sábado, 12 de agosto de 2017

Rechazo de la inhabilidad de título interpuesta por los ejecutados por una deuda proveniente de una locación de inmueble con destino comercial, por hacer uso de la rescisión anticipada convenida por las partes

Rechazo de la inhabilidad de título interpuesta por los ejecutados por una deuda proveniente de una locación de inmueble con destino comercial, por hacer uso de la rescisión anticipada convenida por las partes

Partes: Galerias Larreta SACI c/ GAX S.A. y otro s/ ejecución de alquileres
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Sala/Juzgado: K
Fecha: 9-may-2017
Cita: MJ-JU-M-105208-AR | MJJ105208 | MJJ105208Rechazo de la inhabilidad de título interpuesta por los ejecutados por una deuda proveniente de una locación de inmueble con destino comercial, por hacer uso de la rescisión anticipada convenida por las partes.
Sumario:

1.-En el caso de las locaciones comerciales, el contrato en principio sólo termina por la expiración del plazo de duración previsto voluntariamente por las partes, salvo acuerdo en contrario o declaración judicial de extinción por alguna de las causales permitidas, por lo que si las partes -en uso de su autonomía de la voluntad- pactaron la rescisión anticipada y su modalidad en una de las cláusulas del contrato de locación, mediante el monto de una multa dispuesta a favor de la locadora para el caso en que la locataria hiciera uso de esta facultad rescisoria, no resulta de aplicación analógica la rescisión prevista por el art. 8 de la ley 23.091.
2.-Tratándose de una locación de inmueble con destino comercial, prevalece lo convenido por las partes, quienes pactaron una cláusula relativa a la rescisión , estableciendo el monto a abonarse en concepto de multa , ya sea que se entienda aplicable el régimen anterior que regulaba la Ley 23.091 , como en el actual previsto en el art. 1221 del CcivCom.
3.-El plazo de locación puede ser rescindido por el locatario sólo si el contrato así lo dispuso, o si la ley le concede esa facultad lo que no ocurre cuando se trata de una locación comercial o profesional, resultando la rescisión unilateral inhábil para dispensar del pago de los arriendos pendientes hasta concluir el plazo.
4.-Que la accionante haya exigido el pago de los alquileres devengados y no satisfechos por la locadora, y no haya exigido el pago de la multa establecida para el caso de rescisión anticipada no es un argumento válido para determinar que no existe deuda impaga susceptible de ser reclamada por vía ejecutiva que tiene como base el contrato de alquiler sobre la finca, y no resulta tampoco argumento válido para rechazar la ejecución.
5.-Corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título interpuesta por los demandados desestimando las observaciones realizadas por los ejecutados, vinculadas con el origen de la causa de la obligación dado que no puede servir de sustento a su defensa la circunstancia de que los ejecutados hubieran notificado la rescisión anticipada del contrato de locación al accionante ni tampoco las circunstancias que rodearon la desocupación del inmueble, pues se relacionan con el nacimiento de la obligación y su análisis se encuentra excluido en el inc. 4º, del art. 544 , del CPCCN.
Fallo:
Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.- MV
UTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Contra el decisorio de fs. 135/140 apela la actora quien expresa agravios a fs. 145/159, cuyo traslado fuera contestado a fs. 162/171. Se queja la locadora de la admisión de la excepción de inhabilidad de título que interpusieran sus contrarios.
II. En primer lugar, debe señalarse que el juicio ha llegado a esta Sala para revisar la sentencia ejecutiva dictada en la instancia, cuando ya ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial (Ley 26.994 y su modificatoria Ley 27.077). Debe resolverse la cuestión de conformidad a lo previsto en su art. 7, reproducción del anterior del art. 3 del Código Civil, salvo la modificación del último párrafo referida a la aplicación de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Dice el art. 7 en cuanto a la Eficacia temporal que “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.” Como se advierte la primera regla de interpretación que sienta la norma es la aplicación inmediata de la nueva ley a las situaciones y relaciones jurídicas en curso, aunque pueden darse casos de expresa disposición del legislador en cuanto a la aplicación de la ley anterior. Claro está que en su segundo párrafo el art. 7 establece otro principio de interpretación “las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.” Como se ha dicho la cuestión del conflicto de leyes en el tiempo es un tema que ya ha sido abordado y clarificado definitivamente por la buena doctrina nacional y que no ofrece nuevos problemas pues el texto del art. 7 no ha variado la ley anterior (Bas, Francisco Junyent, El derecho transitorio.A propósito del artículo 7 del Código Civil y Comercial, LL del 27 de abril de 2015). Así, a partir del texto introducido en el art. 3 del Código Civil por la ley 17711, se ha interpretado que la ley nueva no es retroactiva, salvo los casos especialmente reconocidos por el legislador y que no afecten derechos constitucionales. Empero se ha reconocido también el efecto inmediato de la nueva ley, lo que no significa retroactividad pues se entiende su aplicación para el futuro y en cuanto las relaciones jurídicas no se hallen consolidadas. Esta solución de derecho transitorio se basó en la teoría de Roubier respecto de la noción de situación jurídica y al principio del efecto inmediato de la ley nueva que triunfó en el III Congreso Nacional de Derecho Civil. Así, este autor considera que en toda situación jurídica los aspectos dinámicos son los de creación o constitución y de extinción, cuando ésta se ha concluido o consumido la nueva ley no puede volver sobre ella. En cambio, cuando la situación jurídica tiene efectos posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley que se proyectan en el tiempo, le es aplicable el principio del efecto inmediato de la nueva ley (Roubier, Paul, Les conflits des lois le temps, Paris, 1929, Borda, Guillermo, Efectos de la ley con relación al tiempo, ED 28-810; Belluscio, Zannoni, Código Civil anotado, t I, Astrea, p. 20; Moisset de Espanés, Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 del Código Civil, Universidad Nacional de Córdoba, 1976). Citando a Roubier se ha distinguido las situaciones en curso que son alcanzadas por la nueva ley a partir de su entrada en vigencia. En este sentido respecto de las leyes que gobiernan la creación o extinción de las situaciones jurídicas, el principio admitido es que tales leyes toman la situación en curso de constitución o extinción a partir de la entrada en vigencia.En las situaciones de formación continua o sucesiva, la ley nueva respeta los elementos ya reunidos bajo la ley precedente pero puede modificarlos agregando condiciones nuevas. Respecto de las leyes que gobiernan el contenido y los efectos de las situaciones jurídicas, la opinión dominante introduce una distinción entre las situaciones legales en curso y las situaciones contractuales en curso, las primeras se regularán por la nueva ley para los efectos posteriores a esta ley; mientras las leyes nuevas no actúan respecto de los contratos en curso de ejecución (Roubier, Le droit transitoire, Paris 1960, n° 37, p. 173, Lavalle Cobo, Jorge E, com. art. 3 Código Civil comentado dirigido por Belluscio, Augusto C. y coordinado por Zannoni, Eduardo, T 1, p. 17). Especificaba Borda en su ponencia presentada en III Congreso Nacional de Derecho Civil, siguiendo a Roubier la distinción entre el concepto de retroactividad y el efecto inmediato de la ley (Ponencia citado en ED 36-732) Y agregaba que “la situación jurídica objetiva es permanente; los poderes que de ella derivan son susceptibles de ejercerse indefinidamente, sin que por ello desaparezca la situación o poder, está organizada por la ley de modo igual para todos. Ejemplos característicos son el derecho de propiedad y, en general, todos los derechos reales; la situación de padre, hijo, esposo, etc. (Borda, Guillermo, Efectos de la ley con relación al tiempo, ED 28-810). De la misma forma lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia aplicando las leyes nuevas a los efectos en curso de la relación nacida bajo el imperio de la ley antigua (Fallos 327:1139 ; 306:1160; 318:2438 ; 325:28 , 331:2628; ED 67-412 y ED 72-597 citados por Bas, Francisco Junyent Bas, en El derecho transitorio. A propósito del artículo 7 del Código Civil y Comercial, LL del 27 de abril de 2015; CS agosto 62015, D.I.P., V.G. y otros c. R. de E. C. y C. de las P.amparo, AR/JUR/2583/2015 y Suplemento LL Constitucional setiembre 2015). Nótese que el contrato de locación de inmueble con fines comerciales fue suscripto por las partes el 7 de marzo de 2014 (cfr. fs. 4/9 y su certificación notarial de firmas de fs. 10); mientras que los demandados alegan en el mes de febrero de 2016 operó la rescisión contractual con base en el ya entonces vigente Código Civil Comercial (art. 1217 inc. b). Ahora bien, sea que se entienda aplicable el régimen anterior que regulaba la ley 23.091, como en el actual (art. 1221 CCCN), lo cierto es que al tratarse de una locación de inmueble con destino comercial, prevalece lo convenido por las partes y, en el caso “sub examen”, han pactado en la cláusula quinta lo relativo a la “rescisión”, estableciendo el monto a abonarse en concepto de “multa”. Sobre este tópico no podemos soslayar que la jurisprudencia ha sido explícita al señalar que en el caso de locaciones comerciales, como resulta ser la presente, el contrato en principio sólo termina por la expiración del plazo de duración previsto voluntariamente por las partes, salvo acuerdo en contrario o declaración judicial de extinción por alguna de las causales permitidas, no resultando de aplicación analógica la rescisión prevista por el art. 8 de la ley 23.091 (conf. esta Sala “Rodriguez Miranda, Carlos Alberto c/ Prado, Héctor s/ consignación de llaves”, 14/2/95, expte. 153.824). Asimismo la Sala B de esta Cámara (expte.nº158.878, 19/4/95) estableció que el plazo de locación puede ser rescindido por el locatario sólo si el contrato así lo dispuso, o si la ley le concede esa facultad lo que no ocurre cuando se trata de una locación comercial o profesional, resultando la rescisión unilateral inhábil para dispensar del pago de los arriendos pendientes hasta concluir el plazo.
III.Sentado lo anterior, cabe destacar que la excepción de inhabilidad de título interpuesta por los ejecutados reconoce una íntima vinculación argumental relacionada con la existencia -en sí- de la deuda que en concepto alquileres impagos reclama la accionante. Para ello, en argumentación que la Sra. Juez de grado recoge, entiende que la rescisión anticipada importó la extinción del contrato de locación y, por ende, la delimitación del reclamo que puede formularse en este juicio ejecutivo. De allí que, en lo que se refiere a la excepción de inhabilidad de título opuesta, cabe recordar que queda configurada en aquellos supuestos en que se cuestiona la legitimación procesal del ejecutante o ejecutado en razón de no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor (conf. Palacio, “Derecho Procesal Civil, T° VII, pág. 424, nro. 1083; Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T.2 pág. 763), y supone que un documento no es eficaz en el sentido que no vincula a las partes, que hay un defecto en el mismo respecto de la procedencia de la vía ejecutiva tal como la obligación exigible de dar cantidades de dinero líquidas y fácilmente liquidables, o que no se ha cumplido el plazo, prestación o condición que el mismo establece. Además de que mediante tal defensa solamente cabe denunciar la inhabilidad extrínseca del título, conforme lo normado por el art. 544, inc. 4 del Código Procesal (conf. Falcón, “Código Procesal Civil y Comercial” T° III, pág. 683; Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos Procesales.”, T° VI-B, pág. 118, CNCiv., Sala A, 14.2.88, LL 1989-E-605; id., Sala B, 22.4.94, LL 1994-D-299; id., Sala G, 2.7.82, LL 1983-A-481), presupuestos que no se observan en la especie. De ahí que, en el caso, deben desestimarse las observaciones que realizan los ejecutados, porque están vinculadas con el origen de la causa de la obligación.En efecto, no puede servir de sustento a la defensa articulada la circunstancia de que los ejecutados hubieran notificado la rescisión anticipada del contrato de locación al accionante ni tampoco las circunstancias que rodearon la desocupación del inmueble, pues -sin dudas- se relacionan con el nacimiento de la obligación y su análisis se encuentra excluido en el inciso 4º, del art. 544, del Código Procesal (conf. Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, t. VI-1, p. 438 y jurisp.allí cit.; conf. CNCiv. Sala C, R.123.896, del 23-2-993; id. R.167.903, del 2-5-993, entre otr os), sin perjuicio de que pueda discutirse la legitimidad de la causa en el juicio ordinario posterior. Sólo a título de mayor abundamiento, lo cierto es que la rescisión, como acto unilateral, tiene en el marco del contrato de locación de inmuebles la particularidad de su regulación específica. En efecto, más allá de que a la fecha que se invoca como rescisión del contrato no se encontraba ya vigente el artículo 8 de la ley 23.091 (derogado por ley 26.944), lo cierto es que las partes -reiteramos, en uso de su autonomía de la voluntad- habían pactado la rescisión anticipada y su modalidad en la cláusula quinta del contrato de locación (cfr. fs. 4 vta.). En tales condiciones, habían pactado que el monto de la multa dispuesta a favor de la locadora para el caso en que la locataria hiciera uso de esta facultad rescisoria, ascendería a $ 145.937,30, monto que -a la luz de las manifestaciones y reconocimientos formulados por los ejecutados- no fue pagado ni consignado al pago (cfr. actas de constatación notarial de fs. 60 e intercambio epistolar de fs,. 47/55). Sobre tales pautas interpretativas, la voluntad expresada por las partes en el contrato de locación, y las circunstancias sobrevinientes que desembocaron en la restitución de la finca, la accionante ha exigido el pago de los alquileres devengados y no satisfechos por la locadora.Que no haya exigido el pago de la multa establecida para el caso de rescisión anticipada no es un argumento válido para determinar que no existe deuda impaga susceptible de ser reclamada por esta vía ejecutiva que tiene como base el contrato de alquiler sobre la finca de marras, y no resulta tampoco argumento válido para rechazar la ejecución como lo hiciera la Sra. Juez de grado en tanto, reiteramos, esa cuestión excede el limitado marco de este juicio ejecutivo. Nótese que el acta de depósito de fs. 60 nada aporta como prueba de la rescisión invocada por la ejecutada, ya que no surge del mismo recepción de llaves alguna, sino entrega compulsiva del local de que se trata. El abandono del bien tampoco puede alegarse como eximente o fundamento de la excepción analizada, por cuanto como ya se dijera en la jurisprudencia citada “ut supra” sólo el acuerdo en contrario exime del plazo contractualmente fijado. Tampoco se acredita el cumplimiento del mecanismo estipulado en la cláusula quinta del contrato ni puede ser invocado por el locatario para eximirse del pago que se le reclama en tanto es resorte de la la locadora perseguir el cobro de los arriendos que se devenguen y/o la multa por rescisión anticipada, pues se trata de conceptos y prestaciones distintas, debiéndose tener en cuenta que los arriendos son debidos hasta el momento en que el inmueble fuera efectivamente restituido. En su mérito, los agravios vertidos por la apelante habrán de ser admitidos, desestimando de este modo la excepción de inhabilidad de título y haciendo lugar a la ejecución de alquileres incoada. Los intereses y accesorios deberán ser establecidos en la instancia de grado, a fin de propender a la tutela de la garantía de la doble instancia en el procedimiento.
IV. Por tales consideraciones, el Tribunal, RESUELVE: Revocar el pronunciamiento de fs.135/140 y, en su mérito, rechazar la excepción de inhabilidad de título interpuesta por “Gax S.A.” y Alejandro Santiago Farrell, mandando llevar adelante la ejecución contra los ejecutados hasta hacerse el acreedor íntegro pago del capital reclamado con más sus intereses -a establecerse en la instancia de grado- y las costas del proceso en ambas instancias en orden al principio objetivo de la derrota el que no se encuentra mérito para apartarse (arts. 68 y art. 69 del Código Procesal). Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1 de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013, y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN; a tal fin, notifíquese por Secretaría. Cumplido, devuélvase a la instancia de grado. Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido. La Dra. Silvia Díaz no firma el presente por hallarse en uso de licencia.
recuperado de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/08/03/rechazo-de-la-inhabilidad-de-titulo-interpuesta-por-los-ejecutados-por-una-deuda-proveniente-de-una-locacion-de-inmueble-con-destino-comercial-por-hacer-uso-de-la-rescision-anticipada-convenida-por-l/

Simulación del acto de compraventa de un automóvil por parte de la demandada y el cónyuge difunto de la parte actora

Simulación del acto de compraventa de un automóvil por parte de la demandada y el cónyuge difunto de la parte actora

Partes: Gonzalez Mónica Rosa y otros c/ Prez Miriam Gladis s/ j. ordinario
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista
Sala/Juzgado: 4ta circ.
Fecha: 30-mar-2017
Cita: MJ-JU-M-105097-AR | MJJ105097 | MJJ105097
Simulación del acto de compraventa de un automóvil por parte de la demandada y el cónyuge difunto de la parte actora, debiendo restituir el rodado y reparar los perjuicios ocasionados por la demora en el cumplimiento al actor y sus herederos.
Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia y admitir la demanda de simulación tendiente a que se determine que el cónyuge difunto, -hermano de la demandada- era el verdadero titular del automóvil tal como indica la actora en su demanda, obligándose a la demandada a restituir el vehículo al actor y herederos toda vez que del conjunto de indicios así como la causa o motivación que llevó al difunto y a su hermana apelada a efectuar la compra a nombre de ésta, confirman la existencia de un mandato oculto.
2.-Toda vez que se acreditó la existencia de un mandato oculto, está obligada la demandada a abonar al accionante la diferencia de precio existente entre el rodado en cuestión y uno equivalente de un modelo 4 años anterior a la fecha de entrega del vehículo, para que la actora no soporte la desvalorización de la unidad que sufrió y debe ser abonada por la incumplidora.
Fallo:
En la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, a los 30 días de Marzo de 2017, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. María Eugenia Chapero, Santiago Andres Dalla Fontana y Alejandro Alberto Roman, para resolver los recursos interpuestos contra la resolución dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito Nº 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, en los
autos: GONZALEZ, MÓNICA ROSA Y OTROS C/ PREZ, MIRIAM GLADIS S/ J.ORDINARIO, EXPTE. Nº 41, AÑO 2014. Acto seguido, el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Dalla Fontana, Chapero y Roman, y se plantean para resolver las siguientes cuestiones:
Primera: ¿Es nula la sentencia?
Segunda: Caso contrario, ¿Es justa?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Dr. Dalla Fontana dijo: el recurso de nulidad no es sostenido por la recurrente en esta instancia. Tampoco advierto vicios de entidad suficiente que aconsejen su tratamiento de oficio. Voto pues por la negativa.
A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido, mientras que el Dr. Roman luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la LOPJ.
A la segunda cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: Mónica Rosa Gonzalez, Maira Janina Prez y Marcelo Javier Prez, esposa e hijos -respectivamente- del fallecido Jorge Alberto Prez, iniciaron juicio de simulación contra la hermana de éste, Miriam Gladis Prez, aduciendo que era el difunto y no esta última la verdadera titular del automóvil Toyota Corolla año 2004, dominio EJH837. Pretendían así los actores que, una vez establecida la verdadera titularidad, se les entregue el vehículo en su carácter de cónyuges y herederos de Jorge A. Prez, con más reparaciones por daño moral y material. La sentencia de Primera Instancia (fs.148/149) rechazó la tacha deducida por la demandada contra el testigo Pablo José Gonzalez por no haber advertido el Magistrado circunstancias que lo hayan llevado a beneficiar a la actora, no siendo la amistad óbice a la objetividad; y rechazó también la demanda en todas sus partes, con costas a la actora. Consideró el a-quo que obraban factura e inscripción registral del automotor a nombre de Miriam Prez; que el acto impugnado no es ilegítimo; que aún si la unidad hubiere sido pagada por Jorge Prez, estaba habilitado para realizar una liberalidad en virtud de lo dispuesto por los arts. 1276 y 1277 C.C.; que la Sra. Gonzalez otorgó el asentimiento conyugal para la venta de la unidad que a la postre habría sido entregada como parte de pago del automóvil adquirido a nombre de la demandada, por lo que aquélla dejó de pertenecer a la sociedad conyugal; y que Jorge Prez no necesitaba simular ni acudir al fraude para disponer del primer Toyota Corolla y del dinero proveniente de su trabajo, dándole así un destino legítimo a sus bienes. Por otra parte estimó el anterior que no se demostró que la accionada hubiera sido puesta como testaferro. Argumentó que los testigos únicamente sabían quién usaba el automóvil, pero no quién lo había comprado, por lo que sus dichos resultan insuficientes, no habiéndose acreditado tampoco incapacidad económica de Gonzalez.
La sentencia fue apelada por la parte actora y el recurso le fue concedido. Lo funda en esta sede.
Principia su expresión de agravios exponiendo acerca de la carga dinámica de la prueba que caracteriza a los juicios de simulación, donde las partes deben colaborar en su ofrecimiento y producción, y a partir de ello critica el rol ceñido a “una negativa cerrada, total y a una probanza acotada” (fs. 175 vta.) asumido por su contraparte. Destaca el rol que cumplen las presunciones frente a la imposibilidad de una prueba directa o determinada en la materia; y que el extinto Sr.Prez debió actuar como un buen padre de familia. Se agravia luego porque el juzgador valoró que el Toyota Corolla dominio EJH837 fue adquirido por Gonzalez y esgrime que, en cambio, fue adquirido por Jorge Alberto Prez mediante la entrega de un vehículo más viejo y el pago de la diferencia en efectivo. Efectúa un raconto de la secuencia cronológica de los hechos en apoyo a su postura. Entiende la recurrente que tras la firma del formulario 08 por parte de Gonzalez se esperaba que el nuevo vehículo se inscriba a nombre del Sr. Prez -separado de hecho- formando parte así -como el anterior- de la sociedad conyugal. Esgrime que el Juez de grado hizo caso omiso a todos los indicios demostrativos de que el auto fue adquirido por el causante, permitiéndose una violación al derecho hereditario de los hijos y a la parte ganancial de su esposa. Invoca que el sentenciante hizo uso de cuestiones semánticas pero que aquí no se trata de ello sino de reparar un perjuicio ocasionado en violación a la ley, pudiendo los jueces aplicar el derecho que corresponda, independientemente de su invocación por las partes. Se queja asimismo porque el fallo sostiene que el acto impugnado no fue ilegítimo, aún cuando se tratase de una liberalidad a favor de la apelada, desatendiéndose así el rol de ésta como prestanombre y los efectos de ello. Insiste en que Gonzalez fue sorprendida en su buena fe. Precisa que el acto simulado fue la compra propia para el esposo y que el acto disimulado fue la compra a nombre de Miriam Prez, con el fin de perjudicar a los recurrentes. Achaca al Magistrado haber evaluado acotadamente a los testigos, los que sirven para demostrar que Jorge Prez aparentaba ser el dueño del auto en cuestión, llegando a engañar a sus hijos y cónyuge.Se agravia además porque no se tuvo por demostrada la incapacidad económica de la demandada, siendo que el único elemento que acredita que trabajó tiene que ver con 24 meses de labor para una empresa de venta de ropa por catálogo. Pide la revocación de la sentencia y que se haga lugar a la demanda.
Corrido el traslado de ley, Miriam Prez contesta los agravios, abogando por su rechazo. Dice que la compraventa del automotor a su nombre cumplimenta todos y cada uno de los requisitos legales, habiéndose inscripto en el Registro respectivo; que los argumentos de la apelante carecen de fundamentos; que no ha habido acto desleal de parte de la apelada, luego de que Gonzalez firmara el formulario 08, habilitándose así la entrega a Amiún S.A. como parte de pago; que la actora se basó en elucubraciones sin fundamentación seria; que no hay pruebas de acto fraudulento alguno; que la demandada trabaja y se encuentra en pareja, por lo que tiene capacidad económica; que no tienen que ver la muerte de Jorge Prez ni la compra del segundo automóvil abonado conforme factura, con lo sucedido o acordado entre los esposos en relación al primer automotor; y que no ha habido error de interpretación en la sentencia en crisis.
Firme el llamamiento de autos, se encuentra la presente en condición de obtener pronunciamiento definitivo.
Luego de analizar las constancias de la causa, me inclino por hacer lugar a la demanda, aunque no con fundamento en la simulación propiamente dicha, según paso a exponer:
1) La cuestión fáctica:
Se encuentra acreditado que la concesionaria Amium S.A. facturó a Miriam Gladis Prez el 17/07/07 el rodado marca Toyota Corolla, año 2004, dominio EJH-837, en la suma de $ 40.000 (fs. 42), el que se inscribió a su nombre en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Seccional Reconquista – 1, el 02/08/07 (fs. 46).
También está probado que la empleadora de Jorge Prez, F.R.I.A.R.S.A., le había hecho un préstamo de $ 22.000 el 26/06/07, monto que se acreditó en la cuenta del prestatario en el Banco de Galicia, extrayéndose de la misma el día 17/07/07 (mismo día en que se facturó el Toyota), la cantidad de $ 17.000. Esta extracción tuvo lugar en la sucursal bancaria 079, la que de acuerdo a la página web de la entidad financiera citada corresponde a la ciudad de Santa Fe. Los hechos expuestos emanan indiciariamente de los movimientos de cuenta agregados a fs. 3 y 9 del Expte. N° 19/08, obrante por cuerda, de la copia del recibo de fs. 33 de los mismos autos, y del extracto de fs. 4 de estos autos, reconocido por el encargado de la sucursal Reconquista de Amiun S.A. a fs. 109. Si bien los documentos bancarios y de F.R.I.A.R. S.A. no han sido reconocidos, tanto el préstamo de la patronal como el retiro del dinero hecho en Santa Fe fueron invocados en el punto 7) del libelo introductorio -con una pequeña variación en torno al monto extraído de la cuenta y al día de la extracción- (fs. 9) y no sólo no han sido negados por la demandada, sino que aparecen reconocidos. En efecto, al responder Prez que no es cierto “que la simple extracción de una suma de dinero acredite lo invocado por la actora” (fs. 27 vta.) reconoció tácitamente que el préstamo y la extracción bancaria existieron, pues no cumplió con su carga de negarlo categóricamente (art. 142 inc. 2) del C.P.C.C.).
No está controvertido que Mónica Gonzalez prestó el asentimiento conyugal previsto en el art. 1277 del Código Civil para la venta del Toyota Corolla año 2001, dominio DUB822, y que éste fue entregado en parte de pago del Corolla año 2004 inscripto a nombre de Miriam Prez. Aparte de la copia de la constancia del “subsistema de ventas” de fs. 4 y del reconocimiento de fs.2 del Expte. N° 19/08, la demandada en la contestación de agravios expresó: “la Sra. González firmó la correspondiente transferencia del automóvil entregado a la Empresa vendedora, como parte de pago, del cual exime de total responsabilidad a la Sra. Prez de los actos que haya realizado la Sra. Gonzalez” (fs. 191). Es decir que no está cuestionada a esta altura la mecánica de la operación en lo que respecta a la entrega del automotor modelo 2001 gracias al asentimiento conyugal y como parte de pago del automotor modelo 2004 que se inscribió a nombre de la accionada. Sólo se controvierte por la apelada los efectos de dicha operatoria.
Por último, podemos presumir (art. 22 6 del C.P.C.C.) que el dinero extraído en la Sucursal Santa Fe de la cuenta del Sr. Prez en el Banco de Galicia el 17/07/07 se utilizó para abonar el saldo del precio del vehículo Totoya Corolla dominio EJH-837. Los indicios que abonan tal conclusión lo constituyen que la fecha de la extracción coincide con la de la facturación, que el lugar de la misma coincide con la sede la la concesionaria Amiun S.A. y no con el lugar de residencia del Sr. Prez, y que el monto que se habría pagado coincidiría con la diferencia entre el valor de cotización del automotor recibido en parte de pago y el precio final de la facturación.
2) La administración de los bienes de la sociedad conyugal y el derecho de los herederos forzosos:
Al haber dado la esposa su asentimiento para la enajenación de un bien registrable que formaba parte de la sociedad conyugal no puede afirmarse que su esposo, al enajenarlo, haya obrado en violación al régimen patrimonial matrimonial de orden público. De acuerdo a lo visto anteriormente está claro que, contando con dicho asentimiento, el Sr.Prez entregó el automóvil en parte de pago de otro de mayor valor a la concesionaria Amiun S.A., beneficiándose de ello en apariencia su hermana (la demandada) en su carácter de titular del segundo automotor. Pero -reitero- no se advierte aquí conculcamiento al régimen legal conyugal.
Es cierto que la Sra. Gonzalez demostró que -como contrapartida de su asentimiento-su ex marido se obligó a pagarle $ 13.500 por reflejar ello el 50% del precio del Toyota Corolla dominio DUB822 en julio de 2007 (v. documento de fs. 2 del Expte. N° 19/08), no constando que el Sr. Prez hubiera dado cumplimiento a tal obligación. Sin embargo, tal acuerdo puede catalogarse como un contrato de mutuo entre esposos, el que en el régimen anterior era admitido generalmente por la doctrina (conf. Belluscio, Augusto C., Manual de Derecho de Familia, Depalma, 5° ed. actualiz., T. II, pág. 40). De tal manera lo que podría haber es un incumplimiento contractual y no una violación al régimen de bienes en el matrimonio.
En cuanto a los valores aportados por Jorge Alberto Prez para la compra del último Toyota, ya sea en dinero o en especie, que según hemos analizado equivalieron al precio total del vehículo adquirido en Amiun S.A., al no haber recibido ningún tipo de contraprestación podríamos encuadrarlos como una donación a favor de su hermana (art. 1789 del Código Civil). Tales aportes no fueron hechos conculcando los arts. 1276, 1277 y concordantes del Código Civil por entonces vigente, y así lo entendió correctamente el a-quo, y tampoco determinarían per se la invalidez de la liberalidad.
En tal hipótesis, en cambio, los herederos forzosos bien podrían haber intentado una acción tendiente a la protección de su legítima, como lo es la acción de reducción (arts. 1830 ss. y cc. del Código Civil), estando a su cargo la demostración de que su legítima fue violada.”En el juicio habrá que tasar todos esos bienes con intervención de todos los interesados: herederos, donatarios, legatarios. Una vez que estén valuados los bienes, el juez tendrá que determinar, en la sentencia, el monto de la legítima individual de los reclamantes para verificar si ésta ha sido violada. Si es así, ordenará la reducción de las donaciones en las proporciones necesarias para dejar a salvo la legítima de los reclamantes” (Pérez Lasala, José Luis, Acciones Judiciales en el Proceso Sucesorio, 2° ed. ampl. y actualiz., Rubinzal-Culzoni, pág. 95). No es lo acontecido en el caso que nos ocupa y su resultado hubiera sido incierto vista la cantidad de bienes denunciados en el juicio sucesorio agregado por cuerda (Expte. N° 20/08).
De lo dicho hasta aquí podemos concluir en que el reclamo de restitución del automóvil y/o por daños y perjuicios carece de fundamento en las normas que rigen la sociedad conyugal (y en ésto coincido con la sentencia apelada) y, no habiéndose demostrado afectación de la legítima, tampoco podría tener andamiento como una acción de protección de la misma.
3) ¿Hubo simulación u otra figura?
Creo que sólo un análisis superficial de la cuestión nos puede llevar a afirmar que estamos frente a una mera liberalidad de Jorge Alberto Prez respecto de su hermana Miriam. Más bien las distintas circunstancias que rodean al caso me convencen de que nos hallamos frente a una interposición real de persona, la que recibe el nombre de testaferro, prestanombre u hombre de paja (del francés: homme de paille). El negocio consistió en una compraventa de un automóvil celebrada aparentemente entre Amiun S.A. y Miriam Prez, pero en realidad ésta actuaba ocultamente en interés de su hermano Jorge Alberto Prez.
En efecto, si ahondamos en los acontecimientos hallamos como hechos incontrovertidos que el Sr. Prez se había separado de la Sra. Gonzalez y que se encontraba viviendo en casa de su madre, donde también habitaba su hermana.Por otra parte se ha confirmado mediante la declaración coincidente de los testigos que era el Sr. Prez quien utilizaba en forma exclusiva el Toyota dominio EJH837. Así lo aseveraron Vicentin, chapista que reparó varias veces el vehículo (fs. 78 y vta.), Pablo González, amigo de la familia (fs. 80 y vta.), Mosciano (fs. 81 y vta.) y Borja (fs. 107), sin que nadie los contradiga. En este sentido también se constata que Jorge Alberto Prez contó con cédula de autorizado para conducir el auto en cuestión desde el mismo día de la inscripción a nombre de su hermana (fs. 118 vta.), y que sólo recién después de su muerte se autorizó a otra persona, Ariel Jesús Redigonda (fs. 118).
Según hemos visto previamente, tanto el vehículo entregado como parte de pago como el saldo de precio de la unidad adquirida provinieron del patrimonio del Sr. Prez, sin que su hermana haya aportado prueba alguna de haber contribuido al pago (vgr. transferencia, libramiento de cheque, retiro de fondos, etc.). Y ciertamente el esposo separado tenía motivos para evitar incluir el bien adquirido en el régimen de la sociedad conyugal, pues evidentemente no le había sido fácil lograr el asentimiento de Gonzalez para enajenar el automotor entregado en pago a Amiun S.A., tal como se extrae de la documental de fs. 2 del Expte. N° 19/08. También abona esta tesitura lo narrado por Pablo González: “él me había comentado, y como estaban separados y estaban haciendo los papeles de la separación, estaban en ese trámite, entonces es que lo puso a nombre de su hermana”.
Sobre la temática atinente a la interposición de personas prevalece la teoría de que “solamente puede hablarse de simulación si los sujetos del negocio (en autos: Amiun S.A. y los hermanos Prez) están confabulados, con la intención de hacer creer que el derechohabiente es el testaferro que aparece en el acto.Pero si éste actúa como verdadero adquirente sin acuerdo y hasta con desconocimiento de la realidad por el transmisor del
derecho, ocultándose el real accipiens. no habría simulación, sino que se trataría de un mandato oculto” (Müller, Enrique C. en Código Civil y Normas Compl., Análisis Doc. y Jurisp., Bueres – Dir., Highton – Coord., T. 2B, Hammurabi, 2° reimp., pág. 642). No puede deducirse de las constancias de autos que Amiun S.A. haya participado de un acuerdo simulatorio, por lo que -siguiendo la referida tesis prevalente- aquí nos encontramos ante un mandato oculto o acto fiduciario. No corresponde entonces la acción de simulación sino la conferida al mandante contra el mandatario oculto que se resiste a transmitirle los bienes recibidos (conf. arts. 1904, 1909, 1911 y 1929 C.C.), lo que puede ser válidamente encuadrado así por el Juez puesto que no implica una variación de la causa pretendi: “nada impide que el juez emplace la cuestión conforme a derecho, en virtud del principio “iura novit curia”, porque el encuadre normativo no altera la “causa petendi”, que es siempre la pretensión de obtener el reintegro patrimonial de los bienes adquiridos con el aporte del muerto. Dicho de otro modo, la pretensión (acción) se individualiza por el hecho y no por la norma abstracta de la ley (conf. Chiovenda, G. “Principios del derecho procesal civil”, Revista de derecho privado, Madrid 1922, t. 1, pág. 328; Morello, A. M. “Responsabilidad aquiliana o contractual”, J.A. V-122; Palacio, L. E. “La estimación provisoria de los daños y perjuicios en la demanda”, J.A. 1959-IV-163; CNCiv., esta Sala, ED. 78-422, fallo 23.095 in re “Costa de Starevich c/ MCBA”; íd., Sala C, LA LEY, 133-850)” (C.N.Civ., Sala A, 28/12/07, Martino, Gabriela C y ot. c. Braido, Ana Elena, L.L. Online AR/JUR/9745/2007)
Ahora bien, acertadamente se ha señalado:”el maestro Borda destacaba la necesidad de extender las reglas sobre la valoración de la prueba, propias de la simulación, a los contratos fiduciarios. En ese orden de ideas, aun cuando . sea de la esencia de la simulación el acuerdo de partes y ello excluya los casos de interposición real, tal circunstancia no impide reconocer que los ingredientes fácticos son casi idénticos entre la simulación y la fiducia. En efecto, el negocio fiduciario descansa en la confianza, pero si ésta falla, si el fiduciario, abusando precisamente de ese sentimiento niega la cualidad del negocio y se apodera de sus efectos, obligando al fiduciante (aquí sus herederos) a accionar judicialmente sin disponer -como generalmente sucede y ocurre en el caso- de un contradocumento, no cabe duda que su único medio de prueba deberá ser de índole presuntiva. De allí que la doctrina procesal afirma que los indicios a emplear son exactamente los mismos que se utilizarían en la prueba de la simulación, si bien se sustituye la “causa simulandi” por la “causa fiduciae” (C.N.Civ., Sala M, 07/09/07, G, MS y ot. c. G, A, L.L. 22/01/08, 4)
Bajo tales premisas, el conjunto de indicios así como la causa o motivación que llevó a Jorge Alberto Prez y a la apelada a efectuar la compra a nombre de ésta, según hemos examinado más arriba, confirman la existencia de un mandato ocult o, correspondiendo declarar que el automotor objeto de la presente ha sido adquirido por Jorge Alberto Prez. Consecuentemente, firme la presente se oficiará al Registro Nacional de la Propiedad Automotor para la adecuación registral y se dispondrá la entrega del Toyota Corolla, dominio EJH837, a los herederos de Jorge Alberto Prez, todo por medio del Juzgado de origen.
4) Daños y perjuicios:
Lo expuesto anteriormente me compele a abordar el tratamiento del reclamo indemnizatorio. La actora ha pedido ser resarcida por:a) el daño moral sufrido, estimando la suma de $ 22.500 por entender que equivaldría, al momento de promoción de la demanda (abril de 2008), a la mitad del valor del automóvil en cuestión; b) daños y perjuicios por desvalorización del vehículo no entregado y por privación de uso.
Considero que Miriam Prez, en su calidad de mandataria oculta, debió entregar a la ex esposa y herederos de Jorge Prez lo recibido en virtud del mandato (art. 1909 del Código Civil). Esta entrega debió tener lugar luego de la muerte del mandante, cuando los herederos lo exigieron, durante los primeros meses del año 2008.
El incumplimiento contractual de la Sra. Prez causó a los actores no sólo un perjuicio patrimonial sino también de índole extrapatrimonial debido a las perturbaciones ante la indisponibilidad del automóvil durante muchos años, y fundamentalmente porque el hecho generador de la responsabilidad provino de una familiar cercana, quien optó por retener para sí un bien que correspondía a los parientes reclamantes. El sentimiento de sentirse defraudados en la confianza por una tía o por una ex cuñada excede el mero malestar que podría provocar un incumplimiento contractual por un tercero, y por tanto amerita ser resarcido a tenor del art. 522 del Código Civil.
En cuanto al monto de la reparación por daño moral, estimo que en atención al carácter meramente estimativo de lo pretendido en la demanda, lo que se corrobora por referencia a un 50% del valor del vehículo, y al significativo proceso inflacionario habido desde el año 2008 hasta la fecha, conviene aplicar el criterio que he expuesto en los autos: Ojeda, Ramona Elena c. Bolaño (v. esta Cámara: 06/04/15, T. 16 R. 46 F.306). Ello se traduce en fijar el monto de la indemnización a valores actuales, con un interés del 8% anual desde la notificación del traslado de la demanda hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, y a partir de allí y hasta el pago, la tasa efectiva anual vencida del Banco de la Nación Argentina, la que se adecúa a las circunstancias macroeconómicas actuales. En cuanto al capital de esta partida indemnizatoria, considero justa fijarla en $ 12.000 para cada uno de los tres reclamantes, lo que totalizan $ 36.000. Ello permitirá a los actores procurarse bienes que mitigarán los padecimientos antes referidos, siguiendo para ello el criterio jurisprudencial de las satisfacciones sustitutivas, ahora contemplado en el art. 1741 del C.C.C.N.
En lo que tiene que ver con los daños materiales, resulta evidente que cuando los actores reciban el Toyota Corolla año 2004 no será lo mismo que haberlo recibido en el año 2008, cuando tenía 4 años de antigüedad. La desvalorización de la unidad debe ser soportada entonces por la incumplidora, correspondiendo que abone a la accionante la diferencia de precio existente entre un Toyota Corolla 1.8 XEI, modelo 2004, y uno equivalente de un modelo 4 años anterior a la fecha de entrega del vehículo (vgr., si el Toyota Corolla modelo 2004 se entregase a la fecha de esta sentencia, se debería abonar la diferencia de precio entre
el mismo y otro modelo 2012). A falta de acuerdo de partes dicho monto surgirá del promedio de lo que informen 3 concesionarias locales a determinar por el a-quo, a quienes se oficiará a tales fines. Desde la presentación de dichos informes o del acuerdo antes referido, la suma resultante devengará los intereses del Banco de la Nación Argentina aludidos precedentemente.
Finalmente, la mención de la privación de uso en la demanda se ha hecho sin conferir parámetro alguno para su cuantificación y/o para su diferenciación con otros rubros. Sobre el mismo se ha dicho que:”. la privación del uso del automotor constituye una lesión a un interés de la víctima que se erige en presupuesto de diversos daños, más frecuentemente patrimoniales, pero en excepcionales ocasiones también de naturaleza moral” (C.C.C. Azul, Sala I, 13/12/11, De Lorenzo, José Ernesto c. Gonzalo, Miguel Hernán y ot. s. D.P., LLBA 2012, marzo, 183). Ante este escenario, entiendo que este item ha quedado subsumido en los anteriores y que el otorgamiento de una indemnización independiente en el caso podría generar un enriquecimiento sin causa la apelante.
5) Conclusión:
En función de todo lo expuesto la demanda debe prosperar por las razones brindadas en los considerandos (iuria novit curia) y las costas merecen ser impuestas, en ambas instancias, a la demandada vencida (art. 251 del C.P.C.C.). Voto pues por la negativa.
A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido, mientras que el Dr. Roman luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la LOPJ.
A la tercera cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Acoger el recurso de apelación y revocar la sentencia alzada; 3) En su lugar hacer lugar a la demanda en la forma y extensión que surge de los considerandos; 4) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada; 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación de los en la instancia de grado.
A la misma cuestión, la. Dra. Chapero vota en igual sentido, mientras que el Dr. Roman luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la LOPJ.
Por ello, la
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE
LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Acoger el recurso de apelación y revocar la sentencia alzada; 3) En su lugar hacer lugar a la demanda en la forma y extensión que surge de los considerandos; 4) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada; 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación de los en la instancia de grado.
Regístrese, notifíquese y bajen.
recuperado de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/08/03/simulacion-del-acto-de-compraventa-de-un-automovil-por-parte-de-la-demandada-y-el-conyuge-difunto-de-la-parte-actora/

El daño moral de las personas jurídicas y el Código Civil y Comercial

Autores: Botteri (h.), José D. Coste, Diego
Publicado en: RCCyC 2017 (febrero), 03/02/2017, 203 – RCyS2017-VI, 52 – LA LEY 28/07/2017, 28/07/2017, 1
Sumario: I. Introducción.— II. La posición mayoritaria en nuestro país y sus matices.— III. Las voces disidentes.— IV. Los cambios del Código Civil y Comercial.— V. Epílogo: sensatez y sentimientos.
Abstract: Lo asimilable al concepto de daño moral para las personas jurídicas en el nuevo Código resulta reparable y cuantificable en dinero, desde el punto de vista extrapatrimonial a través de una condena a hacer y, además, el reflejo patrimonial del daño debe hallarse a título de pérdida de chances y lucro cesante en el Código Civil y Comercial.
I. Introducción
Según la corriente tradicional de pensamiento en esta materia, las personas jurídicas carecen de sentimientos y por eso no pueden ser resarcidas por daños que no tengan un impacto directo en su patrimonio contabilizado. Ese principio general se ha sostenido en dos factores: la carga emotiva de la palabra moral y toda una concepción acerca de los efectos de la personificación jurídica que vincula, de cierto modo, su objeto preciso y determinado con el ente que lo desarrolla.
Sobre esas bases, durante la vigencia del Código de Vélez Sarsfield y con mayor alcance luego de su reforma por ley 17.711, se generaron posiciones divergentes acerca del alcance de los austeros arts. 33, 35 y 1078, párr. 2º, de la vieja ley civil. La dimensión del problema revestía cierta complejidad interpretativa, toda vez que estaban involucrados tanto el difuso concepto de daño moral como el concepto de persona jurídica, también caracterizado por la abundancia de elucubraciones, análogos y límites imprecisos.
Las discusiones readquieren relevancia desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial según la ley 26.994, que reformó de manera integral el sistema de responsabilidad civil, omitió toda consideración al término moral en cuanto a los daños extrapatrimoniales se refiere y precisó todo un régimen en materia de personas jurídicas. Estas circunstancias obligan a replantear el tópico de los daños que puede sufrir una persona jurídica, debiendo evitarse que algunas ideas, términos y posiciones controversiales sostenidas en los viejos textos condicionen la interpretación de las nuevas normas que tienen la posibilidad de lograr mejores resultados en su aplicación concreta y material.
Se trata de una cuestión que tampoco resulta pacífica en el derecho comparado. En un rápido recorrido puede verificarse que la Corte Suprema de Chile admitió la reparación del daño moral en el año 2003, aunque dos años más tarde modificó su postura adoptando la tesis negativa (1) que había sido trazada desde antiguo en el Reino Unido y en los Estados Unidos (2). España también osciló entre ambas tesituras, a través de los fallos divergentes de dos salas del Tribunal Supremo. Una acepta la reparación del daño moral desde 1995, mientras que otra la rechazó, diez años más tarde (3). Por su parte, la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Paraguay admitió el resarcimiento por concepto de daño moral de una persona jurídica en su sentencia dictada el 27/4/2007 en autos “G. R. SA y E. M. R. F. v. Banco d. P. SA s/indemnización de daño moral”.
En nuestro país la cuestión despertó verdadero interés a partir de las II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, realizadas entre agosto y septiembre de 1984. En esa oportunidad afloraron marcadas diferencias que aún permanecen vigentes, tal como lo recuerdan los Dres. Benjamín Moisá y Luis Moisset de Espanés (4). No pretendemos en esta entrega agotar el problema, pero sí señalaremos hacia dónde conduce, en nuestra consideración, el Código Civil y Comercial en la procedencia o no de este rubro en los juicios por responsabilidad civil.
II. La posición mayoritaria en nuestro país y sus matices
Durante la vigencia del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, a partir de la reforma de la ley 17.711, se impuso por mayoría abrumadora la tesis según la cual las personas jurídicas no pueden sufrir daños morales —o, si se prefiere— extrapatrimoniales.
El precedente que marcó la tendencia negatoria corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en autos “Kasdorf SA v. Provincia de Jujuy y otro s/daños y perjuicios” el 22/3/1990 (Fallos: 313-284), cuya doctrina es repetición de otro caso de responsabilidad del Estado resuelto por la misma Corte en 1977, en el expediente “Industria Maderera Lanin SRL v. Estado nacional” (Fallos: 298:223) (5).
Los hechos —necesario es recordarlo, debido a la importancia que tienen— fueron los siguientes: una empresa transportista llevó 110 latas de productos lácteos “Bonalac” de la empresa Kasdorf SA al hospital público jujeño ‘Pablo Soria’. Durante el transporte contaminó los lácteos, por negligencia de sus operarios, con un insecticida llamado Parathion. El insecticida era transportado en el mismo camión y sus envases se rompieron durante el trayecto, derramándose el contenido sobre la carga láctea. Pese al fuerte olor a insecticida que tenían los envases de los lácteos, el personal del hospital suministró a bebés la leche contaminada, lo cual provocó la muerte de varios de ellos. La intoxicación fue atribuida en primer término a Kasdorf SA y la provincia de Jujuy prohibió la comercialización de “Bonalac” en todo su territorio. Dicha medida se extendió a otras provincias. Cuando se supo la verdad, ya era tarde, pues Kasdorf SA había caído en un gran desprestigio con serias repercusiones en sus ventas.
La Corte Suprema resolvió que la provincia de Jujuy debía reparar los perjuicios derivados de la falta y disminución de ventas del producto que fabricaba Kasdorf, tanto por la conducta negligente de sus dependientes, como por haber traspasado los límites razonables de ejercicio del poder de policía al haber prohibido comercializar el producto. Sobre la base de un peritaje contable, la Corte sostuvo que el impacto económico soportado por Kasdorf SA, a raíz de la caída de las ventas, provocó una detracción de sus ingresos cuantificada en $ 365.096,67, de aquella época.
Simultáneamente, la mayoría de integrantes de la Corte Suprema rechazó el reclamo por daño moral, afirmado que una sociedad comercial tiene capacidad jurídica limitada por el principio de especialidad (arts. 35, Cód. Civil, y 2º1, ley 19.550 —Ley de Sociedades—), siendo su finalidad la obtención de ganancias (art. 1ª, Ley de Sociedades). Sostuvo la Corte que todo aquello que pueda afectar el prestigio o su buen nombre comercial de una sociedad debe provocar necesariamente una disminución de sus beneficios; de lo contrario carece de trascendencia a los fines indemnizatorios, ya que se trata de entes que no son susceptibles de sufrir padecimientos espirituales. No hay, en esa posición de la mayoría, posibilidad alguna de reclamos extrapatrimoniales a favor de personas jurídicas.
El voto disidente fue el del memorable juez Dr. Jorge A. Bacqué, quien sostuvo la procedencia del reclamo por daño moral argumentando que las personas jurídicas, provistas de subjetividad jurídica poseen atributos de naturaleza extrapatrimonial (prestigio, crédito comercial, derecho al nombre) que les son reconocidos para el logro de sus fines específicos. Dichos atributos son valorizados por la comunidad en que se desenvuelven y su menoscabo genera un daño de características similares a la lesión de los bienes extrapatrimoniales característicos de las personas de existencia visible y que deben ser objeto de tutela, aun al margen de la existencia de un perjuicio patrimonial actual y cierto.
Las conclusiones de la mayoría en este fallo de la Corte Suprema fueron reiteradas en casos posteriores por el mismo tribunal, en su composición de los años ’90. El caso “De la Mata, Manuel Horacio y otro v. Gas del Estado y otros s/daños y perjuicios” (Fallos 315:2607), del 3/11/1992, es una muestra de ello. Es una doctrina legal que se replicó en todo el país, pero con matices bastante curiosos.
Por ejemplo, las cámaras civiles de la Capital siguieron esa doctrina (caso “Bira SA v. Consorcio Av. Pueyrredón 923” (6), dictado por la sala G el 19/3/1999). Pero la sala H, con voto del Dr. Claudio Kiper, agregó además como fundamento que las personas jurídicas, habida cuenta su naturaleza, no entienden ni sienten (“Free Way SRL v. IATA Internacional s/daños” del 9/4/2002). Estás ideas fueron reiteradas por la sala K en autos “Galardón SA v. Clarín AGEA SA y otro s/ordinario”, con voto del Dr. Moreno Hueyo; íd., la sala A en autos “Consorcio de Propietarios French 3044/48 v. Cardozo, Carlos F. s/daños”. La sala H negó ese derecho a The Walt Disney Company en el fallo “The Walt Disney v. Video Editores SA s/propiedad intelectual — ley 11.723”, en un fallo dictado el 19/8/1998. Finalmente, la sala M sostuvo idéntica doctrina en “Marcelo Torcuato de Alvear 2302 SA v. Avellaneda, Andrés L. y otros/sumario”, con fecha 27/2/1992.
Las distintas salas de la Cámara Nacional de Comercio también fueron refractarias al daño moral para personas jurídicas, con algunas excepciones muy particulares que mencionaremos oportunamente. En ese sentido, podemos citar el precedente “Neuromédica SA v. Banco Francés del Río de la Plata SA” (7) de la sala A, de fecha 13/9/1996. Por su parte, la sala D a través del voto del Dr. Marcelo Alberti en autos “Establecimiento Campana SA v. Aquiles Pepe SA”, el 28/6/1985, dispuso que la clausura del establecimiento y el alegado desprestigio comercial no dañan moralmente a una sociedad comercial, sino que darían lugar, en todo caso, a quizás imprecisos pero ciertos daños patrimoniales (pérdida de clientela, disminución de las ventas, necesidad de bajar el precio, etc.), citando como antecedente los fallos “Banco de Crédito Rural Arg. SA s/quiebra v. Aceros s/quiebra s/inc. de revisión”, de la sala E, del 7/9/1993 y “Suñé, Eduardo v. Basso, Lorenzo s/sum.”, también de la sala E, del 6/10/1998.
La sala C, de la misma Cámara Comercial, resolvió en el caso “Peralta Hnos. SA v. Citroën Argentina SA”, a través del voto de los Dres. Caviglione Fraga, Quintana Terán y Jaime L. Anaya, el día 23/4/1984, afirmando que “…la apreciación de la procedencia del daño moral en el incumplimiento de los contratos debe juzgarse con marcado rigor y en términos restrictivos, restricción que se acrecienta cuando quien reclama daño moral es una persona jurídica —sociedad anónima— que obviamente se halla imposibilitada de aducir lesión en los sentimientos o afecciones legítimas de la personalidad o sufrimientos físicos o espirituales propios de los seres humanos, pero no de un ente de razón….” (en igual sentido el fallo de sala A, del 12/9/2006, “Urre Lauquen SA v. Lloyds Bank Ltd. s/sumario”).
A su vez, la sala B sostuvo una posición más moderada en la sentencia dictada el 24/7/1989 en el expediente caratulado “Ediciones Arani SRL v. Nop SRL”, afirmando que no es admisible que una entidad mercantil pueda alegar la presencia de una lesión espiritual para obtener un beneficio económico en concepto de daño moral, por cuanto las personas jurídicas, que carecen de subjetividad sólo pueden invocarlo cuando han sufrido ofensas a su reputación o crédito del que son merecedoras en la confianza del público (citando en igual sentido, el fallo de sala A, del 24/3/2000, “Gagliardo, Osvaldo E. y otro v. Moiguer, Fernando y otro s/sum.”). Pero el voto de la Dra. Piaggi en autos “Casa Hutton SA v. Resmacon SRL s/ordinario” (8), de fecha 11/2/2000, abandona esa moderación y no deja dudas en cuanto a su adhesión a la posición mayoritaria. Dijo en esa ocasión que: “…las personas ideales no pueden sufrir daño moral directo, porque no tienen bienes extrapatrimoniales que se puedan ver afectados, porque están formados por prestaciones de capital (obligaciones de dar o hacer), porque tienen un fin lucrativo, y porque su buen nombre está íntimamente relacionado con las ganancias; de modo tal que carecen de cualquier otro interés al margen del económico, material y tangible…”.
La sala E de la Cámara Comercial, en su sentencia del 11/4/205 dictada en “Taller Imagen y Sonido SRL v. Cantera Producciones de M. E. Goldberg y Alaniz J. M. s/ordinario” (9), siguió la misma doctrina de la Corte Suprema en “Kasdorf”; también siguió una posición más moderada, ya que sostuvo que las personas jurídicas o de existencia ideal pueden ser sujetos pasivos de perjuicios indirectos si son vulnerados sus derechos extrapatrimoniales como el buen nombre, la probidad comercial y su buena reputación, pero ello solamente si repercuten desfavorablemente en su patrimonio (10). Veremos después que en otro fallo se acentuó esta moderación, llegando a considerar la admisibilidad del reclamo en un caso de responsabilidad bancaria.
La sala D de la Cámara Nacional de Comercio, en una nueva composición, sostuvo el mismo criterio de la Corte resolviendo que “…el daño moral ‘puro’ es concebido como el perjuicio a las afecciones íntimas, resultando evidente que por carecer de toda subjetividad, las personas jurídicas no pueden sufrirlo…” (11).
La sala A, también con renovada composición, siguió el mismo criterio de la Corte Sup., en autos “BVR SA v. Banco Itaú Buen Ayre SA s/ordinario”, con voto de los Dres. Kölliker Frers y Uzal, el día 12/12/2006, pero con el voto disidente de la Dra. Míguez, que veremos más adelante.
Años más tarde, la sala B volvió a ratificar la doctrina “Kasdorf” argumentando, además, que las personas jurídicas o de existencia ideal pueden ser sujetos pasivos de perjuicios indirectos si son vulnerados sus derechos extrapatrimoniales como el buen nombre, la probidad comercial y su buena reputación, pero sólo si repercuten desfavorablemente en su patrimonio (“Altman Construcciones SA v. Muresco SA s/ordinario”, de fecha 14/2/2011, con el voto de los Dres. Ballerini, Piaggi y Díaz Cordero).
La sala F siguió el mismo criterio de la Corte Suprema como puede verse en el caso “Repuestos Furlan Hnos. SA v. BankBoston NA s/ordinario”, con el voto de los Dres. Barreiro, Tévez y Ojea Quintana del día 28/5/2013, agregando que: “…cierto es también que los socios de una sociedad pueden contar con legitimación para accionar por daño moral como damnificados indirectos, cuando, como en el caso, su nombre está comprendido en la razón social y de ello podría derivarse un perjuicio a su persona, y que en materia de daño moral el perjuicio suele presumirse…”.
La línea de doctrina negatoria de la Corte nacional estaba presente en las Cámaras en lo Criminal, incluso antes de “Kasdorf”. Se había dicho en ese fuero, por ejemplo, que “…no corresponde, en delitos como los de defraudación por apropiación indebida y falsificación, indemnizar por daño moral a personas jurídicas, por cuanto esa lesión no patrimonial consiste en un sufrimiento o dolor psíquico, que, por grave que sea, una persona jurídica es incapaz de padecer (caso ‘Scilingo, Roberto’, fallado por la C. Nac. Crim., sala 3ª, Dres. García Torres y Gómez Sent.: c. 13.060 de fecha: 6/6/1980; y el caso ‘Arcenio de Zas’, fallado por la sala 5ª, de los Dres. Scimé, Madueño y Almeyra c. 13.703, del 7/7/1980)”.
En la provincia de Buenos Aires se siguió idéntica doctrina. Así puede verse en los fallos de la Cámara de San Isidro, sala 1ª, de fecha 9/8/1994, con votos de Furst, Arazi y Montes de Oca en los autos “Urdinguio, Osvaldo v. Transporte Gral. Roca SA s/daños y perjuicios”, reiterada en “Espínola, Rosa v. Transporte Gral. Roca SA s/daños y perjuicios”, causa 63.231 del 9/8/1994; “Zunino SRL y otros v. Transporte Gral. Roca SA s/daños y perjuicios”, causa 63.265 del 9/8/1994; causa 63267 RSD-175-94 S del 9/8/1994, autos “Pino, Mariano Saúl v. Calistro, Carlos Alberto s/daños y perjuicios”. En Quilmes se resolvió en el mismo sentido el 14/5/2002, con el voto del juez Manzi en los autos “Industrias Fuhr SA v. Banco de la Plata SA s/daños y perjuicios”.
Lo propio sucedió en la provincia de Mendoza. En “Bac Publicidad SA v. La Espiga de Oro SA s/daños”, fallo 94.190.425 expediente 20.923, a través de los jueces Bernal, Sarmiento y García González de la Cuarta Cámara Civil, Circ. 1ª, el día 23/2/1994, se dispuso: “…En cuanto a las personas jurídicas o colectivas no pueden ser pasibles de agravio moral en su aspecto subjetivo o puramente efectivo, pues carecen de toda subjetividad, pero sí pueden ser damnificadas en la parte social de su patrimonio, es decir que sí pueden ser pasibles de daño moral objetivable, o sea el que repercute en el patrimonio del sujeto…”.
Por último, en esta recorrida breve y federal, la jurisprudencia de la provincia de Chubut adhirió a la doctrina de “Kasdorf”, argumentando que “…las personas jurídicas, habida cuenta de su naturaleza, no puede predicarse de ellas que entiendan o sientan, desde que carecen de sustrato psíquico…”. A la par se sostuvo que no pueden sufrir ningún daño moral que consista en molestias a la seguridad personal, en el goce de sus bienes o que hiciera a sus afecciones legítimas (“Soto, Tomás E. v. Enercom SRL s/daños”, expte. 11.091/99, sent. def. 28/2000 del 7/6/2000).
III. Las voces disidentes
Siguiendo la línea de pensamiento del Dr. Bacqué en “Kasdorf”, encontramos el criterio, también disidente, del Dr. Escuti Pizarro, cuando dijo que “…si una persona jurídica puede experimentar un daño moral es una cuestión de hecho que debe ser apreciada por el juzgador, ya que si el patrimonio moral de un ente ideal es lesionado, origina un daño de distintas características al que se produce cuando es atacado el similar de una persona de existencia visible…” (“Consorcio de Propietarios French 3044/48 v. Cardozo, Carlos Felipe”, como integrante de la Cámara Nacional Civil, sala A, sent.: C. A243444 del 19/10/1998).
La sala D de la Cámara Nacional Civil afirmó, en un caso muy interesante sobre derechos de autor, que ” …Las instituciones, corporaciones o personas jurídicas pueden ser titulares de obras científicas, literarias o artísticas (art. 8º, ley 11.723) y en tal carácter poseen el derecho a exigir la fidelidad de su texto y título en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo; facultades estas conocidas bajo el nombre de derecho moral del autor, cuya conculcación produce un daño moral indemnizable…” (“Impresiones New Gate SA v. Alojamientos Argentinos SA s/daños”, voto de los Dres. Sánchez, Barbieri, Brilla de Serrat, en fecha: 28/6/2012, expte. D590429).
Un fallo de la Cámara Nacional de Comercio, sala A, recoge en cierto grado, esa postura. En autos “Capón Bonell SA v. Papel Prensa SAICFM”, del 13/5/1983, a través el voto de los Dres. Jarazo Veiras, Barrancos y Vedia y Viale, se dijo que “…sólo podrá alegarse daño moral por incumplimiento de un contrato concluido entre dos sociedades comerciales y destinado a formalizar una vinculación jurídica de índole comercial, cuando la parte inocente sufra un agravio o perjuicio por el que se viera afectado su prestigio, se menoscabara su reputación, se violara el secreto de su correspondencia, se dañara la confianza del público, o el crédito de que gozare, lo que además debe ser debidamente probado…”. Tal idea se reiteró en otro fallo posterior de la misma sala del 21/11/1986, in re “El Trust Viviendas SA v. Adabor SA”.
Quizás, quien expuso más radicalmente la posición minoritaria en la jurisprudencia comercial, haya sido la Dra. Isabel Míguez en su voto en el caso “Casa Hutton SA v. Resmacon SRL s/ordinario” (12), de fecha 11/2/2000. Sostuvo allí que “aun cuando las personas jurídicas carecen de toda subjetividad, pueden experimentar perjuicios morales compatibles con su naturaleza y pretender la reparación consiguiente del daño moral experimentado. Pueden en consecuencia constituirse en sujetos pasivos de un agravio extrapatrimonial, siempre que el ataque que origine el daño sea dirigido contra los bienes o presupuestos personales de éstas, de acuerdo a su particular naturaleza…”. Reiteró ese criterio en “BVR SA v. Banco Itaú Buen Ayre SA s/ordinario” el día 12/12/2006 y, dos días después, en “Heregal SRL v. Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA s/ordinario”, con cita de Vallespinos, Banchio, Sánchez Torres, Vázquez y Brebbia, en la obra La persona jurídica como sujeto pasivo de agravio moral, temas de responsabilidad civil. Homenaje a Augusto Mario Morello, La Plata, 1981, ps. 55 y ss.
Como anticipamos, la sala E de la Cámara Nacional de Comercio adoptó, inicialmente, una posición moderada, pero llegó a aceptar el daño moral en un caso de responsabilidad bancaria. En “IPH SA v. BankBoston NA s/ordinario”, de fecha 29/9/2005, ordenó indemnizar a una persona jurídica por el error de información financiera publicada por un Banco, asumiendo que “…cabe admitir el reclamo de indemnización por daño a la imagen efectuado por una sociedad contra un banco, en razón de haberla incluido erróneamente como inhabilitada en la base de datos del Banco Central, información que fue receptada y difundida por una empresa destinada a suministrar informes atinentes a la solvencia de las personas; tal actitud del Banco provocó un daño a la imagen comercial de la firma accionante, creando dudas en los agentes del mercado acerca de su solvencia, afectando su reputación y nombre comercial que derivó en el límite temporario a las ventas a crédito y suspensión de servicios de pago de cheques, lo que le generó un perjuicio que debe ser reparado …”.
Por último, no podemos dejar de recordar la sentencia dictada en “Municipalidad de Tandil v. T. A. La Estrella SA”, de fecha 22/10/1996, por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala 2ª (13). En este caso, una Municipalidad se consideró legitimada para reclamar el daño moral ocasionado a los habitantes de su comunidad por el daño provocado a una escultura a raíz de la torpe maniobra de un conductor de micros. Ello se vincula más estrictamente con la titularidad de los bienes colectivos y su custodia, pero aun así constituye un antecedente muy valioso porque introduce el concepto de daño moral colectivo partiendo de un examen sobre intereses difusos. Sabemos que otros fallos han abordado esta cuestión en el mismo sentido, pero no están todavía firmes y en condiciones de ser citados. De todos modos, pareciera que no podría sostenerse esa idea de titularidad de intereses colectivos difusos, mientras se niega en simultáneo toda pertenencia de bienes extrapatrimoniales a las personas jurídicas en general.
IV. Los cambios del Código Civil y Comercial
El nuevo Código no zanjó las diferencias de criterio que pueden existir en torno al tema específico del antiguo daño moral, pese a contar con una amplitud conceptual de criterios tal que reconoce derechos de incidencia colectiva (art. 14 y concs., CCyC). Veamos algunas disposiciones pertinentes que se vinculan con la materia.
1. La regulación de la responsabilidad civil
En materia de responsabilidad civil, el nuevo Código no menciona en ninguno de sus artículos al daño moral con esa pretérita pero tan habitual denominación. Recordemos que en su origen, daño y dolor eran confundidos dentro del mismo concepto de daño moral —se le llamaba pretium doloris— y era entendido como el aspecto subjetivo doloroso de las lesiones físicas. Esta concepción fue evolucionando de tal modo que el daño moral emergió como una verdadera lesión, al extremo de presumirse en ciertos casos, como ocurrió en los fallos que consideraron las indemnizaciones por la muerte de los hijos, con causa en un hecho delictual o cuasidelictual.
El nuevo Código, en su art. 1737, define a todo daño como una lesión a un derecho o a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva. A renglón seguido, en el art. 1738 sostiene que son indemnizables la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. También resultan indemnizables, especialmente, las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida; como se percibe, todos atributos exclusivos de las personas físicas. El daño debe ser un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente, conforme el art. 1739 CCyC. Todo daño debe ser acreditado, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos, según dispone el art. 1744 del CCyC. Puede aseverarse que este Código avanzó sobre la objetivación del viejo daño moral, tal y como ya lo habían hecho la jurisprudencia y la doctrina (14).
A su vez, se impuso el criterio de reparación plena, cualquiera que sea el tipo de persona dañada (física o jurídica), pues no se hacen distinciones al respecto. En ese sentido, el art. 1740 del CCyC expresa que la reparación plena consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar una indemnización en dinero.
Como puede verse, el daño moral no está nominado del modo usual y ha sido objetivado como lesión (abandonándose, definitivamente, la idea subjetiva del dolor). No se dice absolutamente nada respecto de la posibilidad de este tipo de lesiones sobre personas jurídicas. La cuestión está comprendida desde la más moderna concepción acerca de las consecuencias no patrimoniales de los daños. En este sentido, se dispone sin decirse mucho más, que quien se encuentra legitimado para reclamar este tipo de resarcimiento es el damnificado directo según el art. 1741 del CCyC, estableciéndose luego en caso de muerte o gran discapacidad, reglas de legitimación indirecta propias de las personas físicas: ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con la víctima recibiendo trato familiar ostensible, según las circunstancias.
El silencio de nuestro ordenamiento civil y comercial actual pareciera entonces continuar la línea negatoria, pese a su declamación de reparación integral del daño sin distinciones entre tipos de personas. Sin embargo, desde nuestro enfoque y tomando especial consideración en la realidad concreta donde operan las normas jurídicas, veremos que el Código ofrece algunas nuevas perspectivas para esta controversial cuestión.
2. La racionalidad y moralidad de los actos de las personas jurídicas
A partir de la reforma de la ley 26.994, las personas jurídicas son todos los entes a los cuales el sistema jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones en el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación (art. 144 del CCyC). Sus atributos son un nombre (art. 151 del CCyC), domicilio y sede social (art. 152 del CCyC), patrimonio (art. 154 del CCyC: “la persona jurídica debe tener un patrimonio”) y objeto preciso y determinado (art. 156 del CCyC). El legislador aún no ha podido lograr que tengan sentimientos, se depriman, enfermen o mueran.
Si bien no se dice nada acerca de si las personas jurídicas pueden ser titulares de intereses extrapatrimoniales, el Código, como a todas las personas, les encomienda a estos entes que sigan una recta línea de conducta moral. Es que no existe un estándar de actos para personas físicas y otro para las jurídicas; en ambos casos el régimen es único para valorar y juzgar jurídicamente todos sus actos.
Además, los actos jurídicos de las personas jurídicas deben ser racionales, para ser tales. Porque por acto jurídico se entiende todo acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas (art. 259 del CCyC). Para ser voluntario, el acto debe ser ejecutado con discernimiento, intención y libertad, manifestado por un hecho exterior (art. 260 del CCyC). Cabe agregar que aun las personas físicas sin discernimiento pueden ser indemnizadas por daño moral (15).
En tales sentidos de moral y racionalidad, puede interpretarse sensatamente que los actos de las personas jurídicas no deben ser abusivos y que tienen que respetar la moral y las buenas costumbres (art. 10 del CCyC). El art. 279 del CCyC agrega, por si no bastara, que el objeto de esos actos debe ser moralmente aceptable. Ninguna persona jurídica puede imponer condiciones que afecten la moral (art. 344 del CCyC) y si el acto de la persona jurídica transgrede el orden público, la moral y las buenas costumbres, resulta nulo (art. 386 del CCyC). Para transmitir derechos, las personas jurídicas no pueden transgredir la moral y las buenas costumbres (art. 398 del CCyC), y si entregan cosas cumpliendo un deber moral o de conciencia, dicha entrega será irrepetible (art. 728 del CCyC).
Por si queda alguna duda sobre las exigencias de racionalidad y moral a las personas jurídicas, estas últimas son libres para celebrar contratos y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público y —de nuevo— la moral y las buenas costumbres, dice el art. 958 del CCyC. El objeto de dichos contratos no puede consistir en hechos imposibles, prohibidos por las leyes, contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana o lesivos de los derechos ajenos; tampoco puede recaer sobre bienes que, por un motivo especial, se prohíbe que lo sean (art. 1004 del CCyC). Y la causa de los actos de las personas jurídicas debe ser lícita recuerda el art. 1014 del CCyC y deja de serlo con pena de nulidad, cuando su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Las personas jurídicas pueden repetir pagos indebidos, cuando la causa del pago es ilícita o inmoral, según el art. 1796 del CCyC.
Finalmente, el Código establece que las dispensas anticipadas de responsabilidad (art. 1743 del CCyC) son inválidas cuando afectan derechos indisponibles, y atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas, o son abusivas. Son también inválidas si liberan anticipadamente, en forma total o parcial, del daño sufrido por dolo del deudor o de las personas por las cuales debe responder.
Nuestro ordenamiento, a tenor de los artículos citados, impone con claridad prístina que los actos de las personas jurídicas deben estar dotados de moralidad y de razón, cualidades que sólo pueden aportar sus humanos integrantes. Pero debe tenerse presente, sin embargo, que los actos de tal naturaleza se imputan directamente a la persona jurídica y no a sus órganos ni a sus integrantes a título personal.
Se incurriría en una elemental contradicción de lógica formal si se sostiene que las personas jurídicas son entes sin moralidad ni razón exigiéndose, al mismo tiempo, que todos sus actos jurídicos deban ser morales y razonables. Se alentaría, en tal supuesto, la inmoralidad para las personas jurídicas sin ninguna sanción posible. Que los actos inmorales resulten atribuidos a los integrantes mientras que únicamente los morales puedan ser imputados a la persona jurídica, se trataría de un absurdo que excede los requisitos de procedencia de la inoponibilidad establecidos por el art. 54, párr. 2º, de la ley 19.550 y el art. 144 del CCyC.
3. Entes y personas
Como se sabe, toda persona jurídica está integrada de manera directa o indirecta por personas físicas (“miembros”, dice el art. 158 del CCyC). La personificación consiste en una técnica jurídica cuya finalidad es hacer del conjunto una sola persona. La propia exposición de motivos de la ley 19.550 calificó a estos entes como una “realidad jurídica” y a la personalidad como un “recurso técnico”. Las personas jurídicas exhiben la razón y la moral de sus integrantes, en cuanto a los actos que los vinculan con el exterior, porque son sistemas sociales y no entes ficticios, como lo venimos sosteniendo hace años (16).
Una sociedad con objeto comercial tiene valores y principios distintos a los de una asociación civil o a los de una fundación. Sus integrantes están ligados por otro tipo de intereses objetivables, que no son reprobables bajo ningún aspecto por el ordenamiento jurídico si son lícitos, tal como lo indica el art. 1737 del CCyC, cuando define el concepto de daño, como ya señalamos. Incluso, dentro de una misma especie de personas jurídicas (tomemos, por caso, las asociaciones civiles) se pueden percibir distintos tipos de razones morales tutelables compartidas como interés social entre sus integrantes, pues no es lo mismo una asociación que defiende la fauna y flora, un club de fútbol, o una que represente a un sector empresario, como el caso de las cámaras.
Sostenemos que las personas jurídicas son titulares de un aspecto moral común objetivable a sus integrantes que está vinculado con el objeto elegido (recordemos el art. 279 del CCyC) que los une y vincula. En otras palabras, todas las personas jurídicas tienen valores de tipo extrapatrimonial, asimilables al honor, si se quiere, y que están socialmente establecidos y sintetizados como reputación (si se quiere, prestigio, buen nombre o similares). Se trata —sin más— del propio reflejo de la exigencia de tener un objeto moral y del deber de observar actos jurídicos con el contenido racional y moral, que hemos indicado.
Pedimos al lector que retenga esta idea: a los efectos del resarcimiento de daños, la reputación es, a las personas jurídicas, lo que el buen nombre o el honor, entre otros, son a las personas físicas, y no se trata, en modo alguno, de un interés reprobable que no pueda ser dañado, porque es la lógica consecuencia de las exigencias de racionalidad y moralidad que el propio ordenamiento establece para su funcionamiento. El uso de palabras con contenido emotivo muchas veces genera confusiones. Este problema es histórico y el jurista escandinavo Alf Ross ya ha demostrado, hace tiempo, que lo realmente importante para la correcta interpretación y aplicación del derecho es conocer adecuadamente qué disponen las normas jurídicas en cuanto a los hechos, cuáles son las consecuencias jurídicas de éstos y cómo se aplican.
No nos estamos refiriendo entonces a la reparación del daño moral, pues, es cierto, las personas jurídicas no tienen cerebro. Simplemente hemos utilizado ese término y reseñado su evolución jurisprudencial, porque lo consideramos el antecedente directo de la reforma en cuanto a la reparación integral de cualquier daño ocasionado a la reputación de una sociedad. En otras palabras, la lesión a la reputación (un intangible) afecta a todos los integrantes de la organización pero merced a la personificación, la sociedad es la única habilitada para reclamar un resarcimiento (el damnificado directo del art. 1741 del CCyC), pues ninguno de los socios o miembros puede poseer la reputación de la persona jurídica por sí, porque no es titular de ese bien —repetimos— extrapatrimonial, ya que éste es poseído por un sujeto de derechos diferenciado, que es la persona jurídica en cuestión.
4. La resarcibilidad de la lesión a la reputación de una persona jurídica: reparación de las cosas al estado anterior, pérdida de chances y lucro cesante
Veamos un primer aspecto que suele ser el valladar de este tipo de reclamos, como en todos los casos de intangibles, que es el mero aspecto contable. Notamos en el tema una petición de principios —no exteriorizada nunca— en virtud de la cual todo aquello que no está en los estados contables no es un bien patrimonial que corresponda a un ente. Comencemos a analizar esta aparente paradoja de la doctrina negatoria que, como dijimos, es mayoritaria en el asunto: un comerciante persona física puede ser moralmente dañado en el ámbito de su actividad, pero una sociedad integrada por él y su esposa no. Ambos llevan libros contables y, en los dos casos, la contabilidad reflejará lo mismo. El primero tiene honor y sentimientos íntimos; la segunda no tiene nada, conforme a la corriente de pensamiento jurídico mayoritaria.
Es necesario decir que la contabilidad empresaria estándar, cualquiera que sea el tipo de sujeto que la lleve (art. 320 del CCyC), nunca reflejará valores intangibles como la clientela, la reputación o el buen nombre. Las limitaciones de la información contable se vinculan con su elaboración prevista para un cierto tipo de destinatario (para los integrantes de la sociedad, para el Estado); con el fin de la adopción de ciertas decisiones de administración, de control patrimonial y de cumplimiento de obligaciones legales principalmente dispuestas por normas impositivas y del derecho de sociedades (17). La contabilidad estándar, como se sabe, no es la suma del valor de un ente. Auspiciar esa idea sería lo mismo que aceptar que todas las sociedades valen sólo por lo que dicen sus libros, lo cual no es admisible en la práctica jurídica o económica actual.
La contabilidad es una disciplina socio-técnica que ni siquiera ofrece información exacta, sino que se sostiene sobre la base de estimaciones razonables y aproximadas a la realidad. La disciplina no ha desarrollado procedimientos que cuenten con consenso para el reconocimiento y medición de cuerpos activos, ya que por “activo” se entiende un bien básicamente intercambiable adquirido por un hecho ya ocurrido, del cual se controlan sus beneficios. Como se sabe, el buen nombre y la reputación autogenerados no son intercambiables, pese a que sean beneficiosos y puedan ser económicamente medidos. De allí que, por el principio conservador de prudencia contable, no se incluya el valor de ciertos intangibles en la información contable tradicional, cuyo destino está ideado para la administración de los propietarios o para el Estado y no para la acreditación de daños.
Incluso, en la contabilidad estándar es posible que el experto contable deba usar normas de contabilidad inadecuadas para valuar activos, como sucede con el tema actual del ajuste por inflación. La contabilidad sobre la base de costos es un subsistema de la contabilidad gerencial y financiera, pero ni siquiera se identifica totalmente con ésta. Por todo ello, debe concluirse en que lo patrimonial no se parifica necesariamente con lo contable y que no es dentro de la contabilidad estándar donde pueden encontrarse pistas de soluciones al problema planteado.
El buen nombre y la reputación integran la titularidad personal (art. 15 del CCyC), aunque no sean bienes estrictamente patrimoniales. El honor de las personas físicas no es un bien transable, pero ello no significa que su lesión no deba ser resarcida económicamente (arts. 16 y 1737 del CCyC). Lo propio sucede con la reputación o prestigio comercial, pero como se encuentra vinculado a una función específica, tiene un reflejo diferente en la vida social y de los negocios.
La lesión a la reputación comercial de una persona jurídica puede producir daños que no se verifican en el corto o mediano plazo. La mala reputación del lugar de trabajo puede afectar el estado de ánimo y aspiraciones de los dependientes, quienes comenzarán a buscar otros trabajos o, incluso, todo ello podría derivar en un incremento de la litigiosidad laboral. Cualquier persona con conocimientos empresariales sabe que el factor humano es determinante para el éxito o fracaso de la empresa. Algo similar sucede con el poder de marca. Tal vez el efecto de un impacto negativo en la reputación no produzca una merma inmediata en las ventas de la sociedad y el daño patrimonial comprobable requiera de ciertas actividades de los competidores. La casuística al respecto es infinita, pues depende de los más variados matices en incalculables tipos de emprendimiento. Frente a semejante incertidumbre, el derecho debe aspirar a la precisión y seguridad jurídica.
En tal sentido, sostenemos que la reputación comercial de una persona jurídica puede ser repuesta (la vuelta de las cosas al estado anterior, de la que habla el Código, art. 1740 del CCyC) de una manera más eficaz —incluso— que en el caso de una persona física, pues no hablamos de honor, sino —dijimos— del concepto asimilable, pero no idéntico, de reputación. Resulta evidente, desde hace muchos años, que una campaña publicitaria acorde (no la mera publicación de una sentencia de condena milimétrica a pie de página de un diario) puede dañar o mejorar la reputación de una empresa, club de fútbol, fundación o similares, y que incluso la difusión del éxito en una disputa en la que estaba en juego el prestigio de una organización puede lograr beneficios de ese tipo. La lesión al honor no es totalmente reparable en el caso de las personas físicas con una publicidad, pero en el caso de la reputación de las personas jurídicas —que son entes sociales— sí, porque carecen de intimidad y porque su hábitat es el público mercado y no su residencia personal.
Se sigue de lo expuesto que la reputación de una persona jurídica como ítem extrapatrimonial puede ser restablecida a través de una condena razonable que ordene una adecuada publicidad u otra serie de medidas similares que, tomando en consideración las circunstancias del caso, mejore la reputación de la persona jurídica en la esfera de su ámbito reponiéndose las cosas al estado anterior del daño, siguiendo la línea de reparación integral del art. 1740 del CCyC. Por ejemplo, en el caso “Kasdorf”, el estado de Jujuy hubiera debido hacer una campaña a favor de las propiedades del lácteo “Bonalac”, por el mismo período de tiempo en que duró su ilegítima acción, en todos los lugares en que impuso su accionar dañoso.
Consideramos que este tipo de condena admisible, conforme la concepción que sostenemos de las personas jurídicas (que no son ni una ficción, ni un organismo viviente), resultará suficientemente eficaz para reparar las consecuencias extrapatrimonialmente dañosas de los hechos, que es la derivada del daño a la reputación de la persona jurídica. Por supuesto, que el costo de este tipo de publicidad es económicamente mensurable, como cualquier condena dentro de ese ámbito y que, en su caso, el juez podrá morigerarlo, en función de lo dispuesto por el art. 1742 del CCyC; pero eso no significa que el tipo de resarcimiento no tenga origen en una lesión no estrictamente patrimonial.
Además de todo ello, debe considerarse que la reputación de una persona jurídica, por sí, no genera ganancias mensurables (por ejemplo, si el individuo no realiza actividad alguna), pero —sin embargo— contribuye para que ellas se puedan producir. Si no se tienen además habilidades, relaciones personales y activos que produzcan rentas en el marco de una actividad, con la mera reputación no habrá ganancias.
La reputación comercial, entonces, genera también otros intangibles que son patrimoniales y resarcibles y que deben ser protegidos bajo el instituto de la pérdida de chances (art. 1738 del CCyC), que son tan estimables como cualquier otro daño, si la contingencia resulta razonable [en nuestros propios términos “plausible” (18)], según el art. 1739 del CCyC. La pérdida de chances es un aspecto inmaterial dentro de los daños patrimoniales, que debe computarse junto al daño extrapatrimonial en sí, que es resarcible conforme lo acabamos de explicar.
Todo ello sin perjuicio de otras pérdidas que puedan ser computadas patrimonialmente como lucro cesante, en función del art. 1738 del CCyC, que en nuestro Código se ha establecido sobre la base —a nuestro juicio— errónea de probabilidades objetivas, cuando se trata de una estricta cuestión causal vinculada a la pérdida de beneficios razonablemente esperados (19).
V. Epílogo: sensatez y sentimientos
Una última reflexión en torno al daño moral identificado como afección íntima y espiritual, atributos que se dice que carecen las personas jurídicas, sosteniéndose por alguna doctrina que carecen de corazón y expresiones de ese estilo. Hemos dicho antes que resulta insostenible pretender que las personas jurídicas actúen sin discernimiento. No lo dice, por supuesto, nuestro Código, a pesar de las sentencias en sentido diferente, y resulta patente que no se ha creado una línea divisoria de actos para las personas jurídicas y para las personas físicas.
Pero la cuestión espiritual como afección íntima se verifica en la mayoría de los fallos que privan de espíritu a las sociedades y a las personas jurídicas, lo que desemboca —como consecuencia lógica— en la irreparabilidad del viejo daño moral a su favor.
Como ya hemos dicho en otra ocasión (20), los sentimientos y afectos no se alojan en el corazón, sino en el cerebro de las personas físicas. Mente y cerebro se encuentran inescindiblemente unidos y el estado de las neurociencias en la actualidad permite afirmar cierto monismo al respecto (21). Todo lo mental parece ser una función cerebral, al par que todo lo espiritual. La comprobación de esta afirmación se ha efectuado con la lesión supresiva accidental de algunas áreas del cerebro, que inevitablemente provocan pérdida de emociones y de sentimientos, o con la ingesta de ciertas drogas que afectan las funciones cerebrales, como se ha comprobado.
Las personas jurídicas no tienen otra razón ni otra moral objetivable más allá de la de los actos de quienes los gobiernan y administran. Si el interés social resulta ser un dato objetivo —para nosotros lo es, como ya lo hemos dicho en otra ocasión—, resulta objetivable (22) la reputación comercial, pues contribuye (condición no suficiente) como valor extrapatrimonial a generar ganancias.
La reposición de las cosas al estado anterior es perfectamente posible a través de medios propios del ámbito empresarial (marketing entendido en su concepto amplio que comprende, entre otros aspectos, a la publicidad) y también los daños patrimoniales son susceptibles de ser estimados como chances o, si fuera del caso y conforme las pruebas y relación causal de los hechos, como lucro cesante. De más está decir que las chances, como concepto, no son cosas, pues no se incorporan al patrimonio más que cuando se producen y efectivizan.
Si nuestro derecho privado recepta derechos de incidencia colectiva (arts. 14, 1737 del CCyC) y se computa como tal al daño moral colectivo en la consideración de muchos, no pareciera ya razonable sostener la posición negatoria en materia de personas jurídicas, a menos que se diga que un colectivo impersonal piensa y siente, mientas que una persona jurídica no.
Concluimos, de acuerdo a la posición asumida, que lo asimilable al concepto de daño moral para las personas jurídicas en el nuevo Código resulta reparable y cuantificable en dinero, desde el punto de vista extrapatrimonial a través de una condena a hacer —realizar las publicidades o medidas similares acerca del caso, idóneas para restablecer la reputación social dañada— y que, además, el reflejo patrimonial del daño debe hallarse a título de pérdida de chances y lucro cesante en el Código Civil y Comercial.
 (1) El primer fallo corresponde a Corte Suprema de la República de Chile, dictado 28/10/2003, 1654-2002, y es citado en un artículo que contiene estadísticas e información relevante cuyos autores son los Dres. Ignacio Ríos Erazo y Rodrigo Silva Goñi, titulado “Daño moral a las personas jurídicas: ¿Qué ha dicho nuestra jurisprudencia?” (REJ – Revista de Estudios de la Justicia, nro. 18, 2013). El cambio de orientación del máximo tribunal chileno se produjo en autos “Importadora y Exportadora JYC Ltda. v. Sociedad Comercial Cisandina Chile Ltda.”, de fecha 14/3/2005.
 (2) Publ. en Gaceta Jurídica, nro. 297, 2005, p. 85. Hay un comentario favorable al fallo del Dr. Marcelo Barrientos Zamorano, publ. en Revista Chilena de Derecho, vol. 34, nro. 1, 2007, ps. 135/138.
 (3) Véase al respecto el artículo de Alma María Rodríguez Guitián, de la Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Madrid publicado en la Revista InDret, nro. 334, en Barcelona (abril de 2006), titulado “Daño moral y persona jurídica: ¿Contradicción entre la doctrina de la sala 1ª y la sala 2ª del Tribunal Supremo? Comentario a la STS, 2ª, 24.2.2005”.
 (4) Lo dice así el artículo “Daño extrapatrimonial (o moral) a las personas jurídicas”, Revista Jurídica del Perú, nro. 87, mayo 2008, p. 303, y LexisNexis Córdoba, nro. 4, 2008 (abril), p. 363.
 (5) LA LEY, 1978­C, 676.
 (6) JA, 2001-I-87.
 (7) JA, 2001-I-87.
 (8) JA del 6/9/2000.
 (9) LA LEY del 10/1/2006 y ED del 22/3/2006.
 (10) Con cita de BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Las personas jurídicas no son sujetos de daño moral”, ED del 12/7/1990.
 (11) “Supercemento SA v. Voladuras Córdoba SA s/ordinario”, con los votos de los Dres. Heredia, Vassallo y Dieuzeide el día 10/10/2006; con cita del artículo de MOSSET ITURRASPE, Jorge, “¿Pueden las personas jurídicas sufrir daño moral?”, LA LEY, 1984-C, 511.
 (12) JA del 6/9/2000.
 (13) LLBA, 1997-273 y Digesto Judicial de Buenos Aires 152-411.
 (14) A nuestro entender, con influencia en tal sentido de la obra de ORGAZ, Alfredo, “El daño resarcible”, Bibliográfica Argentina Omeba, Buenos Aires, 1952, 1ª ed.
 (15) Ver ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, “Las personas sin discernimiento y las personas jurídicas como sujetos pasivos de daño moral”, JA, 1985-I-79, y la casi totalidad de la jurisprudencia nacional al respecto.
 (16) BOTTERI, José D. – COSTE, Diego, “Las sociedades comerciales bajo enfoque sistémico y realista”, Revista de las Sociedades y Concursos, año 11, nro. 2010-4, Legis, Buenos Aires, p. 27.
 (17) Seguiremos en éstos a FOWLER NEWTON, Enrique, “Cuestiones contables fundamentales”, LA LEY, Buenos Aires, 2005, ps. 5 y ss.
 (18) BOTTERI (h.), José D., “La causalidad, las probabilidades y las pérdidas de chance en el nuevo Código Civil y Comercial”, elDial (http://www.eldial.com).
 (19) Ob. cit. en nota 6.
 (20) DIEGO, Coste – BOTTERI (h.), José D., “El interés social desde un enfoque diferente”, ponencia presentada en XII Congreso Argentino de Derecho Societario, Revista de Derecho Comercial, Actualidad del interés social, del Consumidor y de la Empresa, año III, nro. 3, junio 2012.
 (21) DAMASIO, Antonio, “El error de Descartes”, Paidós, Buenos Aires, 2011; CHURCHLAND, Patricia S., “El cerebro moral”, Paidós, Buenos Aires, 2012; GAZZANIGA, Michael S., “The ethical brain”, Harper Perennial, NY, 2006; PINKER, Steven, “La tabla rasa”, Paidós, Buenos Aires, 2012; IACOBONI, Marco, “Las neuronas espejo”, Katz, Buenos Aires, 2012; EVERS, Kathinka, “Neuroética”, Katz, Buenos Aires, 2010; GOLOMBECK, Diego, “Cavernas y palacios”, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011; HOFFMAN, Rorris B., “Evolutionary Jurisprudence: The End of the Naturalistic Fallacy and the Begginign of Natural Reform?”, en Law and Neuroscience, Oxford University Press, 2011, p. 483; ZAK, Paul J., “Neuroeconomics”, en Law and the Brain, Oxford University Press, 2009, p. 132; BACHRACH, Estanislao, “Ágilmente”, Sudamericana, Buenos Aires, 2012; BUNGE, Mario A., “Treatise on Basic Philosophy”, vol. 8, Ethics: the good and the right , Reidel, Netherlands, 1989, entre otros.
 (22) En el mismo sentido, el trabajo del profesor de CÓRDOBA, Tale, Camilo, en “Daño moral a las personas jurídicas y a las simples asociaciones”, en Anuario de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, 1994. Tanto esta publicación como las posteriores que citaremos, nos fueron gentilmente facilitadas por el Dr. Marcelo López Mesa
recuperado de:http://thomsonreuterslatam.com/2017/08/el-dano-moral-de-las-personas-juridicas-y-el-codigo-civil-y-comercial/