jueves, 16 de febrero de 2017

Suspensión desalojo. Inmueble ocupado por menores

SUSPENSION DEL DESALOJO. INTERVENCION DE ORGANISMO PUBLICO. MENORES
Expte. Nº 511592-15 – “H. M. M. vs. H. C. L. por desalojo" - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SALTA – SALA SEGUNDA – 05/10/2016
DESALOJO. Inmueble ocupado por la hermana de la accionante y dos niños, uno de ellos discapacitado, durante muchos años. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. Adquisición del bien por el padre -hoy fallecido- de ambas en representación de la accionante. Derecho transitorio. Aplicación al caso del Código Civil derogado. ART. 7 DEL CCCN. Derecho de propiedad del titular del inmueble. Derecho del niño con discapacidad a la vivienda y la tutela integral por parte del Estado. SE MODIFICA LA SENTENCIA QUE HIZO LUGAR A LA DEMANDA. Suspensión del desalojo. Plazo dentro del cual deberán llevarse adelante las medidas tendientes a obtener la acción de los organismos públicos competentes para la tutela de los derechos de los niños que residen en el inmueble
“…el recurso articulado ha de ser resuelto mediante la aplicación de las normas del Código Civil de Vélez Sarsfield y no el nuevo Código Civil y Comercial aprobado por Ley Nº 26.994. Ello así, puesto que respecto de las relaciones nacidas de actos entre particulares, cuando los efectos ya se han producido al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley, deben ser regidas por el código anterior (cf. art. 7º C.C. y C.); teniendo en todo momento presente que en la interpretación del derecho transitorio debe resguardarse los principios de seguridad jurídica y debido proceso.”
“…el supuesto de autos involucra aspectos familiares y especificidades que lo tornan absolutamente diferente al caso más usual de quien requiere la restitución de un inmueble que ha dado en locación, sea por vencimiento del contrato o por falta de pago de los alquileres. En dicho contexto de los hechos de la causa es que debe arribarse a una solución que, a través del diálogo de fuentes que propugnan los redactores del Proyecto de Código Civil y Comercial que resultara sancionado y aprobado por ley 26.994, de manera tal de preservar en la mayor medida posible los dos derechos en juego de raigambre constitucional, a saber: el derecho de propiedad del titular del inmueble y el derecho del niño con discapacidad a la vivienda y la tutela integral por parte del Estado.”
“…dadas las especiales circunstancias y particularidades que presenta esta causa y que no ha mediado un vínculo contractual entre las partes, estimo que en este caso debe admitirse la suspensión del lanzamiento solicitada por la representante del Ministerio Público, tal como ha sido resuelto en recientes precedentes (CNCiv., salaG, R., A. N. c. L., R. R. y otros s/ desalojo por vencimiento de contrato”, 07/07/2016, LA LEY 2016-D- 598, Cita online: AR/JUR/45882/2016); aunque fijando un plazo prudencial máximo improrrogable que, a la par de posibilitar a la señora Asesora de Incapaces interviniente desarrollar las gestiones ya iniciadas ante los organismos públicos competentes - tendientes a evitar que el desahucio deje desamparado a los menores de edad, uno de los cuales con discapacidad, que habitan el inmueble junto a sus progenitores-, al mismo tiempo evite una prolongación indeterminada del pleito con afectación del derecho de la demandante a la restitución del bien de su propiedad.”
Citar: elDial.com - AA9CD8
Publicado el 14/02/2017
Copyright 2017 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

lunes, 13 de febrero de 2017

Ejecuciòn hipotecaria

Se confirmó una sentencia que hizo prevalecer el crédito del acreedor hipotecario por sobre la acreencia del ejecutante.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G - 2016/11/25
B. A. C. L. E. L. BCRA y otro c. P. A. R. y otro s/ ejecución hipotecaria
ACREEDOR HIPOTECARIO ~ BUENA FE ~ CADUCIDAD DE LA HIPOTECA ~ EJECUCION
HIPOTECARIA ~ GRAVAMEN SOBRE INMUEBLE ~ INSCRIPCION DE LA HIPOTECA ~
INSCRIPCION REGISTRAL ~ OPONIBILIDAD ~ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G(CNCiv)(SalaG)
Fecha: 25/11/2016
Partes: B. A. C. L. E. L. BCRA y otro c. P. A. R. y otro s/ ejecución hipotecaria
Publicado en: LA LEY 13/02/2017, 13/02/2017, 10
Cita Online: AR/JUR/78775/2016
Hechos:
Se confirmó una sentencia que hizo prevalecer el crédito del acreedor hipotecario por sobre la acreencia del
ejecutante.
Sumarios:
1. La sentencia que hizo prevalecer el crédito del acreedor hipotecario por sobre la acreencia del ejecutante debe confirmarse, pues surge de manera ostensible que este último no pudo desconocer la real situación extrarregistral del inmueble subastado, ni alegar buena fe, en tanto cuando denunció el bien por el cual amplió la ejecución adjuntó un informe de dominio que daba cuenta de la hipoteca, más allá de la caducidad de la inscripción que devino con posterioridad.
2. Cuando el tercero tiene conocimiento de la hipoteca con anterioridad a la caducidad de la registración el derecho real le es oponible, pues la inscripción de los gravámenes ante el Registro de la Propiedad Inmueble no resulta un requisito necesario para la constitución de la garantía.
Texto Completo:
2ª Instancia.- Buenos Aires, noviembre 25 de 2016.
Considerando: 1. El ejecutante de autos, insatisfecho con el producido de la subasta que dejó un saldo
insoluto de su crédito, ejerció su poder de agresión patrimonial contra otro bien inmueble de su deudor (esta vez como acreedor quirografario). Producida la subasta de esta última finca, aprobada judicialmente la venta y oblado el saldo de precio (cfr. fs. 622, 640 y 656) se presentó otro accipiens invocando la calidad de acreedor hipotecario respecto de dicho bien y se opuso a que se disponga de los fondos arrojados por el remate hasta tanto fuera cancelado su crédito (vide fs. 675), en tanto el ejecutante de estos obrados pretendió hacer valer el privilegio del primer acreedor embargante, argumentando que a la época de la ejecución el gravamen hipotecario se hallaba caduco y, en consecuencia, carente del ius preferendi y del ius persequendi, resultando inoponible a terceros (cfr. fs. 765/768).
El juez de grado resolvió rechazar la cuestión de privilegios opuesta por el ejecutante respecto del
mencionado acreedor hipotecario. Para así decidir, recordó que la inscripción de los gravámenes ante el Registro de la Propiedad Inmueble no resulta un requisito necesario para la constitución de la garantía, simplemente tiene efectos publicitarios para alegar derechos frente a terceros, pero en casos como el de autos en que el tercero tenía conocimiento de la hipoteca con anterioridad a la caducidad de la registración, el derecho real le es oponible (cfr. fs. 791/792). Contra esta determinación se alza el ejecutante.
2. La inscripción de la hipoteca en el registro respectivo es un acto de publicidad que la convierte en
oponible a terceros. A falta de inscripción no hay oponibilidad. Sólo harían excepción a esta norma los terceros cuyo conocimiento de la existencia del gravamen constara de manera cierta y fehaciente, como son los que intervienen en el acto de constitución de la hipoteca, a tenor de lo dispuesto por el art. 3135 del Cód. Civil (vigente a la época de los hechos examinados en el sub lite) u otros que estuvieran en situaciones similares.
El quid de la cuestión en debate radica en la buena o mala fe de los terceros, y ello en materia inmobiliaria no obedece únicamente al conocimiento de las constancias registrales sino, además, a la ignorancia de la realidad extrarregistral apreciada desde una actitud diligente. En el sentido expuesto, cabe agregar que la buena fe se evalúa bajo parámetros subjetivos, ligados al conocimiento cierto o presunto que el sujeto pueda tener de la realidad extrarregistral y más allá de lo informado por el Registro. Debe repararse en que este principio de buena fe campea en la solución del art. 3136 del Código de Vélez (v. su nota) por la cual la hipoteca no inscripta es igualmente oponible a otro acreedor hipotecario posterior, cuando haya hecho inscribir primero su hipoteca pese a conocer de la existencia de la anterior.
Lo hasta aquí expuesto lleva a la Sala a coincidir con la enunciación del planteo del a quo; y, desde la
perspectiva apuntada es dable reseñar los hechos relevantes del sub examine.

Cuando el apelante denunció el inmueble por el cual amplió la ejecución, el 2 de febrero de 2011, adjuntó un informe de dominio que daba cuenta de la hipoteca (inscripta el 10/05/1993 y en vigor atento lo normado por los arts. 3151 y 3197 del Cód. Civil, vigente a esa época; vide fs. 246/252). Asimismo, al tiempo de trabar su embargo el recurrente (09/06/2011) la inscripción de la hipoteca todavía se hallaba vigente (cfr. fs. 289). Otro tanto ocurrió cuando el ejecutante de autos adjuntó certificado de dominio y gravámenes el 6 de julio de 2012 y solicitó la subasta del bien (v. fs. 386/398), como cuando libró oficio al juez de la ejecución hipotecaria con fecha 15 de octubre de 2012 para anoticiarlo de la venta forzada (cfr. fs. 418/419).
Incluso transcurrido ya el plazo legal de caducidad de la inscripción de la hipoteca, el apelante actualizó los certificados del Registro y el gravamen real seguía constando en los informes (más allá que la caducidad de la inscripción devino de manera automática; v. fs. 452/463, 478/490 563/573). Tampoco mereció reparos por parte del recurrente la presentación en autos del acreedor hipotecario invocando tal carácter (v. fs. 614/615).
Frente a las circunstancias descriptas, surge de manera ostensible que el aquí ejecutante no pudo desconocer la real situación extrarregistral del inmueble subastado, ni alegar buena fe (en el sentido anteriormente indicado). De manera que hizo bien el juez de grado en prevalecer el crédito del acreedor hipotecario por sobre la acreencia del ejecutante.
No obsta a esta conclusión la crítica blandida a partir del oficio librado por el magistrado de la ejecución hipotecaria (v. fs. 732) en el que ordena trabar embargo sobre el remanente de la subasta, y en lo que el recurrente pretende ver que le otorgó carácter de quirografario al crédito del allí ejecutante, toda vez que no correspondía que dicho juez se pronunciara acerca de la cuestión de los privilegios y créditos preferentes. Cabe recordar que una vez subastado el inmueble se produce un efecto propio y único de la ejecución forzada, esto es, la subrogación real (art. 575 de la ley adjetiva), por medio de la cual, a fin de tornar líquido el valor del bien, se tiene que el producido de la subasta reemplaza al inmueble, y sobre dichos fondos se transfieren en la misma medida y orden los privilegios y embargos que registra ese bien, por lo que corresponde que el juez que interviene en la ejecución forzada decida qué pagos habrán de efectivizarse en la causa según la preferencia que entienda corresponder a cada uno de los créditos, previa sustanciación con todos los interesados (cfr. esta sala, r. 434.285 del 03/08/2005).
Por ello, se resuelve: Confirmar el interlocutorio de fs. 791/792. Con costas al apelante vencido (art. 69 del Código Procesal). Los honorarios de alzada se regularán oportunamente (art. 14 de la ley 21.839). Regístrese, notifíquese por Secretaría al domicilio electrónico denunciado conforme lo dispone la Ley 26.685 y acordadas 31/2011 y 38/2013 de la C.S.J.N., cúmplase con la acordada 24/2013 de la C.S.J.N. y devuélvase. La vocalía n° 20 no interviene por hallarse vacante (art. 109 del RJN). — Carlos A. Bellucci. — Carlos A. Carranza Casares.

sábado, 11 de febrero de 2017

LEGITIMACIÓN DESALOJO

SUMARIO
LEGITIMACION DESALOJO: Se encuentran legitimados para promoverla todos los que tengan un
derecho a recuperar total o parcialmente la tenencia de un inmueble, tales como el propietario, el locador, el locatario principal, el poseedor, el usufructuario, el usuario, el acreedor anticresista y el
comodante.
FALLO
CAMARA CIVIL - SALA H
55649/2015
M..., M... N. c/ O.., C.... Y
OTRO s/DESALOJO POR FALTA DE PAGO
Buenos Aires, de febrero de 2017.- LF
AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO :
I.- Las presentes actuaciones fueron elevadas al Tribunal
con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 85 por la parte
demandada, contra la sentencia de fs. 84 por la que se hizo lugar a la
demanda de desalojo. El memorial ha sido agregado a fs. 87/90 y fue
contestado a fs. 93/94.-
II.- Se agravia la demandada de la decisión del
Magistrado de grado por la que hizo lugar a la demanda de desalojo.
Sostiene al efecto que no se tuvo en cuenta que su parte negó los
hechos y el derecho invocado y que no se consideró que en ocasión de
suscribir el contrato con la actora su parte entendió que lo hacía con la
dueña y que luego, al no contar con documentación fehaciente al
respecto ya no la consideró como tal. Concluye que es errada la
sentencia en tanto no tuvo en cuenta que la actora no acreditó su
carácter de titular del inmueble y que por lo tanto, carece de derecho
para deducir la presente demanda.
Ahora bien, más allá de los cuestionamientos efectuados
por la recurrente en ocasión de presentar el memorial, lo cierto es que
no ha podido rebatir la conclusión del juez a quo en cuanto sostuvo
que al promoverse la presente acción se encontraban impagos más de
dos períodos consecutivos.

En función de lo anterior, por encontrarse reconocido que
la demandada contrató con la actora la locación del inmueble; a la luz
de lo que surge de la copia certificada del contrato de locación (ver fs.
37) que no fue desconocido en la oportunidad prevista en el art. 356
inc. 1° del CPCC; sumado a ello que la presente acción se fundó en la
falta de pago a partir del mes de noviembre de 2014 y que tal como lo
destacó el a quo, en ocasión de contestar la demanda deducida en su
contra la recurrente sólo acompañó un recibo de pago emitido en el
mes de junio de 2014, cabe concluir que la decisión recurrida se
encuentra ajustada a derecho y como tal debe ser confirmada.
No obsta a lo expuesto el cuestionamiento que ahora
introduce la demandada –referido a desconocerle a la actora el
carácter de propietaria del inmueble-, ya que como es sabido, la
acción de desalojo es de carácter personal, por lo que no es necesario
ser propietario de un inmueble para requerir su desalojo. De modo que
se encuentran legitimados para promoverla todos los que tengan un
derecho a recuperar total o parcialmente la tenencia de un inmueble,
tales como el propietario, el locador, el locatario principal, el
poseedor, el usufructuario, el usuario, el acreedor anticresista y el
comodante (CNCiv, Sala J, Recurso Nº: J035602 Fecha: 24-08-10
Juzgado 80 “Lattuga, Rosa Nilda c/ Zaracho, Carlos Roque s/ desalojo
por falta de pago”, Rev. El Derecho del 6/12/2010, pág. 7; Rev. La
Ley del 07/09/2010, pág. 7 -Tomo 2010-E-, sumario N°20099 de la
Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
A todo evento, no debe pasarse por alto que a fs. 7/9 luce agregado el
informe de dominio emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble,
del que surge que en ocasión de iniciarse el presente desalojo, el
inmueble se encontraba inscripto en cabeza de la actora.
Fecha de firma: 06/02/2017

Firmado por: JOSE BENITO FAJRE, LILIANA E. ABREUT DE BEGHER, CLAUDIO M. KIPER, JUECES DE CÁMARA

jueves, 9 de febrero de 2017

Régimen de afectación de la vivienda

1 - RÉGIMEN DE AFECTACIÓN DE LA VIVIENDA / Embargo sobre el inmueble afectado al régimen de bien de familia. Inejecutabilidad. Equilibrio entre el derecho a la protección de la vivienda y el derecho del acreedor embargante. Posibilidad de agredir el bien ante un supuesto de desafectación. Art. 249 del Código Civil y Comercial..
El embargo trabado sobre el inmueble afectado al régimen de bien de familia debe mantenerse, pues se advierte de ese modo equilibrado por un lado el derecho a la protección de la vivienda y, por otro, el del acreedor embargante posterior a quien le es oponible la afectación y que, frente a un supuesto de desafectación, podría agredir el bien teniendo vigente esa medida, máxime cuando no causa gravamen alguno al titular.
2 - El acreedor puede embargar el inmueble donde se asienta la vivienda familiar pero no podrá ejecutar su crédito y proceder a la realización en subasta pública si no acredita alguna causal de exclusión de ese beneficio (vgr, ser acreedor anterior, que la vivienda ya no es familiar, que se trata de acreedor excluido), ello de conformidad con el art. 249 del Código Civil y Comercial.
G..., A..... A... y otro c. S... S.R.L. y otro s/ ejecutivo • 15/09/2016

Relaciones de consumo

Expte. N°: JU-8427-2014 – “Fiat Credito Cia Financiera S.A. c/ De N... C... L... s/acción de secuestro (art.39 LEY 12962)” - CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE JUNÍN (Buenos Aires) – 02/02/2017 /NIN, a los 2 días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa Nº JU-8427-2014 caratulada: "FIAT CREDITO CIA FINANCIERA S.A. C/ DE NATALE CESAR LEANDRO S/ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Volta y Guardiola.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Castro Durán, dijo:
I- A fs. 49/51 vta. el Sr. Juez de primera instancia, Dr. Fernando H. Castro Mitarotonda, dictó sentencia, por la que desestimó el planteo de nulidad e inhabilidad de título opuesto por César Leandro De Natale, imponiéndole las costas al mismo.- Para adoptar tal decisión, expuso inicialmente que el artículo 39 de la ley 12.962, aplicable a este tipo de procesos, excluye toda posibilidad de participación del deudor en el procedimiento, remitiendo expresamente a la vía ordinaria a los efectos de salvaguardar los derechos del mismo.- Agregó que en este trámite no se encuentra contemplado que el deudor pueda formular excepción, cuestión o defensa alguna que tenga por fin limitar el pleno e inmediato ejercicio del derecho que le asiste al acreedor de solicitar la orden judicial de secuestro.-
II- Contra este pronunciamiento, el accionado dedujo apelación a fs. 56; recurso que, concedido en relación, recibió fundamentación por vía del memorial agregado a fs. 58/63.- En dicha presentación, el apelante se agravió por el rechazo de sus planteos de nulidad e inhabilidad de título, argumentando que la accionante no indicó la existencia de deuda alguna que justificara el secuestro del vehículo prendado.- Expuso que, aún siendo el acreedor una de las personas habilitadas en el artículo 39 de la ley 12.962, resulta una condición necesaria la enunciación de las previsiones del artículo 26 del mismo cuerpo legal, es decir, la deuda y monto de la misma.- Asimismo, adujo que debe presumirse la existencia de una relación de consumo entre él y la accionante, a la que resulta aplicable la normativa protectora del consumidor.- Sostuvo que el propio magistrado de origen, al señalar que el proceso de secuestro está direccionado a la venta del bien afectado como garantía, reconoció la existencia de un crédito al que accede la misma, por lo que es necesario que el acreedor enuncie la existencia, vigencia y monto de la deuda, como condición necesaria a la luz de las normas
del derecho del consumidor; ya que, de lo contrario, el derecho de aquel aparecería
contrapuesto a dicha normativa de orden público, en perjuicio de la parte más débil.-
Agregó que la imposición de declarar la existencia y el monto de la deuda, proviene de los
artículos 26 de la ley 12.962 y 37 de la ley 24240, por lo que su incumplimiento obsta el
secuestro del bien e impone la declaración de nulidad de la acción de secuestro, con la
consiguiente orden de devolución del rodado.-
III- Corrido traslado del memorial reseñado precedentemente, la parte accionante guardó
silencio.-
IV- A fs. 67 el demandado, acompañando documentación, denunció como hecho nuevo la
subasta del rodado prendado; luego de lo cual, el expediente fue remitido a esta Cámara,
donde a fs. 69 se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las
presentes actuaciones en condiciones de resolver.-
V- En tal labor, considero útil mencionar que la presente acción fue entablada por una
entidad financiera, respecto de la cual no puede dudarse de su carácter de proveedora,
contra una persona física, con el objeto de obtener el secuestro de un automotor prendado.-
Teniendo en cuenta tales circunstancias, lógico es concluir que en este caso existen
elementos serios que hacen presumir fundadamente la existencia de una relación de
consumo entre la persona jurídica accionante y el demandado (arts 1, 2 y 3 ley 24240).-
En virtud de ello, en autos resulta aplicable la ley 24240, plexo normativo que, por medio
de normas de orden público, y por ende, inderogables por los particulares, reglamenta un
derecho expresamente receptado en la Constitución Nacional (arts 65 ley 24240 y 42 CN).-
Vale recordar que la finalidad de la mencionada ley, es actuar como correctora de la
desigualdad estructural que los consumidores y usuarios padecen en el mercado, ámbito en
el que, sin duda, constituyen la parte más débil. Es decir, la normativa que tutela a
consumidores y usuarios, apunta a colocarlos en un plano de igualdad, no sólo formal, sino
también real, en la relación de consumo.-
En palabras del Dr. Zaffaroni, la ley 24240, "...a modo de purificador legal, integra sus
normas con las de todo el ordenamiento jurídico, de manera que se impone una
interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los
derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el artículo 42 de la Constitución
Nacional..." (el entrecomillado es copia textual del voto vertido en la causa F. 1116.
XXXIX. "Ferreyra, Victor Daniel y Ferreyra, Ramón c/ Vicov S.A. s/ daños y perjuicios").-
Con similar orientación, Juan M. Farina sostiene que la ley 24240 "...apunta a corregir y
evitar los abusos a que podía dar lugar la aplicación de la legislación ordinaria general
preexistente, en perjuicio de quien en ese acto actúa como consumidor, pues es la parte
estructuralmente más débil en las relaciones de consumo..." (ver "Defensa del consumidor
y del usuario", pag. 25, el entrecomillado encierra copia textual).-
Siguiendo tales pautas, considero que de una interpretación armonizante del artículo 39 del
decreto-ley 15348 con la ley 24240, orientada a salvaguardar la garantía consagrada en el
artículo 42 de la Constitución Nacional, emerge como corolario que el mencionado artículo
39 no resulta aplicable a las relaciones de consumo.-
Así lo entiendo, puesto que dicha norma, aplicada en una relación de consumo, colocaría al
consumidor o usuario en una situación de tamaña desigualdad, que tornaría ilusoria la tutela
brindada por la ley 24240.-
Es que el aludido artículo 39 de la ley de prenda con registro faculta a las entidades
financieras -entre otros acreedores- a solicitar judicialmente el secuestro de los bienes
gravados, para proceder a su venta extrajudicial, agotándose el trámite con la orden de secuestro, quedando vedado todo planteo del consumidor o usuario.-
Es decir, el proveedor queda facultado para secuestrar y subastar extrajudicialmente el bien
prendado, sin que el consumidor o usuario tenga la menor oportunidad de ser oído, con
anterioridad a la concreción de tan drástica medida.-
Tal posibilidad conferida al proveedor, resulta lesiva del trato digno y equitativo al
consumidor o usuario en la relación de consumo, previsto en los artículos 8 bis de la ley 24240 y 42 de la Constitución Nacional.-
Por lo tanto, por medio de una interpretación armonizante de las normas bajo examen, se llega a la inaplicabilidad del procedimiento previsto en el artículo 39 del decreto-ley 15348,
a las relaciones de consumo.-
Vale acotar como argumento en favor de la solución propuesta, que a fin de dar solución a
cuestiones referidas a la competencia territorial para el ejercicio de la acción de secuestro
prendario, la interpretación de las normas antes mencionadas derivó en dos posturas
encontradas.-
Por una de ellas, se confiere absoluta preeminencia al ordenamiento regulador de la prenda con registro, argumentándose que como el único objeto del mecanismo establecido en el
artículo 39, es brindar apoyo jurisdiccional al acreedor para apoderarse del bien prendado,
sin que se halle prevista la intervención del deudor, resulta innecesario mandar a tramitar el
secuestro ante el juez del domicilio de este último (conf. Cámara Nacional de Apelaciones,
Sala A, sent. interlocutoria del 15-6-2010, recaída en la causa "Banco Santander Río S.A. c/
Sánchez, Claudia Cristina").-
Por la otra postura, se da preeminencia a la legislación consumeril, argumentándose que resultan enteramente aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la ley 24240 en las acciones de secuestro prendario, puesto que la tutela de los consumidores y usuarios ha sido dirigida en términos generales, sin excepcionar ni restringir su ámbito de
aplicación, por lo que tales acciones deben tramitar ante el juzgado del domicilio real del
accionado (conf. Cámara Nacional de Apelaciones, Sala F, sent. interlocutoria del 8-3-
2016, recaída en la causa "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Villegas, Luis Alberto s/
Secuestro prendario").-
La Suprema Corte provincial, adoptando la segunda de las posturas reseñadas, expuso que "...ante conflictos vinculados a operatorias de financiaciones destinadas al consumo, las
reglas generales de atribución de competencia establecidas en el ordenamiento ritual deben
ceder frente a la normativa sustancial, en tanto no se ajusten a lo dispuesto por el citado
artículo 36; resultando, por lo demás, irrenunciables los derechos de los consumidores en la
medida en que el rango tuitivo que dimana de dicho contexto normativo tiene correlato con
el texto del artículo 42 de la Constitución Nación, y de nada valdría protegerlos mediante
una previsión micrositémica expresa, si se pudiera admitir pacto o convenciones de cualquier rango que los distorsionaran...En igual sentido, concierne enfatizar como rasgo propio de supuestos como el de autos que, tratándose de un secuestro prendario con
sustento en una operación de consumo, más allá de las limitaciones propias del trámite de que se trata (art. 39 del dec-ley 15348, ratificado por la ley 12962), prevalece su naturaleza jurisdiccional, máxime cuando en el marco de ese trámite podrían dirimirse eventuales
cuestiones inherentes a la eficacia de la diligencia de secuestro u otras a la que de lugar la liquidación del producido de la subasta del bien prendado...En tal virtud, situado el
domicilio del deudor prendario en la localidad de La Plata, el juez con jurisdicción en dicho
lugar será quien deba conocer en este juicio..." (sent. del 28-9-2016, recaída en la causa C.
120.068 "Fiat Crédito Cía. Financiera S.A. c/ Pilarczyk, Mauricio Bruno s/ Acción de
secuestro").-
VI- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: Hacer lugar a la apelación deducida a fs.
56, y consiguientemente, declarar la inaplicabilidad a las relaciones de consumo, del
trámite previsto en el artículo 39 del decreto-ley 15.348 -ratificado por la ley 12962-,
ordenando en consecuencia que la accionante ponga a disposición del demandado el
automotor secuestrado en autos. Si tal restitución no fuese posible por haberse subastado
extrajudicialmente el automotor, la accionante deberá acreditar la realización de la subasta
en el plazo de cinco días contados a partir de que la presente sentencia adquiera firmeza; y
en tal caso, el demandado podrá ejercer la acción que estime pertinente (arts 42 CN; 1, 2, 3,
65 ley 24240; 39 dec.ley 15348).-
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, en virtud de lo opinable de
la decisión adoptada (arts. 68 y 69 CPC).-
ASI LO VOTO.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Volta, dijo:
I.- Que si bien habré de adherir a la solución y fundamentos desarrollados por mi colega
preopinante, estimo oportuno agregar otras razones que me llevan al convencimiento de su
acierto.-
Con dicho norte es dable iniciar por señalar que ante la relación directa existente entre el
titular de todo derecho real -en este caso prenda con registro- y de la cosa sometida a la
voluntad del titular del derecho, como regla no encuentro reparo alguno al trámite de
secuestro previsto por el art. 39 de la ley 12.962, sin intervención del constituyente de la
prenda.-
Ello así puesto que a diferencia de la prenda común, el acreedor no está en disponibilidad
de la cosa razón por la que el acreedor autorizado concurrirá ante el tribunal respectivo a fin
de que, acreditado con el certificado la titularidad del derecho, se proceda a ordenar el
secuestro del bien para ponerlo a disposición del ejecutante (conf. Muguillo, "Prenda con
registro", comentario art. 39, pág. 295).-
Ahora bien, no debe perderse de vista que en el Cód. Civ., como en el nuevo C.C.C., tanto
el contrato como el derecho real de prenda, resultan accesorios de una obligación principal
cuyo cumplimiento garantizan (conf. arts. 524, 3.204 y ccdtes. del Cód. Civ. , art. 580 del
Cód. Com.; y arts. 856, 2186, 2219, 2.220 del C.C.C.).-
Que como lo señalara el Dr. Castro Durán en su voto, en autos existen elementos serios
que permiten presumir que la obligación principal garantizada, puede encuadrarse dentro de
una relación de consumo (doctr. arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240).-
Sentado ello, es dable señalar que de confirmarse la solución adoptada por el sentenciante
de grado se estaría convalidando un mecanismo a través del cual, se elude el régimen de
tutela al consumidor constitucionalmente establecido (art. 42 de la C.N.), a través de la
aplicación aislada de una normativa que regula un derecho accesorio, y por tanto
subordinado al principal.-
Es por lo antes expuesto y los demás argumentos desarrollados por el magistrado
preopinante, es que habré de adherir a la solución propuesta por el Dr. Castro Durán.-
TAL ES MI VOTO.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
Discrepo con las opiniones precedentes.-
No puedo sino comenzar expresando la preocupación que vengo experimentando en
relación a interpretaciones jurídicas proclives a convertir el dialogo de fuentes consagrado
expresamente por los arts. 1 y 2 del CCCN en un monólogo de alguna de ellas, particular y
especialmente el derecho del consumidor. Que el ordenamiento jurídico es un todo
orgánico y sistemático que deba ser interpretado en clave consumeril y ambiental (arts. 41 a
43 CN) no significa que se trate de una sinfonía de esas solas notas, a costa de prerrogativas
y garantías del derecho comercial y los derechos reales. La coherencia del mismo y la
fundamentación razonable de las decisiones (arts. 2 y 3 CCCN) exige a mi modo de ver en
determinados aspectos o puntos de conflicto el esfuerzo para lograr la armonización y
convivencia de principios y reglas y no el adoptar apriorísticamente una supremacía
excluyente y supresora de regulaciones específicas, cuando el test de constitucionalidad y
convencionalidad no determina una incompatibilidad absoluta en el caso concreto sometido
a juzgamiento. De no ser sumamente prudentes y cautos en ese examen, en sistemas de
control mixto o difuso como el nuestro, solo aumentamos el peligro, en base a un
subjetivismo jurídico de legalidad, de afectar los valores de seguridad y previsibilidad (me
remito al pormenorizado estudio de Sagüés Néstor Pedro "La interpretación judicial de la
Constitución" Depalma 1998)
Soy consciente que los pronunciamientos judiciales no son el ámbito propio para el
desarrollo de teorías iusfilosóficas o jurídicas que exceden los requerimientos del caso, pero
como también lo soy de que el sistema republicano y democrático demanda de la judicatura
dar cuenta de la forma más clara posible de las razones de sus decisiones, no puedo dejar de
señalar -en esto en coincidencia con el presupuesto argumental de mis colegas- sobre la
necesidad de una tutela judicial efectiva de los derechos de la parte negocial tanto jurídica
como económicamente débil, evitando la operatividad de cláusulas o procederes abusivos.
Pero esa prevención, no debe ser enarbolada cuando no existe ningún elemento siquiera
indiciario serio de su ocurrencia o de que se conculque el derecho de defensa para cercenar
un procedimiento ejecutorio legalmente previsto y convencionalmente pactado -de los que
aunado a razones de conveniencia y utilidad generales hizo mérito la CSJN para rechazar el
primer planteo de inconstitucionalidad del art. 39 del decreto 15348/46 en la causa "Banco
de la Pcia. de Bs. c/ Viale Luis" 21/2/1958 Fallos 240:66- (en similar sentido he expresado
al votar en asuntos sobre pagarés de consumo: frente a la alegación atendible de
circunstancias de esa índole por parte del consumidor ejecutado queda habilitado el
conocimiento causal respectivo, sin que esto implique que el proceso intentado sea por sí
inhábil, o en este caso inconstitucional).-
Repárese que desde la irrupción en la década del 60 del consumidor como protagonista
jurídico, el sistema protectorio que progresiva e incesantemente se fue desarrollando tanto
en el derecho comparado como en el nacional, lejos está de haber ido en desmedro de la
ampliación del elenco de las garantías y de la búsqueda de mecanismos jurídicos de ágil
ejecución frente al incumplimiento - vgr. autoliquidables, a primera demanda o la
repossession del derecho norteamericano legislada a lo largo de la 5ª parte del art. 9º del
Uniform Commercial Code, de la que podemos informarnos a través de los artículos de
Elena Highton "Panorama del régimen de garantías en el derecho estadounidense" en
RDPyC N° 2 Garantías p. 189 y ss y de Miguel Angel Acosta "Sobre el secuestro
prendario" La Ley 1997-C,761- (de suma utilidad resulta para entender este proceso los
informes presentados al XVI Congreso de la Academia Internacional de Derecho
Comparado Brisbane 2002 publicados por la Revista de Derecho Comparado de Rubinzal
Culzoni N° 6 y 7, bajo el título "Garantías. Presente y futuro", especialmente el de Ulrich
Drobnig, Mauro Bussani y Gerard McCormack, al igual que el análisis que hacen de sus
diversas especies Jorge Luis Riva-Graciela Álvarez Agudo en "Garantías Modernas" Lexis
Nexis; desvelos de los que se hizo parcialmente eco la XXI Jornada Nacional de Derecho
Civil, Lomas de Zamora 2007 Comisión 4 al ocuparse de temas como la hipoteca abierta y la revertida, modalidades resolutorias, dominio fiduciario en función de garantía, warrants,
etc).-
Innegable resulta que el procurar esa compatibilidad o entendimiento, tanto legislativa como judicialmente, se verifica en un marco a veces ríspido (prueba de ello la tenemos en
la zigzagueante adecuación de la normativa y jurisprudencia hipotecaria española -
tengamos presente que allí también es mobiliaria- a la Directiva 93/13 CEE del Consejo de
5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
para cuyo detalle de las aristas en conflicto me remito al análisis general que realiza Rodrigo Bercovitz Rodrigo Cano en "Derechos Reales" Bercal 2015 p. 333 y ss.; citas
bibliográficas en p. 654 de Pablo Contreras-Aguirre Aldaz-Pérez Álvarez "Derechos
Reales" Edisofer 2016 y localmente Jorge Causse "Protección de los deudores hipotecarios
en la reciente legislación española" La Ley 2014-D,951 sobre la Ley 1/13 de 14 de mayo y más específicamente por Alberto José Lafuente Torralba "Los obstáculos para el examen de cláusulas abusivas en el proceso de ejecución: puntos ciegos y zonas de desprotección en el
régimen vigente" en Revista de Derecho Civil vol. II, núm. 2 (abril-junio, 2015) p. 181/205
y tesis doctoral de José Luis ForteaGorpe "La protección del deudor hipotecario frente a las
cláusulas abusivas" Univ. Alicante). Con una visión simplista, ideologista, a la moda de lo
"políticamente correcto", fácil es ante el primer atisbo de posible colisión simpatizar con la
parte genérica y en abstracto vulnerable, exorbitando injustificadamente por fuera de los
criterios que consagran los arts. 962,963 y 1094 CCCN una tutela que en concreto es
innecesaria, sin advertir que con ello a lontananza pero con toda certeza agudizamos su
debilidad estructural a través de la mutilación del acceso al crédito y su encarecimiento.
Especial interés reviste para advertir la implicancia de tales desviaciones el trabajo de Nuria De la Peña-Heywood W Fleising "Argentina: cómo las leyes sobre prenda limitan el acceso
al crédito" La Ley 1997-B,899, quienes sugieren para solucionar los diversos problemas
"mejorar el sistema judicial y modificar la legislación aplicable a todas las garantías reales
mobiliarias. Estas alternativas incluyen acelerar el proceso judicial modificando la ley para que el secuestro y la venta de bienes en garantía pueda tener lugar con procesos judiciales
abreviados, o a través de acciones privadas; y extender la aplicación de las normas de garantías para incluir más amplias operaciones comerciales"
A la importancia de lograr ese equilibrio garantías- ejecución // derechos del consumidor
no ha permanecido en principio ajeno el legislador nacional (más allá del grado de éxito
con que lo haya alcanzado y de los casos que a título de excepción -no como reglajustifiquen la sanción extrema de invalidez normativa). Baste con señalar que luego de la
sanción de la ley 24240 de Defensa del Consumidor el 15/10/1993 y ya con la reforma constitucional de 1994 se dictó a principios de 1995 la ley 24441 que entre los institutos
que incorporaba para el financiamiento de la vivienda y la construcción, estableció en su
Título V art. 52 y ss. un régimen especial de ejecución de hipotecas, cuya adecuación
constitucional ha sido reconocida en forma ampliamente mayoritaria por la doctrina y jurisprudencia. O, ya en un vínculo más directo con la cuestión aquí en tratamiento, cuando
el nuevo codificador -de cuya preocupación en asegurar los principios protectorios propios
de la tutela del consumidor resulta suficiente leer los Fundamentos del Anteproyecto y el
cúmulo de disposiciones especiales que en su regulación le dedica- no tuvo reparos en no
solo mantener sino ampliar en sus dinámicos alcances la previsión del derogado art. 585
Código de Comercio a través del mecanismo de ejecución prendaria incorporado por el art.
2229 CCCN.-
No puedo finalizar este introito sin puntualizar que el sistema privado de secuestro y posterior liquidación de la garantía prendaria que establece la LdPR luego de la reforma
instrumentada por el decr. 897/95 resulta en alguna medida cuestionable y debería ser
objeto de una regulación más precisa. Empero coincidiendo con la reflexión que sobre el
mismo hace el distinguido Camarista Fabián M. Loiza (en "Derecho Procesal Comercial" de Dario J. Graziabile Abeledo Perrot To. III p. 2684) en cuanto "no sostenemos una inconstitucionalidad a priori y para todos los casos, sino que alertamos que la figura es
pasible de generar, en algunos supuestos, una lesión a derechos de orden constitucional",
entiendo que en el sublite por los aspectos que paso a desmenuzar no están dados los
presupuestos para esa sanción, por lo que debería confirmarse lo resuelto en primera instancia por el Dr. Castro Mitarotonda cuyos fundamentos comparto plenamente.-
En efecto, debe considerarse que:
* No está en juego aquí el tema de la competencia jurisdiccional en relación a la acción de
secuestro prendario, tópico conflictivo y sobre el que exclusivamente versan los fallos
citados por el Dr. Castro Durán. Haciendo a un lado las distintas posiciones sustentadas
tanto doctrinaria como jurisprudencialmente respecto a si el mismo debe ser requerido al
Juez donde se encuentran los bienes o ante el correspondiente al domicilio del deudor consumidor (ver Arias Cau Esteban J "Relación de consumo, competencia territorial y secuestro prendario" La Ley 11/3/2016, 4; Morinigo Fernando Gabriel "El campo de
aplicación del art. 36 de la ley de defensa del consumidor y su inaplicabilidad al secuestro
prendario" IJ-LVI-218 Rev. de Derecho Comercial y de los Negocios n° 5 oct. 2012 y "El
secuestro prendario y el art. 36 de la Ley de defensa del Consumidor. Un trámite especial
no comprendido en la fijación legal de competencia" El Derecho 244-636; Loiza trabajo
citado), lo cierto es que la competencia del Juzgado de Primera Instancia corresponde por
una u otra razón, dado el domicilio del apelante y el lugar donde se llevó a cabo la medida (
ver fs. 19/21 y fs. 38/40). Que si bien vinculadas son cuestiones diferentes lo demuestra
claramente el hecho de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala D,
con la misma integración, sin perjuicio de adherir en numerosos pronunciamientos a la regla de competencia específica de LDC( ver AR/JUR/42750/2015; 24573/2015;
96583/2013; 96801/2013; 95808/2013; 96799/2013 para citar sólo algunos) cuando tuvo
que pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicho procedimiento el 7/11/2009 in re "Schenfeld Jorge Ricardo c. Citibank NA s/ Ordinario" (El Derecho Digital 53909 2010)
expresó en párrafos que son de utilidad transcribir:
"...Debe recordarse que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como una última ratio de orden jurídico
(CSJN, RasspeSohne, P. D. c/ Nación., T. 249, p. 51; íd., Malenky, Rubén., T. 264, p. 364;
íd, Chicago Bridge &IronSuc. Argentina, T. 285, p. 322; íd., Bonfante, Alberto A. c/ Junta
Nacional de Carnes. Radulescu, Alejandro Constantino c/ Nación. Kupferschmidt, Máximo
c/ Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. Linck, Ricardo, T. 288, p. 325; t. 290, p. 83;
t. 292, p. 190; t. 294, p. 383; íd., Mizrahi de Tucumán S.A. c/ Provincia de Tucumán, T.
295, p. 850; íd., Cosimano, Antonio Remigio c/ S.R.L. Domingo Bisio, T. 299, p. 393; íd.,
29/03/1988, Conti, Juan Carlos c/ Ford Motor Argentina S.A. s/ cobro de pesos. Tomo: 311
Folio: 394; íd., 6/4/1989, Gamberale de Mansur, María Eugenia c/ UNR. s/ nulidad de resolución, Tomo: 312 p. 435; íd., 26/12/1996, Monges, Analía M. c/ UBA. - resol.
2314/95. Fallos 319:3148; íd., 27/06/2002, Fisco Nacional - Administración Federal de
Ingresos Públicos c/ Abramovich, Jacobo s/ ejecución fiscal; íd., 5/3/2003, San Luís,
Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo). Congruente con la trascendencia de la vía intentada, no es admisible que sea sustentada en una escueta y genérica alegación de
inconstitucionalidad (CSJN, 5.8.1993, Gil de Giménez Colodrero, Dolores y otros c/ Estado
Nacional [Mrio. de Educación y Justicia] s/ daños y perjuicios, Fallos 316:1718; íd.,
8.8.2002, Giardelli, Martín Alejandro c/ Estado Nacional -Secretaría de Inteligencia del
Estado).El actor se limitó a señalar que la normativa atacada violaba los principios de propiedad y legalidad, amén que los derechos de defensa e igualdad. Sin embargo no
formuló un desarrollo eficiente de su parecer, compatible con la trascendencia y gravedad
del objetivo buscado. En rigor la sentencia tuvo fundamentos de mayor profundidad y extensión para arribar a la conclusión objeto de agravio, aunque se limitó a cotejar la norma con el derecho de defensa, el que dijo afectado.-
Para iniciar un desarrollo ordenado de la evaluación de este agravio, cabe transcribir el
artículo impugnado. El mismo reza: 39. “Cuando el acreedor sea el Estado, sus
reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central
de la República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional,
sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio
en el país, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los
bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El
acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma prevista por el art. 585
del código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario,
los derechos que tenga que reclamar el acreedor. El trámite de la venta extrajudicial
preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bienes ni por concurso,
incapacidad o muerte del deudor”. (según decreto 897/95).-
El actor, al deducir el planteo, como luego la sentencia con mayor extensión, destacaron
que el derecho de defensa del deudor prendario se veía conculcado por serle impedido al
actor “…promover recurso alguno”. Sin embargo, tal acotamiento de derechos no sólo tiene una justificación razonable, sino que tampoco conspira contra el derecho de defensa del
deudor. Como es sabido en la “prenda sin desplazamiento” o “prenda con registro”, el
deudor le confiere a su acreedor el derecho de cobrarse con privilegio sobre el producido de
la subasta de bienes muebles pero, a diferencia de la prenda común, no se desprende de estos (Fernández R., “Código de Comercio Comentado”, T. III, página 58, Ed. Amorrortu
1948). En la prenda común, el acreedor puede ejercer directamente aquella facultad (art.
582 del código de comercio), pues tiene en su poder el bien mueble objeto del privilegio. El artículo 585 prevé breves plazos para hacer efectiva la venta extrajudicial (publicidad con
anticipación de diez días), y hasta prevé que pueda hacerse al día siguiente del vencimiento
cuando se trate de títulos que pueden ser negociados en bolsas o mercados. La prenda “sin
desplazamiento” requiere, como contrapartida, no sólo el registro del gravamen para concederle efectos frente a terceros, sino un procedimiento ágil para poder colocar a este
acreedor prendario en iguales condiciones con el que posee como título una prenda común.
Así habilita al primero a requerir al Juez de comercio el secuestro inmediato del bien al
vencimiento del mutuo y con la sola exigencia de acompañar el certificado prendario.-
La prohibición legal impuesta al deudor a que deduzca recursos dentro de este
procedimiento, reconoce varios fundamentos: 1. Las actuaciones cautelares concluyen con
el secuestro, lo cual desvanece toda plataforma documental para una eventual articulación
(Gómez Leo O.- Coleman, Maria del Carmen, “Prenda con Registro”, RDCO 1995-B,
300).-
2. Es necesario evitar toda incidencia dentro del trámite cautelar, para no desnaturalizar el
sistema de venta extrajudicial acogido por el legislador (Muñoz L., “Contratos”, T. 3,
página 376).-
3. Debe priorizarse la rapidez en el recupero del crédito, pues ello abarata los costos del
sistema, beneficiando a futuros mutuarios.-
4. Esta facultad es sólo concedida a personas jurídicas de reconocida solvencia (Estado,
Bancos, Instituciones Financieras), con el claro fin de minimizar la posibilidad que eventuales daños no sean atendidos.-
5. El procedimiento se limita a equiparar al acreedor prendario “sin desplazamiento” al de
la prenda común, para colocarlo en igual situación a fin de ejercer la facultad que concede a ambos el artículo 585 del código de comercio.-
Los acreedores amparados por una prenda comercial “común”, pueden ejercer su derecho a percibir su crédito del producido del bien gravado, en tanto lo tienen en su poder.-
Así es menester que los acreedores por prendas sin desplazamiento, caso en el cual la tenencia del bien es reemplazada por el registro del gravamen, puedan hacerse rápidamente
del asiento de la garantía para así proceder a una pronta venta.-
La colección de razones que acabo de reseñar abonan, desde una óptica esencialmente económica, la razonabilidad del procedimiento.-
Una visión jurídica, particularmente dirigida a evaluar si esta facultad concedida a ciertos
acreedores preserva el derecho de defensa del deudor, permite arribar también a una respuesta positiva.-
En su texto, la norma impugnada encauza los eventuales reclamos del deudor mediante el
procedimiento ordinario (“…que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los derechos
que tenga que reclamar el acreedor”).-
El sistema prevé con claridad la vía mediante la cual el deudor podrá deducir sus
eventuales defensas frente a la medida cautelar ejecutada por el acreedor (Malagarriga C.,
“Tratado Elemental de Derecho Comercial”, T. II primera parte, página 393; Gómez Leo
O.- Coleman, Maria del Carmen, “Prenda con Registro”, RDCO 1995-B, 301).-
La predicada inconstitucionalidad cede entonces al contar el deudor con la vía judicial
expresa (Cámara H., “Prenda con Registro o Hipoteca Mobiliaria”, página 550; CSJN,
18.10.2006, “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Ford Credit Compañía Financiera S.A. c/ Novoa, Jorge Carlos, Fallos 329:4352).-
Va de suyo que la acción ordinaria podría ser iniciada contemporáneamente al tiempo de la
cautelar, sin aguardar que se produzca la venta.-
En rigor, en el caso, nos encontramos en igual situación que en el juicio ordinario posterior
al ejecutivo.-
El código de rito prevé esta vía como cauce para incoar defensas causales, ajenas al trámite
ejecutivo (cpr 553). Igual solución procede sea que se trate de ejecuciones cambiarias,
prendarias o simples secuestros prendarios, como ocurrió en el caso.-
Es cierto que esta demanda no evitaría, en condiciones habituales, la venta del bien
prendado. El eventual progreso de la impugnación del deudor se traduciría en una condena
resarcitoria.-
Sin embargo las razones económicas que justifican esta solución legal (rápido recupero del
crédito por parte del acreedor; reducción de los costos de transacción con el consiguiente beneficio general en punto a un mayor acceso a este tipo de préstamos), también permiten
soslayar este desacople temporal (Muguillo R., “Prenda con Registro”, página 253).-
A todo evento, es de señalar que aún cuando la propia norma cercena diversas defensas o
intentos cautelares orientados a suspender el trámite del remate extrajudicial, el deudor podría intentar por esa vía de conocimiento la consignación del quantum reclamado con la
extensión prevista por el artículo 32 de la ley de prenda con registro (Gómez Leo O.-
Coleman, Maria del Carmen, “Prenda con Registro”, RDCO 1995-B, 301). En tal caso, que obviamente debería ser juzgado con rigor para meritar la suficiencia del depósito, no
existiría agravio alguno para suspender la venta en tanto el interés del acreedor sería atendido.-
Lo dicho descarta absolutamente la inconstitucionalidad postulada por el deudor y acogida en la sentencia en estudio....."
* No se plantea tampoco aquí la situación de un tercero subadquirente consumidor, sino
que la medida fue efectivizada contra el propio deudor constituyente de la prenda.-
* La ejecución administrativa (o ejecución pura al decir de Falcón, DRP Rubinzal-Culzoni
2001-1p. 174 y ss) contempla en el mencionado precepto dos aspectos -aunque inspirados
en la misma consideración de conferir un beneficio en la recuperación del crédito a favor de ciertos acreedores que se presumen de seriedad y solvencia cierta; cfme. Muguillo Roberto
A. "Prenda con registro" Astrea p. 295- distinguibles más allá de su interrelación: una el
secuestro y otro la realización del objeto sobre el cual recae la garantía y cobro. Ello es
avizorado en el agregado que hace el Dr. Volta, a pesar de no asignarle efectos para la
solución del entuerto.-
Al margen de que "el secuestro así solicitado no tiene carácter precautorio (art. 221 Cód.
Proc. Civil y Com. de la Nación) sino esencialmente ejecutorio, puesto que por medio de él
se pretende impedir la degradación u ocultamiento del bien con el fin de facilitar la efectivización del crédito a través de una realización sin demoras y mínimos gastos " (autor
y obra citados en último término p. 297)-, como tal no tiene no tiene el carácter de un litigio
(cfme. Morinigo trabajos mencionados), no teniendo previsto el deudor ninguna intervención, máxime cuando, sin perjuicio además de ser un acto preparatorio para su
enajenación, está materializando la relación de disponibilidad que tiene como titular del
derecho real de garantía, amenazada ante el incumplimiento por la condición trasladable del
objeto.-
"Este no es un juicio ejecutivo y el deudor no tiene entonces derecho a excepciones o
defensas que puedan impedir la recuperación por el acreedor de los bienes. Podría, el
deudor, desde luego expresar y demostrar que el secuestro se refiere o comprende otros
bienes no prendados, pero no obstaculizar la medida en su verdadero alcance. Con ello no
se viola el derecho de defensa en juicio....(Zavala Rodriguez Juan Carlos " Código de Comercio..." Depalma To. III p.355)
En este sentido la CSJN en autos "Banco Financiero Argentino S.A. v. Criaderos y Semilleros Rumbos S.C.A. y otros " 12/05/1987, Fallos 310:928 al resolver sobre la
inaplicabilidad del art. 22 de la vigente al momento ley de concursos, hizo suyo el dictamen
del Procurador Fiscal que había expresado: "ese trámite no admite ningún tipo de defensas
procesales ni se suspende por concurso, incapacidad o muerte del deudor, dado que no se trata en tales supuestos de un juicio de ejecución prendaria, sino de un trámite especial
extrajudicial, para cuya realización resulta necesario recuperar la cosa por vía de secuestro.
Dicha diligencia requiere por su carácter, de apoyo jurisdiccional, por lo que debe
solicitarse al juez. Ello no implica entonces que aquellos procedimientos se identifiquen ni
queden consecuentemente comprendidos en la suspensión de procedimientos prevista por el
inciso 1º del referido artículo 22 .No puedo dejar de observar, que los eventuales derechos
del deudor, y en su caso del respectivo concurso, pueden hacerse valer ulteriormente por
intermedio del correspondiente proceso ordinario (v. el mencionado artículo 39) "
También lo hizo el Máximo Tribunal, en composición parcial actual y ya vigente la normativa especial del consumidor, en los ya mencionados autos "Ford Credit Compañía Financiera S.A. c. Novoa, Jorge Carlos", 18/10/2006, Fallos 329:4352, al remitirse al
dictamen fiscal desestimatorio de la postulación de inconstitucionalidad en los siguientes
términos: "... el propio apelante ha reconocido la existencia de una vía ordinaria prevista en
la norma aplicable al caso (art.39 del decreto 15348/46 ratificado por la ley 12.962) en la
cual podrá ejercer las defensas que alega. Por otra parte no se demuestra que el agravio que
acarrea la privación del uso del automotor secuestrado no pueda ser subsanado por medios
procesales adecuados —a los que el demandado no recurrió— que se hallan expresamente regulados en la legislación procesal (arts.195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
Así lo pienso, por cuanto la acción instaurada (secuestro prendario) es un procedimiento de naturaleza cautelar que se agota con el cumplimiento de la medida, y sus efectos pudieron
modificarse a través de otra medida de igual naturaleza que pudo ejercitar el reclamante (y no hizo) en el proceso ordinario habilitado expresamente por la legislación, asegurando de tal manera los derechos propios y los del acreedor, máxime teniendo en cuenta que tales
medidas conforme la normativa procesal se conceden en supuestos como los invocados por
el apelante (ver artículos 204 y siguientes del código ritual).-
En orden a ello, si no medió resolución definitiva sobre la defensa de pago del recurrente,
y, por tanto, decisión sobre cuestiones que sólo pueden discutirse en un procedimiento
ordinario y contradictorio, al que puede recurrir y omitió utilizar como vías adecuadas para la defensa de sus derechos por su sola inacción, carece de sustento el planteo de inconstitucionalidad de la norma aplicada, con apoyo en una alegada y no probada indefensión que sólo se produce como consecuencia de los propios actos del recurrente."
Queda entonces evidenciado en forma palmaria que la eventual vulneración de los
derechos del consumidor por medio de cláusulas abusivas o afectación de la defensa en
juicio está relacionada con el segundo estadio, en cuanto se postergue inexorablemente su
tratamiento a una ulterior revisión de una realización consumada. Pero ello de ninguna forma puede cubrir la inacción del propio interesado o suplir la existencia de razones
sustantivas obstativas de aquella autoliquidación. Cobra al respecto decisiva importancia el
criterio que adoptara este tribunal el pasado 8/11/2016 en causa JU 2593/2016 "Di Prinzio
Gino c/ castellazzi Jorge E. s/ Materia a categorizar" en cuanto resulta factible, satisfecho el
elemental recaudo de seriedad del planteo, declarar la inconstitucionalidad del art. 551
CPCC en cuanto al presupuesto de cumplimiento para el conocimiento ordinario revisor, al
margen de la adopción de otras medidas cautelares para impedir, con la verosimilitud del
derecho, la consumación del perjuicio por la realización del bien.-
* En la presentación de fs. 42/3 y en la memoria recursiva de fs. 58/63 la oposición del Sr.
De Natale se circunscribe a cuestiones formales, observando únicamente el procedimiento
al que tacha de nulo sin indicar defensa alguna que como deudor o consumidor se hubiere visto impedido de oponer.-
* La solución que por mayoría se postula deviene abstracta si como resulta de los
elementos acompañados a través de la denuncia de hecho nuevo de fs. 67 la subasta se llevó
a cabo ( art. 163 inc. 6 segundo párrafo CPCC) o desajustada al principio de economía
procesal, celeridad de los procesos monitorios, conservación del objeto litigioso y
seguridad en el tráfico jurídico si se obliga a restituir el automotor pignorado.-
Por lo que llevo dicho, doy mi voto por la confirmación de lo decidido en primera instancia
y desestimación del recurso.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en
cuanto ha sido materia de recurso –artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del
CPCC, corresponde:
Por mayoría (Dres. Castro Durán y Volta, disidencia Dr. Guardiola).-
I)- Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 56; y en consecuencia, declarar la
inaplicabilidad a las relaciones de consumo, del trámite previsto en el artículo 39 del
decreto-ley 15.348 -ratificado por la ley 12962-, ordenando en consecuencia que la
accionante ponga a disposición del demandado el automotor secuestrado en autos. Si tal
restitución no fuese posible por haberse subastado extrajudicialmente el automotor, la
accionante deberá acreditar la realización de la subasta en el plazo de cinco días contados a
partir de que la presente sentencia adquiera firmeza; y en tal caso, el demandado podrá
ejercer la acción que estime pertinente (arts 42 CN; 1, 2, 3, 65 ley 24240; 39 dec.ley
15348).-
II)- Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (arts. 68 y 69 CPC);
difiriéndose la regulación de honorarios por las labores recursivas para el momento en que
estén determinados los correspondientes a primera instancia (art. 31 dec. ley 8904).-
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus
votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por
ante mí: FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURÁN, GASTON MARIO
VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 2 de Febrero de 2017.-
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y
en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del
C.P.C.C.-, se resuelve:
Por mayoría (Dres. Castro Durán y Volta, disidencia Dr. Guardiola).-
I)- Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 56; y en consecuencia, declarar la
inaplicabilidad a las relaciones de consumo, del trámite previsto en el artículo 39 del
decreto-ley 15.348 -ratificado por la ley 12962-, ordenando en consecuencia que la
accionante ponga a disposición del demandado el automotor secuestrado en autos. Si tal
restitución no fuese posible por haberse subastado extrajudicialmente el automotor, la
accionante deberá acreditar la realización de la subasta en el plazo de cinco días contados a
partir de que la presente sentencia adquiera firmeza; y en tal caso, el demandado podrá
ejercer la acción que estime pertinente (arts 42 CN; 1, 2, 3, 65 ley 24240; 39 dec.ley
15348).-
II)- Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (arts. 68 y 69 CPC);
difiriéndose la regulación de honorarios por las labores recursivas para el momento en que
estén determinados los correspondientes a primera instancia (art. 31 dec. ley 8904).-
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.-
FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURÁN, GASTON MARIO VOLTA Y
JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Citar: elDial AA9CE7
Publicado el: 08/02/2017
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Desalojo por vencimiento de contrato

70952/2015 GRAN REX SRL c/ F... C...., M.....
ANTONIO Y OTRO s/DESALOJO POR VENCIMIENTO DE
CONTRATO
Buenos Aires, de febrero de 2017.-
Autos y vistos:
I.- Contra la sentencia de fs. 46/47 interpone recurso de
apelación la parte demandada. Sus fundamentos obran a fs. 78/79 y no
fueron respondidos.
A fs. 92/93 funda el recurso respectivo la Defensora Pública de
Menores e Incapaces ante esta Cámara de Apelaciones, ejerciendo la
representación de Marco Antonio Falcón Salvador y de Guillermo Ian
Falcón Salvador, el que es contestado por la actora a fs. 95.
II.- De manera liminar debe decirse que los recursos no
contienen una crítica concreta y razonada de la sentencia. La
expresión de agravios -o memorial en los recursos concedidos en
relación (conf. artículo 246, párrafo 1°, Código Procesal)- es el acto
procesal mediante el cual la parte recurrente fundamenta la apelación,
refutando total o parcialmente las conclusiones establecidas en la
sentencia, respecto de la apreciación de los hechos y valoración de las
pruebas, o a la aplicación de las normas jurídicas (conf. Palacio,
“Derecho Procesal Civil”, T°. V, pág. 266, n° 599). Constituye un acto
de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia
recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial
por el Tribunal de apelación (conf. Fenochietto - Arazi, “Código
Procesal Comentado”, T. I, pág. 939).
Ese no es el contenido de la presentación, donde se efectúan
consideraciones que en modo alguno enervan la pretensión del actor.
Por ello debe concluirse que no es un extremo controvertido que el
actor sea titular del derecho a recuperar la tenencia del inmueble.

III.- Frente a la conclusión que se anticipó, se advierte que el
conflicto planteado, referido a la situación de los niños y adolescentes,
es impropio del decisorio anotado, sino que comprende su ejecución.
Sin embargo, previniendo que la cuestión se suscitará en un futuro
inmediato, es que cabe dirimir la controversia en resguardo de la
economía procesal.
Es claro que no debe admitirse que se desvirtúe el contenido de
la sentencia dictada contra los adultos porque se involucren los
derechos que asisten a los niños, eventualmente afectados por la
ejecución de aquella. Entiéndase bien, no es cuestión de que tales
niños o adolescentes queden a la deriva, vulnerados en sus derechos
esenciales, sino de evitar que se produzcan sustituciones inaceptables
respecto de las personas a quienes incumbe satisfacer necesidades
vitales de aquéllos.
Es que no responde a la equidad concebir que los propietarios
de los inmuebles ocupados, o cualquiera que posea un interés legítimo
para reclamar el desalojo, tengan el deber de proporcionarle a los
niños la protección y el amparo que incumbe prestar a quienes
ostentan la patria potestad y, en su defecto, a los organismos sociales
pertinentes que dependen de la comunidad toda. No es posible que se
pretenda descargar injustamente sobre unos pocos lo que es un deber
primordial de la sociedad en su conjunto (Cf. esta Sala, 7-6-2011,
"Bures de Hoz, Nélida L. c. Salinas, Ramona A. y otros s/desalojo",
Expte. Libre Nº 545.269. En igual sentido, ver CNCiv., sala H, 15-11-
2010, "B., M.A. y otro s/ocupantes de Suárez 453/7 s/desalojointrusos";
Mizrahi, Mauricio Luis, Intervención del niño en el
proceso. El abogado del niño, LL, 11/10/11).
El art. 3º ap. 2º de la Convención sobre los Derechos del Niño
establece: "2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño
la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas" y el art. 27
de dicha Convención, al referirse al tema de la vivienda establece: "2.
A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean
necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de
acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios,
adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y,
en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la
vivienda".
De acuerdo al art. 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
la Sra. Defensora General de la Nación, explicitó los fundamentos que
llevaron al dictado de la Resolución DGN Nº 1119/08 por la que las
Defensorías ante los Tribunales Orales en lo Criminal intervienen en
representación de las personas menores de edad en causas penales por
usurpación. Concretamente se dispuso: "I. Instruir a los Sres.
Defensores Públicos de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y
del Trabajo para que tomen intervención en los procesos de desalojo
en los que se vean afectados los derechos de los menores de edad a fin
de adoptar las medidas necesarias que tengan por objeto la protección
integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos
en nuestro ordenamiento jurídico nacional e instrumentos
internacionales de Derechos Humanos en los que el Estado es parte,
de conformidad con los considerandos de la presente". Los principios
anotados, rectores en la materia, se replican en otras normas tuitivas
como la ley 26.061 Régimen de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, el Pacto Internacional de los Derecho
Económicos Sociales y Culturales –art, 75, inc. 22 de la Constitución
Nacional-.
En ese contexto deben armonizarse premisas legales que se
encuentran en tensión: los derechos de los niños citados y el ejercicio
de los derechos del actor sobre el inmueble cuyo desalojo se persigue.
La solución al conflicto ha de hallarse tal como fue anticipado;
esto es, con la debida intervención de los organismos encargados de la
defensa de los niños y adolescentes en la oportunidad de ordenarse el
lanzamiento, a los que ya se han cursado las comunicaciones
respectivas; y son ellos los que deben encontrar las vías adecuadas
para que los niños involucrados no padezcan perjuicios injustos y, a la
par, el actor no vea afectado su derecho a recuperar el bien.
Lo dicho es sin perjuicio de que el juez de grado ordene las
medidas del caso de la manera de no causar daños innecesarios; y de
la colaboración razonable que puede ser requerida al accionante para
reducir los efectos traumáticos del desahucio.
Por ello SE RESUELVE confirmar la sentencia de fs. 46/47 en
los términos precedentemente expuestos.
Regístrese y publíquese. Notifíquese, a la Sra. Defensora
Pública de Menores e Incapaces, actuante ante esta Cámara de
Apelaciones en su despacho y devuélvanse a la instancia de grado.

Usucapión de automotores en el Código Civil y Comercial de la Nación-De Rosas Pablo

COLMA, CA - APRIL 26: A customer looks over a Ford Fusion parked on the lot at the Serramonte Ford dealership on April 26, 2011 in Colma, California. Benefiting from strong demand for smaller cars and pickups Ford Motor Co. beat out Wall Street's estimates by reporting its best first quarter earnings since 1998 with a reported earnings of 2.6 billion dollars. (Photo by David Paul Morris/Getty Images)
Autor: De Rosas, Pablo E. – Ver más Artículos del autor
Fecha: 8-nov-2016
Cita: MJ-DOC-10362-AR | MJD10362
Sumario:
I. Introducción. II. Usucapión de automotores en el Código Civil y Comercial(Ley 26.994). III. Conclusiones.Doctrina:
Por Pablo E. de Rosas (*)

Usucapión de automotores en el Código Civil y Comercial de la Nación

I. INTRODUCCIÓN
El dominio de un automotor en nuestro régimen legal argentino nace con la inscripción constitutiva originaria o derivada en el Registro del Automotor respectivo; y solo a partir de ese momento se producen los efectos de la transmisión entre las partes. La posesión sola del automotor como bien mueble registrable no basta a los efectos de invocar su propiedad plena.
La jurisprudencia en la Argentina desde 1976 avaló esta postura legal del Decr. Ley 6582/58 reformado por la Ley 22.927; por lo que implica que la transmisión del dominio se opera de manera exclusiva con la inscripción registral, que es atributiva y no simplemente declarativa. Antes de la inscripción, el negocio jurídico no produce efecto de cambio de titularidad del derecho real, ni entre las partes ni tampoco para los distintos terceros (1).
La mayoría de la doctrina, liderada por los maestros Luis Moisset de Espanés y Jorge Alterini, sostuvo en consecuencia que la tradición no es necesaria para adquirir el dominio de un automotor, porque la ley ha sustituido tal requisito por el de la inscripción (2).
El problema legal y práctico que se suscitó entre lo registral y lo realmente posesorio, con el consiguiente debate acerca de la posibilidad de acceder a la prescripción adquisitiva de automotores sea de buena o mala fe, inscriptos o no, dio cabida a la discusión y reforma del Código Civil y Comercial.
II. USUCAPIÓN DE AUTOMOTORES EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL (LEY 26.994)
El Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 dedica varias de sus disposiciones al tema que hemos expuesto precedentemente, tratando de dar respuestas a los innumerables casos planteados en los Tribunales y en los Registros de la Propiedad del Automotor.
Para beneficio de los poseedores de automotores, se avanza sustancialmente con el art.1890 , que dice que «los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan», ya que se incorpora orgánicamente esta especie de cosas, a la que pertenecen el automotor y demás vehículos regulados por el Régimen Jurídico del Automotor (ver art. 5 ).
El legislador quiso -asimismo con la incorporación en el art. 1892 , al referirse al «título y modo suficientes» para adquirir derechos reales- colocar un párrafo expreso en el que dice así: «La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así lo requiera». El texto mejora y actualiza el régimen jurídico patrimonial y lo armoniza, fundamentalmente, con el Régimen Jurídico del Automotor.
En el art. 1893 , sobre oponibilidad, se propone lo siguiente: «Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real». Asimismo en el art. 1895, párr. 2.º , se recepta lo que opinaba la doctrina y jurisprudencia mayoritaria al establecer que «Respecto de las cosas muebles registrables no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca». Lo notable y novedoso en este tema del Código Civil y Comercial es que agrega en el párr. 3.º, lo siguiente: «Tampoco existe buena fe aunque haya inscripción a favor de quien la invoca, si el respectivo régimen especial prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable y estos no son coincidentes». Esta disposición debe ser tenida en cuenta al aplicar el art. 392 del CCivCom, sobre los efectos respecto de terceros en cosas registrables, cuando el acto es nulo:«Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho».
Sin duda, la exigencia de buena fe deberá analizarse con los requisitos previstos en el art. 1895 «in fine» del CCivCom.
Cuando ya se enfoca el Código Civil y Comercial en el tema «prescripción adquisitiva», el art. 1897 define a la prescripción para adquirir como «el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley». Y el art. 1898 , dedicado a la prescripción adquisitiva breve, aclara en el párr. 2.º que «si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título», conforme opinaba toda la doctrina y según había resuelto la jurisprudencia, como se indicó antes.
El verdadero cambio copernicano del Código Civil y Comercial se da con respecto a la usucapión de los automotores «no inscriptos» a nombre del poseedor. El art. 1899 , sobre prescripción adquisitiva larga, dice que «si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 (veinte) años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión». Y en esta parte, la innovación es que agrega la propuesta que había formulado el profesor Dr. Eduardo Molina Quiroga en la comisión de Derechos Reales de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Tucumán (2011) diciendo esto:«También adquiere el derecho real el que posee durante 10 (diez) años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes».
En el art. 1900 , establece como requisito que «La posesión para prescribir debe ser ostensible y continua». Y en el art. 1902 sobre «justo título y buena fe», se incorpora un párrafo en estos términos: «Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinente establecidos en el respectivo régimen especial».
Al respecto, además de los antecedentes que hemos mencionado, cabe destacar otros, como el fallo señero de la Cámara Federal de Mendoza -Sala B- 29/7/96, citado por LL, 1998-B-895, que resolvió lo siguiente: «La exigencia de análisis de la documentación del automotor ha sido destacada diciendo que, si bien en todo nuestro país puede verse a particulares que venden automotores sin ser concesionarios ni agencias de compraventa, ello no quita que cuando un comprador de buena fe desea adquirir a un desconocido de él un automóvil, además de fijarse en el precio y estado del mismo, necesariamente debe requerir todos los “papeles” en regla y exigir el formulario “08” con la firma autenticada del vendedor -como mínimo- y, si existe algún motivo para dudar, lo lógico es que se abstenga de adquirir ese bien y busque otro similar o que refuerce sus precauciones, por ejemplo, haciendo una averiguación en el Registro Nacional del Automotor»; y el de la Cámara Federal Civil y Comercial de Capital Federal -Sala II- 24/8/04, LL 2005-A-273:«…no puede alegar la existencia de buena fe quien no solo omitió la realización de la verificación física del rodado, donde hubiera descubierto la adulteración de su numeración, sino que tampoco realizó la verificación jurídica (exhibición del título del automotor y de la cédula de identificación), motivo por lo cual no puede alegar la requerida buena fe al derivar el error de su propia negligencia».
Creemos que el Código Civil y Comercial ha tenido presente la mejor doctrina en esta materia, y revela una notable mejora en relación con anteriores proyectos de reforma que no habían tenido en cuenta estos aspectos propios del funcionamiento registral del automotor en la Argentina.
Con respecto al cómputo del plazo, en el art. 1903 se receptan criterios sobre aspectos que hemos comentado previamente y que contaban con el apoyo de calificada doctrina, tales como la fecha desde la que se computa el plazo, señalando que «se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha del justo título, o de su registración si esta es constitutiva».
El Código Civil y Comercial también pone sobre el tapete algunas novedades importantes relacionadas con los automotores, que se encuentran en el art. 2254 , donde dice lo siguiente: «No son reivindicables los automotores inscriptos de buena fe, a menos que sean hurtados o robados. Tampoco son reivindicables los automotores hurtados o robados inscriptos y poseídos de buena fe durante 2 (dos) años, siempre que exista identidad entre el asiento registral y los códigos de identificación estampados en chasis y motor del vehículo».
Si bien en la primera parte del artículo reproduce -en forma abreviada- lo que disponen los arts.2 , 3 y 4 del Régimen Jurídico del Automotor, agrega la exigencia de que «coincidan» los códigos identificatorios estampados en «chasis y motor del vehículo», que es precisamente lo que se constata en la ya referida verificación antes de cada transferencia de dominio automotor. Así, de esta forma, se impiden las maniobras defraudatorias de los «autos mellizos», que logran emplazamiento registral con la falsificación de verificaciones y certificaciones de firma, actuaciones ambas que se llevan a cabo fuera del ámbito del Registro del Automotor y lamentablemente, muchas veces no son fáciles de detectar al momento de p rocesar la registración. Esta exigencia se armoniza con las exigencias establecidas para la existencia de buena fe, que rigen en el Código Civil y Comercial.
III. CONCLUSIONES
1. El Código Civil y Comercial ha tenido presente la especificidad del régimen jurídico del automotor y de su funcionamiento concreto, incorporando al texto elementos que contribuirán sin duda a su aplicación más eficaz en dicha materia y beneficiarán en una mejor comprensión del sistema, que es sin duda heterodoxo con respecto a la estructura elaborada por Vélez Sarsfield.
2.Asimismo, adhiero a las conclusiones vertidas por el destacado especialista salteño Ignacio Sarain en su publicación en la Revista del Colegio de Abogados de la Provincia de Salta cuando menciona que el Código Civil y Comercial tiene la virtud de «reconocer la figura de los automotores en el nuevo Código Civil y Comercial, no contemplada en el anterior código, elabora una solución judicial (la usucapión) al problema de los automotores no inscriptos, que tienen un boleto de compraventa y circulan con dicho documento, y donde por diversas razones, ya sea económicas o jurídicas, no se inscriben, verbigracia como la imposibilidad de localizar al titular registral o que este haya fallecido» (3).
———-
(1) CNCiv, Sala C, 12/10/76, ED, 72-317; CCiv y Com Paraná, Sala 2, 20/3/80, Zeus, 20-347; CCiv y Com BBlanca, 16/12/1976, LL, 1977-D-440. CNCom, Sala B, 30/11/76, «López, Manuel c/ Plaza Mayo Automotores S. A.»; CCiv y Com Dolores, 19/10/82, «Ferreira dos Santos, Arturo c/ Scarfa, Carmelo»; CFed Rosario, Sala A, 29/3/77, JA, 1878-I-132; CFed SMartín, 3/9/91, LL, 1992-A-66, y DJ, 1992/1/614; CFed Cba, Sala B, 21/12/88, LLC, 1989-791; CNCiv, Sala C, 23/12/76, ED, 73-184; CCiv y Com Cba, 13/3/81, LL, 1982-B-247, con nota de PLOVANICH DE HERMIDA, María C. y CERUTTI, María del C.: Reflexiones acerca de la responsabilidad del titular registral; CCiv y Com Mdes, Sala 2, 1/4/80, ED, 88-446.
(2) Véase MOISSET de ESPANÉS, Luis: Dominio de automotores y publicidad registral, pp. 35 y 44; ALTERINI, J.: «Modos de adquisición del dominio de automotores», en Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, N.º 7, oct. 1991, p. 122; DÍAZ SOLIMINE, Omar L.: Panorama general de los automotores de origen incierto: una posible solución, DJ, 1990-2-849; DE LUCA, Javier A.: Automotores. Secuestro y entrega en causas penales, LL, 1992-A-449; MARIANI de VIDAL, op. cit.
(3) SARAIN, Ignacio: «Usucapión de automotores en el Nuevo Código Civil y Comercial», Revista Integración, de la Caja y Colegio de Abogados de Salta. N.° 4, julio de 2016.
(*) Abogado, Universidad de Mendoza. Codirector de la Diplomatura de Derecho Privado de la Universidad Champagnat. Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho Comparado.
fuente:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/02/09/usucapion-de-automotores-en-el-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion/