miércoles, 29 de marzo de 2017

Delitos de lesa humanidad, prescripción para reclamar daños

La Corte ratificó que prescriben los reclamos de indemnización para víctimas de la Dictadura
29-03-2017 El fallo tuvo el voto a favor de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz, mientras que Rosatti y Maqueda se pronunciaron en contra. La mayoría consideró que solo la persecución penal en materia de lesa humanidad es imprescriptible, no así los efectos patrimoniales
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Con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema ratificó que las acciones civiles contra el Estado en juicios de lesa humanidad no son imprescriptibles. Por su parte, los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti fallaron en disidencia.
Lorenzetti, Highton de Nolasco y Ronsenkrantz justificaron su decisión con el argumento de que la acción para reclamar el resarcimiento patrimonial es materia disponible renunciable, mientras que la imprescriptibilidad de la persecución penal en materia de lesa humanidad se basa en la necesidad de que esos crímenes no queden impunes.
“Es decir, en razones que exceden el interés patrimonial de los particulares afectados”, explica el fallo.
Los miembros de la Corte afirmaron que el Estado argentino garantizó la reparación de estos daños, no solamente mediante la habilitación de las acciones indemnizatorias –durante el plazo de prescripción- sino también regímenes indemnizatorios especiales.
Tras votar en disidencia, el juez Carlos Maqueda reconoció el derecho de las víctimas de delitos de lesa humanidad a obtener del Estado la reparación de los daños causados sin estar sujeta a un plazo de prescripción.
“Esta declaración de imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias tuvo fundamento en las normas y principios del sistema internacional de protección de los derechos humanos, que acepta la Constitución Nacional al declarar la imposibilidad de amnistiar, indultar o declarar la prescripción penal en materia delitos de lesa humanidad”, manifestó el magistrado.
Además, advirtió que tanto la acción de daños y perjuicios como la penal derivan de un mismo crimen internacional. Por eso, consideró que una vez reconocida la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad desde el punto de vista penal, “por constituir actos inhumanos que por su gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, sería inadmisible sostener que la reparación económica de esos crímenes a cargo del Estado pueda quedar sujeta a un plazo de prescripción”.
Por su parte Horacio Rosatti, en su voto en disidencia, sostuvo que si la persecución de los delitos de lesa humanidad es imprescriptible penalmente, también debe serlo el derecho de las víctimas para reclamar la indemnización cuando los daños estén debidamente acreditados.
“Resulta irrazonable y absurdo que el Estado, causante de un perjuicio de la magnitud de los delitos de lesa humanidad, se escude en el instituto de la prescripción liberatoria para no cumplir con una obligación que es moralmente indisoluble”, concluyó.
fuente;http://www.iprofesional.com/notas/247625-La-Corte-ratific-que-prescriben-los-reclamos-de-indemnizacin-para-vctimas-de-la-Dictadura

daños y perjuicios. vencida Edesur, pago de daños y perjuicios

Castigo "ejemplificador": Edesur deberá pagarle $43.000 a una usuaria por los reiterados cortes de luz
29-03-2017 Se trata de una mujer que pasó un año y dos meses sin electricidad en una década. Fue a la Justicia y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial falló a su favor. Ordenó a la empresa a indemnizarla por más de $100 por cada hora de apagón
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Delia Fistolera, una clienta de Edesur, pasó 426 horas sin luz en una década. Fue por los repetidos e insistentes cortes de energía que sufrió entre 2005 y 2015.
Ella vivía en un piso 12 y los apagones la obligaban cada día a subir y bajar por las escaleras. Le arruinaron hasta los festejos de Navidad y Año Nuevo.
Decidió entonces acudir a la Justicia y acaba de conseguir una compensación: se obligó a la empresa a pagarle más de $100 por cada hora sin luz, como castigo "ejemplificador".
Así lo ordenó un fallo judicial emitido este mes, el segundo que consiguió esta usuaria y el definitivo. Antes una jueza de primera instancia le había dado la razón, pero con una compensación de sólo $13.000, que ella consideró insuficiente.
Apeló y finalmente la Sala II de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial ordenó más que triplicar ese monto.
Los jueces Alfredo Gusmán y Ricardo Guarinoni condenaron a Edesur a indemnizar a la usuaria por $43.000. Eso incluye $4.000 por las pérdidas económicas ("daño material") , $14.000 por los sufrimientos padecidos ("daño moral") y $25.000 como castigo a la empresa por el mal servicio ("daño punitivo").
Para fundamentar su decisión, la Cámara destacó como agravantes que la usuaria vivía en un piso alto y que los peores cortes se produjeron en diciembre y enero, "con calores sofocantes propios de la época, sin poder acceder a ningún sistema de refrigeración".
Los jueces resaltaron además que, al haber ocurrido los apagones en medio de las Fiestas, a la clienta se le complicó "planear posibles reuniones y encuentros sociales", lo que potenció su "afectación espiritual", según relevó Clarín. 
En Edesur dijeron al matutino que no están notificados sobre el fallo aún y pidieron destacar que están haciendo grandes inversiones en la red para mejorar "día a día" el servicio. 
fuente;http://www.iprofesional.com/notas/247612-Castigo-ejemplificador-Edesur-deber-pagarle-43000-a-una-usuaria-por-los-reiterados-cortes-de-luz



sábado, 25 de marzo de 2017

Indexación en los contratos

Decreto 146: ¿Volvió la Indexación a los Contratos?

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno “levantó” la prohibición de indexar ciertos instrumentos. Cuál será su impacto? Por Nestor Kreimer.
El Decreto 146/2017 (BO: 7-3-17) habilitó la actualización de ciertos instrumentos/contratos con la clara intención de facilitar el financiamiento a largo plazo para el acceso a la vivienda.
Nuestro país sigue caracterizándose por modificar leyes vía normas de jerarquía inferior, lo cual en este caso y a través del Art. 5° de este Decreto, se levanta la prohibición de indexar que sigue vigente por los Art. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad N* 23.928.
Los instrumentos e índices que este Decreto habilita a indexar, son:
• Vía CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia): 

a) Préstamos con garantía hipotecaria. 
b) Valores negociables con o sin oferta pública, por plazos no inferiores a DOS (2) años.
• Vía CER o ICC (Índice del Costo dela Construcción del INDEC para el Gran Buenos Aires – Vivienda Unifamiliar Modelo 6):

c) Contratos de obra o aquellos que tengan por objeto el desarrollo de actividades relacionadas con la construcción, comercialización y financiamiento de inmuebles, obras de infraestructura y desarrollos inmobiliarios, todos por plazos no inferiores a DOS (2) años.
Los instrumentos enumerados en los incisos anteriores, según corresponda, podrán denominarse en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia “CER” - Ley N° 25.827 (UVA´s) o en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción (ICC) - Ley N° 27.271 (UVI´s), de conformidad con lo establecido por el BCRA.
Esto implica incorporar la indexación pero sólo a los contratos arriba tipificados, lo cual por un lado brinda sustentabilidad a la oferta crediticia al permitir mantener el valor del dinero en el tiempo, y por el otro a transparentar el costo financiero neto de inflación lo cual deberá fomentar una mayor competencia por parte de las instituciones financieras.
Lo anterior comienza a evidenciarse a través de los préstamos recientemente relanzados desde el programa Procrear, los que articulan con los préstamos que está lanzando el Banco de la Nación Argentina por hasta 30 años de plazo y a una tasa del 3,5% anual. Si bien dicha tasa podría considerarse como subsidiada por el Estado, deja en evidencia el costo financiero “puro” ya que la deuda de capital ahora “viaja en el tiempo” vía actualización por UVI´s o UVA´s.
Por otro lado no resulta un tema menor que los contratos que podrán ser indexados deben tener un plazo mínimo de 2 años, lo cual inhabilita a todos aquellos por debajo de dicho plazo. Vale recordar que un UVI o una UVA intrínsecamente son lo mismo: una unidad de medida equivalente a la milésima parte del costo de construcción de un metro cuadrado de vivienda unifamiliar del Gran Bs. As. Modelo 6 que publica el INDEC. Su valor base fue $ 14,05 en su “debut” de marzo 2016.
Lo que las diferencia, es que la UVA ajusta por CER y la UVI por ICC del INDEC.
Para quienes intentamos seguir desarrollando emprendimientos inmobiliarios a pesar de la grosera distorsión/inflación de costos tanto en pesos como en dólares, este Decreto resulta un buen comienzo al reconocer la necesidad de indexar los contratos, no solo de préstamos sino de abastecimiento (costos) y de ingresos (financiamiento por ventas).
Pero atención que esto puede implicar una trampa conceptual.
El valor del UVA de $ 14,05 a 3-16 (el que viaja en CER) según la web del BCRA al 19-3-17 asciende a $ 17,87 (incremento del 27,2%). Si ese período viajaba en UVI (ICC del INDEC) el valor sería de $ 18,78 (aumento del 33,7%) no habiéndose aún publicado el ICC de 2-17 al momento de esta nota.
A efectos comparativos, si ese mismo valor inicial se lo actualiza por el último índice CAC Nivel General publicado (1-17), ese valor asciende a $ 17,88 (un 27,2%).
Esto implica que el CER empató con el CAC. Pero si a ambos los ponderamos “base 100”, en el mismo período el UVI alcanzó los 124, o sea ¡un 24% de diferencia!
Desde otro ángulo, si el UVI ajusta por el ICC siendo éste el que refleja la evolución del costo de la construcción, no hay dudas que para calzar adecuadamente los flujos del negocio los contratos con proveedores o compradores de pozo deberían hacerse en UVI´s y no en UVA´s (que aplica el CER cuya dinámica no se relaciona de manera directa con nuestra industria).
Hasta aquí un racional medianamente consistente, ¿pero entonces dónde estaría la referida trampa?
En que el ICC del INDEC mide la evolución de los costos de construcción en el Gran Bs. As. de una “Vivienda Unifamiliar Modelo 6”, los que nada tienen que ver con los de un edificio en propiedad horizontal.
Vale recordar su definición: “Modelo 6: Vivienda unifamiliar, desarrollada en una planta entre medianeras. Estructura de viguetas y ladrillones, mampostería de ladrillos revocados en exterior e interior, aberturas exteriores de chapa, cortinas de PVC, puertas placa para pintar, pisos cerámicos y alfombra en dormitorios. Agua, cloaca y gas de red, distribución de agua fría y caliente con caños de polietileno, desagües en caños de PVC; calefacción por estufa a gas natural, agua caliente por calefón. Artefactos sanitarios de loza y grifería estándar”.
O sea, viajar en UVI´s puede llevarnos por caminos que finalmente nos alejen de un destino sustentable.

OPCIONES SUPERADORAS

Frente a lo que habilita este Decreto para reconocer los efectos de la inflación en los contratos, nos estamos olvidando de las oportunidades que desde el 1-8-15 nos ofrece el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC). El mismo nos brinda “aquí y ahora” una sólida plataforma jurídica sin UVI´s ni UVA´s, para celebrar contratos que permitan mantener el poder adquisitivo de los flujos de fondos de un emprendimiento.
Nos referimos a la redeterminación de valores emergente de la articulación de los Art. 772 y 1133 del CCyC, los que permiten que la evolución de los costos incurridos en “nuestra obra” puedan ser trasladados en la misma medida a las cuotas derivadas de los Boletos de Compra Venta.
A su vez, desde una mayor consistencia legal (CCyC vs. DNU que contradice una ley) que brinda una ventaja a la exacta medida de nuestro negocio, dejando de “apostar” a que la aplicación de índices generales reflejen la realidad de nuestra obra.

CONCLUSIONES:

Auguramos que el otorgamiento de créditos para la vivienda seguirá una sana y sustentable curva de crecimiento, lo cual y por derrame impactará positivamente en nuestra alicaída industria. Ello lamentablemente contribuirá al alza de los precios, agravando la falta de productividad que sigue afectando a nuestro sector.
Como desarrolladores o constructores, la indexación no es algo nuevo en nuestros modelos de negocios. Hace rato que se viene aplicando el “CAC”, aunque con dudoso sustento legal (lo cual nos transformó en negadores compulsivos que nuestros contratos resulten formalmente nulos dada la vigente prohibición de indexar).
La solución que ahora ofrece este DNU – en nuestra opinión “semi legal” – se orienta a brindar nuevas y mejores opciones a la oferta crediticia, con un impacto relativo en el sector privado. Esta afirmación se sustenta en que el CCyC brinda esquemas superadores a la aplicación de índices generales (CER o ICC del INDEC), sumado al hecho que las UVI´s reflejan en su origen el costo de construcción de una milésima parte de un metro cuadrado, pero sólo en relación a la tipología de una Vivienda Unifamiliar Modelo 6 del Gran Buenos Aires.
Sobre la base de todo lo expuesto, ratificamos la asignatura pendiente de nuestro sector: nuestro CCyC es una usina de novedosos formatos de negocios aún inexplotada, y en lo particular el fantástico herramental que nos ofrece su articulado para la redeterminación “privada” de precios.
Por último deseamos que los actores de nuestro sector activen su creatividad para rediseñar las estrategias de negocios, lo cual y en este caso podría implicar un superador manejo de la inflación que aún golpea y distorsiona a nuestra industria.
Néstor Kreimer
KUANTICA S.A.

© ReporteInmobiliario.com, 2003-2017, miércoles 15 de marzo de 2017

recuperado de;http://www.reporteinmobiliario.com/nuke/article3304-decreto-146-volvio-la-indexacion-a-los-contratos.html?utm_medium=email&utm_source&utm_campaign=Nro_690_-_Relevamiento_terrenos_edificables_en_Bs_As_-_Decreto_146__Volvio_la_Indexacion_a_los_Contratos__-_TV%3Alas_novedades_de_la_semana_en_dos_minutos_-_Los_nuevos_ProCreAr_-_Tasaciones_en_UBA&utm_content=Nro_690_-_Relevamiento_terrenos_edificables_en_Bs_As_-_Decreto_146__Volvio_la_Indexacion_a_los_Contratos__-_TV%3A_las_novedades_de_la_semana_en_dos_minutos_-_Los_nuevos_ProCreAr_-_Tasaciones_en_UBA+MsgID_RM58297663

CONTRATO ATIPICO. DESALOJO POR EL POSEEDOR.

CONTRATO ATIPICO. DESALOJO POR EL POSEEDOR.
El adquirente con boleto de compraventa y poseedor de un inmueble dedujo demanda de desalojo contra el tenedor. Éste, por su lado, reclamó el reintegro de las sumas de dinero abonadas en concepto de mejoras y construcciones. La sentencia admitió ambas pretensiones. La Cámara confirmó el pronunciamiento.

Nuevo emprendimiento académico de los Profesores administradores de esta página


jueves, 16 de marzo de 2017

Responsabilidad frentista

Asambleas en Propiedad horizontal

CAMARA CIVIL - SALA H
888/2016. SALCEDO, DELIA GABRIELA Y OTRO c/ BELLUSCI,
MARIA GABRIELA Y OTROS s/NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016.- RM fs. 247
VISTOS y CONSIDERANDO:
Vienen estos autos a la alzada a fin de resolver el
recurso de apelación interpuesto contra el decisorio de fojas 206/209.
El planteo de inconstitucionalidad efectuado por la
parte actora a fojas 60 vuelta resulta genérico y carece de argumentos
jurídicos dado que se limita a señalar que el artículo 2060 del Código
Civil y Comercial afecta el artículo 18 de la Constitución Nacional en
lo que se refiere al derecho de defensa en juicio al establecer un plazo
acotado (30 días) para plantear la nulidad de lo decidido en la
asamblea.
Como es sabido, quien postula la inconstitucionalidad
de una norma jurídica, debe probar fehacientemente que contraría la
Constitución Nacional, como también que su cumplimiento o
aplicación lesiona derechos de la máxima jerarquía. Y ello, en virtud
del principio de que los jueces no pueden resolver cuestiones en
abstracto, sino casos judiciales. Siguiendo este objetivo, es menester
que lo controvertido sea una sentencia que reconozca un derecho
concreto a cuya efectividad obstan las normas que se impugnan.
Precisamente, esto último alude a que la declaración de
inconstitucionalidad no ha de efectuarse en términos generales o
teóricos - pues importa el ejercicio de la función más delicada de los
magistrados -, a la cual debe recurrirse como “ratio” del orden
jurídico. (cfr. esta Sala en autos: “Crespo Vega Eliseo c/ Álvarez,
Silvina Graciela y Otros s/ Desalojo”, Rec. nro. 409.298).
Reiteradamente se ha dicho que las normas son
susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan
irrazonables, es decir, cuando los medios que arbitran no se adecuan a
los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta
iniquidad, y el principio de razonabilidad debe cuidar especialmente
que las normas legales mantengan coherencia con las reglas
constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de
suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo
establecido en la Ley Fundamental ( C.S.J.N., Fallos 307.906; en el
mismo sentido: Fallos: 243.504; 243:470; 299:428; 310: 2845;
311:394; 312:435; 315:142 y 2804; 319: 2151 y 2215). De allí, el
interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma
debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la
Constitución Nacional, causándole de ese modo gravamen y debe
probar además, que ello ocurre en el caso concreto ( C.S.J.N. Fallos
310:211; ídem, 314:495).-
La cuestión constitucional planteada respecto al plazo
de 30 días para plantear la nulidad de la asamblea en el régimen
consorcial que prevé el artículo 2060 del Código Civil y Comercial,
no constituye un gravamen que habilite la declaración de
inconstitucionalidad de la citada normativa.
No resulta ocioso recordar, de manera liminar, que la
declaración de inconstitucionalidad de una ley o de cualquiera de sus
partes es un acto de suma gravedad institucional que sólo debe ser
considerada como última ratio del orden jurídico (v. Fallos: 294:383;
300:241; 302:457; 307:531, La Ley, 1976-C, 326; 1980-C, 506--,
entre muchos otros).
En este orden de ideas, cabe destacar que no corresponde
a los jueces sustituir al Parlamento, dado que el control de
constitucionalidad no incluye el examen de la conveniencia o acierto
del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus
atribuciones, sino que debe limitarse al examen de la compatibilidad
que las normas impugnadas observen con las disposiciones de la Ley
Fundamental, consideradas éstas como un conjunto armónico, un todo
coherente dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de
todas las demás, evitando que la inteligencia de alguna de ellas altere
el equilibrio del conjunto (CSJN,Fallos: 312:122).
Para que una norma sea inconstitucional debe afectar la
legalidad y la razonabilidad.
En cuanto a la legalidad del artículo 2060 del C C y
Com., no cabe duda de que se encuentra cumplido desde que se trata
de de una norma integrante del cuerpo normativo del Código Civil y
Comercial, según Ley 26994, que fue dictada por el Congreso
Nacional dentro de la competencia expresa que le confiere el art. 75
inc. 12 de la Constitución Nacional.
Igual respuesta habrá de darse respecto al estudio de la
razonabilidad de tal norma (art. 28 CN).
Enseña Bidart Campos que "para la constitucionalidad
de la ley hace falta un cierto contenido de justicia. A este contenido de
justicia lo llamamos razonabilidad. Su opuesto es la arbitrariedad ... ",
esta "...regla de razonabilidad está condensada en nuestra constitución
en el art. 28 ..." Fundamentalmente la razonabilidad exige que el
'medio' escogido para alcanzar un fin válido guarde relación
proporción y aptitud suficientes con ese fin...", finaliza el autor
sosteniendo que no es fácil dilucidarlo en cada situación pero que
"...cabe sugerir que ese concepto jurídico indeterminado se esclarece
cuando se penetra el núcleo esencial de cada derecho. Tal núcleo es el
que no tolera supresión o, en otros términos, es ese núcleo el que no
puede extinguirse, alterarse, dañarse o frustrarse. Cuando el núcleo
queda preservado, toda otra limitación al derecho es razonable.
Cuando el núcleo se afecta de la manera dicha, hay arbitrariedad e
inconstitucionalidad..." (Bidart Campos, "Tratado Elemental de
DSobre el tema abordado, nuestro más Alto
Tribunal ha dicho y reiterado, y éste es uno de los principios básicos
que hacen al control de constitucionalidad, que la declaración de
inconstitucionalidad de una ley, un tratado o decreto o acto
administrativo, es una decisión de gravedad excepcional; es decir, el
último argumento que solamente se lo debe usar en casos extremos
(cf. Spota, Alberto Antonio, "El principio de supremacía de la
Constitución y los medios establecidos para garantizarla en la
Argentina, en el ámbito de Poder Judicial federal", LL 1993-C-782).
En tal sentido se ha dicho que la declaración de
inconstitucionalidad constituye un acto de suma gravedad que debe
ser considerado como "última ratio" del orden jurídico (cf. CNCivil,
Sala E, 7/3/94, JA 1994-IV-606; CNTrab, Sala II, 17/9/94, Rep LL LV,
p. 425). Es decir que la declaración de inconstitucionalidad constituye
la "última ratio" del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando
no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía
amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo
que representan normas de inferior jerarquía (cf. CSJN, 29-4-93, LL
1993-D-118).
Porque se trata de un acto de suma gravedad
institucional, no correspondiendo a los jueces el examen de la
oportunidad o la conveniencia de las normas -aspecto reservado al
legislador-, sino el control de su razonabilidad y adecuación a los
preceptos, principios y garantías de la ley suprema (cf. CNFEd.
Contencioadministrativo, Sala IV, 26-8-92, LL 1993-C-185; id.
SCBuenos Aires, 2-4-91, DJBA, 142-1495). Para que proceda la
declaración de inconstitucionalidad se requiere que se encuentre
cuestionado el reconocimiento de algún derecho concreto a cuya
efectividad obstaren las normas cuya validez se impugna (cf. CNCiv. ,
Sala C, 27-10-92, LL 1993-B-161).erecho Constitucional Argentino"
Tª.I, p g. 361 y ss. 87, 89 y 93).
La Constitución no consagra derechos absolutos,
insusceptibles de una razonable reglamentación, dependiendo la
racionalidad de ésta de su adecuación al fin perseguido, no siendo
pasible de tacha constitucional en tanto no tenga base en una
iniquidad manifiesta (cf. CSJN, 24-11-92, LL 1993-D-141; id. 28-6-
83, Fallo 305-831). En este ámbito la normativa constitucional es
genérica, enunciativa de los derechos y principios que las leyes
regulan para su ejercicio, las cuales -en la medida de su razonabilidad
- no pueden ser impugnados con éxito (cf. CNFed. Civil y Com., Sala
II, 3-7-92, LL 1992-D-112). Únicamente cabe formular la declaración
de inconstitucionalidad cuando un acabado examen del precepto
conduce a la convicción de que su aplicación conculca el derecho o la
garantía constitucional invocados (cf. CSJN, 12-5-92, LL 1992-E-
480).
A los jueces sólo les compete controlar el uso de los
poderes del legislador de restringir el ejercicio de derechos
constitucionales, para preservar el bien común y otros bienes también
ponderados por la Constitución Nacional a fin de evitar que ellos
deriven en soluciones manifiestamente inicuas o irrazonables, ya que
no es resorte del Poder Judicial decidir el acierto de los otros poderes
públicos para conjugar una situación crítica (cf. CSJN, 7-9-82, Fallos,
304-1259).
En el caso, si bien el plazo fijado por el art. 2060 del
CCyCom. es breve, no demuestra el apelante que dicha norma
desnaturalice su derecho a impugnar.
Por último resta señalar, que la recurrente al expresar
agravios se limita a exponer su disconformidad con lo decidido por el
magistrado de grado pero no realiza una crítica concreta y razonada de
cada uno de los argumentos en los que sustentó el fallo que rechazó la
inconstitucionalidad planteada a fojas 60 vuelta.
En consecuencia, el Tribunal, RESUELVE:
Confirmar el decisorio apelado. Con costas (arts. 68 y 69 del Código
Procesal). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a las partes y al Sr. Fiscal
de Cámara. Comuníquese al CIJ y oportunamente devuélvase