martes, 13 de enero de 2009

Secuestro prendario, vigencia

Secuestro prendario. Reinscripción del contrato. Plazo de caducidad. Autorización
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno

11 de abril de 2006
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Banco Bansud S.A. v. Cruz, Hugo R.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno

En Buenos Aires, el 11 de abril de dos mil seis, se reúnen los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, para conocer en la causa caratulada: "Banco Bansud S.A. c/ Cruz, Hugo Roberto s/ secuestro prendario" (Expediente N° 13.893/01), donde se concedió un recurso de inaplicabilidad de la ley, con el objeto de resolver la siguiente cuestión:
"En el trámite de un secuestro prendario, ¿corresponde autorizar una nueva inscripción del contrato una vez transcurrido el plazo de 5 años previsto en el art. 23 de la ley de la materia?"

I. Los señores jueces Gerardo G. Vassallo, Isabel Míguez, Juan José Dieuzeide, Enrique M. Butty , José L. Monti y Bindo B. Caviglione Fraga dicen:
A-Motiva la presente convocatoria la discordancia existente entre algunas de las Salas del Tribunal respecto de la pertinencia de autorizar, en el trámite de un secuestro prendario (art. 39 de la ley 12.962- XI, t.o dec. 897/95) una nueva inscripción del contrato, una vez transcurrido el plazo de 5 años previsto en el art. 23 de esa normativa.
La Fiscal General ante esta Cámara, en su dictamen de fs. 75/76 propone que este Tribunal en pleno, en tanto "juez del recurso" y quien en definitiva se pronunciará sobre la cuestión para la que ha sido convocado, reexamine la concurrencia de los recaudos exigidos para la apertura de esta instancia de excepción.
Sostiene la fiscal que el recurso concedido en fs. 66/68 debe ser declarado inadmisible por el tribunal plenario toda vez que se encuentra, a su entender, ausente el requisito exigido por el art. 288 del Código Procesal. Funda dicha afirmación en la circunstancia de que el procedimiento previsto en el art. 39 de la ley de prenda, en tanto se cumple sin intervención del deudor, no constituye propia y específicamente un "proceso" y, por ende, no resultaría apto para culminar con el dictado de una sentencia.
Disentimos con la fiscalía en este punto.
En efecto, para llevar a cabo el procedimiento especial regulado por el art. 39 de la ley prendaria es necesario el cumplimiento de ciertos actos en sede jurisdiccional, con la consiguiente intervención de un juez que ordenará el secuestro del bien prendado.
En este sentido, la actividad judicial necesaria en el trámite previsto por la norma aludida se desenvuelve dentro de estructuras legales cuya organización y elementos coinciden con los de los procesos contenciosos (forma de la petición y de la decisión) y se ajusta a un cierto orden progresivo que tiende a satisfacer una concreta petición.
Por otro lado, tampoco cabe negar que, en el marco de esa actividad jurisdiccional, se pueden adoptar decisiones que poseen el carácter de definitivas.
La decisión que deniega, en el trámite de un secuestro prendario, la autorización para una nueva inscripción del contrato, una vez producida la caducidad prevista en el art. 23 de la ley 12.962-XI, es definitiva en tanto pone fin al procedimiento especial previsto en el art. 39.
En efecto, toda vez que el ejercicio de la facultad que confiere dicho art. 39 de la ley de prenda supone la vigencia de la inscripción de la prenda, de la caducidad de dicha inscripción se deriva inexorablemente la imposibilidad de las entidades referidas por la norma de continuar con el trámite del secuestro prendario.
Por lo demás, producida la caducidad de la inscripción de la prenda, la decisión de no autorizar una nueva inscripción involucra la insubsistencia misma del privilegio y, por ende, de la posibilidad de oponer la garantía real frente a terceros.
Sentado lo expuesto, y luego de haber reexaminado los extremos que dieron origen a la apertura de esta instancia de excepción, cabe entrar a analizar la cuestión propuesta a este acuerdo plenario.
B- Adelantamos nuestra respuesta negativa a la cuestión planteada en esta convocatoria: en el trámite de un secuestro prendario, no corresponde autorizar una nueva inscripción del contrato una vez transcurrido el plazo de cinco años previsto en el art. 23 de la ley de prenda. Exponemos a continuación los argumentos que sustentan nuestra posición.
C- El art. 39 de la ley 12.962-XI (t.o. dec. 897/95) autoriza a ciertos acreedores institucionales a requerir judicialmente el secuestro del bien prendado al solo efecto de proceder a su venta por subasta extrajudicial.
El trámite especial previsto en la norma no importa la iniciación de un proceso de ejecución, sino que sólo está destinado a preparar -secuestro mediante- la venta privada del bien sobre el que reposa la garantía prendaria. En ello se agota la finalidad de este particular trámite y la actividad jurisdiccional se limita, por tanto, a la mera comprobación de los recaudos de admisibilidad de la medida y al diligenciamiento de la orden de secuestro respectiva.
El procedimiento arbitrado en el art. 39 tiende exclusivamente a poner a disposición de la institución acreedora los bienes objeto de la prenda con el único objetivo de posibilitar el procedimiento del remate extrajudicial previsto en el art. 585 del Código de Comercio, y por este motivo el secuestro así solicitado tiene carácter esencialmente ejecutivo.
En esa inteligencia, resulta forzoso concluir que no corresponde autorizar, en el marco de este trámite judicial acotado, una nueva inscripción del contrato prendario.
En efecto, conceder esa autorización en un trámite como éste implicaría eludir los límites impuestos por la finalidad exclusiva que atribuye la ley a la intervención judicial y carecería, por tanto, de sustento normativo.
Bastarían tales consideraciones para fundar la respuesta negativa a la cuestión propuesta a este tribunal plenario, pero existe aun otro argumento que avala nuestra posición.
D- No puede descuidarse que el art. 23 de la ley 12.962-XI (t.o. dec. 897/95) limita en el tiempo el privilegio del acreedor prendario.
El texto legal establece en primer término un principio general: "El privilegio del acreedor prendario se conserva hasta la extinción de la obligación principal, pero no más allá de cinco (5) años contados desde que la prenda se ha inscripto, al final de cuyo plazo máximo la prenda caduca". En su segundo párrafo la norma autoriza al acreedor a reinscribir el contrato por igual término, siempre que lo solicite antes del vencimiento del plazo de caducidad de la inscripción.
El privilegio del acreedor prendario tiene el límite de tiempo que la norma le fija específicamente, por lo que el vencimiento del plazo de cinco años produce de pleno derecho la caducidad de la inscripción de la prenda y, con ella, la de los efectos de la garantía pignoraticia.
Resulta evidente, entonces, que autorizar al acreedor prendario a efectuar una nueva inscripción del contrato, una vez transcurrido el plazo de caducidad previsto en el art. 23, implicaría revestir al solicitante de la facultad de hacer renacer unilateralmente un privilegio, en contraposición no sólo de la voluntad explícita de la ley específica sino de la doctrina del art. 3876 del Código Civil.
Sólo resta recordar, por último, que "toda cuestión vinculada a la inscripción -que marca el momento inicial de funcionamiento de los efectos del privilegio (prendario)- debe resolverse con criterio restrictivo, que impone la naturaleza de la excepción que corresponde a la regla fundamental del derecho exceptio est strictissima interpretationis" (Alvo, Sebastián E., "Prenda con Registro", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1969, Volumen II, pág. 352).
E- En atención a los argumentos expuestos, damos respuesta negativa a la cuestión propuesta en esta convocatoria.
II- Los señores jueces Rodolfo A. Ramírez, Angel O. Sala y Martín Arecha dicen:
A- A fs. 72 la Presidencia del Tribunal, en cumplimiento del mandato impuesto por el art. 294 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, fijó la cuestión a resolver en los siguientes términos: " En el trámite de un secuestro prendario, ¿corresponde autorizar una nueva inscripción del contrato una vez transcurrido el plazo de 5 años previsto en art. 23 de la ley de la materia?".
B- Cumplido en fs. 74 el recaudo exigido por el art. 297 del aludido ordenamiento, procede en esta etapa emitir opinión respecto de la cuestión para la que hemos sido convocados.
C- Empero previamente, creemos necesario destacar que, en nuestro parecer, el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto es inadmisible.
Es oportuno recordar que esta vía es de otorgamiento restrictivo por ser de carácter extraordinario y, por ende, el cumplimiento de los recaudos formales y sustanciales para su admisiblidad debe ser examinado desde esa óptica (esta Sala, 17.5.04, "José Musar S.A.C.I.F.I. y Ag. s/concurso preventivo s/incidente de investigación"; ídem, 14.10.04, "Del Norte c/ Autolatina Argentina S.A. s/ordinario"; ídem, 27.5.05, "Zanella Mare S.A. s/concurso preventivo s/revisión por A.F.I.P."; entre otros).
Constituye condición de viabilidad del recurso -entre otros aspectos- su interposición contra una sentencia definitiva, entendiéndose por tal la que terminare el pleito o hiciere imposible su continuación y siempre que no pudiere seguirse otro juicio sobre el mismo objeto (art. 289 del Código Procesal).
D- El art. 39 de la ley 12.962-XI concede a ciertos acreedores institucionales la facultad de requerir judicialmente el secuestro del bien prendado al solo efecto de proceder a su venta extrajudicial o privada.
El procedimiento arbitrado por la norma circunscribe la actuación judicial a poner el bien prendado a disposición de la institución acreedora para que proceda a venderlo en la forma prevista en el art. 585 del Código de Comercio, careciendo el deudor de la posibilidad de plantear cuestión alguna susceptible de obstaculizar el inmediato ejercicio del derecho que se confiere a aquélla, siendo por lo tanto inadmisible el examen y discusión de derechos o privilegios sobre el bien (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Editorial Abeledo Perrot, 1993, t.VII, págs. 747, 748, n° 1198, b).
Así, pues, la actividad jurisdiccional se limita a la mera comprobación de los recaudos de admisibilidad de la medida y al diligenciamiento de la orden de secuestro respectiva. La misión del juez sólo atiende a efectivizar el secuestro del bien y concluye al ponerlo a disposición del acreedor prendario. Allí finaliza su intervención y nada más cabrá hacer. El desapoderamiento del bien es el único objetivo del trámite, ello sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario posterior, los derechos que tenga que reclamar al acreedor. Desde tal óptica, ha sostenido reiteradamente esta Sala que por cumplirse el trámite del secuestro previsto en el art. 39 sin que medie contradictorio con el deudor, a quien tampoco se le admite recurso alguno, no media instancia (conf. Sala E, 23.10.96, "Banco Mercantil Argentino S.A. c/ Hyderman, Perla"; ídem, 11.3.97, "Invercred Cía. Fin. S.A. c/Benavides, Horacio s/secuestro prendario"; ídem, 14.11.97, "Citibank NA c/ Empresa Liniers S.A. y de T. s/ secuestro prendario"; ídem, 8.3.99, "Banesto Banco Shaw S.A. c/López Pedro Manuel s/ejecución prendaria"; entre otros).
Por lo expuesto, y en tanto el trámite del secuestro prendario no constituye propia y específicamente un "proceso", no resulta apto para culminar con el dictado de una sentencia, encontrándose ausente el extremo requerido por el art. 288 del Código Procesal, en cuanto exige que el recurso de inaplicabilidad de ley sea deducido contra una sentencia definitiva (en igual sentido, dictamen de la Fiscalía de fs. 75/76).
E- Por otro lado, tampoco cabe soslayar que el recurso es también inadmisible cuando pudiera seguirse otro juicio sobre el mismo objeto (art. 289 del Código Procesal).
Tal es el caso de autos. En efecto, la decisión que deniega en el trámite de un secuestro prendario la autorización para una nueva inscripción del contrato, una vez producida la caducidad prevista en el art. 23 de la ley 12.962-XI , puede importar la pérdida de la vía ejecutiva, pero deja subsistente la acción del acreedor para perseguir el cobro de su crédito por otros procesos, si la obligación principal aún subsiste.
Por último, no podemos dejar de advertir que la sentencia dictada en la especie por la Sala C de este Tribunal -fs. 48/50- refirió expresamente a la eventual existencia de derechos que el pretenso acreedor pudiera ejercer por otras vías.
Asimismo, el precedente invocado como contradictorio por el recurrente -fs. 57 vta., Sala D, 22.2.02, "Citibank N.A. c/Sakamoto Arlindo Horvo s/secuestro prendario"-, en tanto refiere al art. 218 del Código Procesal, asume como posible la existencia de conflictos por el orden de prelación de los embargos que necesariamente deben debatirse en otros procedimientos judiciales.
Por ello estimamos que correspondería haber desplenarizado el sub lite (CNCom., en pleno, 24.3.04, "Hotelera Paraná de las Palmas S.A. s/concurso preventivo", expte. N° 11.741/98; ídem, 16.4.04, "Proteco S.A. s/cancelación", expte. N° 9.666/97).
F- Formuladas las aclaraciones precedentes y en lo que atañe a la cuestión en debate, adherimos a la respuesta negativa por los fundamentos vertidos en los puntos C y D de la ponencia mayoritaria que coincide con la posición de esta Sala (vgr. 24.10.02, "Citibank N.A. c/Oberto Hnos. SC s/secuestro prendario"; ídem, 11.3.03, "J. Vazquez Iglesias S.A. c/Gallo, Hernán Darío y otro s/ejecución prendaria"; entre otros).
III- Los señores jueces María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Miguel F. Bargalló y Felipe Cuartero dicen:
1. Compartimos el criterio expuesto por la mayoría -criterio que, por tanto, deviene aceptado-, en el sentido que la denegatoria de la nueva inscripción del contrato prendario tiene efectos definitivos sobre el trámite del secuestro prendario; pensamos que, además, tal denegatoria tiene igualmente efectos definitivos respecto de la posibilidad de readquirir ex novo el privilegio caducado.
2. Conforme con el art. 23 de la ley de prenda con registro (t.o. por decreto 897/95), el privilegio del acreedor -o del créditoprendario se conserva hasta la extinción de la obligación garantizada, pero no más allá de cinco años a contar desde la inscripción de la prenda, plazo a cuyo vencimiento el privilegio caduca.
Empero, la misma norma prevé la prórroga de ese plazo -y la conservación del privilegio- en dos supuestos: a) la reinscripción del contrato a solicitud del acreedor -o legítimo tenedor del instrumento antes inscripto-, formulada antes de operarse la caducidad del privilegio, y b) la reinscripción ordenada por el juez de la ejecución prendaria -o del secuestro prendario, cabe agregar-, que puede disponerse tantas veces como sea necesario, a pedido del actor ejecutante formulado con anterioridad a la caducidad de la inscripción.
Ciertamente, en ambas hipótesis se trata de prendas con privilegios vigentes -no ingresados en caducidad-, cuyo mantenimiento depende de la oportuna iniciativa unilateral del acreedor o del acreedor ejecutante -o peticionario del secuestro prendario-.
De tal modo, si bien la vigencia del privilegio es acotada en el tiempo, su plazo puede ser prorrogado a pedido del interesado, formulado -en la letra de la ley- pendiente la vigencia de ese privilegio.
3. No se advierte óbice legal, ni de otra especie, para que el privilegio caducado por el transcurso del tiempo pueda ser readquirido por el acreedor -o por su crédito-, en los términos en los que han sido admitidos por cierta jurisprudencia a la que hemos adherido, esto es: una nueva inscripción luego de operada la caducidad, novedad de la que, frente a terceros, resulta un nuevo privilegio.
3. a) En primer lugar, es claro que la ley no prevé tal nueva inscripción, pero tampoco la prohíbe o impide.
Ese renacimiento o readquisición del privilegio deriva de un acto unilateral del acreedor, pero igual sucede con la legalmente prevista y autorizada reinscripción oportuna de la prenda, la cual procede ante la sola "... solicitud de su legítimo tenedor dirigida al encargado del Registro... " o, cuando fue iniciada la ejecución prendaria, ante la solicitud del ejecutante, quien "... tiene derecho a que el juez ordene la reinscripción... " (citas, ambas, del art. 23 de la ley de prenda con registro).
Además, ha de verse que la conformidad o la participación del deudor es indiferente o irrelevante (cciv 3876), y que -en todo caso éste inicialmente expresó su voluntad de constituir la prenda. 3. b) La nueva inscripción del contrato prendario posterior a la caducidad no es impedida por el régimen de los arts. 17 y ss. de la ley de la materia, cuyo art. 19 establece que la inscripción tardía -esto es: la solicitada luego de transcurridas 24 horas de la celebración del contrato produce efectos sólo desde la presentación al Registro.
Efecto que, precisamente, es el reconocido a tal nueva inscripción por la jurisprudencia a la que hemos adherido, lo cual preserva los derechos que puedan haber adquirido terceros acreedores del deudor prendario por causa de la caducidad del privilegio prendario: el nuevo privilegio sólo operará para el futuro y luego de la nueva inscripción.
Es decir: el nuevo privilegio quedará postergado por otros gravámenes reales o medidas cautelares posteriores a la inicial inscripción y anteriores a la nueva, de modo que este nuevo privilegio no gozará de su prioridad originaria.
En la situación descripta, consideramos que se respeta tanto el derecho del acreedor remiso, cuanto los derechos de eventuales terceros, quienes no perderán las posiciones adquiridas por consecuencia de la caducidad del privilegio.
3. c) Finalmente, es sabido que el art. 39 de la ley de prenda con registro habilita a ciertos acreedores institucionales a solicitar el secuestro de la cosa prendada para su ejecución o venta extrajudicial; esta facultad responde a la intención de abrir un procedimiento rápido, expeditivo y de menores gastos que los comunes, en beneficio de ambas partes.
Entonces, la finalidad misma de esta tan especial norma colabora en autorizar la respuesta afirmativa a la cuestión planteada en esta convocatoria a plenario: la aplicación del principio tutelar de la previsión legal -garantizar con celeridad, seguridad y menores costos el recupero de sus créditos por parte de ciertas instituciones- conduce a habilitar, en el marco del procedimiento del art. 39 de la ley de la materia, la nueva inscripción del contrato de prenda, luego de transcurrido el plazo de cinco años previsto en el art. 23 de ese cuerpo legal.
4. Por derivación de lo precedentemente expuesto, damos respuesta afirmativa al interrogante planteado como tema de esta convocatoria a plenario.
IV- Por los fundamentos del acuerdo precedente, se fija como doctrina legal que: En el trámite de un secuestro prendario, no corresponde autorizar una nueva inscripción del contrato una vez transcurrido el plazo de 5 años previsto en el art. 23 de la ley de la materia.
Dado que el pronunciamiento de fs. 48/50 se adecua a la doctrina establecida, se lo confirma.

Los doctores Ana I. Piaggi y Héctor M. Di Tella no intervienen por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Notifíquese y vuelva la causa a la Sala de origen.

Rodolfo A. Ramírez - Gerardo G. Vassallo - María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Isabel Míguez, Juan José Dieuzeide - Enrique M. Butty - José Luis Monti - Bindo B. Caviglione Fraga - Miguel F. Bargalló - Felipe M. Cuartero - Angel O. Sala - Martín Arecha., por ante mí: Juan Pedro Tisera (Secretario de Coordinación G

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