martes, 13 de enero de 2009

Caso Copetro, contaminación. Fallo de Primera Instancia

Causa nº 232.609: "Sagarduy Alberto Omar c/ Copetro S.A. s/ Daños y Perjuicios". Juz. 5.-

Sentencia Nº 62

/////// la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Marzo de dos mil seis, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Tercera de la Excma. Cámara Primera de Apelación doctores CARLOS ALBERTO PEREZ CROCCO y JUAN MANUEL LAVIE (H), para dictar sentencia en los autos caratulados: "Sagarduy Alberto Omar c/ Copetro S.A. s/ Daños y Perjuicios" (causa nº 232.609), se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: PEREZ CROCCO-LAVIE (H).
C U E S T I O N E S
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N
A la primera cuestión, el Señor Juez Doctor Pérez Crocco dijo:
1. La sentencia y los agravios:
La sentencia apelada -del 15 de Marzo de 2005- tras rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada Copetro S.A., acogió favorablemente las pretensiones actoras y, consecuentemente, ordenó detener la emisión al exterior de elementos contaminantes, de acuerdo con las modalidades ya implementadas en la resolución del 24 de Noviembre de 2004 dictada en el incidente de medidas cautelares que obra acollarado y la indemnización de los daños provocados por tal contaminación, con costas a la demandada.
Contra dicho pronunciamiento levantan sus recursos sendas partes, quienes expresan los agravios que en prieta síntesis trataré de resumir a continuación:
La parte actora circunscribe su queja al "quantum" de la condena, considerando que los montos que se fijan en el fallo son exiguos, mínimos y, por ello, injustos (ver fs. 2.677/2.692). Dice, en lo que se refiere al daño a la salud y daño moral, que los montos de la sentencia no se condicen con los fijados por esta Sala en el precedente "Almada" (y sus acumulados) porque son sensiblemente menores. Que no se ha valorado debidamente el dictamen médico del Dr. Ayllon, ni tampoco el informe del INUS de la Facultad de Medicina de la UNLP. Que la sentencia no computa la continuidad del daño sufrido por los actores (23 años ininterrumpidos) ni refleja la gravedad de los daños. Por último, y referido a cada uno de los daños y a las indemnizaciones fijadas, dice que el pronunciamiento en crisis no ha aplicado debidamente el parámetro de las externalidades con lo que se configura un enriquecimiento ilícito de la demandada a costa de los actores. Como conclusión pide que los montos de la condena se eleven considerablemente.
Mientras que la empresa accionada, luego de realizar una serie de consideraciones generales, reprocha: que la sentencia ordena indemnizar un daño incierto (cap. III); que no corresponde indemnizar el rubro desvalorización de la vivienda (Cap. IV); que a los efectos del cómputo de los intereses la sentencia erróneamente considera al daño como instantáneo (Cap. V); y, por último, que se le haya rechazado la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria (Cap. VI).
2. La congruencia procesal en la Alzada:
Antes de ingresar al campo de las instituciones jurídicas requeridas para encausar la cuestión del daño y de la responsabilidad por su reparación en el debate en esta Alzada, cabe poner de relieve la distinción conceptual entre dos especies diferentes del fenómeno comúnmente catalogado como "daño ambiental". Distinción que si bien ya se ha hecho en el precedente "Almada" (ver considerando IV y VI de la sentencia dictada el 9-2-1995 y sentencia de la SCBA), bien vale la pena precisarla aquí.
Así tenemos, por un lado, "el daño ambiental per se", que es el perjuicio o menoscabo soportado por los elementos de la naturaleza o el medio ambiente, sin afectar a personas o cosas bajo una tutela jurídica específica; y por otro, "el daño provocado a los individuos a través del ambiente", que se refiere a las diversas hipótesis de daño, ya reconocidos por el derecho clásico, a las personas o a las cosas, por una alteración del medio ambiente, a causa del obrar humano. Dentro de esta noción cabe la suma de daños individuales, o sea los daños sufridos por víctimas plurales a raíz de un mismo hecho lesivo, la contaminación del ambiente.
Ahora bien, en este expediente -al igual que en su precedente “Almada”- los actores acumularon pretensiones abarcativas de esa dos clases de daños; o sea, una, referida al cese de la contaminación ambiental (daño ambiental per se) que expresa al lado del interés individual que la impulsara un interés colectivo y difuso (el que poseen todos los integrantes de la comunidad aledaña a la empresa a la salubridad del medio ambiente que se dice contaminado por ella); otra, que apunta al resarcimiento del daño que sufrieran cada uno de los actores a través del ambiente.
El Juez de grado en la sentencia en apelación, en el considerando quinto, aplicó en estos actuados los efectos de la cosa juzgada sobre el daño ambiental emergentes de la sentencia dictada en el precedente "Almada" (ver punto a); amén de concluir, luego de un pormenorizado análisis de la prueba que el expediente exhibe (ver informes de fs. 325/339 y fs. 364/379; la sentencia de este Tribunal de fs. 428/442 -RS: 256/96-; informe de Veeduría de fs. 602/606; pericia de la Dres. Ronco y Navarro de fs. 1080/1093; informe de fs. 1257/1298, informes de fs. 1386/1415; informe de fs. 18/28; ver además Resolución de la Sec. de Política Ambiental de fs. 2736/2737; todos en el Incidente de Medidas Cautelares, que obra por cuerda separada) de que aquél daño ambiental continúa y persiste en la actualidad y es la causa generadora de los daños que reclaman los actores (ver puntos b, c, d, e, f, g, h, i).
Por su parte, Copetro S.A. -en el acápite titulado "Consideraciones Generales" de su expresión de agravios- admite la conclusión del Dr. Echeverría cuando afirma no agraviarse de aquella parte de la sentencia que ordena detener la emisión al exterior de elementos contaminantes; amén de no impugnar concreta y razonadamente los fundamentos basales de la misma.
Ergo, más allá de la cosa juzgada que el precedente "Almada" proyecta sobre esta causa, la postura adoptada por Copetro S.A. en el memorial de agravios señalada anteriormente permite una clara interpretación: que la empresa con su actividad sigue emitiendo partículas de coque a la atmósfera y, por ende, sigue contaminando el medio ambiente. Es por ello, que el tema del daño ambiental per se circunstancias queda marginado de la tarea revisora de este Tribunal por imperio del art. 272 del C.P.C.C. y la doctrina de la casación bonaerense que sostiene "...que los tribunales de apelación sufren en principio una doble limitación: la que resulta de la relación procesal y la que el apelante haya querido imponerle en el recurso a través de la expresión de agravios, lo que señala el marco de competencia de aquellos..." (S.C.B.A. Ac. 42.243; 43.417, entre otros: cfr. Azpelicueta-Tessone, en "La Alzada-Poderes y deberes", Ed. LEP, pág. 157 y sgtes.). Correlato de lo cual, el debate de Alzada queda limitado al tratamiento de las cuestiones planteadas en torno al daño causado a las personas a través del ambiente, que ha de ser el tema relevante de esta sentencia como veremos infra (arts. 34 inc. 4º, 260, 272 del C.P.C.C.).

3. El daño causado a las personas a través del ambiente:
Antes de entrar a considerar los puntuales agravios que sendas partes han planteado en sus respectivos memoriales sobre la existencia, nexo de causalidad, prescripción y eventual cuantificación del daño de la epígrafe quiero hacer una consideración que me parece relevante para clarificar el debate de Alzada.
Tengo para mí, luego de analizar la evolución de los hechos, la retahila de informes y pericias habidas en tantos años de procesos contra Copetro sobre la emisión de partículas de carbón de coque crudo a la atmósfera por encima y por debajo de los límites permitidos y la forma de trabajo y producción de la empresa (almacenamiento en pilas del carbón y su manipuleo de tal material en su traslado para incineración o embarque), que no podemos pasar por alto un hecho ineludible de la realidad, cual es, que la actividad de esta empresa ha producido, produce y quizás producirá un daño ambiental porque le es intrínseco y propio de la actividad, por más que la Justicia se empeñe -como lo ha hecho hasta ahora- en minimizarlo a través del proceso cautelar o que la misma empresa ponga la mayor diligencia y cuidado.
En efecto, vimos y seguimos viendo que a pesar de la inteligente ingeniería cautelar desarrollada por el Doctor Echeverría -confirmada por esta Sala- y las consecuentes obras llevadas a cabo por Copetro -otras en curso de realización- lejos estamos de que hayan cesado las emisiones de polvillos que se fugan del ámbito de la empresa (ver informes de fs. 325/339 y fs. 364/379; la sentencia de este Tribunal de fs. 428/442 -RS: 256/96-; informe de Veeduría de fs. 602/606; pericia de la Dres. Ronco y Navarro de fs. 1080/1093; informe de fs. 1257/1298, informes de fs. 1386/1415; informe de fs. 18/28; ver además Resolución de la Sec. de Política Ambiental de fs. 2736/2737; todos en el Incidente de Medidas Cautelares, que obra por cuerda separada).
Ergo, si nos atenemos al concepto estricto del daño ambiental y la "obligación de recomponer", resulta obvio que esta clase de actividad resultaría lisa y llanamente imposible. Evitar el daño sería equivalente a impedir la actividad, ordenar su cierre. Hecho éste que no es tolerado por la Política Ambiental del Estado, como tampoco puede hacerlo este Tribunal según la sentencia de la Corte Federal recaída en el precedente Almada.
Por ello, se impone compatibilizar el daño ambiental con la perspectiva fundamental de la sustentabilidad; pero sería imposible hablar de sustentabilidad sin tener en cuenta la valoración del ambiente desde un punto de vista social, económico y ecológico, la consideración de su posible y concreto menoscabo y la necesidad de la reversión de tal perjuicio en términos monetarios.
Es precisamente en estos casos contra Copetro, donde más se aprecia el vínculo entre la anticipación y planificación de actividades, enmarcados dentro del Principio Precautorio (la tutela anticipada), con el fin de establecer y cuantificar, sobre bases racionales, el impacto y las consecuencias ambientales aceptables, al igual que tomar las medidas de mitigación necesarias, tal cual se ha hecho en estos procesos. De ahí, que la contaminación de Copetro hoy seguramente no es la misma que cuando se inició el primer proceso.
Permítaseme señalar, además, siguiendo los conceptos de Hutchinson (en "Daño Ambiental", Ed. Rubizal-Culzoni, T. I, págs. 50 y 51), que el daño que nos ocupa es un daño permisible, toda vez que nos encontramos con una legislación que establece parámetros -valores límite- como aceptables, en el margen de la tolerancia de la política ambiental del Estado, a través de normas, estándares y regímenes de permisos (vg. dec. 1741/96, reglamentario de la ley 11.459). A propósito de ello, recuerdo que este Tribunal ha sostenido que "Las actividades, fuentes de las molestias que se procuran evitar o indemnizar, son o pueden ser actividades lícitas que cuentan con autorización administrativa" (in re: "Almada"). Es que la autorización administrativa obtenida por el contaminador se entiende otorgada o concedida "sin perjuicio de terceros" (cfr. Bustamante Alsina, Derecho Ambiental, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. pág. 157; Aurora Besalú Parkinson, ob. cit., pág. 100).
Parando mientes en lo expuesto y en que la contaminación ambiental se nos presenta como un factor de riesgo que afecta no sólo al interés de los particulares sino también al bien común, cabe recordar -una vez más- que, al margen de la protección judicial, es un deber ineludible de los funcionarios de la Administración Pública, ya sea ésta, municipal o provincial, controlar en forma permanente y responsable a la empresa contaminadora y acometer hasta donde sea preciso para embridar la amenaza aludida, porque una cosa es que el daño sea permitido hasta ciertos límites administrativos y otra que ese daño sea tolerable por la sociedad. Los límites administrativos -vg. los del Dec. 1741/96- son de naturaleza inferior a la Constitución Nacional, que en su art. 41, establece el derecho al goce de un ambiente sano, apto para el desarrollo humano y el deber de preservación del mismo en aras del logro del desarrollo sustentable.
La situación que he dejado planteada marca el juego entre los conceptos de permisibilidad y tolerabilidad que se han venido contraponiendo durante el largo proceso entre los vecinos del Barrio Campamento y Copetro, donde quienes intervenimos en representación de la Justicia hemos tratado de armonizar (frente a una situación cuasi irreversible para los vecinos), con mecanismos de compensación o mitigación, para la vigencia concreta de la recomposición ambiental como valor social con consecuencias jurídicas.
4. La prescripción:
Sobre este tema la parte demandada en el capítulo VI y último de la expresión de agravios plantea que las indemnizaciones por los daños anteriores al 23 de Mayo de 1990 (menoscabos al ius utendi, al ius abutendi, daño físico y moral) están prescriptos dado que el plazo de prescripción es de dos años y esta demanda se inició el 29 de Mayo de 1992, según constancias del cargo de fs. 100 vta. (ver in extenso Cap. VI, 6.1., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. y 6.2.4., del escrito de expresión de agravios).
Los agravios son inaudibles. En efecto, es ya cosa juzgada en los autos "Almada" que, para estas clases de daños -perjuicios derivados de las relaciones de vecindad; art. 2618 del Cód. Civil-, el plazo de prescripción aplicable es el del art. 4023 del Cód. Civil, o sea el de diez años; y no el de dos años de la prescripción aquiliana (ver considerando VI de la sentencia de Almada; cfr. Aurora Besalú Parkinson, ob. cit. pág. 210).
Ahora bien, si la instalación de la planta ocurrió en el mes de marzo de 1983 como afirma la propia demandada (ver fs. 2726 vta., segundo párrafo), es obvio que el plazo decenal a la fecha de la presentación de esta demanda no estaba vencido.
5. El daño y la relación de causalidad:
Sabido es que la relación de causalidad y el daño son condiciones necesarias de la responsabilidad. Sin perjuicio no hay responsabilidad (sans préjudice, pas de responsabilité). No podría ser de otra manera, porque es este perjuicio el que constituye para la víctima la acreencia de la cual es responsable el deudor.
Condiciones que se dan plenamente en estos obrados dado que la relación causal y los daños son los mismos que los ya tratados en el anterior proceso de "Almada" contra la demandada, sólo cambian los actores, otras víctimas de un daño continuado, dilatado en el tiempo. En tal sentido cabe recordar que la sentencia de la Suprema Corte de esta Provincia, recaída en el precedente Almada ha dejado bien en claro que la actividad de la demandada, a la vez que lesionó individualmente en su materialidad y en sus afecciones legítimas bienes de los actores, ocasionó un perjuicio cierto al medio ambiente, como patrimonio colectivo o de pertenencia difusa, alterando el equilibrio ecológico como el bien de uso común del pueble y esencial para la calidad de vida y, también en ese aspecto damnificó al conjunto de la comunidad, de la cual los reclamantes forman parte (ver voto del Dr. Pettigiani).
A raíz de ello, en el mentado precedente ya se han producido las indemnizaciones correspondientes a una cantidad de vecinos aledaños a la empresa demandada (con pié en los arts. 2618 y 1113, 2da. parte del Cód. Civil; igualmente en esta sentencia; ver el Considerando Tercero); o sea, sobre la base de la responsabilidad objetiva y del Principio Contaminador-Pagador, mediante el cual se procura fomentar la internalización de los costos ambientales (externalidades negativas) y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales (Principio 16 de la Declaración de Río). La aplicación práctica del mismo implica la consideración de obligaciones económicas en relación a actividades que ocasionan daños al ambiente y a través de él a los particulares y la admisión de una reparación monetaria justa y equitativa a la hora de cuantificar los daños (cfr. Aurora Besalú Parkinson, "Responsabilidad por Daño Ambiental", Ed. Hammurabi, pág. 271; Lorenzetti, "Responsabilidad Colectiva, Grupos...", en L.L. del 8-8-96; esta Sala causa "Almada c/Copetro en el Considerando VII- titulado "De la subsunción normativa).
Ahora bien, más allá de la cosa juzgada del caso Almada que se proyecta al presente, en estos obrados está acreditado que la actividad de la demandada persiste y continúa contaminando el ambiente en la actualidad; o sea, que Copetro entonces y ahora, también lesionó individualmente en su materialidad y en sus afecciones legítimas bienes de los aquí actores, que son también vecinos aledaños de la empresa como aquellos otros que demandaron en el precedente Almada y acumulados. Por ende, el daño en nuestro caso no es incierto -como afirma la quejosa- sino concreto y actual.
A propósito de los concretos agravios de la demandada expuestos en el Capítulo III, puntos 3.2., 3.3. y 3.4., bien vale la pena recordar que en el capítulo X de aquel meduloso voto de mi distinguido colega Dr. Roncoroni en la sentencia del caso "Almada" se analizó la presencia de elementos cancerígenos o carcinógenos en el material particulado venteado al exterior y de las consecuencias sobre la salud de tal venteo. Se precisó entonces:
a. que aún cuando el material particulado en suspensión venteado desde la empresa no excediera el mínimo permitido (150 ug./m3), igual contaminaría por portar benzo-alfa-pireno en cantidades superiores a las admitidas para áreas urbanas;
b. que ha quedado fuera del marco de la contienda la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP's) en las partículas carbonosas que se desprenden de las pilas a cielo abierto en que la demandada almacena el coque verde;
c. la aptitud carcinogénica del B(a)P, el cual ha sido categorizado por Resolución 444/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (modificatoria del Anexo III del Decreto Ley 351/79) como: sustancia carcinógena sospechosa para el hombre (ver ADLA LI-B, pág. 2012 y 2052);
d. que la concentración del B(a)P en la zona ha producido un envilecimiento altamente riesgoso y potencialmente cancerígeno del aire que respiran los actores y la vecindad de la demandada (es el mismo aire que respiran los actores y vecinos de este proceso), a consecuencia de la propagación de partículas de coque crudo de las pilas a cielo abierto de tal material en la planta de Copetro. Y esos riesgos a la salud o la potencialidad dañosa de dichas partículas portadoras de B(a)P se explica fácilmente por la razón que estos elementos no están encapsulados en la partícula carbonosa, sino, simplemente "absorvidos externamente sobre su superficie...y, por lo tanto, directamente expuestos a las interacciones fisiológicas, particularmente en mecanismos de defensa en virtud de los cuales, “cuando la sobrecarga de partículas es intensa y sobrepasa la capacidad de transporte de los macrófagos, algunas partículas pueden llegar a los ganglios linfáticos y, a través del flujo sanguíneo alcanzar cualquier área del organismo". Estas conclusiones estuvieron basadas en las conclusiones periciales de la perita química forense que actuaba en “Almada”, con cita de la obra Robbins y Cotan, fijándose preferentemente en los órganos destoxificantes -hígado y riñón- para eliminarse, sea como tales o en forma metabólica por la orina, e ir produciendo, por reiteración de las alteraciones tisulares, formaciones cancerosas. Así, además de la probada potencialidad carcinógena en tracto respiratorio principal y pulmón que poseen los B(a)P ingresados al organismo por inhalación; sin olvido de la potencialidad neoplásica sobre otros órganos (citas bibliográficas y estudios en hámster que recuerda la Dra. Stoichevich en su dictamen de fs. 1889 vta. y 1915 vta./1916 vta.).
Aquella potencialidad carcinogénica del material particulado afirmada en el caso "Almada", determinada sobre la base de los informes periciales de los Dres. Catoggio y Stoichevich y los peritos médicos que actuaron en aquél proceso -y que Copetro pretende enervar sosteniendo que la pericia del Dr. Cattogio es errada y que lo sostenido en la causa Almada ha sido superado por la ciencia en la actualidad (ver fs. 2699 vta./2707/y vta.)-, resulta corroborada en estos actuados a través del informe pericial del Dr. Ayllon (ver fs. 1325/1326, resp. al punto a.2), a la vez que este perito descarta la validez del informe experimental de la Universidad de Milán adjuntado por Copetro, y afirma que H(a)P pueden ser diluidos por el cuerpo humano y se ocupa de la antracosis. También en el informe del CIMA corrobora lo atinente al B(a)P como compuesto presente en el coque de petróleo que manipula la empresa demandada y sobre su carácter carcinogénico (ver fs. 1821/3, 1870, 1953/4 en el incidente de medidas cautelares). En este informe indica el CIMA sobre la toxicidad del B(a)P, categorizando a este compuesto como perteneciente al grupo 2 A, categoría que considera que el agente es probablemente carcinogénico para humanos, pero existen evidencias suficientes en animales de experimentación. Sin embargo, agrega, que en la clasificación que realiza el IARC la producción de coque para circunstancias de exposición (que es nuestro caso), la categoriza dentro del grupo 1 (carcinogénico para humanos).
Por otra parte, el informe del INUS de la Facultad de Medicina de La Plata no le da la razón a Copetro -como lo interpreta su representante legal-; por lo contrario a mi modo de ver rechazó la afirmación de Copetro de que el coque de petróleo no es cancerígeno. En efecto, cuando el INUS contesta el pedido de aclaraciones de la demandada a fs. 2288 del incidente de medida cautelar dice que el informe no ha citado opinión contraria, pero agregan que sin perjuicio de ello, según informes realizados por peritos del INUS (IARC-Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, OMS, Programa IRIS de la EPA-Agencia Ambiental de los EE.UU.) los mismos hacen referencia a que algunos de los componentes de coque de petróleo, tal el caso del benzo (a) pireno es considerado probablemente cancerígeno para humanos con suficiente evidencia como carcinógeno en animales (categoría 2-a y B-2, respectivamente). También señala el INUS, que no puede descartarse a nivel doctrinal que la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos, en particular del benzo-alfa-pireno involucran un factor de riesgo para el cáncer bronquial y de piel.
Con lo expuesto la parte actora ha demostrado que la contaminación de Copetro es potencialmente riesgosa y que ese riesgo es independiente de que la cantidad total en peso de material dispersado por el viento podía ser menor a la permitida por la ley; que están presentes en esa contaminación hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP's) en las partículas carbonosas que se emiten al aire y con ello la potencialidad carcinogénica de ese material, que si bien es coadyuvante puede ser directamente activo.
También ha acreditado debidamente la relación de causalidad entre la contaminación y el daño; por otra parte, no es difícil colegirlo a partir de las mediciones efectuadas desde ya hace varios años por el Ministerio de Salud y por los Peritos de la UNLP, las que revelan significativos y reiterados excesos por encima de los 150 ug/m3 admitidos por nuestra legislación en las emisiones de material particulado -algunas concentraciones duplican a la unidad de riesgo de la OMS, otras superan 5 veces las halladas en la ciudad de La Plata- y de la posibilidad cierta que los habitantes del Barrio lindero a Copetro al inhalar en forma permanente e ininterrumpida el aire contaminado, soporten una carga de partículas en sus macrófagos y, por ende, que los B(a)P ingresen al torrente sanguíneo (ver concentraciones de B(A)P detectados por el CIMA, ver cuadros ilustrativos de fs. 666/671, 1823, 1953/54 del incidente de medidas cautelares). EL CIMA, aborda la cuestión enfocando a partir del límite de 150 ug/m3 como si se lo hace analizándola en función del promedio anual límite de 50 ug/m3. Veamos ambos abordajes pero por separado:
En relación al límite de 150 ug/m3: durante todo el año de monitoreo COPETRO tuvo picos de no más de una hora (altas concentraciones en períodos cortos como los denomina el CIMA) de emisión que superaron –muchos de ellos ampliamente- los 150 ug/m3, algunos de los cuales se repitieron varias veces en un día, a dicho fin obsérvese que de las determinaciones realizadas con el equipo TEOM, surge que:
- Fs. 1.394 del Primer Informe Trimestral (cuerpo VII) se supera en 11 oportunidades el límite, llegando en 5 oportunidades a superarse 200 ug/m3 (en dos de las cuales se supera incluso los 250 ug/m3) detectándose concentraciones incluso mayores a 300 ug/m3 (fs. 1.395).
- Fs. 1.563 del Segundo Informe Trimestral (cuerpo VIII), se supera en 8 oportunidades el límite, llegando en 3 oportunidades a superarse 200 ug/m3 (en dos de las cuales se supera incluso los 250 ug/m3) detectándose concentraciones incluso mayores a 300 ug/m3 (fs. 1.564).
- Fs. 1.627 del Tercer Informe Trimestral (cuerpo IX), se supera en varias oportunidades el límite, llegando en 1 oportunidad a superarse 200 ug/m3.
- Fs. 1.703 del Cuarto Informe Trimestral (cuerpo IX), se supera en muchas oportunidades el límite de 150 ug/m3 llegando en varias de ellas a superarse 200 ug/m3 y en ocasiones los 300 ug/m3 con concentraciones de más de 400 ug/m3 (fs. 1.701).
- Fs. 1.828 correspondiente al Informe Final (fs. 1.816 a fs. 1.831), se concluye que durante el año de monitoreo se detectaron 47 máximos en los que se superó los 150 ug/m3 y alcanza concentraciones de hasta 549 ug/m3 durante 30 minutos y agrega “...Para el caso particular del 8 de noviembre de 2.000 se producen cuatro máximos consecutivos con medias horarias (60 minutos) de 242 microgramos/m3...”.
- Fs. 1.869 El CIMA informa que la normativa extranjera determina que la concentración para períodos cortos de PM10 en 1 hora, es de 200 ug/m3 para Japón. Los límites máximos para concentraciones para períodos cortos han sido tomados en cuenta, según dice el CIMA en esa misma foja, por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Así, según el CIMA (ver. fs. 1.828 del Incidente de Medidas Cautelares correspondiente al Informe Final del CIMA) llegó a superar los 240 ug/m3 en cuatro oportunidades en un solo día, es decir en cuatro horas de monitoreo de un solo día.
Obsérvese que ese máximo de 200 en una hora se superó en más de 30 oportunidades en el año de monitoreo (conforme surge de los gráficos de fs. 1.394, 1.563, 1.627 y 1.703).
También con relación al límite de 50 ug/m3, promedio anual PM10, el CIMA en cada uno de sus cuatro Informes Trimestrales indicó el promedio de los tres meses, lo que brinda una pauta más que importante para corroborar el daño ambiental de COPETRO. En todos, y cada uno de los trimestres superó el promedio anual en algún punto de muestreo (Puerto o Barrio).
Dos trimestres el promedio anual se superó en la estación de muestreo “Puerto” y los otros dos en la estación de muestras “Barrio”, donde habitan los actores:
- A fs. 1.389 se informa que durante el primer trimestre no se supera el promedio ya que se obtiene un 42 ug/m3 para el Barrio pero sí se lo supera en el Puerto de Ensenada con 55,64 ug/m3.
- A fs. 1.558 se informa que durante el segundo trimestre se supera ese promedio con 52 ug/m3 para todas las mediciones hechas (Barrio y Puerto).
- A fs. 1.623 se informa que durante el tercer trimestre sí se supera ese promedio para las mediciones hechas en el Barrio con 58,91 ug/m3.
- A fs. 1.698 se informa que durante el cuarto trimestre sí se supera ese promedio para las mediciones hechas en el Barrio con 58,83 ug/m3 (no se supera en el Puerto).
En definitiva si bien el promedio anual promediando el Puerto con el Barrio no supera los 50 ug/m3 –como lo informa el CIMA a fs. 1.633 para los primeros 9 meses de monitoreo- dicho límite se supera muy ampliamente si tomamos –en lugar de ambos sitios de muestreo- las medias-promedio trimestrales más altas, es decir, seleccionamos el sitio que en el trimestre hubiere tenido más alto promedio de contaminación (en este caso serían los dos primeros trimestres del Puerto y durante los dos siguientes el Barrio). Allí se llega a una media promedio anual que supera ampliamente los 50 ug/m3 llegando a un promedio de emisión PM10 desde COPETRO al exterior -no separando Puerto o Barrio- de 56,34 ug/m3. Hacer este análisis no es caprichoso, todo lo contrario: es sabido –así lo reitera en cada informe el CIMA ver por ejemplo fs. 1.821 del incidente de medidas cautelares- que la dirección e intensidad de los vientos, al igual que la operatoria de la planta, impactan sobre los resultados que se obtengan.
En los primeros dos trimestres vientos en dirección al puerto –sumado a manipuleos que coincidan con este primer factor climático- implicarán más incidencia del coque en esa zona que en el Barrio. A la inversa en los dos últimos trimestres, ello explica la superación del límite en el Barrio y no en el Puerto. Para arribar a un promedio anual eficaz de protección de la salud pública y del medio ambiente debe partirse de la idea que el ambiente –en que habitan los actores- “es un todo” y que por ello ante varias estaciones de muestreo debe tomarse en cuenta el punto de contaminación más alto que puede variar por condiciones naturales (climáticas) como artificiales (operativas de la planta industrial).
Se sustenta este argumento también en la idea que antes o después del año de monitoreo sin duda han existido –y existieron- períodos de mayor incidencia en el Barrio que implicarán el impacto insalubre del coque sobre su hábitat.
Todo lo indicado en este punto acredita tanto la GRAVEDAD EXTREMA del daño ambiental como su PERMANENCIA EN EL TIEMPO SIN SOLUCION DE CONTINUIDAD, y derivado de ello, los daños -directos o indirectos, actuales y futuros- de los vecinos actores tanto en sus bienes como en su salud física, psíquica y daños morales asociados.
Aquí me detengo para afirmar que el Dr. Echeverría ha realizado en forma correcta, para establecer la vinculación de causa a efecto, lo que la doctrina llama "prognosis póstuma", o sea, un juicio retrospectivo de probabilidad consistente en determinar "ex post facto" la posibilidad de un resultado en función de las condiciones precedentes y ha concluído en forma acertada que la acción u omisión que se juzga por parte de Copetro era per se apta o adecuada para provocar normalmente las consecuencias dañosas que se demandan, aplicando de tal manera la doctrina legal de nuestro Superior Tribunal que sostiene "...que es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal con el acto ilícito. O sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901 del Cód. Civil). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre la acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquella (arts. 1068, 1074, 1109, 1113 del Cód. Civil); y para ello, no podrá dejar de evaluarse la conducta de todos los protagonistas desde una perspectiva integral" (S.C.B.A. Ac. 35.531; 35.553, entre tantos otros). Doctrina que aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad de un resultado, entendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos "id quod plerunque accidit". Adecuación quiere decir adaptación; el efecto ha de ser apropiado a la forma de obrar del sujeto en función del daño resultante, que era de esperar en la esfera del curso normal de los acontecimientos. El concepto de "causalidad adecuada" implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra a suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (cfr. GOLDEMBER I., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea, pág. 32 y sgtes.).
Ergo, Copetro responde de una manera objetiva y, por ende, para sacarse este sayo de encima debió probar que la "culpa" es de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, para interrumpir de tal manera total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (doct. art. 1113 del Cód. Civil; art. 375 del C.P.C.C.; S.C.B.A. Ac. 41.868; id. 47.846; este Tribunal c. 212.976, RSD; 275/92; íd. c. 222.715, RSD: 335/95). Obviamente, no podía invocar tales excusas, pero, a esos mismos efectos argumentó que la sentencia de "Almada" se ha basado en un dictamen pericial erróneo -afirmación que no ha logrado probar a lo largo de todo este proceso, como vimos-; que el avance de la ciencia a determinado que las partículas de carbón de petróleo respirables no tengan efectos cancerígenos -lo que resultó desvirtuado por las pericias e informes merituados ut-supra-, y que el informe del INUS no ha detectado la presencia de cáncer en los actores de este proceso.
Con relación a esto último, si bien es cierto (como lo precisa la sentencia a fs. 2605, último párrafo del considerando SEXTO), no es menos cierto que esa falta de comprobación no enerva la potencialidad cancerígena de la contaminación, ni es relevante a efectos de considerar los factores agresivos producidos por Copetro en la salud de los actores. Es que como ha precisado esta Cámara, a través de su Sala II, el reconocimiento de la incidencia del daño ambiental en las personas debe tipificarse como daño físico debiendo considerarse tal la disminución de la aptitud vital genérica de la víctima existente o potencial (causa nº 212.269, "Pinini...c/ Copetro...", RSD: 42/93). En este precedente también se puso de resalto que esta clase de daño ambiental debe ser resarcido aunque se manifieste actuando sobre personas sensibilizadas por alguna enfermedad que posean desde antes, o si se trata de organismos débiles o debilitados como el caso de los niños y ancianos. Es que en todos los casos existe un derecho primordial a la vida, la salud que debe ampararse y cuya violación abre el derecho resarcitorio (art. 1-1; 3; 4; 5, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Ya en el caso “Almada”, y ahora a través de los informes del INUS se corroboran los daños a la salud y calidad de vida -actuales y futuros ciertos- de los vecinos del Barrio Campamento. En esos informes se observa que existen estudios internacionales que relacionan el Material Particulado como el coque de petróleo con una serie de efectos sobre la salud como síntomas respiratorios, incrementos de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, alteración en el sistema nervioso, daño en el tejido pulmonar y muerte prematura, disminución de la capacidad de defensa de los macrófagos alveolares y saturación de la capacidad de limpieza mucociliar. Además se han asociado con fenómenos irritativos como tos crónica, ronquera, síntomas respiratorios nocturnos, neuropatías, bronquitis, asma bronquial y cáncer pulmonar (ver fs. 2101).
Se indica, además, a fs. 2102/3, que la población del Barrio Campamento presenta ciertos factores de riesgo por causa de su particular situación de exposición, tales como: a) Presencia de niveles superiores a los estándares nacionales e internacionales del PM10 en varios muestreos; b) cercanía a la fuente emisora lo cual determina una exposición continua a niveles de material particulado de Copetro; c) exposición múltiple, es decir por vía inhalatoria y vía dérmica; determinadas características de vulnerabilidad individual como edad, estado físico y nutricional, que pueden significar condiciones predisponentes. Determinado ello concluyen que es necesario realizar una evaluación de riesgo en la salud de los vecinos del Barrio con estos tres objetivos (fs. 2.104): a: Determinar la prevalencia de manifestaciones respiratorias, oftalmológicas y dermatológicas actuales y durante el último año en pobladores (del Barrio Campamento donde habitan todos los actores); b: Correlacionar dicha presencia de manifestaciones con la existencia de la fuente emisora de material particulado (PM); c: Identificar la asociación entre manifestaciones referidas en el punto a y la distancia a la fuente emisora, es decir, la planta de COPETRO.
A este fin utilizaron la metodología de hacer un estudio comparativo entre los vecinos del Barrio Campamento (que en los cuadros de fs. 2.109, 2.110, 2.111, aparecen como “CASOS”) y un grupo que habita lejos de COPETRO (identificados en esos cuadros como “CONTROLES”). Los resultados de este estudio comparativo son:
1.- La posibilidad de que los individuos que viven cerca de la fuente emisora -COPETRO- (como es el caso de todos los actores) refieran manifestaciones respiratorias es significativamente más alta que en el caso de los controles (individuos que viven lejos de COPETRO y que, por ello, no reciben material particulado de esa planta industrial) (fs. 2.112). Los cuadros que llevan a esta conclusión (de fs. 2.109 a 2.111) indican porcentuales mucho más altos en los vecinos del Barrio Campamento que en el grupo de individuos que habita lejos de COPETRO (grupo control), así para Bronquitis 14% en vecinos Barrio Campamento y 0.8% en el grupo control, resfrío común 13.9% en vecinos Barrio Campamento y 1.0% en el grupo control, disnea 14.7% en vecinos Barrio Campamento y 0.6% en el grupo control. Estos datos son a sólo título de ejemplo y se remite a los cuadros respectivos.
Algo semejante ocurre con las manifestaciones dermatológicas y oftalmológicas (cuadros de fs. 2.110/11) ya que se observa una MUCHO MAYOR INCIDENCIA DE ESTOS DAÑOS FISICOS EN LOS VECINOS DEL BARRIO QUE EN EL GRUPO CONTROL. A solo título de ejemplo: en irritaciones de la piel se detectan un 24.6% de casos en el Barrio frente a tan sólo 3.8% en el grupo control, en irritación de los ojos 23% para el Barrio y sólo 0.8% en el grupo control, conjuntivitis 4.9% en el Barrio y sólo 0.4 en el grupo control.
Indica también el INUS, con relación a las afecciones respiratorias, dermatológicas y oftalmológicas, que la proporción de manifestaciones negativas en la salud son más altas si se vive más cerca de la fuente emisora (COPETRO) que si se habita más alejado (ver fs. 2117/2119).
Si a lo expuesto le sumamos que la inhalación de partículas de carbón (no sólo aquellas con potencialidad cancerígenas como vimos, sino también aquellas de las chimeneas de los hornos de calcinación, que como está demostrado carecen de propiedades cancerígenas) independientemente de la potencialidad cancerígena y de la posibilidad de lesiones cutáneas neoplásicas, puede producir otros daños a la salud como neumoconiosis (antracosis) que, en casos severos pueden llegar a complicarse en fibrosis masivas progresivas con cicatrices pulmonares incapacitantes y a veces mortales, habrá de concluirse que los riesgos que se ciernen sobre la salud de los convecinos a partir de la contaminación que genera la actividad de la accionada, en la forma y modos en que la misma es actualmente desarrollada a pesar de las obras realizadas son ciertos y significativos (arts. 2499 del Cód. Civil: 384, 474 del C.P.C.C.).
Con lo expuesto queda debidamente demostrada la fuerte incidencia e impacto negativo de la empresa demandada sobre la calidad de vida, aptitud vital y salud de los vecinos actores de este proceso.
Basta lo dicho para rechazar los agravios desarrollados en los puntos 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. y 3.8. del memorial de la demandada.

6. Los daños - El "quantum debeatur":
Convergen en este capítulo los agravios de sendas partes. Desde ya adelanto que he abordar su tratamiento en forma conjunta siguiendo el orden impuesto en la sentencia.
A) El menoscabo al "ius utendi":
Más allá del efecto vinculante de la cosa juzgada que emerge del precedente "Almada" y acumulados, de la prueba que este expediente exhibe -pericia de fs. 1104/1010, 1157/1158, 1184/1189, dictamen de la Asistente Social de fs. 855/860 y aclaraciones de fs. 905/906, informes del CIMA de fs. 578/580 y fs. 597/606 del Incidente de Medidas Cautelares, testimonios analizados en la sentencia apelada, actas; etc.- no me quedan dudas que la contaminación producida por Copetro continúa y ha sido permanente e ininterrumpida a lo largo de 23 años, con ella la invasión de polvillo negro al compás de los vientos y de los trabajos de la demandada sobre las propiedades de los actores, cuyos derechos de uso y goce de las mismas se han visto francamente menoscabados (arts. 1068, 1095, 2506, 2513, 2514, 2618 y cc. del Cód. Civil; arts. 384, 474, 456, del C.P.C.C.).
Por ello, si analizamos esta situación a través de su dimensión temporal y de los perjuicios concretos que representan, por un lado, la actividad y el costo de combatir los alternados pero sucesivos asentamientos de polvillo negro en las viviendas durante no menos de 23 años y, por otro lado, la degradación en el uso y goce parcial de las mismas que los actores sufrieron durante todo ese tiempo (conf. causa precedente “Almada”), concluyo prontamente afirmando que las remuneraciones brindadas por este rubro son escasas. Como dijera mi distinguido colega Dr. Roncoroni en el caso “Almada”, bastaría proyectar el precio remunerativo de una hora de labor del personal doméstico durante ocho días por mes a los largo de 23 años para que la exigüidad de las sumas referidas se haga patente. Por ello, tomando como guía esta pauta, propicio elevar la indemnización que fija la sentencia en valores actuales a la cantidad de $ 20.000. (arts. 163 incs. 5º y 6º, 165 del C.P.C.C.).
B) El "ius abutendi" - su menoscabo:
Aquí comienzo por señalar que el agravio desplegado por la demandada en el Cap. IV, punto 4.1. es notoriamente inviable toda vez que lo que ve menoscabado en este caso son las facultades de disposición del bien, como bien ya lo señalara el Dr. Roncoroni en el Cap. XIV, punto 1º y 1º, b de la sentencia de "Almada", en la forma como se transcribe en la sentencia a fs. 2608.
También resulta improcedente el reproche que porta el agravio eventual calificando de "desmesuradas" a las indemnizaciones que la sentencia otorga (ver Cap. IV, punto 4.2.) cuando las mismas se establecieron de acuerdo a los porcentajes de minusvalías determinados por el Ing. Cavalieri de fs. 1157, repetidos a fs. 1184 y de conformidad a la porción que en su respectiva propiedad pertenece a los actores como titulares de dominio. La crítica tampoco puede apoyarse en que las viviendas estén ubicadas en la zona portuaria, porque -como vimos en el caso "Almada"- este reproche no tiene trascendencia, pues el dictamen del experto, lejos de ignorar esto, edifica su tasación y pondera el menoscabo de los valores inmobiliarios dentro de esta circunstancia residencial que, obviamente, por ser preexistente al emplazamiento de la empresa, ya jugaba en la conformación de los valores o precios de mercado de dicha época, precisamente disminuídos o achatados luego de tal emplazamiento (arts. 163 incs. 5º y 6º, 384, 474 del C.P.C.C.).
Nos queda por ver aquellos agravios de la parte actora, limitados a las situaciones que plantea de los coactores Juan Sara y Juan Delia, Micheletti Jorge, Mecheletti Héctor Luis y Morales Dorotea Isabel, que desde ya adelanto son inviables en la medida en que el Juez de grado no sólo ha tenido en cuenta el informe de fs. 1158 sino que ha considerado la legitimación que portaba cada uno conforme la situación de dominio de la propiedad involucrada. Veamos:
a. Isabel Dorotea Morales: No le asiste razón, toda vez que si el valor de la minusvalía es de $ 15.000 -por el 100% del dominio- como se establece en la planilla que obra a fs. 1158, a esta actora -copropietaria del 50% del bien según la D.H. de fs. 832- le corresponde la mitad de aquél guarismo como bien se establece en el fallo;
b. Juan Sara y Juan Delia: Igual consideración que la anterior cabe hacer en este caso, toda vez que la indemnización que fija la sentencia se corresponde con el 1/6 que a cada actora le corresponde en la propiedad según D.H. de fs. 844. Ergo, los $ 1.000 son el sexto de $ 6.000 que es el valor de la minusvalía determinada a fs. 1158 para la propiedad en cuestión.
c. Micheletti Héctor Luis: Tampoco aquí le asiste razón al recurrente porque la suma fijada en la sentencia (ver fs. 1606 vta.) se corresponde con el tercio de la legitimación que porta según la fotocopia del certificado de dominio que obra a fs. 737/738 (la minusvalía determinada a fs. 1158 de $ 4.400 div. por 3);
d. Micheletti Jorge: También aquí se equivocan los quejosos, porque hasta donde se puede apreciar el Dr. Echeverría ha fijado la indemnización teniendo presente la minusvalía de la propiedad que es de $ 19.400 (ver fs. 1158) y el 1/3 que le corresponde a este actor conforme las constancias del certificado de dominio que obra a fs. 738. Eso sí el tercio de $ 19.400 no es $ 5.266,36 sino la suma de $ 6.466,67. Cifra ésta última en que propongo se fije esta indemnización.
C. El daño físico:
Comienzo por decir que coincido con los argumentos del Dr. Echeverría acerca de la gravedad del daño a la salud o físico que le ha provocado a los actores la contaminación ambiental realizada por Copetro, sobre la base de los dictámenes médicos del Dr. Ayllon de fs. 1204/1205, 1250/1288, 1325/1326, fs. 1356/1367 y fs. 1685/1686 y los resultados que surgen del informe del INUS de fs. 2086/2122, en función de la vecindad inmediata; daños que se traducen en riesgos permanentes a la salud de carácter irritativos, inflamatorios en la piel y mucosas con manifestaciones de conjuntivitis, blefaritis y fotosensibilización; además de afectación sobre la mucosa respiratoria que, entre otros efectos, puede ser factor concausal en personas predispuestas al asma, entidad de creciente incidencia y gravedad (ver informe del INUS).
Con lo expuesto queda bien claro que las nocivas poluciones ambientales generadas por Copetro han agredido los llamados derechos humanos o personalísimos a la vida y a la salud de los demandantes, derechos de indisputable rango constitucional. En el precedente "Almada" ya resaltamos este concepto siguiendo las modernas doctrinas que receptan la concepción humanista que bien expone M. Zavala de González cuando dice "...los daños a la intangibilidad de la persona misma, en cualquiera de sus proyecciones, son más importantes que cualquier otro daño. Inclusive así se verifica en aspectos aparentemente "exteriores" a la persona, como su "medio ambiente", pues éste es connatural a ella, de él recibe la vida y su fuerza, y hacia él necesita desplegar los mayores esfuerzos para la preservación de sí misma, de toda la humanidad y de las futuras generaciones" ("Resarcimiento de daños", Vol 2.C -Daños a las personas- Integridad espiritual y social", Ed. Hammurabi, pág. 34).
En el sub-lite ninguna duda queda que los vecinos demandantes han sido afectados en su intangibilidad, no sólo por el "daño físico" detectado por el Dr. Ayllon, sino porque los factores de riesgos se incrementan y son graves dada la cercanía de la fuente emisora. Dicen los expertos en el informe del INUS:
- “...En cuanto al tema que nos ocupa, la población del Barrio Campamento presenta ciertos factores de riesgos en relación a la exposición, tales como: presencia en el ámbito de estudio de niveles superiores a los estándares nacionales e internacionales, de PM10 en varios muestreos...”.
- “...La cercanía a la fuente emisora (playa de almacenamiento y zona de carga de buques) ya que el barrio en estudio se encuentra contiguo a la planta y muchos de sus pobladores registran residencia aún anterior a la instalación de la planta, lo cual determinaría una exposición continua a niveles de material particulado proveniente de COPETRO...”.
- “...La exposición múltiple, de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, no sólo se produce por vía inhalatoria, sino que es muy probable la exposición a través de la vía dérmica, en virtud del conocimiento sobre la presencia de polvo de coque en la zona, incrementada aún cuando soplan vientos en dirección al barrio...”. “...Determinadas características de vulnerabilidad individuales como la edad (niños y adultos mayores) y el estado físico y nutricional pueden significar condiciones predisponentes a una mayor afectación en la salud por exposición al PM y a sus componentes...”.
- En las consideraciones finales señalan: “...Los resultados del estudio no evidencian aumentos de cáncer de pulmón o piel en los pobladores actuales del Barrio Campamento. No obstante, hay una mayor frecuencia relativa de manifestaciones respiratorias (bronquitis, sintomatología inespecífica, disnea, oftalmológicas –irritación de los ojos-, y dermatológicas –irritación de la piel- comparado con el grupo control...” (fs. 2.120). “...El hecho que dentro del grupo en estudio (CASOS) dichas manifestaciones se correlacionan con la distancia a la fuente emisora de PM10 (COPETRO) sugieren que este factor se asocia a dichas manifestaciones e incide en la calidad de vida de los pobladores...".
- En las consideraciones finales también señalan “...En ese marco podemos decir que los riesgos de salud para los demandantes están multiplicados y aumentados por los contaminantes atmosféricos producidos por la empresa demandada en función de su vecindad inmediata. Tales riesgos son de carácter irritativos e inflamatorios en la piel y muchas con manifestaciones de conjuntivitis, blefaritis y fotosensibilización. Debe contarse también la afectación inflamatoria sobre la mucosa respiratoria que, entre otros efectos, puede ser factor concausal en personas predispuestas al asma, entidad de creciente incidencia y gravedad...”.
Bien señala el Dr. Echeverría que, desde un miraje ontológico, quien atienda a la misma entidad del objeto agredido y a preservar, nos situamos frente a un daño material por la entidad material de la naturaleza, no se nos escapa que el destinatario final de la tutela es la persona humana y que el derecho ambiental integra el elenco de los derechos personalísimos o humanos (en los que el bien tutelado es inherente a la persona). Y esa realidad circundante, extrema a la persona, pero, a su vez connatural a ella, forma parte del patrimonio de la gente y una porción le cabe a cada una de las personas entornadas, desde ese perfil, bien puede decirse que el ambiente o ecosistema en que moran y se desenvuelven las personas, les pertenecen y forman parte de su propiedad (en sentido lato constitucional).
Reconocido expresamente por la Constitución Nacional, fuera de duda la materialidad del objeto a preservar, ha de admitirse que toda agresión que se provoque al ambiente de cada cual, importa una disvaliosa modificación del patrimonio y como tal debe ser resarcido. Es que el perjuicio debe independizarse de su contenido económico de los bienes exteriores pertenecientes a una persona y comprender las potencialidades humanas que instrumentalmente poseen naturaleza económica.
La contaminación con sus nocivas proyecciones sobre la vida y la salud de las persones, conlleva un menoscabo resarcible de aquellas potencialidades, un inequívoco estrechamiento de su horizonte o chances futuras, con una serie de logros y tarea parcial o totalmente vedadas de esperanzas y expectativas truncadas o realizables de diversas, más costosas y cuidadas maneras. El daño ambiental debe tipificarse como daño físico, debiéndose considerarse tal la disminución de la aptitud vital genérica de la víctima existente o potencial.
Ahora bien en el sub-lite, a fs. 1.284 el Perito Médico concluye que de los 43 actores que examinó, en 33 de ellos, por la Clínica, los Estudios Complementarios y las respectivas interconsultas se ha encontrado Patología.
Agrega que uno de los actores tiene Derrame Conjuntival bilateral que es altamente probable o posible la existencia de una relación causa-efecto, con la polución ambiental.
En 8 de los 43 actores se ha constatado también la presencia de patología a nivel del tracto respiratorio inferior: Broncopatías Crónicas, sostiene que la existencia de material particulado puede considerarse responsable del desencadenamiento de esa patología.
También constató en 3 actores la presencia de patología a nivel del Tracto Respiratorio Alto, que estaría relacionada con el material particulado de mayor tamaño.
Coincido también con los parámetros que ha fijado el juez de grado a fs. 2613 vta./14; pero en lo que no voy a coincidir es en la tarifación de los daños toda vez que me parecen un tanto exiguos, por ello propongo al acuerdo elevar los montos como sigue:
1º.- Barragán, Yanina Fernanda: $ 21.000
2°.- Barragán, José Enrique: $ 18.200
3°.- Barragán, Matías Emanuel: $ 14.000
4°.- Buzzela, Gladys Noemí: $ 14.000
5°.- Enseñat, Juan José: $ 18.200
6°.- Rosales, Juana de las Nieves: $ 18.200
7°.- Enseñat, Pablo César: $ 18.200
8°.- Nestares, Héctor Manuel: $ 18.200
9°.- Zamponi, Mónica Marta: $ 18.200
10°.- Nestares, María Celeste: $ 18.200
11°.- Nestares, María Elizabeth: $ 14.000
12°.- Enseñat, Ignacio Javier: $ 14.000
13°.- Vera, Stella Maris: $ 14.000
14°.- Schneider, Carolina: $ 14.000
15°.- Cardinali, Elida: $ 21.000
16°.- Frutos, Ladislao Eulogio: $ 21.000
17°.- Micheletti, Héctor Luis: $ 14.000
18°.- Micheletti, Jorge Eduardo: $ 21.000
19.- Micheletti, Guillermo: $ 18.200
20°.- Micheletti, Edgardo Alejandro: $ 18.200
21°.- Micheletti, Darío Eduardo: $ 21.000
22°.- Barrese, José: $ 18.200
23°.- Micheletti, Stella Maris: $ 18.200
24°.- Barrese, Marcos Ariel: $ 14.000
25°.- Barrese, Gisella Verónica: $ 14.000
26°.- Bignasco, Dante Evasio: $ 21.000
27°.- Nazarre, María Ester: $ 21.000
28°.- Morales, Dorotea Isabel: $ 14.000
29°.- Juan, Delia: $ 14.000
30°.- Juan, Sara: $ 18.200
31°.- Alonso, Raúl José: $ 14.000
32°.- Lascano, Rene Alba: $ 14.000
33°.- Pérez, Lidia Matilde: $ 14.000
34°.- Sagarduy, Alberto Omar: $ 14.000
35°.- Samponi, Alicia: $ 14.000
36°.- Sagarduy, Leandro Ceferino: $ 18.200
37°.- Sagarduy, Mauricio Leonel: $ 18.200
38°.- Sagarduy, Emanuel Andrés: $ 18.200
39°.- Loschiavo, José Alfonso: $ 18.200
40°.- Loschiavo, Diego Javier: $ 14.000
41°.- Maruda, Nicolás Basilio: $ 14.000
42°.- Ferrero, Teresa María: $ 14.000
43°.- Pellegrini, Emma: $ 21.000
44°.- Schneider, Hugo Víctor: $ 14.000
45°.- Remaggi, Pablo Santiago: $ 14.000
46°.- Galiussi, Blanca Celia: $ 14.000
47°.- Barco, Francisco José: $ 14.000

D) El daño moral:
La procedencia de la indemnización de este rubro llega inhiesta a esta Alzada en la medida en que no ha sido cuestionada por la accionada. Sólo nos queda por ver el tema de la cuantificación del daño que cuestionan los representantes de los actores por considerar que la indemnización es exigua.
A partir del concepto de daño moral que ilustra la sentencia (siguiendo las aguas de las Segundas Jornadas de Derecho Civil de San Juan del año 1984) ya nadie duda que la contaminación de Copetro ha generado una disvaliosa modificación en el estar de las personas (los actores vecinos del Barrio Campamento) y anímicamente perjudicial.
Por ello, teniendo presente el grado de extensión y continuidad temporal del mismo (casi 23 años años) en forma casi ininterrumpida -lo que es reflejo de la gravedad del mismo-; los argumentos esgrimidos por el Dr. Echeverría en la sentencia en crisis y prestando también atención al escenario del daño que proyecta sus dolorosos efectos espirituales a todas las relaciones que se germinan en el mismo (ver pericia en fs. 860 de la Asistente Social Vilma Gloria Gago; arts. 384, 474 del C.P.C.C.), vaya mi voto por elevar las indemnizaciones por daño moral a la suma de $ 15.000, para cada actor (doct. art. 1078 del Cód. Civil: arts. 163 incs. 5º y 6º, 165, 384, 474 del C.P.C.C.; esta Sala c. 215.327, 215.328, 215.329 del 9-2-95 in re "Almada y acumulados").
E) Los intereses:
Por último resultan inviables los argumentos de la parte demandada sobre el comienzo y el modo de computar los intereses.
En efecto, hemos sostenido en el precedente "Almada" (y acumulados) que habida cuenta la naturaleza resarcitoria de las pretensiones que dan su causa, en la especie, a la condena de pagos de sumas de dinero y el carácter moratorio de los intereses que acompañan tal condena es indudable que el cómputo de los mismos ha de hacerse desde la fecha en que se produjo el daño, tal como ha sido establecido en la sentencia de primera instancia (ver S.C.B.A. Ac. 33.140, entre tantos otros).
Por ello, se confirma lo decidido en el fallo apelado y aclaratoria de fs. 2652.
F) El capital de condena:
De ser aceptadas en el Acuerdo las propuestas que he dejado planteadas ut-supra, y siguiendo el método de la sentencia apelada el capital de condena queda configurado como sigue:
a. Ius abutendi, daño físico y daño moral:
1°) Sagarduy Alberto Omar:
Ius abutendi: $ 5.850
Daño Físico actual y futuro: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 34.850
2°) Samponi, Alicia Haydee:
Ius abutendi: $ 5.850
Daño Físico actual y futuro: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 34.850
3°) Sagarduy, Leandro Ceferino:
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 33.200
4°) Sagarduy, Emanuel Andrés:
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 33.200
5°) Sagarduy, Mauricio Leonel:
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 33.200
6°) Maruda, Nicolás Basilio:
Ius abutendi: $ 22.000
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15000
Total: $ 51.000
7°) Ferrero, Teresa María:
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 29.000
8°) Nestares, Héctor Manuel:
Ius abutendi: $ 7.400
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 40.600
9°) Zamponi, Mónica Marta:
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 33.200
10°) Nestares, María Celeste:
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 33.200
11°) Nestares, María Elizabeth:
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 29.000
12°) Barrese, José:
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 33.200
13°) Micheletti, Stella Maris:
Ius abutendi: $ 17.000
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 50.200
14°) Barrese, Marcos Ariel:
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 29.000
15°) Barrese, Gisella Verónica:
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 29.000
16°) Galiussi, Blanca Celia:
Ius abutendi: $ 6.800
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 35.800
17°) Frutos, Ladislao Eulogio:
Ius abutendi: $ 6.800
Daño Físico: $ 21.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 42.800
18°) Alonso, Raúl José:
Ius abutendi: $ 5.750
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 34.750
19°) Lascano, Rene Alba:
Ius abutendi: $ 5.750
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 34.750
20°) Juan, Sara:
Ius abutendi: $ 1.000
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 34.200
21°) Juan, Delia:
Ius abutendi: $ 1.000
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 30.000
22°) Barragán, José Enrique:
Ius abutendi: $ 6.000
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 39.200
23°) Buzella, Gladys Noemí:
Ius abutendi: $ 6.000
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 35.000
24°) Barragán, Yanina Fernanda:
Daño Físico: $ 21.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 36.000
25°) Barragán, Matías Emanuel:
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 29.000
26°) Remaggi, Pablo Santiago:
Ius abutendi: $ 4.800
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 33.800
27°) Enseñat, Juan José:
Ius abutendi: $ 3.500
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 36.700
28°) Rosales, Juana de las Nieves:
Ius abutendi: $ 3.500
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 36.700
29°) Enseñat, Pablo César:
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 29.000
30°) Enseñat, Ignacio Javier:
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 29.000
31°) Micheletti, Jorge Eduardo:
Ius abutendi: $ 6.466,67
Daño Físico: $ 21.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 42.466,67
32°) Cardinali, Elida Matilde:
Daño Físico: $ 21.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 36.000
33°) Micheletti, Darío Eduardo:
Daño Físico: $ 21.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 36.000
34°) Micheletti, Guillermo Federico:
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 33.200
35°) Micheletti, Edgardo Alejandro:
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 33.200
36°) Micheletti, Héctor Luis:
Ius abutendi: $ 1.466,67
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 30.466,67
37°) Schneider, Hugo Víctor:
Ius abutendi: $ 4.100
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 33.100
38°) Vera, Stella Maris:
Ius abutendi: $ 4.100
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 33.100
39°) Schneider, Carolina:
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 29.000
40°) Barco, Francisco José:
Ius abutendi: $ 1.500
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 30.500
41°) Pellegrini, Emma:
Ius abutendi: $ 1.500
Daño Físico: $ 21.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 37.500
42°) Loschiavo, José Alfonso:
Ius abutendi: $ 9.000
Daño Físico: $ 18.200
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 42.200
43°) Pérez, Lidia:
Ius abutendi: $ 9.000
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 38.000
44°) Loschiavo, Diego Javier:
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 29.000
45°) Bignasco, Dante Evasio:
Ius abutendi: $ 8.000
Daño Físico: $ 21.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 44.000
46°) Nazarre, María Ester:
Ius abutendi: $ 8.000
Daño Físico: $ 21.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 44.000
47°) Morales, Dorotea Isabel:
Ius abutendi: $ 7.500
Daño Físico: $ 14.000
Daño moral: $ 15.000
Total: $ 36.500
b. Ius utendi:
1º) Sagarduy Alberto Omar, Samponi Alicia Haydee, Sagarduy Leandro Ceferino y Sagarduy Mauricio Leonel: $ 20.000.
2°) Maruda Nicolás Basilio y Ferrero Teresa María: $ 20.000.
3°) Nestares Héctor Manuel, Zamponi Mónica Marta, Nestares María Celeste y Nestares María Elizabeth: $ 20.000.
4°) Barrese José, Micheletti Stella Maris, Barrese Marcos Ariel y Barrese Gisella Verónica: $ 20.000.
5°) Galiussi Blanca Celia y Frutos Ladislao Eulogio: $ 20.000.
6°) Alonso, Raúl José y Lascano Rene Alba: $ 20.000.
7°) Juan Sara y Juan Delia: $ 20.000.
8°) Barragán José Enrique, Buzella Gladys Noemí, Barragán Yanina Fernanda y Barragán Matías Emanuel: $ 20.000.
9°) Remaggi Pablo Santiago: $ 20.000.
10°) Enseñat Juan José, Rosales Juana de las Nieves, Enseñat Pablo César y Enseñat Ignacio Javier: $ 20.000.
11°) Micheletti Jorge Eduardo, Cardinali Elida Matilde, Micheletti Darío Eduardo, Micheletti Guillermo Federico y Edgardo Alejandro Micheletti: $ 20.000.
12°) Micheletti, Héctor Luis: $ 20.000
13°) Schneider Hugo Víctor, Vera Stella Maris y Schneider Carolina: $ 20.000.
14°) Barco Francisco José y Pellegrini Emma: $ 20.000.
15°) Loschiavo José Alfonso, Pérez Lidia y Loschiavo Diego Javier: 20.000.
16°) Bignasco, Dante Evasio y Nazarre María Ester: $ 20.000.
17°) Morales Dorotea Isabel: $ 20.000.

c. El monto total por el que prospera la demanda asciende en definitiva a la suma de $ 1.991.633,34.

Por todo ello, con las salvedades hechas en cuanto al monto de las indemnizaciones, doy mi voto por la AFIRMATIVA.

A la misma primera cuestión, el Señor Juez Doctor Lavié (h) dijo que adhería al precedente voto aduciendo idénticos fundamentos.
A la segunda cuestión, el Señor Juez Doctor Pérez Crocco dijo:
Vista la concordancia de votos lograda al tratar la cuestión anterior (arts. 266, 267 del C.P.C.C.) corresponde -y así lo dejo propuesto- confirmar parcialmente la sentencia apelada de fs. 2581/2628 vta. y aclaratoria de fs. 2652 y, consecuentemente, elevar el capital de condena a la cantidad de $ 1.991.633,34 en la forma determinada en el considerando 7, punto F) de la presente sentencia, con costas (art. 68 del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión, el Señor Juez Doctor Lavié (h) dijo que adhería al precedente voto aduciendo idénticos fundamentos. Con lo que finalizó el Acuerdo dictándose la siguiente

S E N T E N C I A
En el presente Acuerdo ha quedado establecido, con las salvedades hechas en cuanto al monto de las indemnizaciones, que la sentencia apelada y su aclaratoria se ajusta a derecho (ver citas legales hechas en los considerandos que preceden). En consecuencia, confírmase parcialmente la sentencia apelada de fs. 2581/2628 vta. y aclaratoria de fs. 2652, y consecuentemente, elévase el capital de condena a la suma de $ 1.991.633,34 y en la forma detallada en el considerando 6, punto F) de la presente sentencia, con costas. Oportunamente se regularán los honorarios devengados en esta Alzada (art. 31 de la ley 8904).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVANSE.

FUENTE: www.scba.gov.ar

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