al MERCOSUR, se realizó un trabajo con un número grande de sugerencias destinadas a facilitar la armonización de los Estados miembros.
Una de las armonizaciones (55), contenidas en la segunda parte e las propuestas dice “ La armonización total de las legislaciones podría considerarse deseable para evitar toda posibilidad de discrepancia entre los niveles de protección . sin embargo, este objetivo nos parece poso realista y probablemente inútil, dado que se debe preservar el carácter autónomos las particularidades de cada legislación nacional. Los campos en que podría estudiarse una legislación adicional son:
a) La titularidad original de los derechos patrimoniales en casos especiales.
b) Las medidas contra abusos de medios técnicos.
c) Algunas definiciones más importantes.
d) Ciertos aspectos de la administración colectiva de los derechos.
e) La adhesión a los tratados internacionales. Administrados por la OMPI ( excepto el convenio de Berna, el convenio fonogramas y la convención de Roma), los cuales son parte los cuatro países del MERCOSUR.
Una de las palabras claves del MERCOSUR es la “armonización” que junto a las de “circulación”, “asimilación”, “integración” constituyen el discurso básico.
Pese a que los cuatro países están en desarrollo, el proceso de integración se encuentra en un estadio inicial. Interesa conocer cada una de las legislaciones nacionales a grandes rasgos, porque lentamente comienzan a aparecer las oportunidades comerciales, que finalmente permitirán la integración regional de los cuatro países.


EL PROCESO DE ARMONIZACION
La armonización debe fundarse exclusiva y excluyentemente en las legislaciones nacionales, no es posible agregar nuevas instituciones jurídicas aunque se acepte que aquellas necesiten modernización.
En l994 se realizaron algunas reuniones que fueron insuficientes para alcanzar el objetivo y se limitaron al intercambio de propuestas de las delegaciones nacionales y de algunas ideas fundamentales. Para alcanzar cada propuesta nacional se supone que el representante de cada país debe convocar a los diversos sectores involucrados a fin de que se arribe, previamente a un consenso nacional, lo que a la fecha parece no haber ocurrido, en nuestro país.

Existen diferencias entre las legislaciones brasileñas, uruguaya, uruguaya y la Ley 11.723, sobre la problemática a resolver.

LA LEGISLACION BRASILEÑA
Es la más moderna de los cuatro países, por la Ley 5988 del 14 e diciembre de l973, referida a los derechos autorales y otras providencias, la Ley 7646 del 15 de Diciembre de l987, que establece el régimen sobre la informática y tres decretos números 84.252 /79, 91.873/85 y 93.529 / 86 que contienen normal del Consejo Nacional autoral.
La Ley 5988, determina que los derechos del autor se consideran “bienes muebles” , con lo cuál se impone un criterio indefinido sobre la naturaleza jurídica de los mismos.
Se intenta bajo una técnica legislativa liquidar las discusiones terminológicas.
Dentro de los objetos protegidos se agregan, las copias de obras plásticas, el título original, de cualquier obra y de las publicaciones periódicas, y se excluyen los textos de la legislación y demás documentos oficiales.
Son sujetos del derecho de autor como coautores de las obras cinematográficas, los creadores de los dibujos animados de las mismas además de otros titulares del derecho que coexistieron desde siempre.
Las obras se registran en distintos entes oficiales vinculadas con cada una de las áreas de protección.
En el art. 21 reconoce la condición de derecho humano que posee el autor de la obra, quién es el titular e los derechos morales y patrimoniales de la obra intelectual que produce. Complementándose con el art. 28 estableciendo, que los derechos morales del autor son inalienables e irrenunciables. Las obras por encargo o bajo relación de dependencia tienen un tratamiento distinto porque son de propiedad común de ambas partes. La obra se puede volver a publicar luego de su primer año de publicación o de entregada la misma.
El art. 39 establece el derecho de participación, fijándose una retribución del 20 % al autor .
El plazo de duración de los derechos autorales, con posterioridad a la muerte del autor es, para sus derechohabientes, de 70 años.
La cesión de derechos que regula el art. 54, no se podrán acordar por parte en un término de cinco años.
Si no se establece el número de ejemplares que se editará, este se limita a dos mil.
Las restricciones del derecho de autor son:
1-Es el precio de los ejemplares hasta donde el mismo impida la circulación de la obra.
2-Obligándolo a rendir cuentas al creador cada semestre.
Todo empresario, aunque no sea autor debe tener un recibo de pago de los derechos autorales, teniendo la autorización del autor.
Los coautores tienen el derecho a recibir el 5% de los rendimientos de la utilización económica de la película, será repartido entre ellos y la rendición de cuentas será semestral.
Si el productor no proyecta la obra dentro del plazo fijado o luego de tres años, los derechos del autor caducan.
Se incluyen en el derecho de imagen a las personas involucradas en las operaciones quirúrgicas, el cirujano y el enfermo se limita el derecho de publicación del retrato cuando se lo utilice para fines científicos o didácticos.
El consejo Nacional del Derecho Autoral cumple funciones de asistencia y consulta de los derechos autorales.
Los programas de computación que se produzcan o comercialicen en Brasil sea nacional o extranjero el plazo de protección se fija en 25 años.
Art. 7. Es una limitación del autor en la concurrencia de semejanzas de un programa cuando se de por fuerza de las características funcionales de sus aplicaciones, de la observancia de los preceptos legales.
Art. 10 define las características que un programa sea similar a otro.
Para la promoción del desarrollo tecnológico, a la investigación científica y para la formación de recursos humanos se instituye el Fondo Especial de Informática y automatización.
Se limita al titular de los derechos de comercialización porque tiene que cumplir co las obligaciones de divulgación de la obra, de la corrección de los errores y la prestación de servicio técnico al usuario. Y no podrá retirarlo de la circulación comercial sin una justa indemnización de los perjuicios causados a terceros.
Hay una protección a la obra del autor del programa de computación porque no se permite la desnaturalización de su producto cuando es comercializado, pero también se protege al usuario de las arbitrariedades provenientes de la actividad mercantil.
-Respecto a los programas de origen externos se establece un mecanismo de registración y de remuneración.
El art. 31 , establece que en los casos de transferencia tecnológica de programas de computación será obligatorio, inclusive para fines de pago y de poder deducir de la respectiva remuneración la registración del contrato en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INTI.
Finalmente se organiza un régimen de sanciones penales y civiles respecto de los ilícitos que perjudique la protección de la obra, tanto como la prescripción de las mismas.


LA LEGISLACION PARAGUAYA
El sistema jurídico referido a los derechos de autor, se compone por la Ley 94/51 y 22 artículos del nuevo Código civil, establecido por la Ley 1183 de l985.
Se puede decir que esta Ley es una obra copia textual de la ley de propiedad intelectual argentina. Solo con algunas salvedades, tales como que en las obras póstumas se reconoce el derecho de editor durante quince años en caso de que no existieren derechohabientes, y si los hubiere compartirán con el editor esos derechos, o que en el derecho de imagen se agregue el de la caricatura.
El texto e los artículos reformados por el Código Civil son una repetición de la Ley 94/51 , no hay diferenciación en la ley anterior ni con las normas argentinas.

LA LEGISLACION URUGUAYA
Se compone, básicamente en dos Leyes una es la ley 9739/37 relativa a los derechos del autor y la otra ley 15.289/82 vinculada con la protección penal de los productores de fonogramas y/o videogramas frente a la producción no autorizada. Incluye los productos nombrados dentro de la tipificación penal.
Tiene muchas semejanzas con la legislación argentina. Algunas diferencias son: -Reconoce el derecho moral del autor y la libertad de expresión, pero esta condicionado al cumplimiento de las formalidades regístrales.
-Reconoce el derecho de participación de todos los autores o titulares de los derechos de autor sobre las obras protegidas.
-Los sujetos reconocidos recibirán el 25 % de la plusvalía por las ventas futuras de sus creaciones; es el derecho de participación más amplio de los cuatro países del MERCOSUR.
-Expresa el derecho de retracto, pero solo limitado al autor original.
-El plazo de protección para los derechohabientes es de 40 años a partir el fallecimiento del autor, por el cuál resulta el más corto.
-La protección temporal para las obras colectivas cuya titularidad se encuentra en poder de personas jurídicas es diferentes, según sea la especie e tales personas ideales.
-Es de 10 años para las culturales, literarias o artísticas y de 40 años para las restantes.
-Se reconoce el derecho de retracto para el cedente de la obra protegida cuando, transcurrido un año desde la intimación al efecto, el cesionario no hubiere realizado los actos de divulgación de la obra que se suponen propios de este contrato.
-La cesión de los derechos de autor caducan para el adquirente, 15 años después de fallecido los derechos revierten a los derechohabientes.
-Establece la solidaridad de las obligaciones patrimoniales respecto de los derechos autorales que pesan sobre los empresarios y dueños de los lugares donde se realicen los espectáculos públicos.
-El plazo para la registración de las obras publicadas o divulgadas es de 2 años, pero si estos actos se realizan en el extranjero, siendo uruguayo el autor, dicho periodo se extiende por un año más.
_La vigilancia y el contralor del cumplimiento de las normas se realiza a travez del Consejo Nacional del Derecho del Autor.-
Si bien esta ley es de antigua data, su redacción y contenido permiten una aplicación más coherente que la ley argentina, por la claridad de las expresiones.

MARCAS - RESEÑA HISTORICA
La ley veneciana de 1474, es la primera ley de patentes que regula el derecho de reclamar contra infractores de inventos, otorgando como medida de resarcimiento la indemnización dejada de percibir por conceptos de regalías, con la posibilidad de obtener la destrucción del objeto infractor como adicional compensatorio al inventor por el uso indebido de la invención por terceros.
Con respecto a las marcas la ley francesa de 1857, regula por primera vez los derechos de marcas y sanciona la violación de dichos derechos, facultando al propietario a recurrir a la vía civil o penal, con el fin de denunciar al infractor y poder detener la violación de sus derechos. Dicha ley diferenciaba la reproducción de la imitación de marcas registradas e imponía multas en el caso de la exposición y venta de productos que habían sido producidos e imitados sin autorización del titular.
Varios países como Estados Unidos de América, Inglaterra, entre otros adoptaron leyes similares a la francesa.
Más tarde varios países se juntaron para adoptar la Convención de París del 20 de marzo de 1883, modificada por última vez en Estocolmo, en el año 1967. El artículo 10 de la Convención de París, en su versión revisada, establece que los países miembros de la Unión, están obligados a asegurar, a los nacionales de otros países, las medidas a adoptar contra todo acto contrario a la industria o comercio, cuyo resultado sea la competencia desleal, prohibiendo específicamente los actos que crean confusión , las falsas alegaciones que desacreditan al competidor y aquellos actos que confunden al público acerca del proceso de manufactura, las características, calidad y cantidad de los productos.
Por otro lado el acuerdo de Madrid del año 1891 contempla dos textos, uno relativo al registro internacional de marcas y otro sobre la represión del a indicación falsa del origen de los productos.
Diversos países americanos proponen en 1910 la Convención de Buenos Aires, que en cuanto a marcas, sanciona la falsificación, simulación y uso indebido de marcas, actos que deben ser perseguidos por la parte interesada de acuerdo a la ley interna del Estado donde ocurre el delito.
Merece especial mención el “Trademark Act of 1946” de los Estados Unidos de América, que objeto de posteriores modificaciones, es una de las normas más avanzadas en cuanto al tratamiento que brinda al tema de la indemnización, regulando de manera acertada los remedios disponibles al titular cuyos derechos han sido conculcados, distinguiendo entre ellos: a) la cesación del acto infractor, b) las ganancias percibidas por el infractor, c) los daños sufridos por el titular, remedio qwue incluye la posibilidad de otorgar daños triples, d) honorarios de abogados en casos excepcionales y e) los costos del proceso.
La Convención Centroamericana de 1968 trata sobre la protección de la propiedad industrial y sobre la uniformidad en la ley de los territorios de Centroamérica.
La Comunidad Andina ha adoptado por su parte la decisión 344 como norma base para regular todo lo relativo a marcas de fábrica y de servicios, sancionando la infracción de derechos marcarlos y facultando a los nacionales de sus paises miembros, a interponer acciones por infracción aún cuando no existiendo infracción, existe peligro inminente de que ello ocurra. No contempla sin embargo normas que permitan calcular el monto de la indemnización.
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es norma obligatoria para todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, los cuales deben adecuar su legislación a lo establecido en dicho cuerpo legal, en el plazo de cinco años computado a partir de su promulgación, el 15 de abril de 1994.
El mencionado Acuerdo regula la observancia de los derechos de propiedad industrial en su art. 41 y siguientes. El art. 45, específicamente trata el tema de los perjuicios y dispone que las autoridades judiciales quedan facultadas para ordenar el pago al titular del derecho, de un resarcimiento adecuado para compensar el daño que este hubiera sufrido como consecuencia de una infracción a su derecho de propiedad intelectual, causado por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, hubiera desarrollado una actividad infractora.
El mismo art. 45 establece. Que la autoridades judiciales podrán ordenar el pago de honorarios de abogados y que lo países podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aún cuando el infractor no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.
En los arts. 46 y 47 del ADPIC permite a las autoridades judiciales ordenar que las mercancías que se haya determinado que son infractoras, sean apartadas de los circuitos comerciales o destruidas y que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean retirados del comercio, con el objeto de minimizar el riesgo de nuevas infracciones.
El art. 47 regula el derecho de información disponiendo que los países miembros puedan facultar a las autoridades judiciales a ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción o distribución de los bienes o servicios infractores y sobre sus circuitos de distribución. Este art. 47 es muy importante, dado que permite que las autoridades judiciales demanden de los infractores información necesaria no solo para identificar y sancionar a todos aquellos que se involucraron en el proceso de elaboración de productos, sinó también para poder encontrar documentación sobre órdenes de trabajo que facilite establecer volúmenes y calcular parte del monto indemnizatorio a favor del titular legítimo.
Se observa como evolucionó la normatividad marcaria que en principio era adoptada individualmente por países con el único fin de que cese el acto infractor y como ha venido madurando durante varios siglos hasta lograrse actualmente una legislación común en un mundo globalizado en el que todos los países miembros de las respectivas convenciones y d la Organización Mundial de Comercio, se ven obligados a adoptar las medidas necesarias que permiten no solo el cese del acto infractor, sino el adecuado resarcimiento a favor del propietario de un derecho de propiedad intelectual vulnerado.
EL DESAFIO DE LAS MARCAS EN INTERNET
El explosivo crecimiento de Internet como medio comercial impone nuevos desafíos en la propiedad industrial.
El rol de la propiedad intelectual en este sentido es fundamental para alentar nuevas creaciones intelectuales y para colaborar en el funcionamiento ordenado del mercado, evitando la confusión y el engaño entre las empresas o en el público consumidor.
Debemos recordar que Internet, la mayor red de comunicación del planeta nació como un proyecto de estrategia militar. Fue financiado por el Advanced Research Projects Agency (Arpa) y tuvo como origen la Arpanet, red que había sido creada en 1969 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
La idea original fue crear una red que interconectara centros de investigación y tecnología que eran puntos estratégicos para el país durante la Guerra Fría y que debían ser preservados en caso d bombardeos en un ataque nuclear.
La red interconectaba cuatro puntos cuando fue implantada en septiembre de 1969, a partir de entonces durante décadas la utilización de Internet fue restringida a las instituciones de enseñanza e investigación.
Desde 1980 con la evolución de las computadoras personales se amplió su utilización. A principios de 1990 organizaciones comerciales se integraron al sistema y la Net superó el millón de usuarios.
Internet puede entenderse como un conjunto de diferentes redes de computadoras interconectadas por un protocolo de comunicación común, que permite a los usuarios comunicarse e intercambiar archivos, por ejemplo correos electrónicos.
-LAS MARCAS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO-
El nombre de dominio es una dirección de Internet expresada con palabras, secuencia de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación de dicha dirección con el nombre, la marca o un concepto correspondiente a una persona, empresa u organismo.
El dominio se compone de dos elementos uno que constituye el segmento propiamente identificador que es creación intelectual del solicitante y otro que consisten en la designación del nivel en el cual ese dominio debe ser situado, que será idéntico, para todos los que pertenecen al mismo nivel (por ejemplo .com).
Para aumentar la competencia y facilitar la participación internacional en 1998 el gobierno de los Estados Unidos, entregó al sector privado la Dirección de la Administración de los Dominios Genéricos de Nivel Superior.
Así existen dominios de nivel superior, los utilizados por entidades comerciales, para los proveedores de la red y para organizaciones internacionales.
Desde el punto de vista de la propiedad industrial, los nombres de dominio tienen capacidad distintiva y por consiguiente, marcaria. Sí bién la marca y los nombres de dominio no son lo mismo, pueden circular por caminos idénticos, Las marcas pueden ser registradas como nombres de dominio y los nombres de dominio pueden ser registrados como marcas.
De todas maneras conviene aclarar que son los nombres de dominio y cuales son los puntos de convergencia o divergencia con las marcas.
La publicidad en los medios de comunicación puede incluir regularmente un nombre de dominio, el que con frecuencia se relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con sus productos o servicios.
Las marcas tienen por principal propósito identificar un producto o servicio en un ámbito de protección limitados territorialmente y también circunscriptos solo a aquellos productos o servicios con ella amparados.
Por el contrario los nombres de dominio no tienen una limitación territorial y no se clasifican por clases de productos o servicios.
-CONFLICTOS ENTRE LAS MARCAS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO-
A continuación se enumeran los conflictos más importantes basados en legítimos derechos:
-La existencia de múltiples marcas iguales en el mundo, que identifican productos diferentes o el mismo producto. En la legislación marcaria, el derecho exclusivo que otorga un registro se circunscribe al ámbito territorial.
En el mundo virtual, el primero que consigue registrar su nombre de dominio con el “.com”, será quién podrá ofrecer sus productos con presentación o apariencia mundial. El segundo deberá contentarse con tener la apariencia regional, que le brindan los dominios de segundo nivel, como sería un dominio “.com.br”, y el resto no podrá usar su marca en la Web y además queda claro que opera en el territorio indicado, en este caso Brasil.
La estrategia última ha sido en algunos casos regionalizar, brindando un sitio diferente para cada cultura o país con los temas que interesan en ese país. Por ello resulta recomendable el registro de marca como nombre de dominio en todos los países donde se pretenda operar.
Muchas empresas que al intentar registrar su marca como nombre de dominio se encontraron con que ya existía otra compañía que lo había registrado con anterioridad, optaron por incluirle alguna pequeña variación. Por ejemplo si Ford Motor Company en los Estados Unidos de América se encontrara con que el nombre de dominio www.ford.com está registrado por un tercero de buena fé, podrá optar por reclamarlo o por utilizar un nombre de dominio como www.ford1.com .
-Confusión marcaria: Es la esencia del derecho marcario que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Sin embargo, esto es lo que sucede en gran cantidad de casos en Internet, debido a su alcance global, ello no solo perjudica al titular de la marca que puede perder la clientela o ver afectado su prestigio, sinó también al público consumidor., que compra lo que en realidad no quería comprar.
Esto último podría producirse en dos formas: 1) Confusión directa: cuando el comprador adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro y 2) Confusión indirecta: cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen o fabricante determinado o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quién realmente lo fabricó.
-Dilución marcaria: Es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos competitivos.
Se produce cuando una marca notoria disminuye su poder distintivo como consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir otros productos o servicios de los de la marca notoria o productos de inferior nivel o calidad.
Entonces existen dos tipos de dilución marcaria: 1) Blurring, que ocurre cuando alguien usa una marca famosa sin autorización, modificándola en relación con los productos y servicios, de manera que tiende a perder el carácter distintivo de la marca famosa y 2) tarnishment, que ocurre cuando una marca notoria es usada en asociación con un producto o servicio de nivel inferior o ilegal o que de alguna forma sea denigratorio.
En el caso de dilución por Blurring, como ejemplo “Actmedia Inc. V.Active Media Internacional Inc..”, la parte actora era titular de la marca Actmedia para publicidad y servicios de promoción. Al intentar registrar “actmedia.com “ como nombre de dominio se encontró que el demandado Active Media ya lo había registrado para servicios de diseño de paginas Web y servicios de desarrollo.
En el segundo de los casos, en los autos “Mattel Inc. V. Mc. Bride”, el demandado usaba la marca “Barbie´s Playhouse”, para un sitio Web de entretenimiento para adultos, con el mismo color y letras usado por la actora en relación con la venta de las muñecas Barbie. El actor en su carácter de titular de la marca “Barbie” demandó a Mc. Bride por dilución marcaria. La Corte interpretó que el demandado había intentado usufructuar la reputación de la marca del actor y condenó al demandado a pagar las costas del juicio u las ganancias que había obtenido operando en el sitio Web.
Por lo expresado a través del registro de nombre de dominio idéntico o similar a marcas de terceros se pueden producir graves daños a la imagen de una marca.
-VIOLACION DE DERECHOS DE TERCEROS-
CASOS DE ABUSOS
La principal causa de preocupación en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial son los innumerables abusos que se cometen en la red. La relativa facilidad con la que se registran los nombres de dominio, la dificultad para identificar al registrante y la mundialización del uso de Internet desafían la capacidad de los titulares de marcas, sus agentes y abogados de proteger eficazmente sus derechos.
A continuación se detallan las prácticas más comunes:
a) Ciberocupación. Dado por el uso de marcas conocidas pertenecientes a terceros por parte de piratas, es decir quién se apropia de lo ajeno a sabiendas. Por ejemplo personas que registran nombres de dominio que son idénticos o similares a las marcas, con el fin de venderlos, alquilarlos a un tercero o al titular de la marca por un beneficio.
De un estudio realizado por la Asociación de Propietarios de Marcas Europeas, se encontró que el 85 % de los participantes o de sus clientes habían sufrido infracciones de propiedad intelectual en Internet y el 60 % habían negociado la compra de sus nombres de dominio por canales informales.
Las complejidades que presentan los conflictos judiciales APRA resolver estas cuestiones, sobre todo cuando la entidad registrante del nombre de dominio que se pretende se encuentra en otros países, han fomentado la creación de sistemas de resolución de conflictos más ágiles y económicos como el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Este organismo ha fijado un criterio uniforme para someter a un procedimiento administrativo de resolución de disputas, para aquellos entidades infractoras a saber:
Que el nombre de dominio del infractor sea idéntico o similar por ende que produzca confusión con la marca del titular.
El infractor no tiene derechos ni interés legítimo con respecto al nombre del dominio.
El nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe o cuando se ha registrado o adquirido un nombre de dominio con el propósito de venderlo, rentarlo o transferir el nombre de dominio al titular de la marca por un valor superior al costo del registro del nombre de dominio. También cuando se haga con intención de usufructuar ilegalmente el negocio de un tercero haciendo creer a los usuarios que compran un producto original de marca.

b) Secuestro a la inversa del nombre de dominio: Se ha denominado así a las situaciones en las cuales el titular de una marca, basándose en su registro de marca, trata de interferir con los derechos del titular del nombre de dominio que lo obtuvo en circunstancias legítimas y lo utiliza sin infringir derecho alguno.
-VIOLACION DE DERECHOS DE TERCEROS-
ABUSOS TECNOLOGICOS
Existen técnicas que se utilizan para dirigir usuarios a sitios determinados:
-El impacto de los buscadores: Aquelloo0s consumidores que no conocen con precisión la dirección del sitio donde se ofrece un producto o servicio tienden a usar la marca como palabra descriptiva del objeto de búsqueda.
Así varias empresas, localizadas en diversas regiones del mundo, han registrado nombres de dominio con el elemento común “Telecom”. La lista incluye SymmetriCom (www.telecom), Telecom U.K. LTD. (www.telecom.co.uk), TWK Telecommunications GMBH (www.telecom.de). Sin embargo los buscadores dirigen a un usuario que utiliza la palabra calve “Telecom” únicamente al sitio de Internet de Symmetricom sin referencia a las otras empresas.
Otros buscadores pueden arbitrariamente disponer el orden de prelación en la lista de hits. Es decir, el buscador puede ser programado para que ofrezca siempre en lugar privilegiado determinado hit o para q1ue altere el orden de los hits, colocando alguno a la cabeza del ranking cada vez que aparezca en cualquier lugar de la lista. Por ejemplo el sistema de la búsqueda de Netscape, al escribir la palabra “book” dirige al usuario a la más famosa librería on-line Barnes & Noble.
-Uso de meta rotulados (“metatags”) y texto oculto: La mayoría de los buscadores al realizar la selección, dan valor a la información contenida en los metatags (palabras o signos solamente procesados para los buscadores, cuyo destino es alojar la descripción del sitio o de la página) y finalmente al propio texto.
Una estrategia desleal es incluir en el metatag del propio sitio una marca ajena, por ejemplo Coca-Cola, de manera que cuando el usuario busque el sitio de Coca-Cola entre otros hits aparecerá también el sitio del tercero desleal.
Ejemplo de ello es el caso “Playboy Enterprises v. Calvin Designer Label”, en el que la actora era titular d la marca “Playboy” y “Playmate” y el demandado usaba esas marcas como parte de sus nombres de dominio www.playboyxxx.com y playmatelive.com directamente en las páginas de sus sitios y como palabras claves escondidas como metatags, que eran leídas por los buscadores. La parte actora demandó a la contraria por infracción y dilución marcaría y competencia desleal. La Corte ordenó una medida preliminar de cese de uso de la marca de la actora, incluyendo los metatags y cualquier página o sitio que el demandado pudiera crear en el futuro. La Corte requirió también que el demandado solicitara al ente registrante, la cancelación de los nombres de dominio en infracción.
Vínculos (“linkimgs”): Consiste en vincular páginas que incluyan información de contenidos publicados en la red por una persona, a contenidos publicados por esa u otra persona en otro sitio de red al que se puede acceder también de manera independiente del primero.
Los links son la esencia de la Web, puesto que permiten la comunicación entre las distintas páginas. Sin embargo a través de linking, se puede hacer uso de las marcas, contenidos y publicidades de terceros legítimos titulares para desviar la clientela, induciendo a confusión sobre el origen del contenido, servicios o mercadería que aparezcan en el sitio accedido.
A modo de ejemplo en caso de “Ticket Master Corp v. Microsoft Corp”, por el cual la actora demandó por acceder sin autorización al sitio de Ticket Master. La situación se finalizó con un arreglo extrajudicial, por el cual Microsoft, transfirió su negocio a Ticket Master, a cambió de un 10 %, de las acciones.
-Enmarcado (“framing”): Consiste en establecer un vínculo con una página ajena, pero además ocultar, porciones, mensajes o publicidad de esa página, pero mediante la superposición de contenido, barras de color u otras marcas sobre las porciones no deseadas desde la página vinculada. Esta práctica muchas veces, resulta un acto de competencia desleal y además puede violar derechos de propiedad intelectual.





LEY DE MARCAS (LEY No. 22.362 -B.O. 2/1/81-)
CAPITULO 1
DE LAS MARCAS
SECCION la
Derecho de propiedad de las marcas:
ARTICULO l - Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.
ARTICULO 2 - No se consideran marcas y no son registrables:
a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio habitual a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características.
b) los nombres; palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro.
c) la forma que se dé a los productos;.
d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos
ARTICULO 3 - No pueden ser registrados:
a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios.
b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios.
c) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras.
Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos.

d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;
e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;
f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;
g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;
h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive
i) las designaciones de actividades incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;
j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.
ARTICULO 4 - La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro. Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.
ARTICULO 5 - El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.
ARTICULO 6 - La transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros, una vez inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
ARTICULO 7 - La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario.
ARTICULO 8 - El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y hora en que se presente la solicitud, sin prejuicio de lo establecido en los tratados internacionales aprobados por la República Argentina.
ARTICULO 9 - Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.
SECCION 2a
Formalidades y trámite de registro
ARTICULO 10 - Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir.
ARTICULO 11 - El domicilio especial a que se refiere el Artículo 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad de esa marca y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al tramite del registro.
Sin embargo, cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y oponer excepciones, en atención al domicilio real del demandado.
ARTICULO 12 - Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.
Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de su registrabilidad.
ARTICULO 13 - Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) días corridos de la publicación prevista en el Artículo 12.
ARTICULO 14 - Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrán ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. En dicho escrito debe constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante.
ARTICULO 15 - Se notificarán al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezca la solicitud.
ARTICULO 16 - Cumplido un (1) año a partir de la notificación prevista en el artículo 15, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos:
a) si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado;
b) si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención.
ARTICULO 17 - La acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Dentro de los diez (10) días de recibida la demanda, la Dirección, remitirá la misma y los elementos agregados a ella, al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta.
El proceso judicial respectivo transitará según normas del juicio ordinario.
ARTICULO 18 - El juez interviniente informará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposición a los fines que correspondiere.
ARTICULO 19 - Mediante oposición, el solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y dentro del plazo de un (1) año establecido en el artículo 10, comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En tal caso deberá dictarse resolución, que será inapelable, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes. La reglamentación determinará el procedimiento aplicable.
ARTICULO 20 - Cuando se solicite la renovación del registro, se actuará conforme con lo establecido en el Artículo 10 y se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el plazo establecido en el Articulo 5º, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad.
Dictada la resolución aprobatoria del registro o de la renovación se entregará al solicitante el certificado respectivo.
ARTICULO 21 - La resolución denegatoria del registro puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. La acción se tramitará según las normas del juicio ordinario y debe interponerse, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la resolución denegatoria, por ante 1a Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que actuará conforme con lo establecido en el articulo 17.
En el caso de no promoverse la acción en el plazo establecido se declarará el abandono de la solicitud.
ARTICULO 22 - Los expedientes de marcas registradas o en trámite son públicos. Cualquier interesado puede pedir, a su costa, copia total o parcial de un expediente en el que se ha dictado resolución definitiva.

SECCION 3ra
Extinción del derecho
ARTICULO 23 - El derecho de propiedad de una marca se extingue:
a) Por renuncia de su titular
b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;
c) por declaración judicial de nulidad o caducidad del registro.
ARTICULO 24 - Son nulas las marcas registradas:
a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;
b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.
c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.
ARTICULO 25 - La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.
ARTICULO 26 - A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad.
CAPITULO II
DE LAS DESIGNACIONES
ARTICULO 27 - El nombre o signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.
ARTICULO 28 - La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo.
ARTICULO 29 - Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación.
La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso.
ARTICULO 30 - El derecho a la designación se extingue por el cese de la actividad designada.
CAPITULO III
DE LOS ILÍCITOS
SECCIÓN la
Actos punibles y acciones
ARTICULO 31 - Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón de pesos ($ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000):
a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
El Poder Ejecutivo Nacional actualizará anualmente el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
ARTICULO 32 - La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro 1 del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley.
ARTICULO 33 - La Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente para entender en las acciones penales, que tendrán el trámite del juicio correccional; y la Justicia Federal en lo Civil y Comercial lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario.
ARTICULO 34 - El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:
a) e1 comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción,
b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos.
El Juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuera condenado o vencido en juicio.
ARTICULO 35 - En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El Juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contra cautelas. Si no se presta caución real, el demandante podrá exigir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando si fuera solicitada, caución suficiente.
ARTICULO 36 - El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho.
ARTICULO 37 - El producido de las multas previstas en el artículo 31 y de las ventas a que se refiere el artículo 34, será destinado a rentas generales.

SECCION 2º
Medidas precautorias
ARTICULO 38 - Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca en infracción conforme a lo establecido en el artículo 31, puede solicitar al juez competente:
a) el embargo de los objetos;
b) su inventario y descripción;
c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.
Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho.
ARTICULO 39 - Aquél en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre:
el nombre y dirección de quién se los vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva;
la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva,
c) la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.
Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el artículo 38.
La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación o imitación fraudulenta. Esos informes podrán ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a este efecto por un plazo determinado.
ARTICULO 40 - El titular de una marca registrada podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el Artículo 38, aun cuando no mediare delito ante una marca similar o ilegítimamente empleada. Si no dedujera la acción correspondiente dentro de los Quince (15) días hábiles de practicado el embargo o secuestro, éste podrá dejarse sin efecto a petición del dueño de los objetos embargados o secuestrados.
ARTICULO 41 - El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria, puede solicitar las medidas previstas en el artículo 38 sólo con respecto a los objetos que lleven aplicada la frase publicitaria en infracción.
CAPITULO IV
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTICULO 42 - La autoridad de aplicación de esta ley es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial del Ministerio de Economía la que resolverá respecto de la concesión de las marcas.
ARTICULO 43 - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, anotará las solicitudes de registro y renovación en el orden que le sean presentadas. A tal efecto, llevará un Libro rubricado y foliado por la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial. En este libro se volcarán la fecha y hora de presentación, su número, la marca solicitada, el nombre y domicilio del solicitante y los productos o servicios a distinguir.
ARTICULO 44 - El certificado de registro consistirá en un testimonio de la resolución de concesión de la marca, acompañado del duplicado de su descripción y llevará la firma del Jefe del Departamento de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
ARTICULO 45 - El registro, renovación, reclasificación, transferencia, abandono y denegatoria de marcas, así como su extinción por renuncia o por resolución judicial y la modificación del nombre de su titular, serán publicadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
ARTICULO 46 - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberá conservar los expedientes con sus copias fehacientes. Sólo podrán destruirse los expedientes originales cuando se haya obtenido y guardado copia de los mismos.
ARTICULO 47 - Los trámites que se realicen ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial están sujetos al pago de tasas cuyo monto fijará la reglamentación. Dichos montos serán actualizados según lo previsto para las multas, en el Artículo 31 "in fine".




CAPITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Y DEROGATORIAS
ARTICULO 48 - Las marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y cuyo vencimiento se produzca pasados los SEIS (6) meses de dicha fecha, serán reclasificadas en el momento de su renovación de acuerdo con la nomenclatura que establecerá la reglamentación, o antes, a pedido de su titular.
ARTICULO 49 - La presente ley entrará en vigencia a los Treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 50 - La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los Sesenta (60) días de su sanción.
ARTICULO 51 - Deróganse las leyes número 3975 y 17.400. los artículos 2º, 3º, 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto-Ley 12025/57, el decreto del 3 de noviembre de 1915 sobre escudos y banderas y los decretos números 126.065/38, 21.533/39 y 25.812/45.
ARTICULO 52 -Comuníquese, publíquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Reseña Histórica Convenios Internacionales:
Normativa. Tratados internacionales. Legislación interna. Legislación comparada.
En el plano internacional cabe destacar que en el terreno del derecho de autor y los derechos conexos, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) impulsó una serie de acuerdos internacionales que brindarán protección a los autores, intérpretes y productores de fonogramas frente a las nuevas tecnologías. Estos acuerdos fueron plasmados en el Tratado de la OMPI de Derecho de Autor de Ginebra de 1996 (conocido como "WCT") y en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de Ginebra de 1996 (conocido como "WPPT"). Estos convenios internacionales intentan adaptar la normativa internacional a los nuevos medios, imponiendo al mismo tiempo obligaciones a los Estados-parte para que proporcionen dentro sus ordenamientos internos protección y recursos jurídicos efectivos para enfrentar a las nuevas tecnologías.
La Argentina aprobó tanto el WCT como el WPPT mediante la sanción de la ley 25.140. Sin embargo, a la fecha de este trabajo no hubo cambios legislativos que implementen la obligación
internacional aludida.
En el Derecho Comparado, pueden citarse los esfuerzos de Estados Unidos, que en 1998 sancionó una reforma a su ley de Derecho de Autor (a través de la llamada "Digital Millenium Copyright Act); los de la Unión Europea, a través de la Directiva europea de derechos de autor en la sociedad de la información (Directiva 2001/29/CE); y en igual sentido, la reciente reforma a la ley australiana (Copyright Amendment (Digital Agenda) Act).

Jurisdicción en la era digital.
La persona que se conecta a Internet tiene la posibilidad de ser encontrada en por lo menos tres
lugares al mismo tiempo:
(a) el lugar donde está conectada la computadora que es utilizada para navegar en Internet;
(b) el lugar donde la computadora ha accedido a Internet; y
(c) el territorio virtual denominado “ ciberespacio.” En virtud de ello, es muy fácil encontrar a un navegante de Internet en diferentes estados y países, al mismo tiempo37. Por eso, cuando estamos frente a un conflicto originado en Internet, resulta bastante complicado determinar cual es la jurisdicción que debe resolver el caso (y también, cuál es la ley que se debe aplicar).
En este punto, resulta importante saber que en Estados Unidos existe un gran desarrollo de criterios para establecer jurisdicción, por tratarse de un país en el que el sistema republicano adoptado está organizado sobre estados autónomos, que no sólo cuentan con su propia administración de justicia (jurisdicción estadual), sino también con legislación de fondo (Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Penal, etc.) también definida a nivel local. Por ello, los conflictos en materia de jurisdicción entre dos estados norteamericanos son análogos a los que se pueden originar entre dos países. Esto tiene una gran repercusión en Internet, dado que en este ambiente virtual no existen fronteras físicas, con lo cual los conflictos jurisdiccionales son muy habituales.
a) Criterios para establecer la jurisdicción aplicable en Estados Unidos.
Tradicionalmente, el ámbito de jurisdicción territorial de un estado norteamericano se encontraba confinado a las personas y organizaciones que se encontraban físicamente presentes en dicho estado.
Con el desarrollo del comercio interjurisdiccional y las comunicaciones, las transacciones personales y comerciales cruzaron la línea divisoria de los estados. En virtud de ello, se flexibilizaron las reglas que rigen la jurisdicción territorial de los tribunales. La regla moderna, basada en la cláusula constitucional del debido proceso, es que un estado puede ejercer jurisdicción territorial sobre las personas y organizaciones ubicadas fuera de sus límites, si dicho estado tiene “mínimos contactos” con la transacción que es objeto de litigio.
Todos estos conceptos y normas han permitido que la jurisprudencia norteamericana vaya construyendo principios en materia de poder jurisdiccional, que luego sirvieron para ser aplicados a situaciones relativas a Internet. Al analizar los casos y opiniones que a continuación se expondrán, es importante tener en mente las dificultades que enfrentan los tribunales al ser llamados a entender en casos relacionados con Internet. El principal problema, como decíamos, es la "accesibilidad universal" de Internet. Gracias a esta accesibilidad, cualquier persona ubicada en cualquier lugar del mundo se puede conectar a la World Wide Web. Sólo es necesaria una computadora con el software respectivo, un módem, y la contratación de un servicio con un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) que nos permita acceder a páginas Web cuyos titulares pueden estar en los lugares más remotos del planeta. De modo que los tribunales deben decidir si la actividad en la Red se sujeta a una u otra jurisdicción, ya sea que estemos hablando a nivel estadual o provincial, o bien, a nivel internacional. Por otro lado, es sumamente dificultoso determinar dónde transcurre esa actividad en Internet: ¿es en el lugar donde se encuentra el Servidor que presta el acceso a quien navega en Internet?, ¿es el lugar donde se explota comercialmente un sitio Web?, ¿es en el lugar donde se encuentran las oficinas de quien explota comercialmente la actividad en Internet?, ¿es el lugar donde vive el cliente que adquirió los productos?, ¿es el lugar donde se encuentra la computadora con la cual fueron adquiridos dichos productos?.
Ya desde 1958 la Corte Suprema de los Estados Unidos aventuraba en Hanson v. Denckla que a medida que el progreso tecnológico aumenta y el flujo de comercio entre los diversos estados que conforman Norteamérica crece, la necesidad de obtener jurisdicción experimenta un incremento similar. El mismo tribunal, unos años más tarde, también nos hacía tomar conciencia de que en el mundo moderno una gran cantidad de negocios es efectuada vía correo o por comunicaciones por cable entre personas de distintos estados, obviando de este modo la necesidad de que quien realiza los negocios se encuentre físicamente presente en el estado donde los negocios son concretados. De este modo, se entendió que no se podría eludir la jurisdicción de un determinado tribunal por el simple hecho de que el demandado haya estado físicamente ausente en el estado donde se pretende traer la acción42. Todo esto llevó a que conceptos tradicionales, tales como la "jurisdicción personal", tuvieran que ser adaptados a la novedosa y cambiante realidad.
En Estados Unidos, un tribunal puede adjudicarse jurisdicción sobre un caso sólo cuando el demandado tiene “mínimos contactos” con el estado donde se asienta dicho tribunal. Al respecto, los tribunales suelen distinguir entre “ jurisdicción general” y “ jurisdicción específica” . La jurisdicción es “ general” cuando los contactos del demandado con el estado donde se asienta el tribunal son continuos y sistemáticos. En cambio, se considera que existe jurisdicción “ específica” cuando los contactos del demandado con el estado donde se asienta el tribunal son más fuertes, y los hechos o antecedentes que motivan la acción se relacionan con esos contactos y con el estado.
Generalmente, en estos casos se sigue un test de tres componentes:
(1) debe haber algún acto mediante el cual el demandado intencionalmente se beneficia con las actividades dentro del estado (la doctrina denominada del “ purposeful availment” o "beneficio buscado");
(2) los hechos o antecedentes que motivan la acción deben provenir o relacionarse con la actividad del demandado en el estado donde se asienta el tribunal; y
(3) el ejercicio de jurisdicción en el caso debe ser razonable y acorde con las normas de “ justicia substancial.
Conforme lo entiende Falcon Jr, la doctrina referente a jurisdicción personal en Internet ha evolucionado enormemente desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió el caso Pennoyer v. Neff. En ese caso, el Máximo Tribunal norteamericano resolvió que un tribunal adquiría jurisdicción personal sobre un demandado mediante la notificación judicial dentro del estado donde se asienta el tribunal, o mediante la comparencia voluntaria del demandado. En los cien años siguientes, estos requisitos para la obtención de jurisdicción personal se flexibilizarían considerablemente, tal como lo muestra la decisión de la Corte Suprema en Worldwide Volkswagen Corp., del año 1980. En esta decisión, la Corte sostuvo que la introducción de bienes dentro del flujo del comercio, con acciones reiteradas dirigidas a un estado en particular, pueden satisfacer el requisito de jurisdicción personal dentro de ese estado. Aún resta que la Corte Suprema de dicho país se expida en lo atinente a jurisdicción personal relacionada con actividades comerciales desplegadas en Internet, pero para involucrarnos en el tema y saber lo que han venido expresando los tribunales inferiores, a continuación reproducimos los fallos más trascendentes, de manera que podamos aproximarnos a las variantes que se han presentado hasta este momento.
Uno de los primeros casos referidos a la jurisdicción personal fue Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc.. En el presente caso, Zippo Mfg. Co. (en adelante Zippo) inició una demanda contra Zippo Dot Com Inc. (en adelante Dot Com) ante los tribunales de Pennsylvania, Estados Unidos. Zippo alegó infracción a las leyes marcarias norteamericanas por parte de Dot Com. Zippo, una sociedad incorporada según las leyes del estado de Pennsylvania, producía -entre otras cosas- los famosos encendedores marca “ Zippo” . Por su parte, Dot Com, una sociedad que hacía negocios principalmente en Sunnyvale, California, explotaba un sitio Web y un servicio de noticias por Internet, utilizando su derecho exclusivo al uso de los nombres de dominio www.zippo.com, www.zippo.net y www.zipponews.com. Los contactos que Dot Com tuvo con el estado en donde se lo demandó (Pennsylvania) ocurrieron, exclusivamente, a través de Internet. Si bien al momento del fallo Dot Com no tenía oficinas, ni agentes, ni empleados en Pennsylvania, la información que publicaba en su sitio Web se encontraba disponible para todos los residentes de Pennsylvania. Por otro lado, el 2 % de las personas suscriptas al servicio de Dot Com (unas 3000 personas) eran residentes del estado de Pennsylvania. Además, Dot Com había contratado con siete proveedores de Internet en este último estado. La pregunta central que se formuló el tribunal que debió resolver el caso estuvo dirigida a determinar si tenía jurisdicción personal sobre el demandado Dot Com. Tras un meticuloso análisis, respondió afirmativamente a dicho interrogante. Para arribar a esa conclusión, el tribunal se apoyó, en primer término, en las long arm statutes del estado de Pennsylvania, que permiten a un tribunal ejercer jurisdicción sobre una persona no residente en el estado siempre que dicha persona haya contratado con otra para proveer servicios o productos en el estado. El tribunal precisó que -según su parecer- la posibilidad de ejercer legalmente jurisdicción personal se encuentra en directa proporción con la naturaleza y la cantidad de actividad comercial que una empresa desarrolla en Internet. En segundo lugar, para concluir que tenía jurisdicción sobre el demandado, el Tribunal formuló un enriquecedor resumen de los casos en materia de jurisdicción personal en Internet existentes al momento de decidir. Así, dividió los mismos en tres categorías:
(1) Según un primer enfoque, es correcto que un tribunal ejerza jurisdicción personal si el demandado contrató con residentes del estado donde se encuentra el tribunal, y el contrato en cuestión involucró una repetida y no ignorada transmisión de archivos electrónicos a través de Internet. Esta es la doctrina del caso Compuserve.
(2) En el extremo opuesto se encuentran aquellos supuestos en los cuales un demandado simplemente ha publicado información en una página Web o sitio Web accesible para los usuarios de Internet de otras jurisdicciones. En este supuesto, una página o sitio Web “ pasivo” , tal como la denominara el tribunal, no hace más que proveer información disponible para todos aquellos que se encuentren interesados en dicha información. Este supuesto no habilita a un tribunal a ejercer jurisdicción personal sobre el demandado. Esta es la doctrina del caso Bensusan53, que se analizará más adelante.
(3) Por último, una posición intermedia es la que se refiere a las páginas o sitios Web interactivos, en los cuales un usuario puede intercambiar información con otras computadoras. En estos casos, el ejercicio o no de jurisdicción sobre el demandado va a derivarse de un análisis del nivel de “ interactividad” y de la naturaleza comercial o no comercial de ese intercambio de información (conforme Maritz, Inc.).
En parte, los jueces de Zippo, se apoyaron en lo resuelto en el caso Inset Systems, Inc.. En ambos precedentes se optó por reconocer jurisdicción personal a un tribunal cuando existe actividad publicitaria efectuada por el demandado, pues -bajo este criterio- ello demostraba una clara “ intención de hacer negocios” en el otro estado56. El tribunal del caso Zippo, luego de analizar los precedentes anteriormente mencionados, entendió que la actividad del demandado debía encuadrarse dentro de la categoría de quienes “ hacen negocios en Internet", alineando los hechos de la causa con los de Compuserve. A la hora de indagar si Dot Com había efectuado intencionalmente negocios en Pennsylvania, el tribunal merituó los 3000 suscriptores y los siete proveedores con los cuales se vinculó Dot Com y concluyó que estos extremos demostraban una clara finalidad de conducir una actividad comercial en dicho estado. A los efectos de proveer servicio a esos 3000 suscriptores -razonó el tribunal-, Dot Com necesariamente tuvo que procesar solicitudes y proveerles -siempre mediante Internet- una contraseña para acceder al servicio. Por último, a las afirmaciones del demandado en el sentido de que los contactos con Pennsylvania no fueron ni numerosos ni significativos, el tribunal respondió que “ un solo contacto” era suficiente y que la cantidad de contactos no importaba tanto como la naturaleza y calidad de aquéllos.
Otro de los primeros casos que aportó pautas específicas para construir una doctrina sobre jurisdicción en Internet fue el citado Bensusan Restaurant Corp. v. King58. El demandado en este caso, Richard King, era el dueño de un pequeño club nocturno en Columbia, estado de Missouri, llamado “ The Blue Note” . El accionante, Bensusan, era el dueño de un conocido club de jazz de Nueva York, que operaba bajo la marca registrada “ The Blue Note” . En abril de 1996, King construyó una página Web a los efectos de promover su club nocturno de Columbia, en el cual se usaba un logo similar al que usaba el accionante. La página contenía información acerca del club en Columbia y una advertencia que lo distinguía de su semejante de Nueva York (también tenía un link a la página del accionante). Bensusan inició una acción en el estado de Nueva York, alegando violación de sus derechos marcarios y competencia desleal. King solicitó que la acción fuera desestimada ante la falta de jurisdicción del tribunal sobre su persona. El juez de grado hizo lugar al planteo de King y el Sexto Circuito confirmó esa decisión en Septiembre de 1997. La decisión de segunda instancia diferenció el presente del caso Compuserve, decidido tan solo dos semanas antes de éste. El tribunal no encontró satisfecho el test que requiere que el demandado se haya beneficiado intencionalmente con la actividad (“ purposeful availment” ). El demandado –según dijo el tribunal- no estaba obteniendo ganancias del comercio interjurisdiccional. Asimismo, se destacó que a pesar de que la página Web de King se dirigía a todo el país, el 99% de los clientes del club eran residentes del estado de Columbia, Missouri. Con lucidez, el tribunal desechó el argumento del actor que acusaba a King de no haber previsto la posibilidad de que su página Web fuera vista en New York (y confundida con el club de jazz del accionante) afirmando que la mera posibilidad de que existan consecuencias dentro de un estado, sumado a la conducta pasiva del demandado en este respecto, no eran suficientes como para establecer jurisdicción personal sobre el demandado. Todo esto, según los jueces del Sexto Circuito, impedía considerar como cumplidos los “mínimos contactos” con el estado donde se asienta el tribunal, condición sine qua non para ejercer la jurisdicción en el caso.
Luego de Bensusan, la doctrina judicial norteamericana siguió precisando aún más el concepto de sitio Web “ pasivo” . Así lo hizo, por ejemplo, en Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc.. En este caso, Cybersell, Inc., del estado de Arizona (en adelante, Cybersell AZ), empresa que publicitaba sus servicios comerciales por Internet, inició acciones por violación de sus derechos marcarios contra Cybersell, Inc. de Florida (en adelante Cybersell FL), una compañía de éste último estado que se especializaba en servicios de desarrollo de sitios y páginas Web. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con asiento en Arizona, confirmó la sentencia del Juez de grado, en la cual se había decidido la falta de jurisdicción personal sobre el demandado. Para llegar a tal conclusión, el tribunal partió de la Regla 4.2. (a) de las Normas de Procedimiento del Estado de Arizona que estipulaban que un tribunal de Arizona puede ejercer jurisdicción personal sobre una persona que no reside en dicho estado hasta el límite permitido por la Constitución de los Estados Unidos, esto es, siempre que no se vea violado el principio del debido proceso. Así, el tribunal utilizó un test de tres elementos para determinar si podía entender en la causa. Según el tribunal, para que existiese jurisdicción sobre el demandado, se debían cumplir estos tres puntos: (1) se debía probar que el no residente del estado realizó alguna transacción con Arizona, con la intención de beneficiarse con las actividades en dicho estado; (2) la demanda debía relacionarse con las actividades del no residente en el estado; y (3) el ejercicio de la jurisdicción debía respetar el principio de razonabilidad. En el caso, Cybersell FL no había desarrollado actividad comercial alguna en Arizona. Todo lo que había realizado era una página Web, esencialmente “ pasiva” , aplicada a un nombre de dominio que en su SLD incluía el término “ Cybersell” . Si bien no existieron dudas acerca de que cualquiera podía acceder a dicha página desde cualquier lugar del mundo, el tribunal no interpretó que de ese solo hecho pudiera desprenderse que Cybersell FL había dirigido intencionalmente sus actividades comerciales a los residentes de Arizona. De hecho, se dijo que no existían pruebas de que personas del estado de Arizona hubieran ingresado a la página Web del demandado. Tampoco existían pruebas de que residente alguno de Arizona se hubiera suscripto al servicio de los demandados, ni de que Cybersell FL hubiera firmado contratos en Arizona, ni de que hubiese realizado ventas, ni de que hubiese recibido ingresos de Arizona, ni de que hubiese emitido mensajes por Internet dentro de dicho estado. En virtud de todo ello, el Noveno Circuito concluyó que ante la naturaleza “ pasiva” del sitio Web de los demandados, no podía considerarse que en el caso se habían dado los “mínimos contactos” con el estado donde se asentaba el tribunal, y por ende, no se podía ejercer jurisdicción personal sobre los demandados. El tribunal de Cybersell concluyó que la simple operación de un sitio Web no es fundamento suficiente para que exista jurisdicción personal, sino que es necesario “ algo más” , que demuestre que el demandado dirigió sus actividades de manera sustancial al Estado donde se asienta el tribunal. Ese “ algo más” puede consistir en la inclusión -dentro de la página Web- del número de su línea gratuita de atención al consumidor (un "0-800"), usar la marca registrada del oponente en la página Web propia, o contar con reiteradas visitas de usuarios del otro estado en dicha página. Siguiendo este mismo criterio, en la mayoría de los casos posteriores relacionados con sitios o páginas Web que sólo contenían publicidad, los tribunales sostuvieron que no se cumplían los fundamentos suficientes para otorgar jurisdicción.
Finalmente, un tercer grupo de casos se dedicó a supuestos en los cuales los actos producidos en el estado ajeno eran ilícitos. En esta categoría podemos incluir a Martiz, Inc. v. Cybergold62, en el cual los demandados incluyeron dentro de su página Web cierto material que infringía los derechos de los accionantes. La publicación de este material en la página Web fue calificada por el tribunal interviniente como un acto ilícito dentro del estado, toda vez que se trataba de un acto extraterritorial que tenía efectos (daños para el accionante) en el estado. Según el tribunal, en este caso el acto ilícito había ocurrido en el estado donde se encontraba el accionante, dado que era ese el lugar donde los daños se habían ocasionado (y no en el estado donde el usuario de Internet tuvo acceso a la página Web, como lo sostuvieran otros tribunales).
Otra doctrina importante en esta materia es el denominado "test de los efectos". Según doctrina que la Corte Suprema de los Estados Unidos sentara en el caso Calder v. Jones, los “mínimos contactos” con el estado del tribunal requeridos por la cláusula del debido proceso de la Constitución norteamericana se encuentran reunidos con los “ efectos” que una conducta ejecutada fuera del estado tiene dentro del estado del tribunal64. En este caso el Máximo Tribunal estadounidense entendió que un tribunal de California tenía jurisdicción cuando el demandado no sólo había desplegado intencionalmente una conducta ilícita que tenía como objetivo el estado de California, sino que aquél además sabía que dicha conducta produciría daños al accionante en California. Esto dio origen a la llamada teoría del “ test de los efectos” , que postula que un tribunal tiene jurisdicción personal frente a: (1) acciones intencionales; (2) acciones que tienen como finalidad causar efectos en el estado donde se asienta el tribunal; y/o (3) acciones que causan daños, cuyas consecuencias son sufridas en el estado donde se asienta el tribunal. Se pueden mencionar dos limitaciones al “ test de los efectos” . La primera limitación es la que esbozara el tribunal en Cybersell cuando afirmó que dicho "test" no era aplicable en ese caso, en atención a que una persona jurídica no sufre daños en una ubicación geográfica determinada, dado que generalmente tiene un ámbito de operaciones más amplio (a nivel nacional) que un individuo (que trabaja y vive en una zona geográfica determinada). La segunda limitación se refiere al conocimiento previo que debe tener el demandado acerca de que el accionante es de otro estado.
Conflictos jurisdiccionales "internacionales".
Los casos sobre conflictos jurisdiccionales entre países diferentes no son tan habituales, pero también han despertado un fuerte debate. El más conocido de ellos es el conocido como caso "Yahoo!", en el cual se discutió la jurisdicción de un tribunal francés para imponer una orden judicial al conocido portal. Esta orden emanó del Tribunal de Gran Instancia de París, en noviembre de 2000, y confirmó la resolución de un juez inferior en contra de Yahoo! ordenando al portal de subastas el retiro de todos los productos alusivos a prácticas filo-nazis. Como la empresa que opera el portal se encuentra en California, se intentó ejecutar la orden del tribunal francés en Estados Unidos. Sin embargo, el criterio aceptado por la jurisprudencia de los Estados Unidos con relación a la tolerancia de discursos políticos filo-nazis -apoyado en la "libertad de expresión"- se oponía a la orden del tribunal galo, para quien la libre expresión no ampara este tipo de manifestaciones. Por ende, unos meses más tarde un tribunal federal de San José, California, se negó a cumplir la sentencia de la justicia francesa, aduciendo que "...a pesar de que Francia tiene el derecho soberano de regular la libertad de expresión a su manera, los tribunales de Estados Unidos no pueden aplicar una norma que viola principios protegidos por la Constitución...".
El caso Yahoo! también tuvo repercusión en Argentina, dado que el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, a cargo del Dr. Alfredo Bustos, quien imitó la medida respecto de la actividad de Yahoo en territorio argentino.
El otro caso "internacional" reciente en materia de jurisdicción es el caso conocido como "Dow Jones & Company", resuelto por la Corte Suprema de Australia. En este caso, dicho tribunal confirmó la competencia de los tribunales australianos para entender en el supuesto delito de difamación cometido por Internet contra un ciudadano australiano, el magnate de la minería Joseph Gutnick, que se sintió agraviado por el contenido de un artículo publicado por la demandada Dow Jones en la revista "Barron's Online", que reproducía, a su vez, el publicado en el prestigioso Wall street Journal. En dicho artículo periodístico se informaba al público de los negocios celebrados por el mencionado Gutnik que enmascararían en realidad evasiones impositivas y aparentes vinculaciones con el negocio del lavado de dinero67. Ante la demanda entablada por Gutnik ante los tribunales de Victoria, Australia (lugar donde residía Gutnik), Dow Jones se presentó oponiendo excepción de incompetencia, y reclamando que el caso fuera remitido a New Jersey, Estados Unidos, donde se encontraban los servidores que operaban la publicación virtual citada. Sin embargo, la Corte Suprema australiana rechazó el pedido de incompetencia solicitado por Dow Jones y decidió -en grado de apelación- que los tribunales australianos eran competentes dado que la publicación era accesible desde Victoria, Australia, y había causado los efectos denigrantes en territorio australiano.






BIBLIOGRAFIA
BEIRO DE GONCALVES MARTA AMELIA - Propiedad Intelectual – Editorial Dunken (2005)
MOUCHET CARLOS y SIGFRIDO A. RADAELLI – Los Derechos del Escritor y del Artista – Editorial Sudamericana (1957)
O¨FARREL MIGUEL, BENSADON MARTIN y otros (compiladores) - Derechos Intelectuales – Editorial Astrea (2001)
GOLDSTEIN MABEL – Derecho de Autor – Ediciones Rocca (1995)
INTERNET
www.legislaw.com.ar

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