domingo, 18 de febrero de 2018

OBLIGACIÓN DE ESCRITURAR

Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, sala II de Azul, Provincia de Buenos Aires
21/09/2017


OBLIGACIÓN DE ESCRITURAR

COMPRAVENTA INMOBILIARIA DIFERENCIA DE METRAJE

CONTRATOS. COMPRAVENTA INMOBILIARIA.
DIFERENCIA DE METRAJE. Aplicación al caso del Código Civil derogado. ARTÍCULO 7 DEL CCCN. Acción promovida por incumplimiento contractual contra la empresa que le entregó su unidad funcional con menor superficie a la convenida en el boleto de compraventa. VENTA FORMALIZADA “AD CORPUS”. Límite. Incumplimiento de la calidad de la cosa vendida. PRESCRIPCIÓN DECENAL. SE REVOCA LA SENTENCIA HACIENDO LUGAR A LA DEMANDA Y CONFIRMÁNDOSE EN CUANTO AL RECHAZO DE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. DISIDENCIA: acción quanti minoris. Prescripción correspondiente a los vicios redhibitorios
Citar: elDial.com - AAA5FE

EFECTO INTERRUPTIVO DE LA DEMANDA DE COBRO DE EXPENSAS

CAMARA CIVIL - SALA M 12348/2001 CONS. PROP. SALTA 1041/43/45 c/ MARTINEZ DE FRAGA, MARIA DEL CARMEN Y OTROS s/EJECUCION DE EXPENSAS Buenos Aires, de septiembre de 2017 fs.325 VISTOS Y CONSIDERANDO: I.- Las presentes actuaciones fueron elevadas a fin de resolver el recurso de apelación que el coejecutado Ricardo Fraga interpuso a fs. 312 contra la resolución de fs. 311. En esta última la a quo resolvió rechazar la excepción de prescripción opuesta por el recurrente por entender que no había transcurrido el plazo quinquenal que establece 4027 del Código Civil al momento del inicio de la presente ejecución. Se agravió el recurrente pues entendió que la demanda interpuesta contra sus padres fallecidos no interrumpió el plazo de la prescripción. Fundó este argumento en lo establecido en el artículo 3995 del cuerpo legal recién mencionado, por lo que, en su calidad de heredero de los codeudores solidarios, la demanda interpuesta contra estos últimos no interrumpía el plazo de prescripción contra su persona. Agregó que a fs. 200/201 el proceso fue declarado nulo, por lo que tampoco podría atribuírsele los efectos interruptivos propios de la promoción de una demanda. Por último se agravió también por entender que el a quo resolvió a la luz de las normas vigentes a partir del 1° de agosto de 2015, cuando debió fallar conforme lo establecían las normas vigentes al momento de producirse la prescripción acusada, el Código Civil derogado por la ley 26.994. II.- Primeramente se hace saber que, contrariamente a lo indicado en el memorial, en la resolución en crisis no se falló a la luz de las normas emanadas del Código Civil y Comercial actual, sino  que se realizó una valoración de los artículos 2546 CCyCN y 3986 CC a fin de remarcar la conservación del criterio efectuado por el legislador en cuanto a este tópico. Si le asistiera razón al quejoso, mal podría haber establecido la Juez de grado que la excepción opuesta sería analizada en el marco del plazo quinquenal (artículo 4027 CC). Es que, de aplicarse el Código actual, el plazo en base al cual hubiera analizado la excepción opuesta hubiese sido el bienal establecido por el 2562 inc. c CCyCN (conf. Jorge H. Alterini, Cod. Civ. y Com. …, 2° ed. Actualizada, Ed. La Ley, T° XI, pág. 906, del 2016). De acuerdo con el artículo 2537 del nuevo ordenamiento, cuando los plazos aún no vencieron al momento de su entrada en vigencia la prescripción debe regirse por la ley anterior, así como también cuando se trata de juzgar plazos presuntamente cumplidos al momento de entrada en vigencia del nuevo régimen legal (Conf. CNCiv., Sala L, V., H. L. y otro c/ G., A. y otro s/ redargución de falsedad, del 03/02/2016). Por ello, toda vez que no se configura en el caso el supuesto previsto por el segundo párrafo de la norma citada, la postura adoptada por la a quo en cuanto a la norma aplicable en relación al tiempo resulta acertada. III.- La resolución recurrida rechazó la excepción de prescripción porque entendió que la demanda que interpuso el consorcio accionante interrumpió el plazo de prescripción, a pesar de sus deficiencias (conf. art. 3986). Contrariamente a como expresó la recurrente en sus agravios, no se decidió la nulidad de la demanda, sino de la intimación de pago y lo actuado como consecuencia de esta– confirmada por este Tribunal a fs. 221-. También se agravio por entender que no le alcanza la interrupción que la a quo tuvo por configurada atento a la divisibilidad prevista por el artículo 3995 CC.
Al respecto el artículo 3986 CC, modificado por ley 17.711 con las reformas de la ley 17.940, aplicable al caso, establecía que “La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio…”. El término “demanda”, como es sabido, no está tomado en su sentido procesal técnico, ya que es comprensivo de toda actividad o diligencia judicial encaminada a la defensa del derecho invocado por la parte interesada. Quedan incluidos todos los actos procesales que patenticen la voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho, destruyendo la presunción de abandono (conf. Galli, en Salvat-Galli, Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones en general, 6ta. Edición, 1956, T. III, p. 485, nº 2119-a; in re CNCiv., esta Sala, “Casanova y otro c/ Ferrer Vázquez y otros s/simulación”, del 30/06/16). En este sentido no caben dudas que la presentación de fs.42/43 importan una manifestación de la voluntad del consorcio tendiente a perseguir el crédito que le acrece. Aunque en contra de este argumento el ejecutado esgrimió que al haber equivocado al sujeto pasivo contra el que debió accionar, el supuesto de interrupción señalado no se configura. Se ha señalado que a los efectos de interrumpir la prescripción, la demanda debe ser dirigida contra el obligado o su representante legal, y no logra dicho efecto cuando es dirigida contra una persona distinta del deudor, salvo cuando haya mediado un error excusable (conf. CNCiv., Sala A, “Mouzet c/ Baldoncini y otros s/ daños y perjuicios, del 12/11/13). Este error se entiende como excusable en autos, atento a que de los informes de dominio expedidos casi dos meses antes del inicio de la acción (24/01/2001) figuraban los occisos como titulares dominiales y el informe policial anejado a fs. 87 siquiera registraban su deceso.
 que se realizó una valoración de los artículos 2546 CCyCN y 3986 CC a fin de remarcar la conservación del criterio efectuado por el legislador en cuanto a este tópico. Si le asistiera razón al quejoso, mal podría haber establecido la Juez de grado que la excepción opuesta sería analizada en el marco del plazo quinquenal (artículo 4027 CC). Es que, de aplicarse el Código actual, el plazo en base al cual hubiera analizado la excepción opuesta hubiese sido el bienal establecido por el 2562 inc. c CCyCN (conf. Jorge H. Alterini, Cod. Civ. y Com. …, 2° ed. Actualizada, Ed. La Ley, T° XI, pág. 906, del 2016). De acuerdo con el artículo 2537 del nuevo ordenamiento, cuando los plazos aún no vencieron al momento de su entrada en vigencia la prescripción debe regirse por la ley anterior, así como también cuando se trata de juzgar plazos presuntamente cumplidos al momento de entrada en vigencia del nuevo régimen legal (Conf. CNCiv., Sala L, V., H. L. y otro c/ G., A. y otro s/ redargución de falsedad, del 03/02/2016). Por ello, toda vez que no se configura en el caso el supuesto previsto por el segundo párrafo de la norma citada, la postura adoptada por la a quo en cuanto a la norma aplicable en relación al tiempo resulta acertada. III.- La resolución recurrida rechazó la excepción de prescripción porque entendió que la demanda que interpuso el consorcio accionante interrumpió el plazo de prescripción, a pesar de sus deficiencias (conf. art. 3986). Contrariamente a como expresó la recurrente en sus agravios, no se decidió la nulidad de la demanda, sino de la intimación de pago y lo actuado como consecuencia de esta– confirmada por este Tribunal a fs. 221-. También se agravio por entender que no le alcanza la interrupción que la a quo tuvo por configurada atento a la divisibilidad prevista por el artículo 3995 CC.
A su vez, teniendo en cuenta que la ejecución fue a su vez dirigida contra quien resulte ser el propietario de la unidad funcional cuyo cobro de expensas se pretende, entendemos que en el caso de autos se ha configurado la interrupción de la prescripción. Esto cobra virtualidad por el hecho de que la deuda que se persigue participa de las características de las propter rem, o cabalgantes, por lo que será legitimado pasivo quien resulte ser titular de la cosa al momento del reclamo. En el caso, salvo prueba en contrario, los herederos de los propietarios como consecuencia de su deceso. En este sentido, a pesar de ser las expensas obligaciones de dar sumas de dinero y que, como tales, serían típicamente divisibles, se las ha considerado sin embargo indivisibles por la función trascendental que cumplen en relación con la subsistencia del sistema de propiedad horizontal y, también, porque, como comúnmente se sostiene, son "debidas" por la unidad funcional, independientemente de quién sea su titular o de la posible concurrencia de pluralidad de titulares. Por lo tanto, si la obligación de pagar las expensas es indivisible, cuando la unidad funcional no corresponde a un propietario individual, sino a condóminos o coherederos, cualquiera de ellos puede ser ejecutado por el todo (conf. CNCiv., Sala G, “Cons de Prop. Hipólito Yrigoyen 632/636/640 c/ Iturraspe Rodríguez y otros s/ ejecución de expensas”, 22/02/2007, Publicado en LA LEY el 24/05/2007). IV.- Por último, el artículo 3987 CC establece que “La interrupción de la prescripción, causada por demanda, se tendrá por no sucedida si el demandante desiste de ella, o si ha tenido lugar la deserción de la instancia…o si el demandado es absuelto definitivamente”. Ninguna de tales hipótesis se ha producido en el caso, pues la resolución de fs. 200/201 se limitó a declarar la nulidad de los mandamientos de intimación de pago dirigidos a los titulares dominiales fallecidos. Tratándose de una disposición que establece excepciones a los efectos interruptivos de la prescripción, cuya enumeración es taxativa (conf. Salvat-Galli, op. cit., T. III, p. 491, nº 2136) resulta improcedente realizar una interpretación extensiva del precepto, que introduzca un supuesto no previsto por el legislador como pretende el apelante (conf. CNCiv., esta Sala, “Casanova y otro c/ Ferrer Vázquez y otros s/simulación”, del 30/06/16). Consecuentemente, toda vez que resultan aplicables al caso las normas del Código Civil derogado, que el inicio de la presente ejecución a fs. 42/43 interrumpió el curso de la prescripción, no obstante a sus deficiencias y la nulidad de los mandamientos de intimación de pago de fs. 54 y 55, la resolución recurrida será confirmada. Por todo ello, este Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la resolución recurrida; II.- Las costas se le imponen al apelante vencida (conf. art. 68 CPCCN). Regístrese, notifíquese y devuélvanse.

PARTICIÒN DE HERENCIA NO SIGNIFICA CREACIÓN DE CONDOMINIO

pARTICIÓN DE HERENCIA NO SIGNIFICA CREACIÒN DE CONDOMINIO

¿Qué requisitos deben cumplir las filmaciones para servir como prueba en un juicio laboral?

¿Qué requisitos deben cumplir las filmaciones para servir como prueba en un juicio laboral?

En una nueva sentencia, la Justicia avaló el reclamo indemnizatorio de un empleado despedido porque la grabación no podía demostrar el hecho que le imputaban. Qué opinan los expertos respecto de estas situaciones. La importancia de dejar constancia frente a un escribano

Por Sebastian Albornos
Filmar en el lugar de trabajo es una práctica cada vez más utilizada por las empresas para mejorar los controles y hacerlos más exhaustivos.
Sin embargo, la adopción de esta forma de supervisión requiere tener en cuenta determinados parámetros, ya que su utilización en exceso podría llegar a ser la causa de un reclamo judicial.
En la legislación argentina no existe una normativa específica que regule la instalación y utilización de estos mecanismos de vigilancia, consistentes en sistemas de captación de imágenes o grabación de sonidos dentro de los centros de trabajo, por lo que se debe analizar cada caso concreto.

Este mecanismo, para servir como prueba, debe cumplir determinados parámetros sino, por más razón que tenga la compañía, puede ser desestimado por los jueces.
En principio, para que sirva como elemento probatorio, la filmación debe estar certificada por un escribano. En dicha acta, deben constar los equipos que tomaron las imágenes, el origen de la misma, la fecha, hora de inicio y terminación, el lugar donde ha sido grabada y donde quedará almacenada. Además deberá especificar si se cargan en dispositivos móviles. Es decir, no debe quedar duda alguna de la veracidad inviolable e inalterable de los hechos sucedidos que fueron grabados.
En este escenario, hace pocos días, se dio a conocer una sentencia en la quese castigó a la empleadora porque no se cumplió con los requisitos mencionados.
Al respecto, los expertos consultados por iProfesional.com explicaron que hay innumerables medios de control personal y que los mismos deben ajustarse a las previsiones contenidas en el artículo 70 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, preservando la dignidad del trabajador y practicarse con discreción y en forma aleatoria y no dirigida.
Prueba sin certificar
En este caso, la empresa decidió despedir a un empleado con justa causa porque, al retirarse de su puesto,se le habría encontrado en su cintura una serie de productos pertenecientes al supermercado donde se desempeñaba, sin haber presentado ticket de compra ni haber dado explicaciones razonables.
Para ello, acompañó la filmación del hecho que -según la firma-, fue reconocido por el empleado al suscribir el Libro de Prevención de Pérdidas. Esta situación, para la empleadora, constituyó una transgresión a las normas de conducta y justificó la pérdida de confianza.
El empleado, entonces, se presentó ante la Justicia para reclamar las indemnizaciones correspondientes a la ruptura laboral incausada. Sostuvo que no firmó ningún acta y que pidió que se desconozca la grabación agregada a la causa.
La jueza de primera instancia hizo lugar, en lo principal, a la demanda de cobro de indemnizaciones derivadas del despido y otros créditos de naturaleza laboral.
A los pocos días, la empresa se quejó ante la Cámara porque no se tuvo por acreditada la injuria invocada en el telegrama de despido. Insistió en la eficacia convictiva de los testigos aportados y en la prueba documental cuya apreciación, según dice, fue omitida.
En este punto, los camaristas indicaron que las declaraciones testimoniales no alcanzaban a convencerlos porque, por ejemplo, la empleada que descubrió al dependiente con mercadería ajena presentaba inconsistencias en determinados aspectos de su contenido, como la fecha y hora del hecho.
Pero, además, indicaron que tampoco podían precisar la hora de elaboración del acta.
Este instrumento, según las afirmaciones de la compañía y de la testigo, fue suscripto por el empleado despedido. Sin embargo, los camaristas remarcaron que la prueba pericial caligráfica concluyó que la firma que le fue atribuida al dependiente cesanteado no se correspondía con la de él.
Por otro lado, enfatizaron que la cinta de grabación presentada por la empresa para acreditar sus dichos no especificaba en qué consistía el material fílmico acompañado y no demarcó el presupuesto fáctico sobre el cual se pretendía probar.
"De todas maneras, la falta de certificación de dicha grabación, y la ausencia de otros elementos de prueba, que contribuyeran a acreditar la conducta que se le reprocha al dependiente, tornan en irrelevante su admisión", agregaron los jueces.
Por ese motivo, la empresa debió abonar casi $40.000 en concepto de indemnización. Para ver el fallo completo provisto por elDial.com, haga clic aquí
Realidad empresarial
"Filmar por razones de seguridad un sector de trabajo no podría estar impedido ni prohibido, entonces, cuando haya exigencias de organización del trabajo y distribución de los recursos", explicó Héctor García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados.
"El poder de dirección del empresario le atribuye, entre otras, la facultad de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control que le permitan verificar el cumplimiento de los trabajadores a su servicio, de sus obligaciones laborales para la buena marcha de la organización productiva", explicó Mariana Medina, especialista en Derecho laboral del estudio Grispo & Asociados.
En ese aspecto, Juan Manuel Minghini, socio del estudio Minghini, Alegría & Asociados, indicó que "la filmación como elemento probatorio debe reunir una serie de requisitos para poder gozar de presunción y validez legal".
"La Justicia laboral receptó en forma muy restricta este tipo de probanzas", agregó el especialista, y señaló que algunos Juzgados del Fuero ni siquiera cuentan con los dispositivos electrónicos para su reproducción.
Por eso, hay que extremar aún más las medidas de validez de las pruebas fílmicas.
"En primer lugar, debe notificársele a los empleados que están siendo filmados, en qué lugares, mediante qué dispositivos, con una clara identificación de los equipos utilizados, y siempre, poniendo a disposición las copias de dichas grabaciones", remarcó Minghini.
"Detectado un incumplimiento, previo a tomar una decisión, hay que certificar notarialmente la filmación, con indicación, nuevamente, de los equipos, el origen de la filmación, la fecha, hora de inicio y terminación, dónde ha sido grabada, dónde quedará almacenada, si se cargan en dispositivos móviles, como el DVD e identificar el mismo. Es decir, no debe quedar duda alguna de la veracidad inviolable e inalterable de los hechos sucedidos que fueron grabados", enfatizó el experto.
Luego, habrá que conformar un sumario interno, donde se deberá dar copia y exhibir al empleado la filmación -que deberá estar nuevamente identificada-, para que el empleado realice su descargo. Además, es conveniente que declaren en el mismo sumario interno las personas que fueron testigos del hecho y también exhibirles la filmación.
Recién una vez culminados todos estos pasos, se podrá tomar una decisión final, teniendo como válida la prueba fílmica.
"Las pruebas de filmaciones o fotos deben ser acompañadas por otras pruebas que las avalen", indicó Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Darago & Asociados.
En ese sentido, agregó que "el relato de los testigos debe acompañar a dicha prueba porque ellos, efectivamente, vieron el hecho y es acompañado por una prueba en la que los filman".
"En general la prueba testimonial es la que va a prevalecer ya que proviene de una persona que estuvo en ese lugar en el momento del hecho", remarcó Cerutti.
Requisitos
Para Mariana Medina, abogada del estudio Grispo, la utilización de estos medios de seguridad y control por parte del empresario, deben contar con los siguientes requisitos:
• Que la medida resulte de control y seguridad, esto es, que sea idónea y equilibrada.
• Que la misma haya sido conocida por todos los trabajadores, previamente a la instalación de las cámaras (la suscripción por parte de cada trabajador, agregada en cada legajo, sería lo más propicio).
• Que dichas cámaras se encuentren a la vista.
• Que su instalación se realice solamente en los puntos de trabajo (no en lugares que la empresa pueda tener a modo de esparcimiento o descanso, ni en lugares privados como baños o vestuarios).
• Que las grabaciones no sean utilizadas para difundir.
Al respecto, Julio Mirasson, del Departamento Legal de Arizmendi, indicó que "el empleador debe poner en conocimiento de la autoridad administrativa laboral el sistema de control mediante cámaras de video. No tiene obligación de comunicarlo a la representación gremial en el lugar de trabajo, salvo cláusula convencional que así lo prevea".
"No hay que olvidar que las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, de acuerdo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del empleado", concluyó Mirasson.
 recuperado de:http://m.iprofesional.com/notas/125705-Que-requisitos-deben-cumplir-las-filmaciones-para-servir-como-prueba-en-un-juicio-laboral