martes, 13 de enero de 2009

Artículo Diario la Nación, usurpación casas

Casas tomadas, un mal sin remedio




La ocupación indebida de inmuebles de propiedad ajena es una plaga extendida por casi todo el país, pero ha hincado su diente con mayor saña en nuestra ciudad y en el Gran Buenos Aires. Pertinaz y precursora manifestación de la anomia generalizada que ha infectado la vida de los argentinos, esta contracara del derecho de propiedad es practicada sin oposición alguna, sin que haya tan siquiera preocupación por remediar sus causas y sin que tampoco se aprecie inquietud tangible por aliviar los perjuicios sufridos por quienes, siendo legítimos propietarios, han sido impunemente despojados de sus bienes.

No es un problema reciente. La ocupación de inmuebles comenzó hace algo más de medio siglo, cuando muchísimos habitantes del interior se trasladaron a Buenos Aires en busca de mejores oportunidades laborales y aquí descubrieron que no les era fácil conseguir vivienda digna y accesible a sus posibilidades. El congelamiento de los alquileres, que había retaceado la oferta de inmuebles para rentar, y el auge de la propiedad horizontal, inaccesible para los estratos menos pudientes de la sociedad, contribuyeron a agravar esa crítica situación, pero, por supuesto, no justificaron la reacción posterior. Y no mucho más tarde, la paulatina paralización de los planes para construir viviendas económicas le puso rúbrica a la ignorancia dolosa del derecho de propiedad.

Así fue como ciertos sectores, en algunos casos por propia iniciativa, en otros aleccionados y alentados por indisimulables intereses políticos, y más de una vez engañados por comisionistas fraudulentos, comenzaron a apropiarse de inmuebles ajenos, ya fuesen en paralizado proceso de construcción, temporariamente desocupados o abandonados. El estado de necesidad -término del cual se ha hecho uso y abuso- pretendió explicar invasiones que no eran o son más que meros delitos, cometidos al amparo de la pasividad de las autoridades gubernamentales, legislativas, policiales y judiciales.

Ni siquiera el agravamiento, en 1995, de las penalidades contempladas para la ocupación de inmuebles y, en 2002, la puesta en vigencia de procedimientos de desalojo más terminantes y expeditivos, concretados tras abundantes dilaciones, lograron ponerle remedio a la impunidad de los invasores, hasta exaltados por dudosas expresiones culturales o artísticas.

Tan sólo en el marco de los límites geográficos de nuestra urbe hay entre 170.000 y 200.000 personas -cantidad que duplica la de hace dos años- que ejercen esa variante de la marginalidad, casi siempre hacinadas hasta la degradación en inmuebles desprovistos de las más elementales comodidades y sumidos en la falta de higiene y un cúmulo de riesgos edilicios. Proliferan en la zona sur, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y los barrios que desde allí se extienden hasta el confín oeste de la planta urbana. Suerte de modernos conventillos en los cuales no es osado inferir que en algunos de ellos hay forzosa convivencia de legítimas necesidades y subrepticias actividades delictivas.

Todo eso, ante la indiferente pasividad de las autoridades locales, que con sus mínimos esfuerzos -por ejemplo, la declaración de la emergencia habitacional- no han podido erradicar ni el mal en sí mismo ni tampoco sus causas. Vergonzosa continuidad que poco favor les hace a los que la toleran de brazos cruzados, afrenta a quienes voluntaria o involuntariamente padecen sus inconvenientes y denigra la fisonomía de un ciudad que no oculta su pretensión de hacer del turismo una industria permanente y rentable.
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