martes, 13 de enero de 2009

Caso Copetro, contaminación. Fallo de Cámara

Publicamos la sentencia de la Cámara de Apelaciones de La Plata por la que se confirmó parcialmente la de primera instancia, que ordenaba detener la emisión al exterior de elementos contaminantes provenientes del establecimiento de la demandada, Copetro S.A., productora de carbón de coque, y dispuso elevar la indemnización de los daños provocados por tal contaminación a los actores, residentes de un barrio lindero, hasta llevar el capital de condena a la suma de $ 1.991.633,34, más intereses y costas. TEXTO COMPLETO DEL FALLO



Así lo resolvió la Sala Tercera de la Cámara, en los autos "SAGARDUY ALBERTO OMAR C/ COPETRO S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS".

La causa fue iniciada por 47 actores, contra Copetro, que se dedica a la producción de coque calcinado de petróleo, actividad que los actores consideran contaminante y que les habría causado perjuicio en su salud y afectado el valor de sus viviendas.

Cabe destacar que todos los actores habitan en las cercanías de la planta industrial de la demandada.

La sentencia de primera instancia, tras rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada Copetro S.A., acogió favorablemente las pretensiones actoras y, consecuentemente, ordenó detener la emisión al exterior de elementos contaminantes, y la indemnización de los daños provocados por tal contaminación con costas a la demandada.



La decisión es apelada por las dos partes. La parte actora circunscribe su queja al "quantum" de la condena. Por su parte, la empresa accionada, luego de realizar una serie de consideraciones generales, reprocha: que la sentencia ordena indemnizar un daño incierto; que no corresponde indemnizar el rubro desvalorización de la vivienda; que a los efectos del cómputo de los intereses la sentencia erróneamente considera al daño como instantáneo; y, por último, que se le haya rechazado la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria.



En la Alzada, el preopinante es el Dr. Pérez Crocco, quien comienza por recordar que “tenemos, por un lado, "el daño ambiental per se", que es el perjuicio o menoscabo soportado por los elementos de la naturaleza o el medio ambiente, sin afectar a personas o cosas bajo una tutela jurídica específica; y por otro, "el daño provocado a los individuos a través del ambiente", que se refiere a las diversas hipótesis de daño, ya reconocidos por el derecho clásico, a las personas o a las cosas, por una alteración del medio ambiente, a causa del obrar humano. Dentro de esta noción cabe la suma de daños individuales, o sea los daños sufridos por víctimas plurales a raíz de un mismo hecho lesivo, la contaminación del ambiente.”

“Ahora bien, en este expediente -al igual que en su precedente “Almada”- los actores acumularon pretensiones abarcativas de esas dos clases de daños; o sea, una, referida al cese de la contaminación ambiental (daño ambiental per se) que expresa al lado del interés individual que la impulsara un interés colectivo y difuso (el que poseen todos los integrantes de la comunidad aledaña a la empresa a la salubridad del medio ambiente que se dice contaminado por ella); otra, que apunta al resarcimiento del daño que sufrieran cada uno de los actores a través del ambiente.”



El caso Almada

En la presente causa, el Dr. Pérez Crocco se referirá más de una vez, a lo resuelto en autos “ALMADA, HUGO N. C/COPETRO S.A. Y OTRO Y SUS ACUMULADAS C/COPETRO S.A.” (Cámara 1ª Civ. Y Com., Sala III, La Plata, 9- II-1995 texto completo en Revista J.A., octubre 11 de 1995, Nº 5954, págs. 22 y sigs.).

En “Almada” y causas acumuladas, los actores inician sucesivas demandas por los daños ambientales causados por las emisiones de la fábrica “Copetro”; piden la cesación de las emanaciones y la reparación de los daños físicos y morales. La sentencia de primera instancia hizo lugar a las demandas.

La demandada apeló el fallo, pero la Cámara lo ratifica, condenando a Copetro al cese inmediato y para siempre de las emisiones contaminantes y la reparación de los daños causados. Entre sus fundamentos están los siguientes :

• No puede desconocerse a cada uno de los sujetos particularmente afectados, su legitimación para demandar individualmente en juicio la defensa y reparación de sus derechos lastimados o en riesgo de serlo. Es obvio que en la defensa de esos derechos de naturaleza ambiental, la resolución judicial que disponga el cese de los efectos contaminantes ha de ir mas allá de la mera pretensión individual del actor, ya que sería absurdo pretender limitar los alcances del mandato judicial a la relación jurídico-procesal nacida en cada proceso judicial.

• Los vecinos de la empresa contaminante están legitimados para reclamar individualmente por la contaminación, en virtud del artículo 2618 del C.C., amén de también poder hacerlo como modo de evitar los daños o concluir con ellos volviendo las cosas a su estado anterior, del artículo 1113, segundo párrafo, parte segunda, C.C., cuando el daño a la salud o a la vida y la polución ambiental que los causa, proviene de las cosas que el empresario tiene bajo su dominio o guarda, que se expanden al exterior con los efectos contaminantes que se denuncian.

• Las pretensiones individuales acuñadas en los escritos de demanda traen apareados un interés individual (el del sujeto titular de la acción) y un interés colectivo o difuso (a la salud y al ambiente que poseen todos los integrantes de la comunidad aledaña a la demandada).

• Lo expuesto precedentemente ha recibido expresa recepción y consagración constitucional en los artículos 41 y 43 de la Const. Nac.

• Si algunos derechos son amenazados por las nocivas poluciones ambientales, ellos son los llamados derechos humanos o personalísimos, a la vida y a la salud, de indisputado rango constitucional y de expreso reconocimiento internacional.

• El ambiente o ecosistema en que moran y se desenvuelven las personas les pertenece y forma parte de su propiedad, entendido este vocablo en sentido lato y constitucional. Toda agresión, menoscabo o aminoración degradante que se provoque al ambiente de cada cual, importa una disvaliosa modificación material de su patrimonio y, como tal, debe ser resarcido.

• El costo de la instalación de la tecnología depuradora o anticontaminante debe ser afrontado por la empresa causante de la contaminación.



Esta resolución fue ratificada por la Suprema Corte de Buenos Aires, el 19 de mayo de 1998.

Sin embargo, esta sentencia fue recurrida por Copetro y llegó a la consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , quien el 27 de febrero de 2001, de conformidad con lo dictaminado por el procurador general dicta sentencia resolviendo:

a) confirmar en lo principal, la sentencia recaída en la segunda instancia inferior, en cuanto hizo lugar a la pretensión indemnizatoria de los actores y ordenó a la empresa demandada (Copetro), cesar en la emisión de elementos contaminantes que se le imputaron;

b) revocar la accesoria de la sentencia del tribunal inferior de 2ª instancia (Cámara 1ª Civ. y Com., Sala III), en cuanto intimaba a cerrar el establecimiento industrial en caso de incumplimiento.

La cosa juzgada en “Almada” y su repercusión en el presente caso

Volviendo al caso “Sagarduy”, el Dr. Perez Crocco, destacó que “el Juez de grado en la sentencia en apelación, en el considerando quinto, aplicó en estos actuados los efectos de la cosa juzgada sobre el daño ambiental emergentes de la sentencia dictada en el precedente "Almada"...; amén de concluir, luego de un pormenorizado análisis de la prueba que el expediente exhibe... de que aquél daño ambiental continúa y persiste en la actualidad y es la causa generadora de los daños que reclaman los actores...”

Seguidamente, el magistrado se ocupará de analizar el tema del daño causado a los actores a través del ambiente y puntualiza un hecho fundamental para la comprensión de esta causa y todas las seguidas contra Copetro:

“el daño que nos ocupa es un daño permisible, toda vez que nos encontramos con una legislación que establece parámetros -valores límite- como aceptables, en el margen de la tolerancia de la política ambiental del Estado, a través de normas, estándares y regímenes de permisos (vg. dec. 1741/96, reglamentario de la ley 11.459). A propósito de ello, recuerdo que este Tribunal ha sostenido que "Las actividades, fuentes de las molestias que se procuran evitar o indemnizar, son o pueden ser actividades lícitas que cuentan con autorización administrativa" (in re: "Almada"). Es que la autorización administrativa obtenida por el contaminador se entiende otorgada o concedida "sin perjuicio de terceros" (cfr. Bustamante Alsina, Derecho Ambiental, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. pág. 157; Aurora Besalú Parkinson, ob. cit., pág. 100).”

Dicho de otra manera, no importa si las emisiones contaminantes se mantienen en los niveles permitidos o aceptables por la legislación. Lo que importa es que, si igual causaron daño, debe ser indemnizado. Ya el artículo 2618 reformado por la ley 17.711 nos dice que “Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquéllas.”

En ese sentido, el magistrado agrega que “Los límites administrativos -vg. los del Dec. 1741/96- son de naturaleza inferior a la Constitución Nacional, que en su art. 41, establece el derecho al goce de un ambiente sano, apto para el desarrollo humano y el deber de preservación del mismo en aras del logro del desarrollo sustentable.” (la negrita es nuestra)



Por otra parte, en relación al planteo de la demandada referente a la prescripción por los daños anteriores al 23 de Mayo de 1990 (menoscabos al ius utendi, al ius abutendi, daño físico y moral) que según ella están prescriptos dado que el plazo de prescripción es de dos años y esta demanda se inició el 29 de Mayo de 1992, el camarista “es ya cosa juzgada en los autos "Almada" que, para estas clases de daños -perjuicios derivados de las relaciones de vecindad; art. 2618 del Cód. Civil-, el plazo de prescripción aplicable es el del art. 4023 del Cód. Civil, o sea el de diez años; y no el de dos años de la prescripción aquiliana”

En cuanto a la relación causal y los daños, el juez entiende que “son los mismos que los ya tratados en el anterior proceso de "Almada" contra la demandada, sólo cambian los actores, otras víctimas de un daño continuado, dilatado en el tiempo. En tal sentido cabe recordar que la sentencia de la Suprema Corte de esta Provincia, recaída en el precedente Almada ha dejado bien en claro que la actividad de la demandada, a la vez que lesionó individualmente en su materialidad y en sus afecciones legítimas bienes de los actores, ocasionó un perjuicio cierto al medio ambiente, como patrimonio colectivo o de pertenencia difusa, alterando el equilibrio ecológico como el bien de uso común del pueble y esencial para la calidad de vida y, también en ese aspecto damnificó al conjunto de la comunidad, de la cual los reclamantes forman parte (ver voto del Dr. Pettigiani).”



Además, “más allá de la cosa juzgada del caso Almada que se proyecta al presente, en estos obrados está acreditado que la actividad de la demandada persiste y continúa contaminando el ambiente en la actualidad; o sea, que Copetro entonces y ahora, también lesionó individualmente en su materialidad y en sus afecciones legítimas bienes de los aquí actores, que son también vecinos aledaños de la empresa como aquellos otros que demandaron en el precedente Almada y acumulados. Por ende, el daño en nuestro caso no es incierto -como afirma la quejosa- sino concreto y actual.”



Las pericias han demostrado que “la contaminación de Copetro es potencialmente riesgosa y que ese riesgo es independiente de que la cantidad total en peso de material dispersado por el viento podía ser menor a la permitida por la ley; que están presentes en esa contaminación hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP's) en las partículas carbonosas que se emiten al aire y con ello la potencialidad carcinogénica de ese material, que si bien es coadyuvante puede ser directamente activo.

También ha acreditado debidamente la relación de causalidad entre la contaminación y el daño; por otra parte, no es difícil colegirlo a partir de las mediciones efectuadas desde ya hace varios años por el Ministerio de Salud y por los Peritos de la UNLP, las que revelan significativos y reiterados excesos por encima de los 150 ug/m3 admitidos por nuestra legislación en las emisiones de material particulado -algunas concentraciones duplican a la unidad de riesgo de la OMS, otras superan 5 veces las halladas en la ciudad de La Plata...”

Por otra parte, “Copetro responde de una manera objetiva y, por ende, para sacarse este sayo de encima debió probar que la "culpa" es de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, para interrumpir de tal manera total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño”.

En cuanto a los daños y a manera de ejemplo, el juez reseña el siguiente informe pericial:

“La posibilidad de que los individuos que viven cerca de la fuente emisora -COPETRO- (como es el caso de todos los actores) refieran manifestaciones respiratorias es significativamente más alta que en el caso de los controles (individuos que viven lejos de COPETRO y que, por ello, no reciben material particulado de esa planta industrial) (fs. 2.112). Los cuadros que llevan a esta conclusión (de fs. 2.109 a 2.111) indican porcentuales mucho más altos en los vecinos del Barrio Campamento que en el grupo de individuos que habita lejos de COPETRO (grupo control), así para Bronquitis 14% en vecinos Barrio Campamento y 0.8% en el grupo control, resfrío común 13.9% en vecinos Barrio Campamento y 1.0% en el grupo control, disnea 14.7% en vecinos Barrio Campamento y 0.6% en el grupo control.”

“Algo semejante ocurre con las manifestaciones dermatológicas y oftalmológicas (cuadros de fs. 2.110/11) ya que se observa una MUCHO MAYOR INCIDENCIA DE ESTOS DAÑOS FISICOS EN LOS VECINOS DEL BARRIO QUE EN EL GRUPO CONTROL. A solo título de ejemplo: en irritaciones de la piel se detectan un 24.6% de casos en el Barrio frente a tan sólo 3.8% en el grupo control, en irritación de los ojos 23% para el Barrio y sólo 0.8% en el grupo control, conjuntivitis 4.9% en el Barrio y sólo 0.4 en el grupo control. “

Valuación de los daños

En cuanto al deterioro causado a las viviendas de los actores, el juez entiende que “si analizamos esta situación a través de su dimensión temporal y de los perjuicios concretos que representan, por un lado, la actividad y el costo de combatir los alternados pero sucesivos asentamientos de polvillo negro en las viviendas durante no menos de 23 años y, por otro lado, la degradación en el uso y goce parcial de las mismas que los actores sufrieron durante todo ese tiempo (conf. causa precedente “Almada”), concluyo prontamente afirmando que las remuneraciones brindadas por este rubro son escasas. Como dijera mi distinguido colega Dr. Roncoroni en el caso “Almada”, bastaría proyectar el precio remunerativo de una hora de labor del personal doméstico durante ocho días por mes a los largo de 23 años para que la exigüidad de las sumas referidas se haga patente. Por ello, tomando como guía esta pauta, propicio elevar la indemnización que fija la sentencia en valores actuales a la cantidad de $ 20.000. (arts. 163 incs. 5º y 6º, 165 del C.P.C.C.).”

En cuanto al daño físico, “el Perito Médico concluye que de los 43 actores que examinó, en 33 de ellos, por la Clínica, los Estudios Complementarios y las respectivas interconsultas se ha encontrado Patología.”

“Coincido también con los parámetros que ha fijado el juez de grado a fs....; pero en lo que no voy a coincidir es en la tarifación de los daños toda vez que me parecen un tanto exiguos, por ello propongo al acuerdo elevar los montos...”

Respecto del daño moral “teniendo presente el grado de extensión y continuidad temporal del mismo (casi 23 años años) en forma casi ininterrumpida -lo que es reflejo de la gravedad del mismo-; los argumentos esgrimidos por el Dr. Echeverría en la sentencia en crisis y prestando también atención al escenario del daño que proyecta sus dolorosos efectos espirituales a todas las relaciones que se germinan en el mismo..., vaya mi voto por elevar las indemnizaciones por daño moral a la suma de $ 15.000, para cada actor”

Por todo lo anterior y siendo compartido el criterio del preopinante por los otros integrantes de la Sala, el monto total del capital de condena asciende en definitiva a la suma de $ 1.991.633,34, más intereses y costas.

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