miércoles, 4 de febrero de 2009

JURISPRUDENCIA SOBRE ACCIONES REALES

Derechos reales. Acciones reales. Acción reivindicatoria. Legitimación activa. Legitimación del usufructuario poseedor. Efectos del boleto de compraventa en la usucapión
Taborda, Juan C. v. Passini y/u otros
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, sala 4ª
En la Ciudad de Córdoba a 3 días del mes de octubre de dos mil ocho, se reunieron los Señores Vocales de la Excma. Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial y en presencia de la Secretaria del Tribunal a fin de dictar Sentencia en Acuerdo Público en autos “ TABORDA JUAN CARLOS C/ PASSINI Y/O PASSINO PEDRO Y/O EDGARDO PEDRO O SUS SUCESORES Y OTROS – ACCIONES POSESORIAS/REALES- REIVINDICACION – RECURSO DE APELACION – EXPTE N° 597413/36”, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada por intermedio de apoderado, en contra de la Sentencia número doscientos doce fecha quince de junio de dos mil siete, dictada por el Señor Juez del Juzgado de Primera Instancia y Novena Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, y cuya parte resolutiva dispone: “I. Rechazar la excepción de prescripción adquisitiva abreviada opuesta por los accionados. II. Hacer lugar a la demanda de reivindicación promovida por los actores –Sres. Juan Carlos Taborda y Lorena Beatriz Taborda- y en consecuencia condenar a los demandados –Sres. Edgardo Pedro Passini, Adelia Alfonsina María Franzl y Jorge Alberto Passini- y por lo tanto a la Sucesión de Pedro Passini, para que en el plazo de sesenta –60- días que la presente pase en autoridad de cosa juzgada, resituya la posesión sobre la fracción del inmueble identificado con Matrícula 252.539/2(11) como “Departamento que forma parte del Edificio Juan Pablo Primero, ubicado en Av. Vélez Sarsfield 3171, B° Las Flores, Dpto. Capital, que se designa como Parcela Horizontal Dos – Unidad Funcional Dos – con entrada por Av. Velez Sarsfield 3173. Sup. Cubierta propia Ubicación: PB –Posición Dos – Designación Dpto de 133,06 mts. Cdos. Posición tres: Designación depósito, con 15,37 mts. Cdos, Sup. Cubierta propia total de 148,43 mts. Cdos. Superficie descubierta común de Uso Exclusivo, total y parcial. PB. Posición 5. Patio con 162,93 mts. Cdos.”, siendo esta última la porción de superficie afectada, a dejar libre de personas y/o cosas que de ellos dependan, consistente en doble muro levantado por cada una de las partes y el rectángulo formado por las siguientes medidas, según informe de perito agrimensor de 8,10 x 3,06 metros con una superficie cubierta de 24,79 mts.2, que en el plano de relevamiento obrante a fs. 454 se identifica como “detalle polígono M-N-I-J-M”, bajo apercibimiento de ejecución. III. Imponer las costas a los accionados, según lo indicado en el considerando. IV. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intevinientes y perito ingeniero constructor y agrimensor para cuando exista base cierta para ello, conforme las razones expuestas en el considerando. Protocolícese...Fdo.: Guillermo E. Falco. Juez.-
Seguidamente el Tribunal fijó las siguientes cuestiones a resolver:-
PRIMERA CUESTION : Es procedente el recurso de apelación?-
SEGUNDA CUESTION : Qué pronunciamiento corresponde dictar?-
Conforme el sorteo oportunamente realizado los Sres. Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dr. Miguel Angel Bustos Argañarás, Dra. Cristina E. González de la Vega y Dr. Raúl E. Fernández.-
A la primera cuestión planteada el señor vocal dr. Miguel Angel Bustos Argañarás, dijo:
1) Contra la Sentencia número Doscientos Doce, del quince de junio de dos mil siete, dictada por el señor Juez de Primera Instancia y Novena Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, la demandada –por medio de apoderados- interpusieron recurso de apelación, siendo concedido por decreto de fecha 28 de junio de 2007.-
Radicados los autos en la alzada e impreso el trámite de ley, la recurrente expresó agravios (fs 637/642), siendo respondidos por la contraria (fs 648/650vta, y 651/654vta).
Firme el proveído de “autos a estudio”, quedan los presentes en estado de ser resueltos.
2) La accionada al agraviarse de la Sentencia expone que los accionantes no pudieron disponer la venta del inmueble, y también donar la misma fracción a uno de sus hijos por Escritura n° 45 “a” de 1985, por la totalidad de las medidas del inmueble anteriores a la venta, donde se encuentra la franja vencida y totalmente pagada por Passini.
Como segundo agravio se quejan que los actores modifican la demanda cuando ya estaba trabada la misma, y se corre nuevo traslado a Lorena Beatriz Taborda y Juan Carlos Taborda –éste en carácter de usufructuario que donó como anticipo de herencia la nuda propiedad a Lorena Beatriz Taborda-, modificando así los requisitos del artículo 175, CPC, y no se aplicó la sanción del artículo 176, CPC.
Que el propietario de la unidad PH 1 Carlos Edgard Sánchez también modifica la demanda porque Juan Carlos Taborda decía en la misma que era el único poseedor de la fracción que se reivindica por Escritura de fs 3/4 y por esta Escritura modifica su pretensión.
Como tercer agravio aduce que no se ha valorado la totalidad de la prueba y se ha tomado parcialmente la que resulta favorable a la actora, ya que nada se ha dicho del Acta de Constatación, del 07.06.1998, comenta la testimonial ofrecida por la actora, y dice que los actos posesorios de los demandados lo fueron después de la muerte de Catalina Porcari, lo que no es así, porque se constatan actos posesorios anteriores. Agrega que el testigo García dijo que conoció a Passini (que ha fallecido) por una relación comercial como a su familia, y que no conoció a Notari y su esposa, que la declaración del testigo Delacula, y que conoció a Notari y Passini, y que hizo un trabajo con el Ing Alvarez para los Passini, y que el propietario era Notari, porque se haría una venta, y por ello se confeccionó un plano de subdivisión, por lo que se amojonó la fracción y se clavaron estacas para hacer el nuevo límite. Luego la declaración de Mortizantti, y que dice creer que Notari vendió.
Agrega que las tareas previas para la escrituración comenzaron con la medición de la fracción vendida por Notari y su esposa; que éstos no cumplen con lo estipulado en el boleto que es la restitución del dinero si no se escrituraba. Que al disponer por más de lo que le corresponde (art 3270, CC), y sin devolver el dinero la escritura es nula.-
Que del testimonio de Mortinzantti se desprende que los Passini tenían la posesión de la parte del lote vendida (fs 491), y que García a fs 489 reconoce las fotografías que se le exhiben, de lo que se desprende que Notari había entregado la posesión a Passini, lo que se corrobora con el Acta de Constatación.
Que los testigos Pereyra y Aragón (fs 277vta y 278), que la primera dice que siempre estuvo el señor Taborda, y la segunda que Notari vendió a Sánchez y Taborda.-
Agrega que la mala fe es la de Notari y Porcari y luego su hijo Víctor Ramón Antonio Notari, que no devolvieron el dinero de la fracción vendida, ni avisaron del desistimiento de la venta. Que la compra venta del inmueble se ejerce mediante título y modo, con posesión interrumpida, pública, pacífica y quieta, que los Passini ejercieron desde el primer momento.-
Solicita se revoque la Sentencia, con costas.-
3) La contraria contesta todos los agravios expuestos por los accionados, y por los argumentos que allí expresa, solicita confirme la Sentencia en todas sus partes, rechazando el recurso interpuesto, y se solicita a fs 652 que se declare desierto el recurso por falta de agravios, con costas.-
4) La sentencia de primera instancia contiene una correcta relación de causa que reúne las exigencias prescriptas por el artículo 329, CPC, por lo que para evitar inútiles repeticiones a ella nos remitimos, dándola aquí por reproducida, junto a los escritos de las partes.-
5) En primer término y en orden al pedido de deserción realizado, leído que fue el escrito de la recurrente se advierten agravios a la resolución atacada, de lo que se desprende que el apelante ha atacado los dictados del Iudicante, y por lo que pretende su modificación, por lo que merecen su tratamiento, desestimando así el pedido efectuado.
6) Cuando abordamos la acción de reivindicación, y en este caso que ha sido receptado por la Sentencia, apuntamos que l a acción de reivindicación, tal lo normado por el artículo 2758, CC, “...es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por lo cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella”. De lo que resulta que está habilitada para ejercerla, aquel sujeto que tiene derecho a poseer, del que verdaderamente posee la cosa, y en contraposición, aquel que la posee tiene que demostrar que no debe restituir la cosa.
Al referirse a los que se les acuerda la acción de reivindicación, Salvat, citando a Bibiloni nos refiere “Considera Bibiloni que tanto el derecho de propiedad, como los otros derechos reales que se ejercen por la posesión de una cosa, porque lo son, confieren poder para excluir a toda persona que impida el ejercicio. La reivindicación compete a los que tienen derechos sobre el bien, sin derecho a él (art 2772). “No es, por consiguiente, el dominio, el único derecho que autoriza la reivindicación. También el usufructuario, el usuario (arts 2863, 2876 y 2950), el prendario (art 3227), el anticresista (art 3239 y 3254), tienen derechos sobre la cosa –directos, no dependientes de intermediario alguno- que los autorizan para poseer las cosas sobre que han sido establecidas. Si por cualquier circunstancia han perdido esa posesión, tienen acción real para reivindicarla...” (Conf Salvat, Raimundo M, Tratado de Derecho Civil Argentino-Derechos Reales T° III, 4ª ed, pág 656, Bs As, 1959).
El requisito que exige la ley es que el reivindicante sea el propietario de la cosa a reivindicar, atento que el Codificador entendió que es una acción nacida del derecho de propiedad, y que éste haya perdido la posesión, lo que no ocurriría así ante la presencia de perturbaciones. Agregado a ello que la legitimación activa de la acción de reivindicación está en cabeza del titular del derecho real que se ejerce por la posesión, y en ese caso también está incluido el usufructuario. En ese contexto la doctrina ha expresado: “El art 2758, que al definir a la reivindicatoria dice que es la acción que nace del dominio, no constituiría óbice a la interpretación enunciada, porque: a) también Pothier, fuente importante de Vélez en esta materia y citando expresamente como tal la nota al art 2758 suele utilizar el término “dominio” en sentido amplio, y así, cuando se refiere a nuestro derecho de dominio, habla de domaine de propieté, y nombra vg al derecho del usufructuario como “dominio del usufructuario”, etc (de donde dominio sería un término genérico comprensivo de la propiedad). Por otra parte, en Pothier, el ámbito de la reivindicatoria es también amplio, y así, dice: “...no es necesario tampoco en el Derecho francés, que para que nosotros tengamos la reivindicación de una cosa estemos en posesión del dominio directo; es suficiente el dominio útil”. b) Porque el art 2758 no es una norma aislada, sino que debe armonizarse con las demás que integran el capítulo de la acción reivindicatoria, y en él nos encontramos con el art 2772, que establece: “La acción de reivindicación puede ser ejercida, contra el poseedor de la cosa por todos los que tengan sobre ésta un derecho real perfecto o imperfecto” (Conf Mariana de Vidal Marina, Curso de Derechos Reales, T° 3, pág 167, Bs As, 1991).-
En ese orden de ideas el argumento de la recurrente carece de sustento para modificar la resolución adoptada.-
Ahondando en el tema central de la acción de reivindicación que nos convoca, la jurisprudencia ha expuesto: "Siendo l a acción de reivindicación: "... la que puede ejercer el que tiene derecho a poseer una cosa para reclamarla de quien efectivamente la posee" (Borda, comentando el art. 2758 CC, en Tratado de Derecho Civil- Derecho Reales, Tº II pág 471, Bs As, 1984), teniendo una finalidad consistente en obtener la posesión de la cosa que está bajo el poder del reivindicado".
"Esta acción la puede ejercer quien tiene derecho a poseer, pero no posee. El dominio, confiere el derecho a poseer la cosa, porque es de su propia naturaleza ("inherente a la propiedad", reza el art. 2513 CC)".-
"El titular del derecho de dominio tiene derecho a poseer, y si ha perdido la posesión, puede ejercer la acción reivindicatoria (art. 2772 CC)".
"Cabe destacar que el dueño "no deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad...a no ser que deje poseer la cosa por otro, durante el tiempo requerido para que éste pueda adquirir la propiedad por la prescripción" (art. 2510 CC)".
"El propietario desposeído padece un cercenamiento del poder que tiene "sobre" la cosa, pero mantiene el derecho "a" reclamar la plenitud de las facultades que nacen del dominio (Conf Ca 1ª CyC, Cba, Voto Dr Sánchez Torres en, SENTENCIA NÚMERO: 197, veintidós de agosto de dos mil dos, "TODESCO MARÍA LUISA c/ JUAN RODOLFO ARMANDO -ACCION DE REIVINDICACIÓN").
No está demás recordar que también se ha expuesto como requisitos habilitantes de la acción que nos convoca que: “El artículo exige para poder intentar la acción de reivindicación dos requisitos: que el reivindicante sea propietario de la cosa...y que, además el titular haya realmente perdido la posesión de la cosa...” (Conf Peña Guzmán Luis Alberto, Derecho Civil –Derechos Reales, T° III, pág 636 y ss, Bs As, 1973).
Luego de estas reflexiones aplicables al caso que nos convoca y al abordar la resolución atacada, se colige que el Iudicante analizando la prueba aportada y al referirse a los actos posesorios de los demandados, se refiere al plano de la Ing Bernasconi confeccionado al crearse el Régimen de PH, y el del Ing Agrimensor Oficial Martín, y afirma –por ejemplo- que surge entre ellos una diferencia de superficie del orden de los 3,06 centímetros, lo que también es declarado al ampliar la demanda. Ello también es coincidente con las testimoniales de Carlos Edgard Sánchez, quien ratifica que el plano fue confeccionado por la Ing Bernasconi, quien también se refiere al muro construído a posteriori de la muerte de Víctor Notari. También el testigo Pereyra afirmó que primero hay un gallinero de la madre de Notari, y luego una pieza que habitaban los Passini. Aragón expone que primero vio un alambrado y luego una habitación y pared medianera. Que la muerte de Notari coloca a los demandados ejecutando actos a posteriori, y ello es producido en el año 1998, tales como la colocación de alambrados, construcción de tinglado y asador, lo que no es controvertido por otra prueba.-
Que los demandados agregan el plano confeccionado por el Ingeniero Alvarez, pero que fue reconocido por su ayudante el señor Juan Delacula, quien no sabe si el mismo fue aprobado.
Afirma también el Sentenciante que acepta la confección del boleto de compraventa, pero que no da cuenta de la tradición de la cosa, el mismo no puede enervar el derecho real de dominio, y que el actor ha acreditado la posesión de la cosa, sino que también con la aprobación de planos en la Municipalidad.-
Aduce también que los demandados al intentar la prescripción adquisitiva decenal, no han logrado controvertir la presunción de mala fe que surge de la posesión planteada producto del vicio que se desprende del título esgrimido, concluyendo que los demandados invadieron propiedad del actor, por lo que se recepta la demanda de reivindicación impetrada.-
7) En el análisis del tema planteado, se ha receptado la acción en orden a que los demandados sólo cuentan con un boleto de compraventa, lo que no representa el justo título que el Codificador exige, como requisito para el planteo de la prescripción adquisitiva corta o decenal. Por lo demás, y sobre el dinero que falta restituir, será pasible de otro tipo de acciones.
En este contexto cae el argumento de la apelante dirigido a que los actores no podían disponer del inmueble, ya que los mismos eran los titulares dominiales de la cosa en discusión.-
El agravio referido al cambio de postura en la demanda por parte de los accionantes, al contestar los demandados la demanda a fs 130/138, no tuvieron la misma premura y no expusieron el caso para su tratamiento, por lo que ocurrió la preclusión, que se entiende como el cierre de una etapa procesal para pasar a la siguiente. Ello impide el tratamiento en esta instancia.
De las probanzas arrimadas a los presentes actuados, es que el Juzgador ha adoptado como sustento de su resolución aquellas que entiende contribuyen a la solución del tema, sin que por ello debe entenderse que se ha desprendido de la otra prueba aportada, sino que adoptó la que entiende es de suma utilidad para el caso.
La actividad valorativa de la prueba es una actividad que le corresponde al Juez, resultando una de la más importante en materia de prueba, y de las principales del proceso, y como regla general puede apuntarse que la valoración de la prueba, corresponde al momento procesal de tomar una decisión sobre los hechos de la causa. El fin de la prueba es aportarle al Juez el convencimiento sobre los hechos a que debe aplicar las normas jurídicas (Conf en similar sentido, Devis Echandía Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Tº 1, págs 302 y ss, Bs As, 1981). De la prueba a que se refiere el apelante, no alcanza para desvirtuar los argumentos del Iudicante, aún cuando desde la postura del recurrente se entienda como prueba dirimente.
En nuestro sistema rige el principio de amplitud de la prueba (se admite la recepción del testimonio), cuyo mérito y en su caso su eficacia habrán de ser ponderados recién en la formación de la sentencia y armonizándolas con las otras constancias que se han acompañado a los autos. Por ello es que no toda prueba testimonial es útil para la resolución de la contienda judicial, sino que de la prueba testimonial rendida -cuando las mismas tienen diferencia matices en su relato-, será calificada y el Juez va a recoger la que entiende que es la más ajustada al caso concreto, y en su caso se aferrará a ésta y desechará la otra. Es por ello que no se puede sostener el argumento de la recurrente, ya que la prueba mencionada carece de efectos que puedan modificar la resolución adoptada por el Sentenciante.-
8) En atención al estudio relacionado supra, corresponde rechazar el recurso de apelación, manteniendo la Sentencia en todas sus partes, imponiendo las costas de la Alzada a la recurrente por resultar vencida (artículo 130, CPC).-
VOTO POR LA NEGATIVA.-
A la primera cuestion planteada la señora vocal dra. Cristina E. González de la Vega, dijo:
Adhiero a los fundamentos y conclusiones que propicia el Señor Vocal preopinante y en consecuencia a la primera cuestión voto en idéntico sentido.
A la primera cuestion planteada, el señor vocal dr. Raul Eduardo Fernandez, dijo:
I. Remito a la relación de los agravios contenida en el primer voto y destaco que la primera censura expuesta por los apelantes desatiende las reflexiones jurídicas expuestas por el señor Juez a quo, y que comparto, con relación al concepto de “justo título”, que unido a la buena fe, justifican la prescripción adquisitiva breve (art. 3999 C.C.).-
En efecto, la invocación de un boleto de compraventa no confiere a los apelantes la portación de un justo título.
Esto así pues, como lo señala la doctrina, “justo título es un título que está revestido de las solemnidades exigidas por la ley, pero presenta algunos defectos o vicios, por lo que no debe confundirse con el título perfecto, ni con el título putativo”.-
“El ‘título perfecto’, -emanado del verdadero propietario, y sin ningún defecto de forma, ni de fondo-, unido a la tradición de la cosa, transmite plenamente el derecho real, y por tanto resulta innecesario recurrir a la prescripción decenal para consolidar el derecho del adquirente”.
“El ‘título putativo’, es algo que se considera título, sin serlo; en otras palabras, no es título, o porque no es causa suficiente de adquisición, o porque no es aplicable al bien que se posee, por lo que debemos concluir que en tales casos se carece de título”.
“Insistimos en que el ‘justo título’, además de ser causa válida para la adquisición de un derecho real, tiene que estar revestido de las solmenidades necesarias (art. 4010), es decir, debe constar en escritura pública (ver art. 1184 y nota al art. 4012 ). ¿Cuáles son, entonces, los defectos que hacen que el justo título no sea perfecto? Pueden ser de dos tipos: a) El título, pese a ser causa de adquisición, y estar revestido de las solemnidades correspondientes, emana de una persona que no es el propietario del inmueble (art. 4010, in fine); o b) el título ha sido otorgado por una persona incapaz; en este caso posee las formas debidas, pero hay vicios de fondo, lo que no es obstáculo para la buena fe del poseedor (arg. nota art. 4007)”.-
Y de manera esclarecedora para el caso de autos se afirma que “Algún autor (ver BORDA, “Reales” T. I Nº 373, p. 317) con posterioridad a la ley 17.7711, ha sostenido que el llamado ‘boleto privado’ otorgaría justo título para la prescripción abreviada de 10 años, basándose en el párrafo agregado al art. 2355 que dice: ‘...Se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de buena fe, mediando boleto de compraventa’”.-
“..El hecho de que ‘se considere legítima’ a la posesión de buena fe basada en un documento privado, no confiere a ese instrumento la cateogría de título perfecto para el dominio, ni tampoco de ‘justo título’ para la prescripción. Los efectos de esa norma se reducen al trato que debe concedèrsele a ese poseedor, cuya buena fe le servirá para adquirir los frutos de la cosa que posee; pero en ninguna manera justifican que se afirme que está provisto de ‘justo título’, pues el art. 4010 no ha sido modificado,y el mencionado instrumento privado carece de las ‘solemnidades exigidas’”. (Moisset de Espanés, Luis, “Notas sobre el Justo Título y la Prescripción Adquisitiva Decenal”. C. y J. (Sem. Jur.) T. XXVIII, D.5 y sgts, el destacado es mío).
Luego, la alusión a la imposibilidad de venta del inmueble a su parte, para luego ser donado al hijo de los titulares dominiales, desatiende el hecho que el boleto no constituye un título suficiente para transferir el derecho real de dominio (art. 577 C.C.).-
II. El segundo agravio, por el cual se asevera que los actores modificaron la demanda cuando ya estaba trabada la litis, no puede recibirse pues ha operado el consentimiento preclusivo de los impugnantes.
En efecto, estos últimos contestaron el nuevo traslado de la demanda (fs. 130/138), corrido luego de resuelta la excepción de defecto legal y las protestas no encauzadas concretamente en un medio impugnativo, de los previstos legalmente, no son suficientes para permitir que la cuestión sea considerada nuevamente a esta altura del proceso.
Si entendían que existía violación de su derecho de defensa, debieron impugnar el trámite impreso, lo que no hicieron. Con su silencio impidieron la alegación en esta instancia procesal, máxime que estamos frente a un procedimiento ordinario (fs. 10), de donde la apelación no permite invocar vicios del procedimiento anteriores a la sentencia (art. 362 C.P.C.), pues como no rige la inapelabilidad incidental (como sí sucede, v.gr. en el juicio abreviado), la cuestión debió haber sido traída oportunamente a esta Alzada, lo que no ha sucedido.(Conf. Mi voto en: C4a.CCCba. in re “Alba, Anahí c/ Margarita B. Rivero y otro - Ordinario” Sentencia n° 16 del 28.2.02; de mi autoría: “Impugnaciones ordinarias y extraordinarias en el C.P.C. de Córdoba, Ed. Alveroni, Córdoba, 2006, pág. 255 y sgts).-
Este es, por otra parte, el criterio del Superior (Conf. T.S.J. Cba. Sala Civ. y Com. in re “Marín, José Alejandro c. Bibas, Ana Cristina –Desalojo por abandono.Recurso Directo” sentencia nº 67 del 8.6.04, Foro de Córdoba nº 93,pág. 196).
En suma, la preclusión torna inaudible la censura en análisis.
III. En cuanto al agravio por el cual se afirma que el señor Juez a quo tomó parcialmente la prueba que beneficia a la parte actora , cuadra destacar que los tribunales están obligados a valorar toda la prueba producida, más no a explicitar el mérito de todas y cada una de ellas, sino sólo de las que consideren esenciales para su resolución.-
Si una parte se siente agraviada por la omisión probatoria , cuenta con las posibilidades recursivas para hacer variar la cuestión.
Pero para ello debe valerse del método de inclusión mental hipotética , mediante el cual, siguiendo el iter del razonamiento del juzgador, e incluyendo la prueba preterida, demuestre que la solución a que se arribaría sería distinta.
El señor Juez a quo sentó dos hitos a los que debían referirse los apelantes,demostrando la inconsistencia del razonamiento del juzgador. Tales fueron que atento la muerte de la señora Angela Catalina Valentina Porcari, acaecida el 20.9.1998, es desde esa fecha que los demandados pudieron realizar actos posesorios y no desde 1984, como se afirmara; y que como no hay justo título, ello se convierte en óbice para acreditar el ejercicio posesorio de data anterior al actor y con trascendencia dirimente y legítima en la desposesión que han pretendido realizar sobre la parcela de terreno que se reclama.-
El primer medio probatorio que se dice omitido en su valoración es el acta de constatación notarial del 7.6.1998, pero es el caso que tal acta, aunque instrumento público en sí misma, carece de eficacia probatoria, por no haber podido ser controlada por aquellos a quienes se opone.-
El testigo Jesús García, en lo que es de interés, declara que hace más de diez años había un galpón con techa de chapa.
El testimonio del señor Juan José Delacula no ha sido omitido, sino, por el contrario, valorado por el sentenciante, quien le restó dirimencia. Esto así pues señaló que fue colaborador del Ing. Alvarez (que habría realizado el plano), y que el testigo sólo realizó trámites ante el Colegio de Ingenieros.-
Por fin, el testigo Juan Bautista Mortizantti no agrega nada favorable a la postura de los apelantes, pues señala que cree que Notari vendió y que en los fondos de la casa había una especie de gallinero, que hace diez o doce años que fue a la casa de Passini.
Pero es el caso que esa prueba se debe concatenar con la defensa de prescripción adquisitiva breve que, como se dijo, no es procedente en la causa, por falta de justo título.-
En suma, la prueba cuya valoración no se explicitó en la sentencia, no tiene influencia causal para cambiar el resultado de la litis.
IV. El último agravio, por el que se sostiene la buena fe de los demandados, basándola en el análisis de testimonios rendidos tampoco puede ser recibida, a poco que se recuerde, nuevamente, que no se considera de buena fe a quien no tiene título, conforme los requerimientos de la ley fondal.
Esto así, la apelación no puede ser recibida, por lo que reitero mi adhesión a las conclusiones a que arriban los señores Vocales preopinantes.-
A la segunda cuestión planteada, el señor vocal dr. Miguel Angel Bustos Argañaras, dijo:
Atento el resultado del análisis realizado, propongo que se rechace el recurso de apelación de la demandada, manteniendo la Sentencia en todas sus partes.
Las costas de la Alzada deben ser impuestas a la recurrente, por resultar vencida (art 130, CPC).
Disponer que en su oportunidad se regulen los honorarios de los Dres María Isabel Olmos Vallejos y Luis Guillermo Piergiovanni, de acuerdo a lo normado por los artículos 25, 25 bis, 29, 31, 34, 37, 62, ley 8226 (arg art 125, ley 9459).-
ASI VOTO.-
A La Segunda Cuestión Planteada La Señora Vocal Doctora Cristina Estela Gonzalez De La Vega, Dijo:-
Adhiero a los fundamentos y conclusiones que propicia el Señor Vocal preopinante y en consecuencia a la segunda cuestión voto en idéntico sentido.-
A la segunda cuestion planteada, el señor vocal dr. Raul Eduardo Fernandez, dijo:
Adhiero a los fundamentos y conclusiones que propicia el Señor Vocal de primer voto y en consecuencia a la segunda cuestión voto en idéntico sentido.-
Por lo expuesto,
Se Resuelve:
1) Rechazar el recurso de apelación de la demandada, manteniendo la Sentencia en todas sus partes.-
2) Costas a la recurrente por resultar vencida (art 130, CPC).
3) Disponer que en su oportunidad se regulen los honorarios de los Dres María Isabel Olmos Vallejos y Luis Guillermo Piergiovanni, en el treinta y cinco por ciento del punto medio de la escala del artículo 34, ley 8226 para cada uno (artículos 25, 25 bis, 29, 31, 34, 37, 62, ley 8226 -arg art 125, ley 9459-).

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